La revocación, desde su inclusión
en nuestra legislación, se planteó con
maña para que su aplicación sirviera
a un propósito totalmente opuesto
al objetivo de su esencia.

Con poca fortuna, la iniciativa presidencial de la Reforma Electoral, en su primer intento, el Plan “A”, resultó abortada ante la imposibilidad de cumplir el requisito legal de que fuera aprobada, en el Congreso de la Unión, por una mayoría calificada en cada cámara, Senado y Diputados.

Como mucho se ha repetido, a la bancada de Morena no le alcanzan los números. En el Senado cuenta con 67 votos y, en la de Diputados, con 253 (necesitaría 86 y 334, respectivamente). Sus aliados, el PVEM y el PT le pudieron haber aportado los votos que necesitaba, pero no suscedió. Era difícil, tras haber sido ninguneados, en la elaboración del proyecto de la reforma, cuyas propuestas, además, ponían en riesgo su sobrevivencia en el escenario político nacional.

La Comisión Presidencial encargada de la preparación de la iniciativa pecó de soberbia y falló en el cumplimiento del encargo. Parecía que esta reforma pasaría a mejor vida, ante la negativa de los partidos aliados en darle su apoyo. Inclusive la Mandataria Claudia Sheinbaum, en alguna mañanera, llegó a decir que, si no pasaba, ella ya había cumplido enviando la iniciativa al Congreso.

Sin embargo, por alguna razón que no se explica, siguiendo el maquiavélico estilo de su antecesor, en su obsesión por cambiar el marco jurídico del país e imponer reformas a modo, se habló de un Plan “B.” Con ajustes a la propuesta original, se presentó una versión modificada que, se pensó, esta vez la aceptarían los legisladores verdes y petistas, a pesar del maltrato y el calificativo de traidores que, los duros de la 4T, les endilgaron.

No se entiende el afán por reformar la legislación electoral. Se afirma, con insistencia, que se hace porque el pueblo la demanda, aunque no queda claro cuándo y cómo lo ha planteado la ciudadanía. Según las encuestas que se han publicado, entre las prioridades de la población destacan inseguridad, corrupción, desempleo, inflación, salud, educación. Nada relacionado con el tema electoral.

Otras son las preocupaciones de la población que merecerían la atención del Gobierno Federal. A fin de cuentas, bajo la legislación electoral actual se realizaron, de manera pacífica en lo que va del milenio, tres alternancias en la Presidencia del país, con una autoridad electoral que, en su momento, no dudó en reconocer el triunfo del candidato presidencial de Morena. La ley no es perfecta y, seguramente, se podría mejorar, pero, según se ve, no hay disposición para escuchar ni menos dialogar con otras fuerzas políticas que no simpaticen con la 4T.

En este segundo piso, se continúa gobernando solo para los de Morena, como si el resto de la población, más del 40 por ciento que no votaron por ese partido, no existieran. Cualquier acción de la oposición merece la descalificación de la primera morenista de la Nación que, aunque afirma haber pedido licencia para separarse de su partido, en función del cargo, sigue defendiendo a su partido y criticando a la oposición, como si se tratara de una activa militante morenista y no de la Presidenta de todos los mexicanos.

En el Plan “B” de su reforma, la Presidenta incluyó el polémico tema de la revocación de mandato y su cambio de fecha de aplicación. Verdadera y oculta razón de la reforma que, a sus partidos aliados, sigue sin convencer. La revocación, desde su inclusión en nuestra legislación, se planteó con maña para que su aplicación sirviera a un propósito totalmente puesto al objetivo de su esencia. De revocación lo convertieron en ratificación de mandato.

Este proceso, que el INE define como, “el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza,” según lo ordena nuestra Constitución (Art. 35, frac lX), será convocado por el INE, “a petición de los ciudadanos y ciudadanas…”.

