El envío masivo a los EUA de narcotraficantes de
todo nivel, sin mayores trámites,
fue el cálculo de nuestro gobierno con el
que supuso cumplía su cuota de colaboración
en la lucha contra el narcotráfico.

No parece que las cosas le estén saliendo bien a Morena en el sensible tema del enfrentamiento al crimen organizado. El de la inseguridad, cuya percepción, a pesar de las encuestas oficiales que registran cada mes una disminución en el número de homicidios dolosos, se mantiene como una de las principales preocupaciones de la población encuestada.

Tampoco se ven avances importantes en lo que toca al combate a la corrupción, al menos, no tan efectivo, cuando los niveles jerárquicos en donde amenaza aparecer resultan de un elevado rango, políticamente inconveniente, según criterio del círculo rojo morenista, para la unidad y posicionamiento de su Movimiento. Que la mancha de impunidad crezca, afectando la imagen del gobierno hacia el interior y la del país, hacia el exterior, no les preocupa.

Quizás, sin medir las consecuencias, nuestro gobierno tomó una arriesgada decisión que no ha mejorado la particularmente difícil relación con nuestro vecino, en estos tiempos de Donald Trump. Con un estilo de gobernar personalista, de confrontación, más por ocurrencias y ex abruptos, nuestro principal socio comercial no acaba por descifrar el tipo de relación que quiere y le conviene con México.

Peleado con el mundo, según su estado de ánimo, aplica aranceles, a diestra y siniestra, dejando siempre o casi, un margen de tolerancia a su vecino del sur. La sobrevivencia de reglas de un TMEC, que se resiste a morir, han amortiguado la furia trumpista. El tratado, un tanto magullado, pareciera perfilarse por la vía bilateral, EUA y México, con revisiones anuales que, sin duda afectan por la incertidumbre del corto plazo. Pero dadas las circunstancias, de los males el menor.

Hay un tema, sin embargo, en el que Donald Trump ha sido enfático y más que claro. El primer día de su gobierno firmó una de sus amenazantes órdenes ejecutivas para iniciar el proceso de declarar a los cárteles del narcotráfico, la mayoría de nuestro país, como Organizaciones Terroristas Extranjeras. ”Representan una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos.” Se argumenta en el documento. Ya, en el mismo texto, se afirmaba que “…en ciertas zonas de México funcionan como entidades cuasi gubernamentales, controlando casi todos los aspectos de la sociedad.”

A partir de entonces, el neoyorquino no ha dejado de repetir, a la menor provocación, que México perdió el control de su territorio y que los cárteles de la droga mandan en el país. Que nuestra mandataria es una mujer maravillosa, pero está asustada ante esa situación. Los mensajes y la posición del gobierno norteamericano no permiten duda de que en este tema no hay mucha tolerancia.

El envío masivo a los EUA de narcotraficantes de todo nivel, sin mayores trámites, fue el cálculo de nuestro gobierno con el que supuso cumplía su cuota de colaboración en la lucha contra el narcotráfico. Más de 90 narcos entregados a las autoridades norteamericanas para ser juzgados en ese país, de los que, además, podrían obtener valiosa información, real o a conveniencia, para conocer los secretos de su operación criminal en nuestro país.

Pero resultó con que los fiscales norteamericanos, tras las investigaciones de sus agencias de seguridad e inteligencia, DEA, CIA, FBI, Homeland Security, entre otras, más la información proveniente de los acuerdos con los delincuentes sometidos a juicio, elevaron la mira hacia lo que ellos definieron como narcopolíticos. Aquellos funcionarios públicos, gobernantes, políticos, agentes de seguridad que protegen, financian o colaboran activamente con los cárteles de la droga. Porque, difícilmente el desarrollo del imperio de las drogas que prevalece en nuestro país, en tantos años, se pudo lograr sin la protección, complicidad o “ignorancia” de autoridades de los tres niveles de gobierno, municipales, estatales y federales.

La política antidrogas de los EUA, la ha llevado el Presidente Trump paso a paso. Primero declarando a los cárteles como Organizaciones Terroristas. En diciembre de 2025, con la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional en donde prioriza el combate al narcotráfico, mediante un reajuste de recursos militares cercanos. En marzo pasado con la creación del Escudo de las Américas, una coalición militar regional con la participación de 17 países, “enfocada a usar la fuerza letal contra los cárteles del narcotráfico”. Convocatoria en la que no se incluyó a nuestro país, Brasil ni Colombia.

En abril con la solicitud, por la vía diplomática, de detención provisional con fines de extradición de 10 funcionarios públicos y políticos de Sinaloa, incluyendo al gobernador en funciones.

En el mes de mayo pasado, con la publicación de la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, que redefine la política antidrogas de EUA, bajo el enfoque de seguridad nacional para combatir el fentanilo y los cárteles del narcotráfico y la demanda a nuestro país de resultados tangibles, confiscaciones, destrucción de laboratorios y aumento de extradiciones “para mantener la cooperación bilateral de seguridad.”

A todo esto se suman los reiterados señalamiento del presidente Trump en foros internacionales de que en México quienes mandan son los narcotraficantes. Con lo que se desprestigia al país, creando una imagen de narco estado.

