Ante estos hechos, tanto el INE como
el Tribunal Electoral han guardado
un silencio ensordecedor, evidencia de
su calidad de autoridades a modo.

Quien debería ser ejemplo de respeto a la ley, por aquello de su calidad de partido en el poder, es el primero en infringirla. Morena parece considerar que, precisamente, por esta circunstancia, puede violarla, un poquito o tal vez no tan poquito, sin que la autoridad electoral se atreva a obligarlos a que se ajusten a lo ordenado por la legislación, bajo amenaza de aplicarles una sanción. Algo que difícilmente sucedería.

El pasado 7 de marzo, en su Vll sesión ordinaria del Consejo Nacional, la dirigencia de Morena anunció, las reglas, tiempos y método que regularán la selección de las candidaturas rumbo al proceso electoral de 2027. En esa sesión y como información estelar se dio a conocer el calendario para el proceso interno de selección de aspirantes a cargos de elección popular.

De acuerdo a este calendario, para el 3 de junio del año en curso se hará el registro para coordinaciones distritales federales (en realidad, precandidatos a una diputación federal). El 22 del mismo mes, tocará el registro para coordinadores estatales (precandidatos a una gubernatura); el 21 de septiembre, para coordinaciones municipales (para aspirantes a una alcaldía), y el 8 de noviembre para coordinaciones distritales locales (precandidatos a una diputación estatal).

En estos tiempos de la 4T, basta con cambiarle el nombre a los aspirantes, de precandidatos por el de Coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, para librar la prohibición de actos anticipados de campaña. Esto, no obstante que los coordinadores en realidad son los precandidatos, según lo reconocen y anuncian sin rubor los propios morenistas. Al hacer una interpretación literal de la ley, argumentan que la norma habla de precandidatos, no de coordinadores, por lo que estos no están en el supuesto de la ley. Conveniente interpretación que ignora el espíritu de la ley, su motivo y objetivo.

Pero, esta artimaña les ha dado resultado en procesos electorales anteriores, permitiéndoles a sus “Coordinadores” ventajas como contar con más tiempo de campaña y realizar actos expresamente prohibidos por la ley, alegando que solo están realizando actividades de fortalecimiento de su movimiento, cuando en realidad, están haciendo proselitismo.

La ley establece que “los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo…antes de la fecha de inicio de las precampañas; la violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato” (Art. 226, párrafo 3, LGIPE). De acuerdo a la norma electoral, el inicio de las precampañas no puede ser antes de la tercera semana de diciembre del año anterior de la elección. En este caso, de 2027.

Pues resulta que, siguiendo el mal ejemplo de Morena, otros partidos se las han ingeniado cambiándole también el nombre a sus precandidatos. “Defensores de la Nación,” bautizó el PRI a los suyos; los del PVEM son los Guardianes Verdes; los Coordinadores del Cambio y la Defensa de la Familia son los del PAN. Una burda chapuza para darle la vuelta a los actos anticipados de campaña y arrancar, de una vez, con la promoción de sus aspirantes.

El desorden lo inició Morena y, al amparo de la ceguera de las autoridades electorales que protegen al partido de la 4T, todos los partidos del escenario político electoral nacional buscan trabajar, lo antes posible, en la construcción de las candidaturas de sus aspirantes, para nivelar el piso de una competencia electoral que el partido gobernante desequilibra.

Ante estos hechos, tanto el INE como el Tribunal Electoral han guardado un silencio ensordecedor, evidencia de su calidad de autoridades a modo. En un proceso progresivo, la 4T ha cooptado a los otrora considerados autónomos e independientes Poderes de la Unión. Al Legislativo, con una mayoría calificada obtenida a base de chicanadas y al Judicial, mediante una elección popular de ministros, magistrados y jueces, apoyada con acordeones oficiales.

En este desbarajuste oficial, parece que todo se vale, siempre y cuando quien tome la iniciativa sea el partido del gobierno. Seguir sus pasos es casi garantía de lograr inmunidad ante la ley. En el caso, iniciar sus campañas mucho antes de los tiempos que marca la ley. Algunos disfrazando a sus precandidatos de promotores, defensores o cualquier otra denominación que oculte su verdadera personalidad, pero otros, destapando con descaro a quienes van a impulsar como sus candidatos oficiales. Bajo el cobijo de “no me vengan con que la ley es la ley”, como diría el clásico, el ordenamiento jurídico pierde obligatoriedad, ante las violaciones de que es objeto y la pasividad y tolerancia de las autoridades responsables en aplicarla.

