Miguel Tirado Rasso

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A sanciones intimidatorias, mordidas de miedo

In Gobierno, Temas Centrales on 17 febrero, 2016 at 12:27 pm

La semana pasada, un amigo me comentaba el infierno por el que había atravesado al cometer un error en la circulación de una avenida que lo llevó a un carril exclusivo para transporte público, en donde casualmente, estaba estacionada una patrulla de tránsito.

Como era de suponer, un agente lo detuvo para infraccionarlo, explicándole la violación cometida y las sanciones correspondientes, establecidas en el nuevo Reglamento de Tránsito: una multa equivalente a $2500.00, tres puntos de penalización en la licencia para conducir y remisión del vehículo al depósito. Habría que señalar que, con una malsana intención, el agente exageró en el monto de la multa, ya que en el citado reglamento la máxima sanción por esa infracción es de $2,098.50.

Luego de explicarle la trascendencia de la pérdida de puntos y las incomodidades de ir al “corralón”, este “compresivo” servidor público,  se prestó a facilitarle las cosas al conductor ofreciéndole reconsiderar lo relativo a los puntos de penalización y el arrastre al depósito, no así lo de la multa, que sin embargo, y para no hacerle perder más tiempo, si le entregaba el importe, “él se ofrecía a pagarla, en su nombre, cuando concluyera su turno.” Así de simple y descarada la extorsión y la cotización de las mordidas.

Yo estoy convencido de la necesidad de poner orden en el tránsito de esta gran ciudad capital. La circulación diaria y caótica de más de 5 millones de vehículos requiere de una regulación adecuada y congruente a esta realidad, cuyo objetivo fundamental sea reducir el número de lesiones y muertes por accidentes de tránsito, además de facilitar la movilidad.

Pero también está claro que en esta ciudad hay un grave problema de falta de cultura vial, por un lado, y de altísima corrupción, por el otro. Dos realidades que habría que tomar en cuenta para poder enfrentar el problema, porque las buenas intenciones y los mejores propósitos, inevitablemente acabarán estrellándose ante esas dos realidades. El nuevo Reglamento de Tránsito fue concebido bajo la premisa de que cuanto más gravosas e incómodas sean las sanciones, más pronto y mejor aprenderán los malos conductores.

Y quizás, esa teoría que semeja a la de la letra con sangre entra, pudiera llegar a funcionar en el aprendizaje de la educación vial. Sino es por las buenas, aunque sea por las malas, así que más vale que nos vayamos educando. Pero es necesario apuntar, que si bien este reglamento está atacando, con temibles sanciones, uno de los aspectos del problema, sin duda, el principal, ha ignorado el otro problema, que no es menor, el del factor humano y sus debilidades, personificado en los responsables de aplicar el reglamento.

Y es que, según entiendo, el nuevo reglamento está basado en el concepto “Visión Cero” creado en Suecia, en donde supongo la corrupción es excepcional, por lo que seguramente los resultados han de haber sido muy exitosos. Pero sucede que, desafortunadamente, en nuestra capital el fenómeno de la corrupción está muy lejos de ser excepcional, así que “Visión Cero” tendría que haberse adaptado a nuestra circunstancia, pues las sanciones intimidatorias están siendo canjeadas por mordidas de miedo. Como en el caso que me comentaron.

Algo tendrán que hacer las autoridades sobre este reglamento que, con la imposición de sanciones exageradas como la remisión al corralón por “circular o detenerse en áreas restringidas” (Art. 11, lll) o “…cambiar de cuerpo de circulación en la misma vía cuando (se) prohíban esos movimientos” (Art. 11,X, d), dan oportunidad a los malos servidores públicos para que hagan de las suyas y boicoteen, con su corrupción, cualquier intento por mejorar las condiciones de convivencia de los capitalinos.

Este reglamento ha sido muy cuestionado, por los montos de las sanciones, por los elevados incentivos para la aplicación de las multas, por los términos ventajosos del contrato de concesión del servicio de foto multas, por mostrar una intención más recaudatoria que preventiva, ante las altas metas establecidas para la aplicación de infracciones, por la falta de vías claras para que los ciudadanos puedan inconformarse ante posibles errores o arbitrariedades de las foto multas.

En fin, muchas dudas que deberán motivar a los legisladores y autoridades de esta nueva entidad, Ciudad de México, a llevar a cabo una revisión a fondo para que podamos contar con un reglamento a la altura de nuestras necesidades y sin tantas opacidades.

