A partir de que Morena ocupó
Palacio Nacional, la cultura de
desconocer cualquier triunfo de la
oposición regresó con mayores bríos.

Haciendo eco al dicho popular de “Jalisco nunca pierde, y cuando pierde, arrebata”, la ya no tan flamante dirigente de Morena, Ariadna Montiel, se niega a reconocer la contundente derrota de su partido en los comicios celebrados en el estado de Coahuila, el pasado domingo 7 de junio, y pretende que se anule la elección. Declaró que el PRI, partido ganador, cometió todas las triquiñuelas imaginables, para ganar, tramposa e ilegalmente, la elección, por lo que presentará denuncias ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ante la Unidad de Inteligencia Financiera, ante la Sala Superior del TEPJF, ante el Instituto Electoral de Coahuila y las que se le vayan ocurriendo.

No sorprende que las dirigencias de los partidos políticos, cuando están en el poder, se resistan a reconocer, públicamente, el triunfo del partido rival, aunque el marcador muestre una abrumadora diferencia a favor de su competidor. Una circunstancia muy arraigada en nuestra cultura política, que, con la alternancia, en el año dos mil, pensábamos, si no haberla superado, al menos que en ese camino andábamos.

Pero no, como estrategia de los gobiernos de la 4T, lo avanzado se perdió. A partir de que Morena ocupó Palacio Nacional, la cultura de desconocer cualquier triunfo de la oposición regresó con mayores bríos. No obstante el peso político de Morena demostrado en las urnas, lo que le ha permitido ser gobierno en 23 estados de la República y contar con mayoría en el Congreso Federal, el partido en el poder, insaciable, no reparó en mientes para hacerse de la mayoría calificada en ambas Cámaras, de Senadores y de Diputados, a través de burdas artimañas. Caro le ha costado al país, en su democracia y su sistema de impartición de justicia, esta manipulación.

Resulta que, en la elección para renovar el congreso local de Coahuila, el otrora partidazo, el PRI, le aplicó a los candidatos de Morena casi un nocaut que, al menos, los dejó groguis, al ganar los 16 distritos electorales locales. Una aplastante victoria, que recuerda los tiempos de gloria del Revolucionario Institucional del “carro completo.”

Un detalle que flotaba en el ambiente de este proceso era el hecho de que Coahuila es la única entidad que no ha tenido alternancia. Siempre ha estado gobernado por priistas. Junto con Durango, son las únicas entidades que recuerdan sus triunfos electorales. Para Morena, quitarle al tricolor su gran bastión, resultaba un buen reto. El intento, sin embargo, resultó infructuoso.

La elección tuvo una participación inusual para comicios de mitad de sexenio, 51 por ciento de votantes (1’244,000), doce puntos más que en la elección de hace seis años, también para elegir diputados. La participación de entonces fue de 39 por ciento de electores (875,000). Ahora contendieron 8 partidos, dos en alianzas, Alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI y Unidad Democrática de Coahuila, partido local) y Morena con el PT. Por su lado fueron el PAN, el PVEM, Movimiento Ciudadano y Nuevas Ideas, partido local.

El tricolor se llevó el 50.9 por ciento de los votos, mientras que Morena solo pudo obtener el 22.5 por ciento de la votación. La diferencia entre el ganador y el perdedor fue de más del doble de votos. Estos resultados contradicen la teoría que afirma que, a mayor participación ciudadana, mayor la probabilidad que el partido en el gobierno pierda la elección. Al parecer, en este caso, el voto de castigo se lo aplicaron al gobierno federal de Morena. La buena gestión del actual gobernador y sus logros en materia de seguridad, además de un buen ambiente entre la ciudadanía y su gobierno, tuvieron su recompensa.

El PAN, perdió su registro local, al igual que el PVEM y Movimiento Ciudadano, al no alcanzar el mínimo de 3 por ciento de los votos totales. Para la elección de 2023, la alianza PRI, PAN y PRD, resultó una coalición afortunada. Triunfó su candidato a gobernador y ganaron los 16 distritos electorales. En aquella ocasión, el PAN obtuvo 5 diputaciones de mayoría. Ahora hasta el registro perdió.

