Morena se podría ahorrar el trámite
del envío de la iniciativa a la Cámara
de origen (la de Diputados), pues, de acuerdo
a las palabras del líder de su mayoría,
por el voto sumiso morenista no hay problema.
Falta ver la decisión de sus «aliados».

Señala el texto del artículo 49, Título Tercero, la División de Poderes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo…”

El artículo 51, a su vez dice que “la Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación…” La fracción lll del artículo 65, precisa, entre sus funciones, “Estudiar, discutir y votar las iniciativas de ley que se presenten…” y el 72, “…Las votaciones de ley o decreto serán nominales.”

El recordatorio de estos artículos constitucionales viene a cuenta por lo expresado, la semana pasada, nada menos que por el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados y líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, en relación a la iniciativa presidencial de la Reforma Electoral. “La vamos a respaldar como venga, como esté y pese a los aliados”, esto último en alusión a la rebeldía mostrada por sus cómplices legislativos, los diputados de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista.

Esta iniciativa, habría que insistir en decirlo, se planteó, analizó y discutió sólo entre morenistas, con exclusión de sus aliados (PT y PVEM) y fuerzas de oposición. Una comisión denominada Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, integrada exclusivamente por personajes nombrados por la Presidenta Claudia Sheinbaum, se encargó de realizar foros y mesas de discusión, que solo sirvieron para taparle el ojo al macho, pues la propuesta de Palacio va con carácter de inmaculada, por lo que resultaba contra corriente pretender modificarla.

De acuerdo con nuestro sistema político, los Poderes de la Unión fueron concebidos para hacer contrapeso y evitar los excesos y abusos de poder, fundamentalmente del Ejecutivo. Pero en el régimen de la 4T, vemos que el Poder Legislativo actúa como subordinado del Ejecutivo, olvidando su carácter de institución autónoma e independiente que le confiere la Constitución. Por esto, resulta hasta una desfachatez que el presidente de la JUCOPO, el diputado Monreal, supuestamente con un doctorado en Derecho, presuma haber logrado un acuerdo unánime entre su bancada para respaldar una iniciativa de reforma de ley, cuando ni siquiera había llegado al Congreso y que, entonces, nadie conocía.

Sobre advertencia no hay engaño. Morena se podría ahorrar el trámite del envío de la iniciativa de Reforma a la Cámara de origen (la de Diputados), pues, de acuerdo a las palabras del líder de su mayoría, por el voto sumiso morenista, no hay problema. Falta ver la decisión de sus “aliados.”

El otro caso de renuncia a su independencia y autonomía es el del Poder Judicial de la Federación. Con una SCJN integrada por ministros “elegidos por el pueblo”, en una manipulada elección con acordeones de por medio, que, por coincidencia, resultó que los ganadores fueran los propuestos por Morena. En este contexto, la imparcialidad del máximo Tribunal de justicia no es garantía.

Un análisis sobre el funcionamiento de la Corte de los acordeones, realizado por la Coordinadora del Departamento de Datos de N+, Fernanda Caso, arroja interesantes resultados. En un comparativo, en períodos similares, la nueva Corte resulta menos eficiente que la inmencionable Corte del liberalismo. Frente a 1,530 casos resueltos por el desaparecido Tribunal, la Corte actual sólo resolvió 920.

En cuanto a los proyectos de sentencia presentados por los ministros el desempeño es disímil. Mientras que el que más proyectos de sentencia ha presentado llega a 117, la que menos, solo ha presentado 40. Y, en el caso de acciones y controversias presentados por municipios y estados de la oposición vs la Federación, la Corte ha resuelto 72.9 por ciento en contra y 28.1 por ciento, a favor del gobierno. Cuando la promovente es la Presidencia, la Corte ha resuelto en 68.7 por ciento de los casos a su favor.

Este es el panorama que vivimos en nuestro, oficialmente considerado, país más democrático del mundo. Pero hay un gran contraste entre México y lo que sucede en países en donde la democracia no es de utilería, la división de poderes es real, los poderes se respetan y, cada uno, cumple su función, sin dobleces. Van dos ejemplos.