Esto es, si la sociedad no reclama ejercer este derecho, la revocación no podría aplicarse, porque no es obligatoria. Resulta, entonces, un contrasentido que quién pida su aplicación sea, precisamente, la autoridad cuya cabeza está juego. Cómo se explica la insistencia de Palacio Nacional para llevar a cabo este proceso, cuando, según encuestas divulgadas por la propia Presidencia, nuestra Mandataria goza de una aceptación de más del 70 por ciento de la población y, según, lo han manifestado públicamente, a nadie de la oposición se le ha ocurrido plantear su remoción.

Dice el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaión (TEPJF) Felipe de la Mata Pizaña, que “el inicio del procedimiento de revocación puede ser solicitado exclusivamente por la ciudadanía…” La propia SCJN resolvió que los partidos políticos no tienen cabida en este mecanismo de democracia directa. Un criterio que nos llevaría a la conclusión de que la Presidencia tampoco podría promover su propia revocación. Se trata de un derecho de los ciudadanos que pueden o no ejercer.

Si, conforme a nuestra legislación, a la Presidenta no le corresponde impulsar la revocación de su mandato, pero insiste en hacerlo, queda claro su verdadero propósito: hacer campaña política desde la Presidencia, con todos los recursos del gobierno, para ganar votos a favor de su partido.

Esta vez, el tabasqueño emprende
desafiante una campaña de apoyo al
pueblo cubano, asumiendo una posición
política que ya no le corresponde.

“Estoy en retiro…” reitera por enésima vez el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, y contra su compromiso de alejarse de la política y dedicarse a escribir libros en su finca de Palenque, una vez que concluyera su período presidencial, el tabasqueño encuentra razones o pretextos para levantar la mano y hacerse presente, a la menor provocación. Las “benditas redes sociales” han resultado un cómodo medio para la difusión de sus mensajes.

“Estoy en retiro”, escribió en X, la semana pasada el exmandatario, “pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba.” Al efecto sacó la charola para convocar a una colecta ciudadana para “comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina y ayudar al pueblo cubano,” concluyendo con un tajante: “¡Que cada quien aporte lo que pueda!”

Para llevar a cabo su buena obra, López Obrador creó una asociación civil, Humanidad con América Latina, como institución para recibir las aportaciones. Una asociación civil, nueva ocurrencia del ex mandatario, como las que le conocimos durante su administración, la Megafarmacia, el Gas Bienestar, Birmex, Insabi, LitioMx, Segalmex entre otros espectaculares fracasos.

Esta asociación, constituida con el sello de la casa, a la carrera, improvisada, entre amigos, sin expertos, con poca o nula planeación, obtuvo, en solo cuatro días, la autorización de la Secretaría de Hacienda para operar como donataria el 9 de marzo pasado, por lo que, como organización sin fines de lucro, podrá recibir aportaciones hasta el año 2030.

Recordemos que ya en el pasado, el ex mandatario ha realizado pases de charola para recaudar fondos con poca transparencia y peores resultados. Dos casos. En 2017, AMLO anunció la creación del fideicomiso “Por los Demás”, a través del cual, dijo, Morena apoyaría a los damnificados por el terremoto del19 de septiembre del mismo año. Tiempos electorales entonces, por lo que la intervención del INE era obligatoria.

En la revisión que hizo el Instituto sobre la operación del fideicomiso, se descubrieron varias irregularidades que apuntaban a un financiamiento paralelo ilegal. En su fundación no había particulares ajenos a Morena y su operación estaba a cargo de dirigentes del partido. El domicilio del Fondo era el mismo del de Morena. De los aportantes, el 84 por ciento habían sido legisladores de Morena, el resto, gente identificada con ese partido y empresas que por ley estaban impedidas a aportar dinero a los partidos. Se hicieron depósitos en efectivo, prohibidos en el contrato, que se realizaron en una operación “carrusel”, en el que los mismos militantes del partido realizaban múltiples depósitos.

Tampoco se pudo determinar a donde fueron a parar los retiros de dinero, porque se cobraron en efectivo. Se supo que el 80 por ciento de los que cobraron cheques eran personas relacionadas con el partido. Todo esto, sirvió de fundamento para imponer una multa a Morena. Sanción que, después del triunfo electoral de ese partido, el TEPJF revocó.