 

 

Por cierto, conviene que sepan en dónde cometió la infracción este amigo, pues es una zona en la que no está muy clara la señalización. En donde termina la calle de Pennsylvania, en la colonia Nápoles, para llegar a la Ciudad de los Deportes (Estadio Azul y Plaza de Toros México), hay una glorieta hacia la avenida Insurgentes que es exclusiva para la circulación de autobuses.

Febrero 4 de 2016

 

Corrupción o negligencia

In Gobierno, Temas Centrales on 17 febrero, 2016 at 11:31 am

La otrora bella ciudad de los palacios, a ciencia y paciencia de sus autoridades, se reconfirma como la más caótica urbe del país ante una muy laxa regulación que permite un incontenible crecimiento vertical, sin que la insuficiencia de servicios urbanos constituya un tema de preocupación.

Con azoro vemos como cada día surgen nuevas torres habitacionales en donde originalmente solo existían residencias unifamiliares, con el consecuente agravamiento en los problemas de vialidad y el suministro de servicios como agua, energía eléctrica, drenaje, recolección de basura, transporte, etc. que están convirtiendo la vida en la capital del país en una verdadera pesadilla.

Entre las construcciones que se levantan con apego a la ley y las que se hacen apostando a la impunidad, por la voracidad de algunos constructores y la complacencia de funcionarios corruptos, la ciudad crece en un orden inverso, primero se dan los asentamientos y las edificaciones, y luego las autoridades buscan como resolver el abastecimiento de servicios y regularizar lo ya construido.

Un claro ejemplo de esto lo tenemos en la zona corporativa más importante del Distrito Federal, Santa Fe. Un desarrollo urbano iniciado en los tiempos de la regencia de Manuel Camacho Solís, en 1990, en donde originalmente era una zona de tiraderos de basura, sin el menor atractivo y casi nulo valor comercial, que habría de convertirse en pocos años en un exclusivo emporio habitacional y corporativo.

Sus graves problemas de vialidad y transporte no parecen tener solución, ante la avalancha diaria de una población flotante calculada en más de 400 mil personas, en constante crecimiento. Ya en diciembre de 2013, el entonces Jefe Delegacional de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, advertía sobre los riesgos de que Santa Fe se colapsara de continuar el otorgamiento de permisos de construcción de viviendas. De acuerdo a sus declaraciones, un departamento de 120 metros cuadrados pagaba anualmente un impuesto predial de 70 mil pesos, sin garantía de contar con agua potable, pues el 60 por ciento de sus habitantes carecía de este líquido, por lo que el desabasto tenía que resolverse mediante la contratación del servicio de pipas particulares. Situación que, suponemos, no ha de diferir mucho con lo que hoy sucede.

Pero ahora resulta que otros problemas, más severos, han surgido en esta zona, por el desgajamiento de cerros en donde existen torres habitacionales que seguramente en su publicidad comercial ofrecieron, como uno de sus mayores atractivos, una vista panorámica espectacular. Sólo que ahora lo espectacular es la barranca que pone en riesgo el patrimonio, además de la seguridad de sus habitantes.

Cabe preguntar aquí, de quién es la responsabilidad del caos que padecemos ante este crecimiento desmedido de construcciones para el cual no hay zonas vedadas ni aún las de alto de riesgo, como es el ejemplo de Santa Fe. Y es que las autoridades responsables de otorgar permisos de construcción, en muchos casos, son “complacientes” con los desarrolladores inmobiliarios al permitirles construir más niveles de los que autorizan los reglamentos o edificar en terrenos inestables.

Aparte de encontrar una solución satisfactoria y justa para quienes están literalmente al borde del abismo en Santa Fe, con riesgo de sus vidas, se requiere una investigación a fondo de parte de las autoridades capitalinas para dar respuesta a varias preguntas elementales como ¿a quién pertenecían estos terrenos? ¿Quién los vendió? ¿Quién expidió los permisos de construcción? ¿Quién construyó las torres?

Hasta el momento, nadie aparece como responsable de la construcción de estos edificios, como si estos hubieran surgido de la nada. Entre una regulación compleja y tortuosa que, en la medida que distribuye funciones entre diversas autoridades, diluye responsabilidades y una corrupción epidémica, las irregularidades en materia de construcción están a la orden del día.  Esperemos que este caso no resulte un nuevo ejemplo de impunidad y que las autoridades de la ciudad sancionen, con todo rigor, a quienes resulten  responsables para sentar un precedente tan necesario en este tema.