En EUA, el poderosísimo Presidente Donald Trump acaba de sufrir un descalabro en el uso de su arma favorita, los aranceles. La Corte Suprema de su país, resolvió que el Ejecutivo se había excedido en su autoridad al imponer aranceles amparado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. La autorización para recurrir a esa ley corresponde al Congreso, dijo la Corte, y no al mandatario, y ordenó la cancelación de los aranceles impuestos. En la votación, dos de los ministros que Trump designó, votaron en su contra. Obvio el mandatario enfureció, se sintió decepcionado y traicionado y calificó de antipatriotas y desleales a los ministros que votaron en su contra.

En Inglaterra, el ex duque de York, hermano del rey Carlos lll, Andrés Mountbatten-Windsor, fue detenido y sometido a investigación acusado de supuestas filtraciones de documentos sensibles del gobierno británico a Jeffrey Epstein, cuando era representante especial comercial del Reino Unido. Además de otra investigación por “mala conducta” en relación con el escándalo del pederasta Epstein. Aquí no hubo fuero carnal y con todo y su parentela real, está siendo investigado.

A ver cuando vemos en nuestro democrático país, a la SCJN emitiendo sentencias en contra de caprichos del Ejecutivo que violan leyes. O a una Fiscalía investigando políticos de alto nivel por conductas sospechosas o malas compañías o a parientes de poderosos por obscuros negocios y fortunas inexplicables.

Los números de los homicidios dolosos,
a nivel estatal, no dejan de sorprender
por las disminuciones que registra el informe.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional del 10 de febrero pasado, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó sobre el promedio diario, a nivel nacional, de los homicidios dolosos y delitos de alto impacto, feminicidio, robos con violencia, lesiones dolosas por arma de fuego, robos a transportistas con violencia, entre otros, en un comparativo entre septiembre de 2024 y enero 2026.

En ese período, señaló la funcionaria, los delitos se han reducido, con excepción del de extorsión. En el caso de los homicidios dolosos, la diminución es considerable. De septiembre de 2024 a enero de 2026, el promedio diario se redujo en 42 por ciento (de 86.9 a 52.4 homicidios), siendo el registro de enero el más bajo desde 2016, explicó la funcionaria.

Siete estados concentran el 50.6 por ciento del total de los homicidios dolosos en el país. Guanajuato con el 8.8 por ciento; Baja California con 8.4 por ciento; Chihuahua, 7.9 por ciento; Estado de México 6.8 por ciento; Sinaloa 6.7 por ciento; Morelos, 6.2 por ciento, y Guerrero, 5.8 por ciento.

Los números de los homicidios dolosos, a nivel estatal, no dejan de sorprender por las disminuciones que registra el informe. En Guanajuato, de septiembre de 2024 a enero de 2026, la reducción del promedio diario de homicidios es del 65 por ciento; en el Estado de México, la baja es de 48 por ciento; en Baja California, 40 por ciento; Guerrero, de octubre de 2024 a enero 2026, la reducción es de 65 por ciento; Tabasco, de febrero 2025 a enero 2026, 75 por ciento.Gran noticia.

Buscamos en el sitio del SESNSP, los datos correspondientes al estado de Sinaloa. En el Reporte de la Incidencia Delictiva, con corte al 31 de diciembre 2025, aparece que ese estado también registra una baja en el promedio diario de homicidios dolosos, 43 por ciento, lo que llama la atención dadas las circunstancias de violencia que padece Sinaloa por la guerra entre chapitos y mayitos.

Consultamos los datos de la Fiscalía General de Justicia de ese estado y, resultó, que tiene otros datos. Según esa institución en el período de enero de 2024 a diciembre de 2025, los homicidios dolosos no sólo no disminuyeron, si no que tuvieron un incremento absoluto de 67.6 por ciento. Esta cifra, publicada en medios locales, de acuerdo a una nota del periódico Zeta, marca el tercer año más violento de la historia reciente de Sinaloa.