Algo de la política del Gobierno Federal, parece no estar convenciendo y, de alguna manera podría estar influyendo en casos como la elección coahuilense. La percepción de que el Gobierno Federal esté encubriendo a supuestos narcopolíticos, ante las demandas del gobierno norteamericano, es cada vez mayor. La supuesta defensa de la soberanía nacional contra el injerencismo extranjero, cada vez se desgasta más. Y la respuesta electoral de los beneficiarios de los programas sociales, ya no es tan comprometida. En estos comicios, solo el 30.68 por ciento votó por Morena.

Por último, la oposición deberá considerar que, al menos hasta el momento, la posibilidad de derrotar a Morena en los comicios de 2027 es más más probable si actúa en alianza. Ir cada quien por su cuenta puede costarles, a algunos, hasta la pérdida del registro.

Fue el caso de la presidenta de
Morena, Adriana Montiel, quien en
una perorata se refirió al tabasqueño
como “el Presidente.” ¡Vaya lapsus

Cuando hace 43 días, la Corte del Distrito Sur de Nueva York solicitó al gobierno de nuestro país la detención provisional con fines de extradición de 10 funcionarios de Sinaloa, incluyendo al gobernador en funciones Rubén Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez y al senador, Enrique Inzunza, bajo la acusación de conspirar para importar narcóticos, posesión de armas y dispositivos destructivos y delitos de corrupción y conspiración con el crimen organizado, el gobierno de la 4T reaccionó sorprendido, molesto y ofendido.

Con anterioridad y en lo que va del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, nuestro país ha enviado, a los EUA, sin mayores trámites, violando el debido proceso y sin respeto a sus derechos humanos, a 92 narcotraficantes. Algunos, capos de alto perfil. El gobierno habría justificado esta acción como una medida de seguridad nacional y de cooperación internacional, para impedir que estos operadores siguieran delinquiendo y generando violencia en el país.

Un trámite regular, pues, en la colaboración bilateral en la lucha contra el narcotráfico entre los dos países. Desde entonces, el gobierno de Donald Trump había expresado su insatisfacción por el desempeño de nuestro gobierno en el combate a las drogas. No es suficiente, habían dicho funcionarios del otro lado de la frontera. Y es que, advertían que la expansión de los cárteles y el control que ejercían en varios estados de la República, no podía lograrse sin la complicidad y corrupción en las estructuras políticas y de seguridad mexicanas.

Cuando Trump reclamaba una mayor cooperación en este tema, estaba insinuando que México mantenía oídos sordos a las denuncias en contra de funcionarios sospechosos de apoyar a los cárteles de la droga. Sin decirlo, Trump esperaba que en los traslados que enviaba nuestro gobierno, se incluyeran peces gordos. Pero no narcos, de esos ya tenían bastantes, sino de supuestos narcopolíticos. Algo que nuestro gobierno no tenía intenciones de hacer, considerando que los estados señalados por su alta criminalidad, eran, precisamente, los gobernados por morenistas.

Cansados, suponemos, de esperar la reacción de nuestro gobierno, las autoridades norteamericanas tomaron la iniciativa solicitando la detención con fines de extradición de 10 funcionarios del gobierno sinaloense. La petición cayó mal en Palacio Nacional, colocando al gobierno en una comprometida situación. Por un lado, la presión externa que demandaba la detención de los presuntos inculpados. Por el otro, un pacto no escrito que impone la defensa de los personajes de Morena, al costo que sea, para evitar afectaciones al movimiento. Además de la exigencia, procedente de Palenque, de brindar impunidad a todos los suyos, de antes y de ahora.