Por cierto, en el número 99 del Eje vial 10, Río Magdalena, en la colonia Tizapán- San Ángel, a unos metros de la clínica 8 del IMSS, hay una construcción a puerta cerrada, sin ningún aviso que indique el tipo de obra de que se trata. Por lo pronto, ya derribaron varios árboles centenarios, por lo que valdría la pena que las autoridades de la Delegación Álvaro Obregón se dieran una vuelta por ahí para verificar la legalidad de esta construcción.

Noviembre 12 de 2015

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Años Atípicos

In Gobierno on 23 octubre, 2013 at 10:18 am

Se dice que el primer año de gobierno de una nueva administración presidencial, es un año atípico. Muchas razones hay que lo distinguen de los del resto del período sexenal, y una de ellas es la de que, al equipo entrante, le toca operar con un presupuesto elaborado y programado por quienes van de salida. Esto es, por quienes no habrán de tener decisión o participación en su ejercicio.

Y es que, durante el segundo trimestre del año, la Secretaría de Hacienda solicita a todas las dependencias del gobierno federal, la elaboración del anteproyecto de presupuesto requerido para la realización de sus programas del siguiente año; así como la calendarización para su ejercicio.

Los tiempos para la elaboración y entrega de este documento ocurren entre los meses de julio y agosto, que es cuando Hacienda consolida toda la información para preparar la propuesta de ingresos y egresos que habrá de presentar al Congreso, teniendo como fecha límite para hacerlo, el 8 de septiembre. El paquete que presenta el Gobierno Federal, consta de la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y los Criterios Generales de Política Económica. En el caso del Presupuesto de Egresos, la Cámara de Diputados cuenta con un plazo que vence el 15 de noviembre para su aprobación.

Cuando esto ocurre en el último año del sexenio, no hay manera de que los miembros del futuro gobierno tengan injerencia en la preparación del presupuesto, pues para cuando el anteproyecto se entrega a Hacienda, todavía no se conocen los resultados de la elección presidencial. Y mucho menos de quiénes habrán de formar parte del nuevo gabinete y las carteras que habrán de ocupar.

Tenemos entonces que a la nueva administración le toca trabajar con el presupuesto que calculó y elaboró el gobierno saliente y, desde luego, en base a los programas que éste venía realizando. Suponer que durante la transición, los equipos designados para la recepción puedan hacer ajustes en los programas y presupuestos, es muy aventurado. Desde luego que las reuniones de trabajo entre estos equipos, siempre resultan provechosas, pues permiten conocer el estado en que se encuentran los distintos programas, analizar cómo han funcionado, y aún considerar si deben continuar o no; pero hasta ahí, porque las decisiones y las responsabilidades continúan siendo del gobierno saliente, hasta el 30 de noviembre.

Pero habría que señalar que el sexto año de gobierno también es atípico, por celebrarse en él la madre de todas las elecciones. Estamos hablando de que es el año en que está en juego el cambio de la estafeta presidencial, la transferencia del poder de mando, no sólo de personas, sino de partidos políticos distintos. La alternancia, pues.  En consecuencia, la actividad del Ejecutivo, su ritmo de trabajo, el ejercicio presupuestal, las campañas promocionales de los programas de gobierno, etc. tienen otra dinámica, pues con todo y las restricciones que establece la ley, prácticamente todo y todos actúan teniendo como mira la elección presidencial.

Ahora nos encontramos en un año atípico, pero no sólo por el hecho de tratarse del primer año de gobierno, sino además, porque el retorno del PRI al poder presidencial generó resentimientos y frustración entre los del partido que perdieron el poder y acrecentó odios de parte de los que, una vez más, resultaron derrotados. A lo anterior, agréguele estimado radioescucha, el que este nuevo gobierno planteó la necesidad de llevar a cabo cambios en la vida económica, laboral, educativa y social del país, como única posibilidad de brincar el bache de inmovilidad que hemos padecido por más de una década. Ciertamente una sacudida que no resultó del agrado de la derecha ni de la izquierda, siempre renuentes a toda propuesta priista, por lo que se han encargado de hacer aún más difícil el arranque de esta administración y su tarea de gobierno.

