Por lo pronto, se eligieron ya a los que van
por las gubernaturas y, la autoridad, con su silencio,
ha dado su aval sobre la legalidad de ese proceso.
La semana pasada, Morena concluyó su proceso interno para la designación de sus “Coordinadores Estatales para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional,” en los 17 estados en que, en junio de 2027, habrá elecciones para gobernador.
Se trata, simple y llanamente, del nombramiento anticipadísimo de los candidatos a las gubernaturas de 2027, que Morena procesó, incurriendo en actos anticipados de campaña, con la aquiescencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral (TEPJF). Estas autoridades, lejos de cumplir con su función de imponer el respeto a la ley y, ante las denuncias formuladas por partidos políticos (PRI y MC), encontraron una salida para justificar la legalidad del proceso morenista. Si los aspirantes, en sus campañas proselitistas, ofrecen el oro y el moro, pero no piden el voto ciudadano, esas actividades no se consideran actos anticipados de campaña ni sus actores pueden ser calificados de candidatos, de acuerdo al criterio de las autoridades electorales,
Y es que, el eufemismo “Coordinadores,” para sustituir el calificativo de candidatos a quienes, todo el mundo sabe y reconoce como candidatos, resultó eficiente y suficiente para convencer a las autoridades electorales de permitirles hacer campaña para ser elegidos a un cargo interno del partido, aunque en la realidad trabajen para ser candidatos a una gubernatura. Una triquiñuela, ideada por la 4T, para acelerar el destape de sus corcholatas antes de los plazos que marca la ley. Bajo el disfraz de Coordinadores para la defensa del partido en el poder, como si lo necesitara, los eventuales candidatos, ya designados, cuentan con tiempo extra, recursos y los apoyos necesarios para arrancar, con ventaja sobre sus contendientes, en la carrera electoral.
La infracción que comete Morena con el destape anticipado de sus corcholatas no es menor. Las sanciones son severas, pueden llegar hasta la pérdida o cancelación del registro de la candidatura. La autoridad se hace de la vista gorda para no sancionar los procesos internos de elección de quienes, eventualmente, serán postulados a cargos de elección popular, en las elecciones de 2027. Como ella no los considera candidatos, tampoco tienen control sobre el manejo de los recursos, su origen y destino. Un tema muy sensible por el riesgo del uso de recursos públicos y que decir, del crimen organizado.
Por lo pronto, se eligieron ya a los que van por las gubernaturas y, la autoridad, con su silencio, ha dado su aval sobre la legalidad de ese proceso. Viene ahora lo que toca a quienes aspiran para otros cargos del proceso electoral 2026-2027. Diputaciones federales (300) y estatales (1098), correspondientes, estos, a la renovación de los congresos de 31 entidades federativas, con excepción del de Coahuila, que ya lo renovó, previamente. También habrá elecciones para presidencias municipales (1,786) de 30 estados de la República y 16 alcaldías de la CDMX. Solo los estados de Durango y Veracruz están excluidos de esta elección. Su calendario es diferente.
Consumado el destape, los elegidos estarán ocupados en cumplir con las tareas que los estatutos de Morena les imponen y evitar incurrir en actividades que tienen estrictamente prohibidas.
Primero, las tareas que deben hacer, como “Coordinadores”: Organizar reuniones, al menos cada 30 días, para difundir los logros de la Cuarta Transformación; convocar a la unidad, operación cicatriz, con quienes resultaron perdedores; consolidar la estructura del partido en su estado, coordinando la conformación de comités locales y de base para asegurar la movilización de la militancia de cara a los procesos futuros.
Y lo que tienen prohibido, para evitar que los confundan con “candidatos”: no contratar, promover ni permitir la difusión de su imagen en anuncios espectaculares o bardas pintadas; no hacer llamados al voto en sus discursos de asamblea y enfocarse en el partido y el movimiento; no utilizar recursos públicos ni hacer entregas de apoyos en especie para conseguir simpatías. Está prohibido el uso del amiguismo, nepotismo o corporativismo dentro de la conformación de sus redes y estructuras territoriales.
No se si los elegidos estén dispuestos a desviar tiempo, esfuerzo y recursos, en el desempeño de las actividades propias de su papel como Coordinadores para defender a su movimiento. Habrá que revisar, de cuando en cuando, si están cumpliendo con ese compromiso.
Lo que está claro, y resulta fácil comprobar, es lo que tienen prohibido hacer, para que la ley no los alcance, ya como corcholatas destapadas, pero que es, precisamente, lo que estuvieron haciendo todos los contendientes, desde que iniciaron sus campañas “para las Coordinaciones.” La difusión de su imagen en bardas, carteleras y espectaculares fue lo más común. Se veían en todos lados. El reparto de regalos en especie en mítines no se limitó. Y el uso de recursos públicos, aunque no fácil de comprobar, se pudiera intuir en las movilizaciones masivas de personas o en las caravanas de unidades móviles de salud.
Pregunta el ingenuo, si con la postulación casi en la bolsa, los “Coordinadores” dejarán de hacer lo que han venido haciendo en estos últimos meses, en desacato a lo ordenado en los documentos internos de su partido, cuando más lo necesitan hacer, ahora que se van a enfrascar en la auténtica competencia electoral.