De ahí que, en una maniobra de distracción para ganar tiempo y evadir la solicitud del gobierno de Washington, sin tener que rechazarla con argumentos inconsistentes, se contraatacó acusando a los EUA de injerencismo, de intentar vulnerar nuestra soberanía y hasta de buscar influir en los resultados de nuestros comicios de 2027. De la posibilidad que los acusados del gobierno de Sinaloa, pudieran ser culpables, nada. De ese tema, ya no se habla y, de extradiciones, menos. Se dobló la apuesta, calificando la solicitud de detención como una falta de respeto a nuestra soberanía.

Por la información que seguramente le dio el gobierno estadounidense a nuestra Presidenta, sobre la investigación a otros gobernadores y personajes de la política, la Mandataria buscó atajar la petición, alegando falta pruebas. Agotado este argumento, encontró, en la defensa de la soberanía, un mejor argumento. Que mejor arma que crear un ambiente hostil hacia quien nos presiona para juzgar a funcionarios y políticos corruptos. Por eso la Presidenta instruyó a su partido a realizar asambleas en todo el país en defensa de la soberanía. Seguramente en ellas se buscará despertar el añejo resentimiento contra los EUA, recordar cómo nos quitaron la mitad del territorio y estimular el patrioterismo. Esto, en previsión, como dijo la Mandataria, de que pretendan venir por otros. De los primeros, los de Sinaloa, ni quien se acuerde. Intocables y bien cuidados, no en balde estos presuntos narcopolíticos, son de la casa.

Y para rematar, la reaparición del, supuestamente, “político en retiro.” Presto siempre a defender a los suyos y, a su estilo, apoyar a la inquilina de Palacio, aunque ese apoyo sea en detrimento de la investidura presidencial, pues el protagonismo del de Palenque le hace sombra a la Mandataria, con sus dichos y sus hechos. Su intento de salvamento, es politiquería pura. Despierta expectativas en muchos de los heredados, incrustados en el gobierno actual. Se presenta como refuerzo para la Presidenta y protector que el pueblo necesita, ante el “embate” de funcionarios de Estados Unidos que “traman debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de la derecha en México…” señaló en una carta publicada. Su reaparición fue festejada por el morenismo duro, para quien sigue siendo el presidente. Fue el caso de la presidenta de Morena, Adriana Montiel, quien en una perorata se refirió al tabasqueño como “el Presidente.” ¡Vaya lapsus!

Según AMLO, mientras él fue presidente ”(Donald Trump) se abstuvo de hablar mal de los mexicanos y de mencionar el muro…” Una relación maravillosa y respetuosa, solo le faltó agregar, no como la actual. Pero su “amigo” pudiera haberlo incluido en la lista de los buscados y, eso preocupa.

…la Mandataria buscó, con el argumento de
defensa de la soberanía, desatender la solicitud
norteamericana.

La relación entre México y los EUA ha sido siempre compleja. No es fácil tener de vecino al país más poderoso del planeta. Históricamente, nunca lo ha sido, y, en la actualidad, el grado de dificultad se ha elevado, con un mandatario impredecible y autoritario. Obsesionado en hacer realidad su lema de campaña: “vamos a hacer a América (EUA) grande otra vez”. Para lograrlo, Donald Trump no ha parado en mientes, y, en pocos meses, ha alterado el orden, la economía y la paz mundial. Este es el personaje con el que hay que convivir y negociar. Para México es importante mantener una buena relación con el vecino del norte.

Seguridad y narcotráfico, han sido, quizás, los temas más sensibles en la relación entre ambos países. Otra vez, esa sensibilidad se ha agudizado, durante la administración del Presidente Trump. El 20 de enero de 2025, el mismo día de su toma de posesión, firmó una orden ejecutiva que calificaba como organizaciones terroristas extranjeras a varios cárteles latinoamericanos. Esta orden incluyó a los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, entre otros.