Los cambios planteados por el Ejecutivo Federal requieren de acuerdos, negociaciones y  compromisos entre las distintas fuerzas políticas. Los tiempos de las mayorías absolutas en el Congreso, son cosa del pasado.  El equilibrio del poder demanda de la participación de todos o casi, para crear los consensos requeridos para las reformas legislativas. Manejo político y capacidad de convencimiento son fundamentales para sumar voluntades hacia un objetivo, empresa difícil porque las oposiciones no siempre estarán muy de acuerdo y, por razones políticas, buscan bloquear las iniciativas presidenciales.

Nuestro sistema democrático, tan vilipendiado y criticado, defectuoso y todo, funciona tan bien, que es el que permite, a quienes tanto se quejan de él, abusar de su amparo hasta el chantaje, cuando únicamente aceptan como válidas las elecciones en las que ellos resultan vencedores; cuando desconocen y rechazan los acuerdos de las mayorías que no les favorecen; cuando califican de antidemocrático cualquier acuerdo político, que no los incluya; cuando demandan  consultas públicas que resuelven a mano alzada, y cuando insisten en imponer el peso de su minoría.

En este contexto se discuten ahora las reformas que han de constituir el marco jurídico bajo el cual habrá de gobernar esta administración. La persistencia de intereses de grupo, preocupados más por su futuro político que por el presente y el futuro del país, dificultan el debate. Algunos legisladores y dirigentes partidistas de la oposición, a estas alturas, se muestran más interesados en posicionarse para la próxima contienda presidencial, que en analizar la conveniencia de unas reformas que podrían contribuir a transformar al país.

Sin el compromiso y la aportación de todos, nuestro país no podrá alcanzar los niveles de desarrollo que merecemos. Hemos perdido ya  muchos años por disputas internas estériles. Es hora de hacer a un lado los intereses particulares y sumarnos todos a un mismo esfuerzo, por el bien del país.

Octubre 23 de 2013.

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Leyes a modo

In Gobierno on 9 octubre, 2013 at 11:51 am

El ejercicio de gobierno supone, fundamentalmente, una enorme dosis de práctica política, como principio. De hecho, no se concibe un buen desempeño gubernamental, sin diálogo, negociación o acuerdos, elementos propios del quehacer político. Porque se trata de ejercer el poder consultando, convenciendo, sumando voluntades. Al fin de cuentas, en los regímenes democráticos, se gobierna para todos, con la participación de las mayorías, en mayor o menor medida, directamente o a través de representantes, según sea el caso del sistema de gobierno que se adopte.

La buena noticia es que en los regímenes democráticos, no existen limitaciones para la disensión. La libertad de expresión, de opinión, de actuación social y política, en cualquier dirección, no es sólo válida, sino que se contempla como derechos protegidos y garantizados y, su reconocimiento universal, es incuestionable, o casi.

La no tan buena, es que, al amparo de la ley que auspicia, custodia y protege esas libertades como garantías individuales, y esgrimiendo los derechos humanos como escudo, haya quien busque anteponer intereses personales o de grupo sobre los de las mayorías, torciendo el sentido de la ley con inconfesables propósitos. Y si a esto se agregan reformas legislativas a modo, exclusivamente con propósitos políticos, el estado de derecho, al menos en lo que toca a la capital del país, resulta muy quebrantado.

Los habitantes del Distrito Federal nos encontramos en el peor de los mundos posibles: desprotegidos de la ley, aturdidos por una oposición antigobiernista más demagógica que racional y expuestos a lo que diversos grupos de inconformes consideren como formas válidas y “pacíficas”  de expresión. En este contexto, la ciudad de México ha sido tomada como sede para los desmanes de esos grupos que, alegando el libre ejercicio de su derecho a manifestarse, no conocen límites ni temen a los excesos. Y bueno, por no resultar políticamente correcto hablar en defensa de los derechos de los terceros afectados por las manifestaciones, hay que resignarse a esperar a que la cordura, la razón y algún otro factor, terminen con estos atentados a la paz pública.

Seguramente está usted enterado, estimado radioescucha, que cuando Andrés Manuel López Obrador se desempeñaba como Jefe de Gobierno de esta ciudad, promulgó la ley de “Ataques a la Paz Pública”, cuyo artículo 362 sancionaba severamente, hasta con 30 años de prisión y suspensión de los derechos políticos hasta por diez años, a quien “mediante sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas y los servicios públicos que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del gobierno del Distrito Federal”.