Hay otras diferencias entre la información publicada en el Reporte de la Incidencia Delictiva del SESNSP y los informes de algunos gobiernos estatales. El de Guerrero publica que la reducción de homicidios dolosos es de 55 por ciento (septiembre 2024 a enero 2026) contra 65 por ciento que informa el Gobierno Federal. El de Tabasco también tiene otros datos. La reducción, según ellos, es de 63 por ciento, que difiere del 70 por ciento del Sistema Federal. En el caso del Estado de México, señalan una reducción del 30 por ciento en el comparativo enero de 2025 y enero 2026, contra 48 por ciento. En el caso de Guanajuato, la diferencia son solo tres puntos, 62 en lugar de 65 por ciento. La diferencia es pequeña, pero no se entiende por qué los números no coinciden. Se supone que el informe del SESNSP registra los datos que le reportan las fiscalías estatales.

La buena noticia es que, oficialmente, 26 estados de la República registraron una reducción en el número de homicidios dolosos. Algunos, como Zacateca hasta en un 88 por ciento. La no tan buena es que no sabemos cuáles son esos estados, al menos no todos, y, consecuentemente, no hay manera de conocer los que tuvieron un incremento en homicidios dolosos.

Tampoco es muy satisfactorio que las estadísticas se acomoden para las buenas noticias, pues dependiendo el cálculo de medición: promedio diario mensual, acumulado anual o comparativos parciales, se pueden tener resultados a conveniencia. Surge el sospechosismo cuando los seis estados que concentran el 50.6 por ciento del total de homicidios dolosos en el país, según la información oficial, al mismo tiempo registren, también, importantes disminuciones de este delito. Son los casos de Guanajuato, 65 por ciento; Baja California, 40 por ciento; Estado de México, 48 por ciento; Sinaloa, 43 por ciento; Guerrero 55 por ciento; Morelos, 26 por ciento.

¿Cómo se explica esto? no parece sencillo. En base a esta información, la percepción ciudadana sobre seguridad debería ser de aprobación, pero no es el caso. 68.3 por ciento de la población mayor de 18 años consideran inseguro vivir en su ciudad (INEGI). Pareciera que Gobierno y ciudadanos vivimos realidades muy distintas.

Nada que tenga que ver con los supuestos
narcopolíticos que, de este lado de la frontera,
oficialmente no existen, porque no hay,
según los dichos de Palacio, denuncias
que los señalen.

El tema está en la mente de todos, o casi, pero por razones de Estado, suponemos, desde la cúpula del poder se evade su discusión, comentarios o cuestionamientos. Nada que tenga que ver con los narcopolíticos que, de este lado de la frontera, oficialmente no existen, porque no hay, según los dichos de Palacio, denuncias que los señalen. Sin embargo, del otro lado del río Bravo este argumento no convence, porque nuestros vecinos tienen otros datos. Precisamente los datos que les han aportado decenas de narcos que nuestro gobierno les ha entregado, a manera de descompresión política.

Desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los EUA, México ha enviado a ese país 92 narcotraficantes. 29, en febrero de 2025; 26, en agosto siguiente, y 37, en enero pasado. En los primeros dos traslados, se incluyeron narcos de “alto impacto”. Capos de fama reconocida por su nivel en las organizaciones criminales.

Para la tercera entrega, pareciera que se optó por la cantidad, que no por la relevancia de los sujetos, porque ya eran pocos los destacados que quedaban en los centros penitenciarios. Se buscó hacer un desplazamiento, que, quizás, no se había contemplado, pero que se requería para calmar los ánimos injerencistas del Presidente Trump, quien había expresado, unos días antes, la posibilidad de ordenar un ataque militar para combatir el tráfico de drogas por tierra, se entiende, en nuestro territorio. “Hemos eliminado el 97 por ciento de las drogas que entran vía acuática y ahora vamos a atacar por tierra,” habría dicho.

