Una elección en la que la popularidad, la simpatía y el carisma poco tienen que ver en la lucha para ganarse el voto de los electores.

A unas horas de que tenga lugar la jornada electoral judicial para jueces, magistrados y ministros, el próximo primero de junio, el tema que preocupa al oficialismo es el poco entusiasmo que, desde un principio, ha demostrado la ciudadanía por participar en esta elección. Los pronósticos no son muy positivos y, el reto, después de haber sacado adelante una polémica Reforma Constitucional del Poder Judicial de la Federación, aprovechando una cuestionada mayoría calificada de la bancada morenista en el Congreso Federal, pareciera estar en alcanzar una mínima votación que permita darle tranquilidad legitimadora a la fase final del tema más controvertido de esta Reforma Constitucional, la elección por voto popular de los juzgadores de todo el Poder Judicial.

Por lo inédito del proceso y, siendo la judicial, una materia con la que, el pueblo bueno y sabio, está poco familiarizado, resulta que, no obstante que en estas últimas semanas se intensificaron los mensajes oficiales promoviendo la elección, el interés ciudadano poco se conmovió. Tampoco ha ayudado mucho, la información, tanto oficial como de la oposición, coincidente en cuanto a la complejidad y dificultades para los electores que tendrán que emitir un voto a ciegas, al no conocer a los candidatos que se supone estarán eligiendo y su absoluto desconocimiento sobre los cargos para los que, estos, estarán compitiendo.

Qué tanto puede saber un elector, no teniendo conocimientos de derecho, qué funciones desempeña un Juez de Distrito, un Magistrado de Circuito o un Ministro de la SCJN. Además, de que, para su vida cotidiana, poco importa que lo supiera.

Aunque se insista en que, con la elección popular de juzgadores, se tendrá una mejor justicia y nuestro país será más democrático, la realidad es que la materia judicial es una especialidad que requiere de una formación académica y conocimiento a fondo de las leyes. Los juzgadores están obligados a aplicar las leyes y, en base al análisis y a su interpretación, dictan sus sentencias. Sus fallos deben estar fundados y motivados en un marco jurídico que es el sistema de leyes que establece derechos, obligaciones y responsabilidades dentro de un contexto específico. Un juez no puede resolver un caso, ignorando lo que ordena la ley, aunque, según su criterio, esté haciendo justicia a una de las partes, porque estará cometiendo una injusticia a la otra parte, a la que protege la ley.

La responsabilidad de esta novedosa elección es del Instituto Nacional Electoral, que sobre la marcha fue desarrollando el diseño de un proceso electoral con muchas lagunas y deficiencias, derivado de una reforma aprobada al vapor, también a ciegas. Por el número de participantes, 3,423, y la cantidad de cargos judiciales en juego, la elaboración de las boletas electorales se dificultó y no hubo manera de simplificarlas. A los electores se les entregarán, en el caso de la CDMX, nueve boletas para elegir 881 cargos judiciales federales, además de 137 juzgadores del Poder Judicial Local.

No hay forma de considerar un voto informado, pues se requeriría de mucho tiempo para conocer los perfiles de los candidatos que le correspondan, según su distrito judicial. Además, la información es la proporcionada por los propios candidatos como parte de su propaganda, lo que impide tener una semblanza objetiva de los aspirantes. A estos personajes, también se les complicó hacer campaña, por las limitaciones impuestas por la autoridad electoral. Sin experiencia y para cargos técnicos, les resultó muy difícil acercarse al electorado con un discurso en el que lo más que pueden ofrecer es respetar la ley y aplicarla con justicia. Una elección en la que la popularidad, la simpatía y el carisma poco tienen que ver en la lucha para ganarse el voto de los electores.

Según información del INE, se recibieron poco más de 316 mil solicitudes de registro como observadores electorales. Cinco veces más que las que hubo para la elección presidencial de 2024. Este inusitado interés, despierta sospechas. Al 21 de mayo, 139 mil habían sido aprobadas. Otras fueron desechadas por no cumplir los requisitos legales o por haber sido solicitadas por miembros de partidos políticos, por candidatos a puestos de elección popular o por
servidores públicos vinculados a programas sociales.

Entre las medidas por la desesperación de última hora, surgieron unos acordeones con indicaciones para orientar los votos a favor de quienes reparten estos documentos. Violatorios a la ley, sin duda, aunque la autoridad electoral prefiere no meterse en honduras, afirmando que los electores podrán acudir a las urnas con acordeones. No olvidemos que la sobre vivencia del INE dependerá del resultado de esta elección. De ahí su muy generosa tolerancia ante los actos violatorios de la ley cometidos por partidos, funcionarios y candidatos. Estos últimos, precisamente, quienes debieran ser los primeros en respetar el imperio de la ley.

