En cuatro principios el fundador de Morena decidió imponer un estilo de gobernar, sui generis, por decir lo menos.

En cuatro principios el fundador de Morena decidió imponer un estilo de gobernar, sui generis, por decir lo menos. En materia de seguridad, tema sensible, delicado y complejo, aplicó una especie de amnistía a la delincuencia organizada. Una tregua de abrazos y no balazos, con lo que estimuló el fortalecimiento de los cárteles que aprovecharon la oportunidad para extender sus dominios territoriales a sangre y fuego. El incremento en el número de homicidios dolosos ocurridos durante el gobierno morenista, reflejan las consecuencias de semejante ocurrencia.

Gobernar es muy sencillo, no tiene ciencia, decía el de Macuspana y en base a esa hipótesis, formó un equipo de trabajo basado en elementos en los que el requisito fundamental era su lealtad, aunque su ignorancia en los temas de las responsabilidades de los cargos que se les asignaban, fuera evidente. 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de experiencia, era el requisito para ocupar cualquier cargo público. Los resultados de asignar tareas delicadas y de alta responsabilidad a quienes carecían de conocimientos, experiencia y preparación académica, quedan como el mejor ejemplo del desastre de un gobierno improvisado y mediocre.

Obras sin planeación, inconclusas, mal diseñadas y absurdamente costosas. Un aeropuerto, el AIFA, que no logra salir adelante por problemas de conectividad, falta de vialidades de acceso, altos costos de transporte y largos tiempos de traslado. Un Ferrocarril Transoceánico, con graves problemas operativos y estructurales que han provocado, ya, varios descarrilamientos, uno con pérdidas humanas. El trazado original, data de principios del siglo pasado, no se corrigió, por lo que subsiste el riesgo de que ocurran más accidentes.

Un tren Maya, construido contra la opinión de organizaciones ambientalistas por los daños ecológicos irreversibles que significó la obra, cuyos cimientos, pilotes para el tramo elevado, son preocupación permanente de sus operarios. Con daños a acuíferos y cenotes y una tala de más de 11 mil hectáreas de selva, se impuso la voluntad presidencial. La obra, interminable, es, además, económicamente insostenible. Y una refinería, Dos Bocas, construida contra la opinión de expertos en un lugar inadecuado, con problemas técnicos, operativos y de seguridad, cuyos incendios y accidentes, ya no sorprenden a nadie.

“Vamos a combatir la corrupción, como se barren las escaleras, de arriba para abajo,” repetía el mandatario tabasqueño a la menor provocación. Y, por lo visto, o faltó escoba o no hubo voluntad para cumplir con esa promesa de campaña y de gobierno. La opacidad en la asignación de los contratos para las millonarias obras de gobierno, dieron lugar a grandes negocios y jugosas fortunas de parientes, y amistades que no tuvieron empacho en hacer ostentación, en medios públicos, de su nuevo status económico y social.

Solo en el caso del huachicol fiscal, según datos del propio gobierno el daño patrimonial por este ilícito ascendió a 600 mil millones de pesos, sin que a la fecha se hayan informado avances en la investigación. Quiénes, por el monto de lo defraudado, son las autoridades aduaneras, de la Marina, del Ejército, Navales, fiscales, agencias aduanales, y demás corporaciones policíacas encargadas de vigilar el tráfico de mercancía en las fronteras, podrían resultar presuntos responsables por comisión u omisión.

Y, derivado del malestar que le causaba la independencia y autonomía de un Poder Judicial, con una SCJN empeñada en cumplir su función de guarda y respeto del orden Constitucional y contra peso de los excesos del Poder Ejecutivo, la Presidencia aceleró una reforma constitucional para desparecer al Poder Judicial, bajo el argumento de que ese Poder estaba viciado por la corrupción, el nepotismo y el influyentismo, sin que nunca se hubiera ordenado una investigación que sustentara los dichos de Palacio. Se decidió, entonces, que la justicia deberían aplicarla jueces elegidos “democráticamente” por el pueblo bueno y sabio. Una justicia popular, eso sí, con jueces comprometidos con el Ejecutivo, al convertirse en jueces a modo, pues al final de cuentas el cargo se lo deberían a quién los seleccionó.

En la precipitación por poner en práctica semejante reforma, y ante lo complejo de semejante proceso electoral judicial, los morenistas decidieron no correr riesgos, ideando un sistema a base de acordeones en los que se mencionaba el nombre de los aspirantes por los que los electores deberían votar. Curiosamente eran los que el gobierno había seleccionado.

La consecuencia de esta brillante idea, fue la desaparición del estado de Derecho, un clima de inseguridad jurídica que, hasta la fecha sigue siendo la principal razón de la falta de inversión extranjera y local. Nadie quiere arriesgar sus capitales en un país en el que la justicia dependa de lo que decida el Ejecutivo. Al tener el control de los Poderes Legislativo y Judicial, el Ejecutivo acabó con el sistema de división de poderes, con todo y lo que esto significa.

Y todavía nos preguntamos, porque nuestro país lleva 8 años estancado.