Por coincidencia, la última entrega de reos mexicanos se hizo en el aniversario del primer año de gobierno del neoyorkino. Un buen regalo, tal vez se pensó, aunque no muy satisfactorio para quien está interesado en otra clase de narcos.

A pesar, que en ocasiones las autoridades norteamericanas han expresado su interés en la captura de quienes, desde el gobierno, protegen las actividades de los cárteles de las drogas, la reacción oficial ha sido hacer oídos sordos, algo que no ha gustado a nuestro vecino del norte. La respuesta al ofrecimiento de Donald Trump para apoyar, con tropas militares norteamericanas, al gobierno mexicano en su combate al narcotráfico, ha sido un tajante rechazo de parte nuestra Presidenta, alegando respeto a la soberanía del país. Hasta el momento, Trump ha respetado esa respuesta, aunque podríamos suponer que su insistencia encierra un mensaje.

No es novedad que el Mandatario estadounidense manifieste que “los cárteles gobiernan México”. “Hay que hacer algo con México”, ha dicho. “Nos encantaría que México lo hiciera…pero los cárteles son muy fuertes…” En la conversación que tuvo nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Juán Ramón de la Fuente, con el secretario de Estado, norteamericano, Marco Rubio, a principios de este año, el norteamericano demandó resultados más concretos y rápidos en el combate a las organizaciones criminales. Los números muestran que México ha estado actuando bien, pero no en el campo del que casi no se habla, pero que es un pendiente que, tarde o temprano lo reclamará abiertamente Washington.

El mensaje en la insistente oferta de apoyo militar estadounidense para combatir el narcotráfico, podría ser: si tú no actúas contra quienes protegen a los narcos, hablamos de funcionarios públicos y de políticos, nosotros vamos a ir por ellos.

La semana pasada, la periodista norteamericana Mary Beth Sheridan publicó en el New York Times, un artículo en el que explica, según su interpretación, porqué la Presidenta Claudia Sheinbaum, se resiste a voltear a ver a los políticos corruptos que están coludidos con las bandas de narcotraficantes y que, bajo su amparo, aquellas actuan con absoluta impunidad. Su tesis es que “combatir a los cárteles no solo implica enfrentarse a los narcotraficantes. Para Sheinbaum, dice, también podría significar desmantelar los cimientos del poder local en México y enfrentarse a miembros de su propia coalición.”

El problema, señala la periodista, no es que los grupos de narcotraficantes ataquen al Estado. “Es que a menudo forman parte de él.” “Avanzar con firmeza contra los políticos corruptos, escribe, podría enfrentarla a funcionarios del partido que podrían socavar su autoridad y debilitar a Morena de cara a las elecciones del próximo año.” La Presidenta no emprenderá una guerra total, vaticina Sheridan, porque su supervivencia política está en juego. Carece del control total de Morena, que continúa bajo una enorme influencia de su antecesor, AMLO, afirma la periodista.

La tesis de Mary Beth Sheridan, no parece descabellada, solo habría que agregar que, el riesgo de no actuar, es que Trump decida dar un golpe espectacular llevándose a algún político de alto nivel, ante la mirada impotente de nuestras autoridades. Hay que recordar que, al norteamericano, le urge ganar puntos dentro de su electorado para las próximas elecciones de noviembre. Su popularidad no parece tan sólida.

No obstante, su larga experiencia
en la vida política del país, el senador
tabasqueño pecó de ingenuo en el
proceso de la sucesión presidencial de 2024.

El nuevo período de sesiones del Senado inicia con baraja nueva. Bueno, al menos, en el caso de su carta principal. El pasado primero de febrero, Adán Augusto López dejó la coordinación del grupo parlamentario de Morena y la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Una decisión personal, según su dicho, tomada “en las últimas horas, cuando se abrió la posibilidad de ir a hacer trabajo político electoral rumbo al 2027,” afirmó.