Ante semejante panorama, cabe la pregunta ¿para eso promovieron e impusieron, sin cambiar ni una coma, las reformas a la ley electoral?

Resulta difícil entender porque, una
instancia especializada, se atrevió a tachar
de falso lo que muchos observadores
afirmaron haber visto y que acreditaron
con fotos y videos.

Algo no está funcionando en el equipo de comunicación de la Presidencia. Lejos de cuidar la imagen presidencial, la de la titular, Claudia Sheinbaum, pareciera que los responsables de esta importante y estratégica área, están más preocupados en ignorar, descalificar o desviar la atención de todo aquello que consideran pueda afectar la supuesta inmaculada imagen de su movimiento transformador.

En el concepto cuatroteista, los gobiernos morenistas son perfectos. No cometen errores, faltas ni se equivocan. Y cuando alguna falla es inocultable, el manual de la 4T indica que hay que rechazar toda responsabilidad y endosarla a los gobiernos pasados. Un recurso, cada vez menos efectivo, pues tras siete años en el poder, es difícil cargar culpas a los del pasado remoto sin que el del pasado reciente no salga salpicado. Por principio, no se reconocen yerros, porque aceptarlos perjudica al movimiento, opinan sus “ideólogos”.

El ideario político de Morena establece tres principios: no robar, no mentir y no traicionar. Tres mandamientos que en la práctica sus militantes destacados violan sin rubor. En estas últimas semanas, el segundo mandamiento, no mentir, ha puesto en un brete a la Jefa del Ejecutivo, pues por falta de información o información no verificada por quiénes tienen la obligación de cuidar sus intervenciones, ha incurrido en imprecisiones, por decir lo menos.

Hemos comentado, con anterioridad, que el ejercicio mañanero cotidiano, en Palacio Nacional, resulta riesgoso para la imagen de la Presidenta. La exposición diaria a preguntas irrelevantes, pueden dar lugar a respuestas inexactas, cuando se carece de información. Errores que, la mandataria, no tendría por qué asumir, cuando se trata de temas que debieran ser atendidos por funcionarios de otro nivel. La Presidenta debería contar con la mejor y mayor información, lo que no está sucediendo.

A mediados del mes de marzo pasado, inconsciente e imprudente, una funcionaria de la Secretaría de Hacienda se le hizo fácil asolear sus piernas en un ventanal de Palacio Nacional. La escena fue objeto de múltiples fotos y videos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales. A pesar de estas evidencias, InfodemiaMX, la iniciativa de gobierno creada para combatir la infodemia, las noticias falsas y la desinformación, determinó que se trataba de imágenes falsas, creadas por inteligencia artificial (IA). En contra de esta versión oficial, surgieron más fotografías y videos de la mujer asoleándose lo que hizo que, un caso de importancia menor, ciertamente reprobable por el poco respeto mostrado a instalaciones de gobierno, llegara hasta el nivel de la Presidencia del país.

Cuando en una mañanera se le pidió a la Jefa del Ejecutivo su opinión sobre el tema, la Mandataria se guardó su opinión revirando a quien le preguntaba que mejor le hablara sobre eventos ocurridos en épocas de diversos mandatarios del pasado. Solo hasta 12 días después de ocurrido el suceso, la Presidenta se refirió al tema, enmendándole la plana a InfodemiaMX al reconocer que el hecho sí había ocurrido. Infodemia había mentido y metido en aprietos a su jefa.

Resulta difícil entender porque, una instancia especializada, se atrevió a tachar de falso lo que muchos observadores afirmaron haber visto y que acreditaron con fotos y videos. Para lavar culpas, Infodemia emitió un comunicado rectificando su postura y ofreciendo “una disculpa pública a los lectores y seguidores de esta plataforma.” Sin embargo, la ineficiencia y errores cometidos por los funcionarios responsables de una oficina, nada menos que de la Presidencia de la República, no tuvo ninguna consecuencia. Vaya tolerancia.