En aquel sexenio de gobierno (1999-2004), no se recuerdan grandes marchas, plantones o bloqueos que alteraran la vida de la ciudad. Al menos, las que llegó a haber, fueron efectivamente pacíficas sin enfrentamientos con la autoridad. Y es que el entonces Jefe de Gobierno, conocedor del tema, se había vacunado en contra de cualquier obstáculo que le pudiera entorpecer su objetivo presidencial, como podrían ser algunos disturbios callejeros, que, como hemos visto, tan mal parado dejan a la autoridad local. (Las últimas encuestas señalan una pérdida de 20 puntos en la popularidad del Jefe de Gobierno del D. F.)

Todavía en la época del gobierno de Marcelo Ebrard, esa ley continuó sin alteraciones, aunque con intentos de elevar la penalidad al final de su período. Esto último no sólo no prosperó, si no que por el contrario, los legisladores perredistas de la Asamblea del Distrito Federal, plantearon,  al inicio de la administración de Miguel Ángel Mancera al frente del gobierno capitalino, la derogación del artículo 362 del Código Penal local, con el argumento de que la ambigüedad del delito  provocaba un mensaje disuasivo a la población al plantear como riesgosa la participación en actividades políticas o manifestaciones, con lo que se generaba, afirmaban los asambleístas en su iniciativa, violaciones a la libertad de expresión y libre manifestación.

Al final de cuentas, este artículo no se eliminó, aunque si se modificó su clasificación para tipificar los delitos cometidos en estas circunstancias como leves, en lugar de graves, de tal suerte que en la actualidad no hay manera de sancionar con cárcel a los infractores de la paz pública, quienes con pagar una fianza quedan inmediatamente en libertad.

Habría que recordar que la iniciativa de reformas al delito de ataques a la paz pública se formuló, a propuesta de la bancada del PRD, con dedicatoria para quienes, el primero de diciembre del año pasado, habían buscado boicotear la toma de posesión del Presidente Enrique Peña Nieto. Ese día, recordamos, las calles del centro de la capital fueron tomadas por diversos grupos de manifestantes que se dedicaron a destruir todo lo que a su paso encontraron, como expresión de su protesta.

Algunos de estos vándalos fueron detenidos y, para poderlos sustraer de las manos de la justicia, los diputados de la Asamblea del D. F. aprobaron las modificaciones legales que les permitieron quedar en libertad, para sorpresa e indignación de una sociedad agraviada. Por esa impunidad legal, vemos a los anarcos y sus homólogos actuar ahora sin la menor preocupación.

Es de llamar la atención, cómo fue que el Jefe de Gobierno promulgara una ley que era muy previsible que le fuera a causar muchos y graves dolores de cabeza, como ahora lo está comprobando.

Pero como no hay mal que dure cien años, ya se analiza en la Asamblea Legislativa una iniciativa para reformar, una vez más, esta ley, dando marcha atrás a su casi despenalización para considerar, de nueva cuenta como graves, los actos delictivos violentos realizados durante las manifestaciones, al estilo de las de los maestros de la CNTE y socios que los acompañan.

A ver si cuando se promulgue la reforma al artículo 362, y con su entrada en vigor, podemos ver a los practicantes del vandalismo tras las rejas, y se recupere el estado de derecho en la capital del país, si es que no es demasiado tarde.

Octubre 9 de 2013

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Lucrar con el dolor ajeno

In Gobierno on 2 octubre, 2013 at 11:55 am

La devastación ocasionada por los meteoros Ingrid y Manuel podría considerarse de las más graves sufridas por nuestro país. Los números presentados en la Reunión de Evaluación Preliminar y de Acciones de Trabajo Inmediatas, realizada la semana pasada en Palacio Nacional, dan cuenta de la magnitud de esta desgracia. Como mucho se ha mencionado, la coincidencia en tiempo de estos dos huracanes que golpearon en la parte más estrecha de nuestro territorio por ambos lados, del Golfo y del Pacífico, sumaron un volumen de lluvia no imaginada, generando graves inundaciones, principalmente en el estado de Guerrero.

Ahora se analizan las causas, además de las naturales, las atribuibles al factor humano y, en consecuencia, las que pudieron o debieron evitar que se llegara a tan lamentables pérdidas. Por una parte está la deforestación que, incontenible, continúa acabando con nuestros bosques, facilita deslaves, avalanchas, inundaciones y destrozos. Se trata de un muy añejo problema de nuestro país, en contra del cual la autoridad, por incapacidad, ineptitud o corrupción, ha resultado impotente.