El otro caso es el de la rifa del avión presidencial en 2020. Primero, un pase de charola en Palacio Nacional a la élite de empresarios del país, a los que se les invitó a participar con aportaciones millonarias, “voluntarias”. Luego una rifa pública que, según la directora de la Lotería Nacional, habría recaudado mil 823 millones de pesos. El tema fue que ninguna institución pública pudo informar en dónde acabó el dinero de la rifa que, supuestamente, debería haber sido donado a escuelas y hospitales. Lo recaudado se esfumó sin dejar rastro. Al final, el avión fue vendido al gobierno de Tayikistan y todo pasó al olvido.

Esta vez, el tabasqueño emprende desafiante una campaña de apoyo al pueblo cubano, asumiendo una posición política que ya no le corresponde. Hace año y medio que, oficialmente, dejó de ser presidente. El tema no es que se preocupe por los cubanos, sino que lo haga asumiendo un liderazgo que hace a un lado y se cruza con la estrategia diplomática que lleva la Presidenta Claudia Sheinbaum en su delicada y muy sensible relación con el impredecible Donald Trump.

López Obrador reaparece cuando él considera que las cosas se le están complicando a la Presidenta. Lo hizo en su primera reaparición, cuando salió a votar en la muy polémica y cuestionada elección popular judicial. En apoyo a Claudia Sheinbaum enfatizó “Tenemos a la mejor presidenta del mundo…” y en reconocimiento a su gestión gubernamental, declararía “Me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático.”

En su segunda reaparición, para la presentación de su libro, aprovechó para señalar cuáles sería los motivos que lo harían abandonar su retiro para volver activamente a la política. El primero, señaló, si atentan contra la democracia, para defenderla a ella, refiriéndose a Claudia Sheinbaum.

Por lo pronto, no se ve sincronía entre la política del gobierno de Sheinbaum para apoyar a Cuba, cuidando evitar que haya una reacción violenta de Trump, y la decisión política de López Obrador de encabezar una colecta para recaudar fondos, con el mismo objetivo, pero sin medir el ruido que pueda ocasionar en nuestra relación con los EUA. Doblar la apuesta con Donal Trump, no parece una buena idea.

Y es que, en Palacio Nacional, se
mantienen oídos sordos al reclamo
de nuestros vecinos para que se investigue
y se someta a juicio a quienes, desde
el poder, han auspiciado y protegido
a los cárteles de la droga.

Hace unos días, el Presidente de los EUA, Donald Trump, celebró, con varios líderes de América Latina y del Caribe, en Doral, Florida, una reunión que la Casa Blanca denominó “Cumbre Escudo de las Américas”. Su objetivo, la conformación de una coalición regional para enfrentar la migración irregular y el crimen organizado y fortalecer la cooperación política, de acuerdo con lo anunciado, previo a la convocatoria, por la vocera oficial del gobierno norteamericano, Karoline Leavitt.

A la cumbre asistieron 12 mandatarios de naciones latinoamericanas que comparten posiciones políticas cercanas a la administración del Presidente Trump, según palabras de la vocera estadounidense. Con la presencia de los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Honduras, Salvador, Guyana, Paraguay, Panamá y Trinidad Tobago, Trump continua en su estrategia de suplir organismos multilaterales, con creaciones propias y a modo, léase Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Contra las políticas de la ONU, el magnate ha despotricado. Que se trata de una institución ineficaz, que derrocha dinero y socaba la soberanía de los EUA. Ha criticado su política de lucha contra el cambio climático, señalando que es la mayor estafa del mundo y arremetido, contra de la inmigración ilegal señalando que “es hora de poner fin a este fallido experimento de fronteras abiertas.” Además de auto calificarse como pacificador en jefe, al resolver las guerras, según afirma, que la ONU “es incapaz de terminar.”

En septiembre del año pasado, destacó la intervención del presidente norteamericano en la Asamblea General de la ONU, por su agresividad, falta de diplomacia, incontinencia verbal y gran protagonismo, excediendo, en cuatro veces, el tiempo asignado a cada orador. En esa ocasión, desahogó sus críticas y ataques sobre la operación de ese organismo, alardeando haber acabado con siete guerras, sin apoyo de las Naciones Unidas.