El otro caso es más delicado, porque en las mentiras se involucraron varios titulares de dependencias públicas, una gobernadora y, de paso, la Presidenta misma. La tardanza en la reacción y reconocimiento de la verdad del suceso tuvo consecuencias graves. Hasta más de sesenta días después de ocurrido el derrame de petróleo en la sonda de Campeche, se supo que se manipuló la información, negando las verdaderas causas del derrame y evadiendo toda responsabilidad de los funcionarios encargados de atender el caso.

Impensable que, con la tecnología actual, no se hubieran enterado, desde el inicio del derrame, los funcionarios de Pemex y de la Secretaría de Marina. Fotos satelitales mostraban la mancha del crudo en el Golfo de México que iba creciendo. Ambientalistas, pescadores y medios habían dado la voz de alarma sobre el suceso. Al estilo de la 4T, los titulares de Pemex y de las Secretarias de Marina, Energía y Semarnat minimizaron el caso y negaron que la paraestatal fuera responsable del derrame.

Con gran iniciativa la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle repartió culpas, un barco fantasma, no identificado, eso sí, contratado por el gobierno de Enrique Peña Nieto y emanaciones naturales, chapopoteras, eran los responsables del derrame que, según ella, solo se trataba de “gotas y trazas” de petróleo. Infodemia, una vez más, negaba los derrames.

Finalmente, y más de dos meses después de negar la existencia del derrame y de haber mal informado a la Presidenta, resultó que la paraestatal había sido el causante del derrame. Según su director, Victor Rodríguez Padilla, a él y a los mandos superiores el organismo, les ocultaron información. Por eso no me enteré, afirmó. ¿Se la ocultaron durante dos meses? Si esto es cierto, el funcionario no tiene autoridad ni capacidad para dirigir esa empresa. Sus subalternos no lo respetan.
Otra vez el problema, además de las mentiras, es la desinformación en que trabaja el equipo de comunicación de la Presidencia. Por lo mismo, dejan a la titular en la ignorancia y la exponen a decir falsedades en sus mañaneras. No la cuidan. Esto parecería hasta un descuido poco inocente. Y de responsabilidades y consecuencias, cero.

Algo tendrá que hacer la Presidenta para no caer en más situaciones comprometedoras que, tarde o temprano, la obligan a corregir sus propias afirmaciones.

Ocurrencias, caprichos o revanchas
podrían ser la explicación de ese ánimo
destructor del Ejecutivo, en el período
anterior y en el actual.

Cuesta trabajo entender que el proceso de la Cuarta Transformación se haya montado, en su primera y segunda etapa, sobre las cenizas de instituciones arrasadas por decisión presidencial, sin justificación razonable ni argumentos sólidos. Ocurrencias, caprichos o revanchas podrían ser la explicación de ese ánimo destructor del Ejecutivo, en el pasado y en el presente.

El discurso político del entonces Jefe del Ejecutivo, AMLO, decía que había que “acabar con la corrupción” y “ejercer austeridad republicana.” En un documento oficial, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, abundante en argumentos políticos, pero pocos o ninguno derivados de investigaciones, análisis o estudios económicos serios, se leía, “El aparato gubernamental, estaba plagado de instituciones redundantes, de duplicidad de funciones y de oficinas y partidas presupuestales sin propósitos o resultados.” Que se concentrarían funciones y reorientarían los presupuestos dispersos, agregaba.

Todo enfocado a crear un contexto a modo, para concentrar y ejercer, sin sombras ni molestas limitaciones, su poder político. Un sistema jurídico que determinaba funciones y delimitaba competencias para el desempeño de funciones de los tres Poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no estaba en los planes del proyecto político de la 4T. O tal vez sí, pero como letra muerta.

La doctrina señala que la división de poderes busca evitar el abuso y la concentración de poder y establecer controles y equilibrios. Justo lo contrario de los principios que guían los caminos de la 4T. Durante el gobierno del tabasqueño, no hubo poder que se le enfrentara y, cuando lo hubo, la SCJN emitiendo resoluciones para atajar los excesos del Ejecutivo, le costó su existencia. Desaparecieron a la Corte, esto ya en la actual administración, para sustituirla por jueces, magistrados y ministros elegidos por voto directo de una población poco motivada y orientada por acordeones oficiales.