Los bosques aseguran el flujo regular de agua, absorben la precipitación durante las lluvias, retienen los suelos y liberan agua a intervalos. La regulación que ejercen los bosques contribuye a moderar los efectos destructivos de las inundaciones y la sequía que se dan con la tala de bosques. Su desaparición facilita el flujo de agua hacia los ríos elevando su nivel con el riesgo de inundación a poblaciones y campos agrícolas.  .

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, en contra parte, es de los que sufren los más elevados ritmos de deforestación. Ocupamos el quinto lugar, a nivel mundial, en esta condenable actividad con un promedio de 500 mil hectáreas de bosque y selvas perdidas cada año, de acuerdo a datos del Instituto de Geografía de la UNAM. Las principales causas de deforestación son el cambio de uso de suelo de bosques a potreros o campos de cultivo y la tala ilegal.

Otras de las causas atribuibles a la mano del hombre en el agravamiento de daños por fenómenos naturales, además de la explotación irracional de los recursos naturales, son la mala planificación de los asientos humanos, la falta de medidas de seguridad, planes de emergencia y sistemas de alerta, la mala calidad en las construcciones y algo que nos duele mucho pero que suele aparecer, tarde o temprano, la corrupción.

En esta tragedia, al parecer, hubo un poco de todo esto, y no faltan los señalamientos fundados o infundados, porque habría que decir que, frente al dolor de las víctimas afectadas por la fuerza de la naturaleza, hay quienes buscan obtener alguna ventaja política, económica o hasta de popularidad en la farándula.

Las cifras de la primera evaluación indican que 26 estados resultaron afectados. Hasta la semana pasada se registraban 147 personas fallecidas, 53 desaparecidas, casi 60 mil habían sido evacuadas de sus hogares. 18 de las 81 autopistas de cuota del país resultaron dañadas, 12 puentes colapsados, por mencionar sólo algunos de los efectos de estos meteoros. Se calcula que el costo de reconstrucción rebasará los recursos disponibles del Fondo de Desastres Naturales, que ascienden a 12 mil millones de pesos.

La reacción del Gobierno Federal para brindar ayuda a los afectados, con el Presidente de la República al frente, ha sido decidida y oportuna, aunque por las mismas razones de los destrozos, esto último no siempre ha sido posible. Y qué decir de la solidaridad mostrada por la sociedad civil en apoyo de sus compatriotas. Como en todos estos lamentables acontecimientos, las fuerzas armadas constituyen el eje para la instrumentación de las labores de rescate y distribución de abastecimientos hasta los lugares más alejados, y esta vez no ha sido la excepción.

Son momentos difíciles en los que cabría suponer que las diferencias políticas podrían hacerse a un lado para sumar esfuerzos y buscar que la unidad nacional permitiera hacer menos complicada la ayuda a nuestros hermanos, pero vemos que el egoísmo y el oportunismo de algunos personajes pesa más, y qué mejor oportunidad para lanzar culpas o aprovechar cámaras para elevar ratings, que la desgracia de otros.

Dos personajes habría que incluir en esta categoría por su destacado comportamiento, y no precisamente por espontáneo, desinteresado, solidario y anónimo. Por una parte, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, vuelve a la carga y antes que ofrecer ayuda, prefirió buscar culpables, señalando como causantes de esta desgracia al Presidente Enrique Peña Nieto, a Televisa y a Milenio. Creo que ahora sí, ya perdimos al ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal y eterno aspirante a la silla presidencial, pues aunque es su costumbre calumniar y difamar para las galerías, esta vez no se midió.

El otro cuestionable personaje es una conductora de un reality show de televisión en el que se medra con la desgracia y el dolor humanos, Laura Bozzo, quien arrancó su fama en la conducción de un programa de televisión en su tierra natal, Perú, haciendo apología del entonces presidente de su país, Alberto Fujimori y de su asesor Vladimiro Montesinos, ambos de no muy gratos recuerdos para el pueblo peruano. Pues ocurrió que la señora Bozzo viajó a una zona de Guerrero para montar un espectáculo para transmitirlo en su programa de televisión. Por supuesto que de ayuda efectiva y anonimato, ni hablar. Eso sí, mucho protagonismo y gran difusión de su persona.

Si de lucrar con la desgracia humana se trata, creo que este es el ejemplo que habría que usar para sancionar a quién lo promovió y a quien lo permitió.

Dos casos diferentes, o quizás no tanto, pues la intención es la misma: aumentar el rating o la popularidad, a costa del dolor humano.

Octubre 2 de 2013