Y para demostrar que no necesita de la ONU, Trump impulsó la creación de una Mini ONU, denominada “Junta de Paz”, para abordar conflictos internacionales. Con este objetivo recibió, en Washington, en febrero pasado, a líderes y representantes de más de 40 países para celebrar la primera reunión. Con una contribución inicial de 10 mil millones de dólares del país anfitrión, la junta estará presidida por Donald Trump, auto proclamado jefe vitalicio de la alianza.

El caso de la OEA es parecido a lo acontecido a la ONU. A Trump no le gusta este organismo y ha cuestionado su utilidad, considerándola ineficaz ante crisis regionales, señalando como ejemplo los casos de Venezuela y Haití. En estas circunstancias, Washington ha amenazado con retirarse del organismo, lo que pondría en serios aprietos la operación de la OEA. Hay que considerar que la aportación de los EUA al organismo representa el 49.9 por ciento de su presupuesto.

Pero Trump busca, con la formación de sus propias organizaciones internacionales a modo, Junta de Paz y Cumbre Escudo de las Américas, sustituir a los organismos multilaterales tradicionales. Una fórmula para llevar a cabo acciones y estrategias a voluntad, sin necesidad de diálogos o negociaciones diplomáticas. Le bastaría el consenso de las naciones que forman parte de sus creaciones. Aliados, por temor, conveniencia o porque no les queda de otra.

A la Cumbre Escudo de las Américas, no asistieron México, Brasil y Colombia, entre otros países. Y, aunque, se dijo que no habían sido invitados, Trump afirmó en una entrevista que sí los habían convocado. Una salida, quizás, para no entrar en detalles sobre su exclusión de la Cumbre.

El hecho que nuestro país no hubiera asistido, no tendría mayor relevancia salvo que, durante el evento, el Presidente Trump se refirió a nuestro país como “el epicentro de la violencia” de los cárteles de la droga, y refiriéndose a la Presidenta Claudia Sheinbaum, señaló, de manera un tanto irrespetuosa, que siempre se ha negado a recibir la ayuda militar norteamericana para combatir a los narcotraficantes. Washington, insistió Trump, requiere mayor cooperación para enfrentar a los cárteles.

El tema continúa en la agenda de pendientes de la Casa Blanca, a pesar del envío a los EUA de más de 90 narcotraficantes y de acciones efectivas en contra de capos, como el reciente caso del líder del CJNG, Nemesio Oseguera. Y es que, en Palacio Nacional, se mantienen oídos sordos al reclamo de nuestros vecinos para que se investigue y se someta a juicio a quienes, desde el poder, han auspiciado y protegido a los cárteles de la droga. Altos funcionarios y políticos que, hasta la fecha, gozan de impunidad.

De no actuar en ese terreno, el Escudo de las Américas puede resultar una espada de Damocles para algunos empoderados con mala conciencia.
Al tiempo.

Ante este panorama, no es de extrañar
que la percepción ciudadana sobre
la “Corte del pueblo”, no sea favorable.

“No venimos a hacer una obra de teatro a Chiapas” y mucho menos estuvo planchada la resolución del amparo que reconoce a las comunidades indígenas su derecho al autogobierno, afirmó el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, en respuesta a los cuestionamientos surgidos con motivo de la “sesión histórica”, así calificada por el ministro presidente, a la sesión del Pleno del Tribunal celebrada en Tenejapa, Chiapas, la semana pasada, y por la sentencia dictada a favor de la comunidad de La Candelaria, por votación unánime de ocho ministros, seis presenciales y dos a distancia, con uno ausente, en favor de la quejosa.

El ministro Aguilar, pareciera más preocupado por la forma que por el fondo de las funciones y objetivo de la Corte. Esta institución constituye el Tribunal Constitucional de México, según se lee en su sitio oficial de internet, cuya principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos. Además, “garantiza la separación de poderes, el principio democrático y los derechos fundamentales para beneficio de todas las personas que habitan el territorio nacional”.