Decíamos que, con pretexto del combate a la corrupción, muchas veces delatada en la retórica mañanera, pero, paradójicamente, nunca seguida de acciones judiciales o del levantamiento de carpetas de investigación, se eliminaron instituciones y programas, sin planeación alguna. Aprovechando la docilidad de un Poder Legislativo, con mayoría morenista, sometida y dispuesta a acatar toda instrucción de Palacio Nacional, se ajusta el marco jurídico, incluyendo la Constitución misma, para darle un mayor empoderamiento a la Presidencia, en detrimento de los derechos ciudadanos.

La lista de las entidades suprimidas es larga. Aquí solo algunas:
El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión Reguladora de Energía, al Comisión Nacional de Hidrocarburos.

También programas como el Seguro Popular y ProMéxico desaparecieron. Ya en el extremo, todo el Poder Judicial Federal, incluida la SCJN, como principal objetivo, sufrió la furia presidencial. Además, fideicomisos (109) e instituciones donatarias y altruistas, mal vistas por Morena por su intromisión en programas sociales, terrenos que el gobierno considera de su exclusividad, por aquello de sus efectos clientelares.

El desmantelamiento nacional continua. El ejemplo más reciente es la abyecta actuación del Poder Legislativo Federal, supuestamente autónomo e independiente, y de los legislativos de los estados morenistas, etiquetados como libres y soberanos. Resulta que una vez superado el mal momento del frustrado Plan A de la Reforma Electoral y concentrados en un sustituto Plan B de reforma disminuida, pero aprobada para evadir el estigma de la derrota, el dictamen se envió para la aprobación correspondiente de, al menos, 17 legislaturas estatales, para consumar la enmienda constitucional.

En el trámite del recorrido nacional de las reformas constitucionales para su aprobación, se ha perdido todo decoro. Los diputados locales se tienen poco respeto. Como si se tratara de una competencia olímpica, se anuncia que, en menos de 12 horas, se lograron los votos aprobatorios de 17 Congresos estatales, validando la reforma constitucional. Una nueva marca de legislación al vapor con dedicatoria de parte de los Congresos estatales. El récord anterior, correspondía a la aprobación de la Reforma Judicial, 21 horas.

Los gobernadores de Morena quieren quedar bien con la titular del Ejecutivo e instruyen a sus Congresos locales a legislar rapidito, hasta caer en el absurdo, como el caso de los diputados de Tabasco, que solo necesitaron 22 minutos para recibir el dictamen leerlo, analizarlo, discutirlo y aprobarlo. Seguramente no se enteraron que habían aprobado una vulneración al principio del municipio libre.

Más que felicitación, a estos diputados habría que exhibirlos por su irresponsabilidad y falta de compromiso con el cargo para el que fueron elegidos. Levantar la mano y aprobar, de manera exprés, lo que envíe el Ejecutivo, no es, precisamente, lo que el pueblo bueno y sabio espera de ellos.

La percepción que hay sobre México
en el extranjero, nada tiene que ver con
lo que, el gobierno de la 4T y su segundo
piso, suponen, va viento en popa.

Ahora sí, nos llovió sobre mojado. Los informes de evaluación practicados por organismos internacionales, a diferentes países, sobre temas de corrupción, impunidad, estado de Derecho, violencia criminal extrema, desapariciones forzadas, asesinatos dolosos y violación de derechos humanos, publicados recientemente, colocan a nuestro país en una posición comprometida, por decir lo menos. Prácticamente en todos estos temas nuestro país sale reprobado.

Sería difícil imaginar que exista un complot mundial en contra de México y que, debido a esto, organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Freedom House, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Comité Contra las Desapariciones Forzadas, entre otros, coincidan en diagnósticos que poco nos favorecen.