El empoderamiento que lograron los cárteles, durante los abrazos del pasado, obliga a sumar fuerzas para tener éxito en el combate al crimen organizado.

El lunes pasado, el embajador norteamericano, Ronald Johnson, presentó, a la Presidenta Claudia Sheinbaum, sus cartas credenciales, con lo que inicia su gestión diplomática, en nuestro país, quien fuera propuesto para el cargo por el Presidente Donald Trump el 10 de diciembre de 2024. Su nombramiento tuvo que pasar por la aprobación del senado estadounidense, ratificación que se dio el pasado 9 de abril en una cerrada votación, 49 votos a favor y 46 en contra.

Es corta la experiencia diplomática de este funcionario. De acuerdo a su historia laboral, se concreta con el cargo de embajador en El Salvador, de septiembre de 2019 a enero de 2021, durante el primer mandato de gobierno del Presidente Donald Trump. En el comunicado oficial, dado a conocer por el gobierno de EUA, se menciona que el funcionario es un general retirado, experto en temas de atención a refugiados, combate al narcotráfico y lucha contra el terrorismo. Además, de haber trabajado para el gobierno de EUA durante cuatro décadas, primero como oficial del ejército estadounidense y después como miembro de la comunidad de inteligencia (CIA).

La llegada del nuevo embajador se da en un contexto en el que el gobierno norteamericano ha endurecido su política fronteriza. Sólo en los últimos 30 días, habría varios hechos como muestra de lo anterior. En el mes de abril, el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila fue detenido y sometido a un largo a un interrogatorio, cuando intentaba cruzar el puente internacional Brownsville-Matamoros. Por lo pronto, solo le revocaron su visa estadounidense. Al parecer las agencias estadounidenses, DEA y FBI, monitoreaban al alcalde por presuntos nexos con el Cártel del Golfo.

Unas semanas después, en el mismo cruce fronterizo, autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EUA (CBP), detuvieron a una funcionaria de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Angélica Rodríguez, y a su pareja, a quienes les decomisaron 180 mil dólares que llevaban escondidos en el automóvil y ocultos bajo su vestimenta, y que pretendían ingresar a nuestro país. Los detenidos fueron puestos a disposición de oficiales de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Hace unos días, la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó que su visa estadounidense le había sido revocada por las autoridades norteamericanas. Previamente, se la habían retirado a su esposo, sin informar las causas, según su propia declaración. Al parecer, esta es la primera vez que a un gobernador o gobernadora en funciones le es retirada su visa. Misma situación de un alcalde en funciones.

También, en estos días, los medios dieron a conocer la información sobre el ingreso de17 familiares de los “chapitos” a los EUA, al parecer en una entrega pactada con agentes del FBI. Esto, tras la decisión de Ovidio Guzmán de aceptar su declaración de culpabilidad por narcotráfico, como parte de un acuerdo de colaboración con las autoridades de ese país.

Un quinto evento, relacionado, asimismo, con el combate al narcotráfico, dado a conocer, en redes sociales, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), habría sido la causa de cierta incomodidad en Palacio Nacional. La información presumía el desmantelamiento de tres laboratorios de producción de drogas sintéticas a gran escala, en el estado de Sinaloa, sin que quedara claro si en el operativo habían intervenido elementos de agencias norteamericanas, pues, en una foto publicada, aparecían agentes uniformados con emblemas del ICE.

Para despejar dudas, la embajada de los EUA habría publicado un comunicado precisando que en el operativo no había habido intervención alguna de agentes norteamericanos. Que las acciones habían sido encabezadas por un grupo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República, certificado por el ICE y la HSI. Sin embargo, acompañando a la aclaración, la embajada había vuelto a publicar la controversial foto, sin mayor explicación.

La molestia en Palacio Nacional, tenía que ver con la reiteración que ha hecho la Presidenta de que, ahora, ya no participan agentes norteamericanos en los operativos en nuestro país. Que si bien, se suelen realizar con reportes de inteligencia de EUA, los realizan exclusivamente autoridades mexicanas.

El tema no es menor, porque las presiones del norte son cada vez más fuertes. Trump insiste en querer enviar tropas militares para combatir a los cárteles y nuestro gobierno no admite la participación activa de agentes extranjeros en operativos. La intervención militar está descartada. Creo que nadie estaría de acuerdo con ella. Sin embargo, la colaboración entre agencias investigadoras, de uno y otro país, sobre reglas definidas, no debiera descartarse. El empoderamiento que lograron los cárteles, durante los abrazos del pasado, obliga a sumar fuerzas para tener éxito en el combate al crimen organizado.