Se trata de un organismo técnico jurídico, idealmente alejado de la política, porque sus resoluciones deben estar fundamentadas en los ordenamientos de ley. Piedra angular para la certeza jurídica y el respeto al Estado de Derecho. Por eso, trasladar al pleno de la Corte para sesionar en una comunidad indígena, para llevar” la justicia al territorio”, como dicen, y para que la población indígena “vea que somos de carne y hueso, que pertenecemos al pueblo, quienes hacemos justicia”, suena más al discurso de un político en busca del voto popular, que al de un juez impartidor de justicia. Una distorsión de la esencia de la Suprema Corte.

Como gira de candidatos, dice el reportaje periodístico, que los ministros caminaron como celebridades, dos cuadras, vistiendo capa de lana, huipiles y bastones de mando. “Esto es justicia cercana”, diría una ministra emocionada. Como si la justicia dependiera del lugar en donde se administra. Los letrados fueron recibidos con música tradicional, al estilo de un mitin político, con asistencia de grupos indígenas convocados por el ayuntamiento.

Por las características del evento, no podía faltar el gobernador del estado, Eduardo Ramírez, quien recibiría a los ministros con un “Viva la Corte de México”, a todo pulmón. También presente, la alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, Fabiola Ricci. Los titulares del Ejecutivo, estatal y municipal, el otro poder, pues, haciendo a un lado la incómoda separación de poderes.

En su debilidad por las formas, el ministro Aguilar, ha buscado, desde un principio, darle su toque personal a la Corte, primero renunciando a vestir la tradicional toga, aunque, tras una reconsideración, aceptó usarla, pero con bordados artesanales que representan la pluriculturalidad y un enfoque de justicia hacia las comunidades indígenas, según se dice.

También hubo cambios en el inicio de la nueva Corte. Dos ceremonias previas a la toma de protesta de los ministros electos. Una ceremonia “sagrada y secreta”, para la “purificación” de las instalaciones de la Corte, seguramente para ahuyentar los malos espíritus y las vibras del pasado neoliberal. Otra ceremonia, después, la de la “consagración” de bastones de mando y servicio que representan el poder, la autoridad y la confianza que una comunidad deposita en sus líderes, simbolizando la responsabilidad de servir al pueblo y de impartir justicia (La Jornada).

Pero ni con todas estas invocaciones al pasado tradicional de los pueblos originarios, se ha logrado el milagro de que la Corte, integrada por ministros elegidos por el pueblo bueno y sabio, tenga mejores resultados, sea más eficiente, austera y democrática que su antecesora.

Un análisis de N+ sobre el desempeño de la actual SCJN frente a la Corte anterior, indica una baja del 40 por ciento en sentencias emitidas. La baja productividad de la actual Corte se explica por el cierre de las dos salas que operaban antes de la reforma judicial. Esto, no obstante, los muy reforzados equipos de apoyo con que cuentan los togados, en cuya integración, los ministros se despacharon con la cuchara grande.

Mientras que el ministro presidente Aguilar arrancó su gestión con un ejército de más de 100 colaboradores, su antecesora en la presidencia, Norma Piña, solo tenía 6 elementos de apoyo. Consciente de esto, el juez Aguilar decidió reducir su equipo, aunque no está claro que tanto lo redujo. La medición sobre la productividad de los ministros, señala al ministro Arístides Guerrero, como el mejor, con 117 proyectos de sentencia. Eso sí, con un equipo de 91 integrantes. En contaste, su colega Lenia Batres aparece como la menos productiva, con solo 40 proyectos, con todo y sus 90 asesores.

Los escándalos de máximo Tribunal, le han restado seriedad y respeto. La adquisición de vehículos blindados para los ministros, con valor de más de dos millones de pesos cada uno; los vuelos en primera clase de algunos ministros; gastos superfluos como la compra de 12 togas por 300 mil pesos y el costo de la ceremonia de purificación, un millón 254 mil pesos.

Ante este panorama, no es de extrañar que la percepción ciudadana sobre la “Corte del pueblo”, no sea favorable. 62.4 por ciento de la población desaprueba el desempeño de los ministros (México Elige).