La percepción que hay sobre México en el extranjero, nada tiene que ver con lo que, el gobierno de la 4T y su segundo piso, suponen, va viento en popa. Ahora, más que nunca, queda evidenciado que el principio tabasqueño de que la mejor política exterior era la política interior, fue otra desafortunada ocurrencia. Un mito y un gran error que afectó el posicionamiento de nuestro país en el contexto mundial, al negarse a escuchar, ya no digamos atender, y descalificar cualquiera opinión, sobre nuestro país, proveniente del extranjero. La cerrazón como política exterior.

En un mundo globalizado, en particular, en los tiempos actuales, el aislacionismo es inconveniente, improcedente y perjudicial. Como miembros de organismos internacionales, el Estado mexicano ha suscrito y aceptado compromisos y obligaciones con validez global. A menudo, en Palacio Nacional confunden las evaluaciones comparativas a nivel mundial con injerencias inaceptables en los asuntos internos del país y esgrimen la soberanía como escudo y defensa de supuestas agresiones externas. Una soberanía mal concebida, interpretada a conveniencia que, no pocas veces, nos han puesto en situaciones bochornosas.

México mantuvo durante toda su historia, hasta la llegada de “la cuarta transformación” un alto nivel de respeto y, ciertamente de influencia, al menos, entre los países de Latinoamérica. Éramos el hermano mayor con una economía que crecía. El país con estabilidad política, con un nivel de democracia, quizá, no ideal, pero en el que las sucesiones presidenciales se procesaban de manera pacífica, sin mayores incidentes. Con reconocimiento y apertura a la pluralidad política. Nada del país de un solo personaje. Respeto, aceptación y diálogo con quienes pensaban y opinaban diferente. El sistema jurídico, las instituciones públicas, la división de poderes y los organismos autónomos, constituían los contrapesos necesarios para el ejercicio de nuestra democracia.

Pero para quien llegó al máximo nivel político del país, a través de un proceso transparente y democrático, con instituciones y leyes que avalaron y reconocieron su triunfo electoral, una vez en el poder, ya no le convenció ese respeto a la democracia y buscó revertir procesos, leyes e instituciones para imponer la política y conducción del gobierno de un solo hombre.

La cuarta transformación, que así la denominó el fundador de Morena, se convirtió en la devastación de instituciones, leyes y poderes. El Jefe del Ejecutivo de Morena vio con desconfianza y rechazo la libertad y autonomía de los otros poderes de la Unión. Tampoco le pareció conveniente una legislación, perfectible sin duda, que auspiciaba el pluralismo político, respetaba la libertad de acción, la libertad de expresión y amparaba el acceso al poder por la vía de electoral. No en balde las tres alternancias políticas ocurridas sin estridencias, en lo que va del milenio. Algo ha de haber funcionado bien con el marco jurídico existente, sus instituciones y la real y efectiva división de poderes sin sometimiento al Ejecutivo.

Sin poner a juicio las reformas promovidas por el poder morenista, a lo largo de estos siete años de gobierno, varias organizaciones internacionales, Transparencia Internacional (TI), Human Rights Watch (HRW), Freedom House y el Comité Contra las Desapariciones Forzadas, entre otras, han apuntado en sus evaluaciones fallas, omisiones, alertas e inconvenientes derivadas, precisamente, de decisiones, ocurrencias y reformas legales procesadas al vapor, sin análisis, diálogo ni consulta y, cuando ésta la hubo, fue ignorada.

Múltiples reformas a la Constitución para asegurar la permanencia del gobierno de la 4T en el poder. Desaparición del Poder Judicial para sustituirlo por una SCJN y jueces y magistrados a modo, elegidos popularmente, pero con acordeón de por medio. Y la eliminación total de organismos constitucionales autónomos, cuyo objetivo era, precisamente, limitar el poder presidencial y garantizar transparencia y eficacia en áreas técnicas especializadas, han sido la característica de la 4T.

Por supuesto, los resultados desfavorables a nuestro país en estas evaluaciones globales, el gobierno se niega a aceptar y, en contra, ataca a las organizaciones evaluadoras, como si éstas fueran responsables de los números que aparecen en los índices. Atacar al mensajero, se dice; pero no estaría mal un poco de reflexión y análisis de la información publicada. La humildad y el reconocimiento a fallas y problemas son mejor método para superarlos y corregirlos, que la cerrazón y oídos sordos. Hay que ubicarnos en la realidad y dejar de pretender que vivimos en el país de las maravillas.