En el combate a las drogas, ha habido colaboración entre los dos países. Sin embargo, para la Casa Blanca, el esfuerzo de México no ha sido suficiente.
No son pocas las veces que el mandatario norteamericano ha declarado que los cárteles de la droga gobiernan y controlan nuestro país. Que el gobierno está petrificado por ellos. Que la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene miedo a los cárteles del narcotráfico, y no acepta el envío de tropas norteamericanas que le ha ofrecido, reiteradamente, como ayuda para combatirlos.

Para despresurizar el ambiente, solo en este año México envió a los EUA, 92 narcotraficantes, sin mediar solicitud de Washington ni aportación de pruebas. EUA agradeció el envío, pero quedó insatisfecho. No atendía su interés en personajes que, desde el poder político o del gobierno, estuvieran asociados y/o protegieran actividades de los cárteles de la droga. Los narcopolíticos, pues.

El reclamo subió de tono, cuando EUA solicitó, en base al acuerdo de extradición firmado por ambos países, la detención provisional con fines de extradición de 10 funcionarios y políticos del gobierno de Sinaloa, entre ellos el gobernador en funciones, el presidente municipal de Culiacán y un senador de la República. Entonces ardió Troya.

La Presidenta Sheinbaum, evadió la solicitud del gobierno norteamericano, bajo el alegato de no haber recibido pruebas que justificaran el procedimiento de extradición y le dio vuelta a la hoja. De manera sorprendente, aunque no tanto, por tratarse de personajes de Morena, la Mandataria buscó, con el argumento de defensa de la soberanía, desatender la solicitud norteamericana. Y, para fortalecer esa posición, decidió aprovechar el informe de la celebración de su segundo año de gobierno, un acto multitudinario replicado a nivel nacional, para politizar la petición estadounidense y calificarla como un acto injerencista.

La protección presidencial de los presuntos acusados, puede resultar muy costosa para el país, pero pareciera que la Mandataria, tomó la decisión de enfrentar a los EUA, sin medir consecuencias. Alega defender la soberanía del país. Una postura legítima, salvo por el detalle que está usando el blindaje de la soberanía para proteger, no los intereses del país, sino los de presuntos culpables de narcotráfico. Y es que, a partir de la solicitud de detención para extraditar, la Presidenta acusa al Departamento de Justicia de EUA de intentar convertirse en gran elector en México, “…vienen por unos, luego por otros hasta que, el Departamento de Justicia se convierta en el principal elector de México…”, señaló en su informe.

La Mandataria convirtió su asamblea informativa en un acto político de público apoyo, inconcebible, inadecuado e improcedente, a quienes EUA pretende juzgar como presuntos narcotraficantes. La solicitud de detención, sirvió de pretexto a la Mandataria para curarse en salud y enviar el mensaje de que su gobierno no aceptará otros reclamos de la justicia norteamericana en contra de personajes de la 4T.

Algo le habrá dicho a la Presidenta Sheinbaum, el secretario de Seguridad Nacional de EUA, Markwayne Mullin, en su reciente visita a Palacio Nacional, que la puso en modo alerta, lo que explicaría el inusual tono elevado de su discurso contra los EUA, el domingo pasado.

Si en el tiempo de la Cuarta Transformación, la política contra el crimen organizado fue de abrazos no balazos, ahora, en el segundo piso, pinta para ser de rechazo absoluto a cualquier acusación, proveniente del extranjero, en contra de morenistas. Según la Mandataria, se trata de peticiones injerencistas que amenazan nuestra soberanía. “…cuando del extranjero se dicta quién es culpable o se presiona, es injerencia.” Afirmó. Son campañas contra el gobierno, ataques de sectores de la ultraderecha conservadora de ambos países.

Como control de daños, que difícilmente funcionará, Claudia Sheinbaum eximió al Presidente Trump de la ofensiva contra su gobierno. No creo que encabece estos ataques, señaló. Probablemente no esté enterado de los ataques, concluyó. Habrá que ver qué opina Mr. Trump.

México no es piñata de nadie, absolutamente de acuerdo. Pero, no estaría por demás cuidar que no la vayan a romper. Por aquello del dale, dale, dale.