En la conferencia de prensa que dio a los medios, el senador explicó que, tal como lo había hecho en otras etapas de su vida política, cuando fue diputado local, diputado federal, senador de la República, en su primera ocasión, gobernador y secretario de Gobernación, por diferentes causas había dejado los cargos para asumir otras funciones. Una referencia que difícilmente pudiera compararse con
con este caso, pues seguramente en los anteriores ejemplos, los cambios fueron para escalar en su carrera política, mientras que, ahora, resulta innegable que su renuncia a estos altos cargos en el Senado, significan un retroceso en su posicionamiento político. Una caída, pues.

Como no hay más información de cómo se dieron los hechos y la explicación del Adán Augusto López no parece muy sólida, solo queda especular sobre las razones de este cambio, atendiendo a las circunstancias políticas alrededor del caso.

No obstante, su larga experiencia en la vida política del país, el senador tabasqueño pecó de ingenuo en el proceso de la sucesión presidencial de 2024. El político supuso que, haber sido incluido en el exclusivo club de las corcholatas, como el presidente AMLO denominó a los aspirantes oficiales para la candidatura presidencial por Morena y, por existir una muy estrecha cercanía con su paisano, quien lo consideraba su “hermano”, la encuesta, que definiría al ganador, le sería favorable. Pero no fue así. La “favorecida por este método” fue Claudia Sheinbaum. Un resultado que mucho le molestó y tardó en digerir, sin preocuparle ocultar su inconformidad.

Como lo había previsto el orquestador de este proceso y para evitar fracturas internas en el movimiento y, sin ningún respeto para quien lo fuera a sustituir, López Obrador dispuso nombramientos para los perdedores de la encuesta. A Adán Augusto le tocó la coordinación de los senadores de Morena y, por la mayoría de su bancada, la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Los cargos a los que ahora “renunció.”

Durante los 16 meses de la Presidencia de Claudia Sheinbaum, el comportamiento del senador López fue, en ciertos momentos, hasta un tanto displicente e irrespetuoso con la Titular del Ejecutivo. Era evidente, que sus prioridades no estaban en Palacio Nacional y que su lealtad, incondicional, estaba en Palenque, con quien lo había elegido para el cargo.

Adán Augusto, jugaba en otro equipo y la Presidenta necesitaba gente de su confianza en el Congreso. La sombra de Palenque, le hacía difícil tomar la decisión del cambio. Pero el pasado del propio senador, que, cuando gobernador nombró como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, a su viejo amigo Hernán Bermúdez Requena, quien, supuestamente, resultó ser cabeza del grupo criminal, La Barredora, además de socio del CJNG, le movió el piso. El escándalo que significó el resultado de las investigaciones, no fue menor. El tabasqueño argumentó en su defensa, que nunca se enteró de los malos pasos de su amigo y colaborador. Algo difícil de creer, habiendo sido tan cercanos.

Luego aparecieron, en el SAT, cuentas que no cuadraban con sus ingresos como senador. Cerca de 79 millones de pesos de origen incierto, que trató de justificar aduciendo actividades empresariales, honorarios por asesorías legales y trabajos notariales, que, como legislador, por ley, estaba impedido ejercer. Más recientemente, se publicó una nota periodística en la que se acusaba al senador de haber incrementado, de manera drástica, la partida presupuestal de
manejo discrecional asignada a la presidencia de la Junta de Coordinación Política, en más de un 11,000 por ciento. Recursos que el senador disponía sin necesidad de rendirle cuentas a nadie. Además de otros detallitos, como sospechas de su participación en el huachicol fiscal.

En estos antecedentes, además en las presiones reiteradas del presidente Donald Trump para que la Mandataria Claudia Sheinbaum actúe en contra de los políticos narcos y/o corruptos, podríamos encontrar el verdadero origen, más político que otra cosa, de la salida del senador tabasqueño.

La buena noticia es que ya lo movió del cargo. La mala, que permanece como senador, con la protección del fuero y, aparentemente, con una tarea que le permitirá continuar participando, políticamente, a sus anchas. Porque de lealtades, mejor ni hablamos.