Todos los días, en las mañaneras
del pueblo, se expone a la Presidenta,
a situaciones hasta grotescas por
planteamientos y preguntas banales.

Concluido, o casi, el fenómeno político discrepante de la reforma constitucional electoral, en su Plan A, reiterado en su Plan B, entre Morena y su aliado, el Partido del Trabajo, parece que las aguas vuelven a su cauce en la alianza política entre estos dos partidos.

En el plan inicial (A), el choque de fuerzas entre el partido en el poder y sus adláteres, los partidos Verde Ecologista y del Trabajo, sumados, estos, en un frente común, resultaron infranqueables. En el llamado Plan B, consistente en una versión de reforma electoral descafeinada, el bloque entre los aliados se quebró. Mientras que el partido del Tucán, siguiendo su tradición histórica de plegarse al poder, se alineó con la nueva iniciativa de reforma de Palacio Nacional, los del Trabajo, por el contrario, se mantuvieron firmes en su negativa a cambios en las fechas para la Revocación de Mandato, posición que, finalmente, prevaleció, al quedar eliminado, del dictamen, el tema de la revocación.

La chiquillada imponiendo condiciones al poderoso partido Morena. Para la historia.

Una lucha entre socios electorales, desigual, sin duda, con costo político para la titular del Ejecutivo al exponerse, consideramos, sin necesidad. Porque, ante la duda de un final feliz, dadas las objeciones planteadas por sus aliados políticos, optó por correr el riesgo de sufrir una derrota política, que, finalmente, ocurrió. Este resultado estaría mostrando una grave ineficiencia de los operadores políticos de Presidencia, si es que los hay, porque no se ve su trabajo. La soberbia de unos, pesa más que su compromiso de llevarle buenas cuentas a su jefa; algunos, están más preocupados por sus proyectos políticos personales, y otros no pasarían una mínima prueba de lealtad institucional, porque sus intereses están en otro lado.

Todos los días, en las mañaneras del pueblo, se expone a la Presidenta a situaciones hasta grotescas por planteamientos y preguntas banales. Cuestionamientos de periodistas, supuestamente alineados, que, en ocasiones, por su improvisación, resultan más peligrosos que la crítica de cualquier político de oposición. Con temas de importancia, verdaderamente trascendentales, que hay que atender en la gobernanza, ocupar más de una hora a dar respuesta a materias que corresponden a otros niveles de gobierno, constituye un desgaste y un desperdicio de tiempo, de quien es la responsable de guiar los destinos del país.

Este ejercicio de supuesta información en el salón Tesorería de Palacio Nacional, ha sido y lo sigue siendo, un “tribunal inquisitorio” en el que se descalifica, desprestigia y agrede, sin más, a quienes no están del lado de Morena, a quienes piensan diferente, a la oposición política que tiene todo el derecho a disentir, criticar y denunciar desvíos, errores, corrupción, y no por ello se convierten en traidores a la patria. En este país, se debe gobernar para todos y escuchar a todos, porque México es una República democrática. Al menos, así lo establece nuestra Constitución (Art. 40).

Las mañaneras se anunciaron, en su momento, como un ejercicio de comunicación circular, de apertura al diálogo. Como fórmula de un gobierno, que se decía, comprometido con la información, la transparencia y el combate a la corrupción. La realidad fue muy distinta. Se trató de una estrategia de propaganda disfrazada, para informar lo que políticamente convenía a los intereses de Palacio y ocultar lo que lo comprometía. Una forma, sui generis de gobernar, en la que el control de la información y la única verdad era, en exclusiva, la del Jefe del Ejecutivo.

Este gobierno debería prescindir del estilo mañanero del tabasqueño. Ha quedado claro que enfrentar, de manera cotidiana, a un grupo de seudo periodistas con preguntas cómodas, no significa mayor apertura ni que el pueblo bueno y sabio vaya a estar mejor informado. Si algo caracterizó a la administración del gobierno pasado, con todo y sus dos o más horas diarias de propaganda mañanera, fue la falta de calidad y veracidad de la información difundida.

El reclamo sería, mayor apertura y menos retórica.