Habrá quién pueda explicar ¿cómo es
que el poder del estado, tras dos años
de guerra interna, sigue siendo incapaz de poner
orden y paz en Sinaloa?
Conforme se acerca la fecha de las elecciones en los EUA, los comentarios negativos del gobierno estadounidense sobre nuestro país, en el tema del combate al narcotráfico, serán más frecuentes y más agresivos. Cosas de la política interna de Washington, que busca mejorar la imagen de su Presidente, ahora en caída libre, por lo que urge recurrir a cualquier tema que pueda repercutirle votos favorables a los Republicanos para retener sus mayorías en el Congreso. Por su vecindad, México y la guerra contra los cárteles de la droga, ahora catalogados como Organizaciones Terroristas, resulta un tema de relevancia para la agenda electoral.
Hace unas semanas, comentábamos las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio sobre la lucha contra el narcotráfico en nuestro país, durante una gira por Ecuador, Perú y Colombia Los cárteles de las drogas son una amenaza transfronteriza creciente, señalaba. Calificaba de insuficientes los esfuerzos de México para enfrentarlos. Lo ideal, decía, es combatirlos en coordinación con el gobierno mexicano, pero, “eventualmente, tendrán que ser enfrentados de una u otra forma,” era la advertencia.
A partir de que, después de cinco meses, no ha habido respuesta positiva de parte del gobierno de México, a la demanda de detención con fines de extradición de 8 funcionarios sinaloenses (2 optaron por entregarse para ser juzgados en los EUA), acusados por las autoridades norteamericanas de supuestamente colaborar con los cárteles de la droga, la molestia y la desconfianza de las autoridades norteamericanas es inocultable. De ahí, que el tono de los mensajes sobre una acción directa de las agencias de seguridad estadounidenses, se ha elevado.
Comentarios como el del secretario de Estado que deja abierta esa posibilidad, se repiten en declaraciones de otros altos funcionarios del gobierno. “Los buscaremos y los haremos rendir cuentas”, dijo la zar antidrogas, Sarah Carter. Terrance Cole, director de la DEA, ha dicho que Washington no se detendrá en su lucha contra el crimen organizado, independientemente si cuenta o no con el aval formal de las autoridades mexicanas. El director de la FBI, Kash Patel, sostiene que la cooperación mexicana histórica ha sido incoherente y desigual, por lo que el FBI actuará basándose en sus propias carpetas de investigación si detectan complicidades en el aparato estatal.
Quzás en Palacio Nacional observen estas declaraciones solo como una estrategia política en tiempos de campaña, sin intención de llevarlas a la práctica. Pero sí, efectivamente, tienen algo que ver con una campaña política, aunque también es cierto que, para la Casa Blanca, la lucha contra las drogas y sus colaterales va en serio y que, si nuestro gobierno no reacciona en el tema de los narcopolíticos, nada garantiza que, en un arrebato del Mandatario estadounidense, nos sorprendan con “una operación Maduro” y se lleven a cualquiera de los dos peces gordos, el gobernador con doble licencia o el senador, rebelde y sin partido.
La Presidenta rehuye el tema de la investigación a los presuntos narcopolíticos. Primero, con el argumento de que no hay pruebas fehacientes que justifiquen la urgencia de su detención. Luego, enarbolando una bandera nacionalista, la defensa de la soberanía, calificando de injerencista la solicitud de detención de funcionarios públicos (morenistas), acusados por los EUA de presuntos actos criminales.
Ya de plano, en una increíble interpretación extensiva de la perversidad del injerencismo, en tono de campaña, la Mandataria Sheinbaum atribuye a la intervención norteamericana la causa de la violencia que sacude a los sinaloenses. Fue la razón de la fractura y el enfrentamiento mortal entre los dos grupos del cártel de Sinaloa, los Chapitos y La Mayiza, afirma. Y es que, dice la Mandataria, los agentes norteamericanos actuaron sin avisar ni coordinarse con el gobierno mexicano. Golpearon el avispero y ahí están las consecuencias.
Según se deduce de la interpretación de las palabras de la Mandataria, antes del secuestro del Mayo Zambada, en Sinaloa reinaba la paz. Este narcotraficante vivía tranquilamente sin amenaza de ninguna autoridad, porque no existía ninguna carpeta de investigación en su contra. Lo que vino a acabar con la calma que reinaba en el estado, fue la injerencia de los EUA con el secuestro y detención del Mayo, en julio de 2024. El cártel de Sinaloa se dividió y ardió Troya.
Pero de acuerdo a la declaración de los propios protagonistas, en el operativo para el secuestro del Mayo, no hubo participación de agentes extranjeros. La violencia, entonces, habría que achacársela a otro factor y no a una injerencia extranjera que, según afirman los que saben, no existió. Peor aún, si antes no había violencia era porque existía una pax narca, algún arreglo inmencionable entre autoridades y capos del narco. Ningún mérito de las fuerzas de seguridad locales ni federales.
Dos años después del secuestro, el enfrentamiento abierto entre los dos grupos continúa sin control. A la fecha, la violencia registra casi 4 mil homicidios dolosos, 4,400 personas desaparecidas y 12,400 vehículos robados. El gobierno federal ha enviado cerca de 20,000 elementos, 15,000 efectivos corresponden al Ejército y a la Guardia Nacional. Aunque se dice que los homicidios han disminuido considerablemente, la realidad que viven los sinaloenses todavía es de terror.
Habrá quien pueda explicar ¿cómo es que el poder del Estado, tras dos años de guerra interna, sigue siendo incapaz de poner orden y paz en Sinaloa.