Lo más grave. Para contrarrestar esa campaña, no parece existir una estrategia del gobierno mexicano, que prefiere asumir el costo del desprestigio, antes que exhibir supuestas complicidades con el narcotráfico de algunos distinguidos miembros de su partido.

En cuatro principios el fundador de Morena decidió imponer un estilo de gobernar, sui generis, por decir lo menos.

En cuatro principios el fundador de Morena decidió imponer un estilo de gobernar, sui generis, por decir lo menos. En materia de seguridad, tema sensible, delicado y complejo, aplicó una especie de amnistía a la delincuencia organizada. Una tregua de abrazos y no balazos, con lo que estimuló el fortalecimiento de los cárteles que aprovecharon la oportunidad para extender sus dominios territoriales a sangre y fuego. El incremento en el número de homicidios dolosos ocurridos durante el gobierno morenista, reflejan las consecuencias de semejante ocurrencia.

Gobernar es muy sencillo, no tiene ciencia, decía el de Macuspana y en base a esa hipótesis, formó un equipo de trabajo basado en elementos en los que el requisito fundamental era su lealtad, aunque su ignorancia en los temas de las responsabilidades de los cargos que se les asignaban, fuera evidente. 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de experiencia, era el requisito para ocupar cualquier cargo público. Los resultados de asignar tareas delicadas y de alta responsabilidad a quienes carecían de conocimientos, experiencia y preparación académica, quedan como el mejor ejemplo del desastre de un gobierno improvisado y mediocre.

Obras sin planeación, inconclusas, mal diseñadas y absurdamente costosas. Un aeropuerto, el AIFA, que no logra salir adelante por problemas de conectividad, falta de vialidades de acceso, altos costos de transporte y largos tiempos de traslado. Un Ferrocarril Transoceánico, con graves problemas operativos y estructurales que han provocado, ya, varios descarrilamientos, uno con pérdidas humanas. El trazado original, data de principios del siglo pasado, no se corrigió, por lo que subsiste el riesgo de que ocurran más accidentes.

Un tren Maya, construido contra la opinión de organizaciones ambientalistas por los daños ecológicos irreversibles que significó la obra, cuyos cimientos, pilotes para el tramo elevado, son preocupación permanente de sus operarios. Con daños a acuíferos y cenotes y una tala de más de 11 mil hectáreas de selva, se impuso la voluntad presidencial. La obra, interminable, es, además, económicamente insostenible. Y una refinería, Dos Bocas, construida contra la opinión de expertos en un lugar inadecuado, con problemas técnicos, operativos y de seguridad, cuyos incendios y accidentes, ya no sorprenden a nadie.

“Vamos a combatir la corrupción, como se barren las escaleras, de arriba para abajo,” repetía el mandatario tabasqueño a la menor provocación. Y, por lo visto, o faltó escoba o no hubo voluntad para cumplir con esa promesa de campaña y de gobierno. La opacidad en la asignación de los contratos para las millonarias obras de gobierno, dieron lugar a grandes negocios y jugosas fortunas de parientes, y amistades que no tuvieron empacho en hacer ostentación, en medios públicos, de su nuevo status económico y social.

Solo en el caso del huachicol fiscal, según datos del propio gobierno el daño patrimonial por este ilícito ascendió a 600 mil millones de pesos, sin que a la fecha se hayan informado avances en la investigación. Quiénes, por el monto de lo defraudado, son las autoridades aduaneras, de la Marina, del Ejército, Navales, fiscales, agencias aduanales, y demás corporaciones policíacas encargadas de vigilar el tráfico de mercancía en las fronteras, podrían resultar presuntos responsables por comisión u omisión.

Y, derivado del malestar que le causaba la independencia y autonomía de un Poder Judicial, con una SCJN empeñada en cumplir su función de guarda y respeto del orden Constitucional y contra peso de los excesos del Poder Ejecutivo, la Presidencia aceleró una reforma constitucional para desparecer al Poder Judicial, bajo el argumento de que ese Poder estaba viciado por la corrupción, el nepotismo y el influyentismo, sin que nunca se hubiera ordenado una investigación que sustentara los dichos de Palacio. Se decidió, entonces, que la justicia deberían aplicarla jueces elegidos “democráticamente” por el pueblo bueno y sabio. Una justicia popular, eso sí, con jueces comprometidos con el Ejecutivo, al convertirse en jueces a modo, pues al final de cuentas el cargo se lo deberían a quién los seleccionó.

En la precipitación por poner en práctica semejante reforma, y ante lo complejo de semejante proceso electoral judicial, los morenistas decidieron no correr riesgos, ideando un sistema a base de acordeones en los que se mencionaba el nombre de los aspirantes por los que los electores deberían votar. Curiosamente eran los que el gobierno había seleccionado.

La consecuencia de esta brillante idea, fue la desaparición del estado de Derecho, un clima de inseguridad jurídica que, hasta la fecha sigue siendo la principal razón de la falta de inversión extranjera y local. Nadie quiere arriesgar sus capitales en un país en el que la justicia dependa de lo que decida el Ejecutivo. Al tener el control de los Poderes Legislativo y Judicial, el Ejecutivo acabó con el sistema de división de poderes, con todo y lo que esto significa.

Y todavía nos preguntamos, porque nuestro país lleva 8 años estancado.