Acción Nacional alcanzó la joya de la corona,
la Presidencia de la República, en el año 2000,
conservándola en la elección de 2006.

En la búsqueda del rumbo perdido, hace un par de semanas, la dirigencia del PAN anunció el “relanzamiento” de su partido, en un acto celebrado en el mismo lugar, el Frontón México, en el que, 86 años atrás, se celebrara la asamblea constitutiva de Acción Nacional. Una reconversión urgente y necesaria, que ya no puede esperar, para salvar al que ha sido el partido de oposición más importante de nuestra historia política moderna, y que, en la actualidad, atraviesa por uno de sus peores momentos.

Creado para enfrentar al Partido de la Revolución Mexicana, entonces partido en el poder y precursor del PRI, al PAN le llevó mucho tiempo y esfuerzo para ganar posiciones de representación popular. Luego de 50 años de su fundación, en 1989, gana su primera gubernatura, la de Baja California. Hasta 1991, logra su primera senaduría de mayoría, también por el estado de Baja California. La primera diputación federal de mayoría, la obtiene en 1964, por el estado de Chihuahua. Antes, en 1947, en Michoacán, había alcanzado su primera presidencia municipal, así como su primera diputación local de mayoría.

Acción Nacional alcanzó la joya de la corona, la Presidencia de la República, en el año 2000, conservándola en la elección de 2006. En los comicios de 2012 ya no la pudo retener, al perderla ante su rival histórico, el PRI. Habría que señalar que su primer triunfo en la elección presidencial, Acción Nacional compitió con un candidato carismático, Vicente Fox, de mínima militancia partidista y poca experiencia política. Su audacia lo llevó a, prácticamente, colarse en la competencia para la candidatura del partido, ganando la elección interna, por amplia ventaja.

Vicente Fox fue un Presidente que se mantuvo un tanto distante del partido que lo postuló. Cuando llegaron los tiempos de su sucesión, el entonces jefe del Ejecutivo no pudo designar al candidato de sus preferencias. La elección se resolvió en un proceso interno del partido que ganó Felipe Calderón, con quien el guanajuatense había tenido serias diferencias, por haber adelantado los tiempos de campaña. Misma osadía que él cometió y que le favoreció para ganar la candidatura presidencial PAN. Finalmente, el candidato panista, ganó la Presidencia (2006) en una apretada y polémica elección, con lo que Acción Nacional conservaba la Primera Magistratura para un segundo período.

A diferencia de su antecesor, Felipe Calderón si era un político de carrera, con una larga trayectoria partidista que lo llevó a presidir el partido. Cuando fue momento de iniciar los preparativos para su sucesión presidencial, Calderón tampoco pudo imponer candidato, y en la elección interna del partido para la candidatura presidencial, la elegida fue Josefina Vázquez Mota, quien padeció los sinsabores que significó no ser la candidata que quería el Jefe de Ejecutivo. Las heridas causadas con motivo de la competencia interna, debilitaron la campaña de la panista que enfrentó a un fuerte candidato priista que iba con todo para ganar, como sucedió.

En esta nueva etapa que anuncian los dirigentes panistas, hacen énfasis en que ahora el PAN buscará participar sin alianzas y que, solo por excepción, así se entiende su discurso, las aceptarán. Pero históricamente, a Acción Nacional no le ha ido mal cuando ha competido en coalición. Su primer triunfo presidencial, en 2000, lo logró en una alianza con el PVEM. Se segundo triunfo, en 2006, lo alcanzó, efectivamente, sin alianzas, pero en su derrota, en 2012, también compitieron solos.

Sus alianzas las iniciaron en 1999 y en estos 26 años, 23 gubernaturas las ganaron compitiendo con aliados. Un número de triunfos nada despreciable. El PAN, no ha discriminado a partido alguno cuando de ir en coalición se trata. Sus triunfos los ha compartido, en diferentes momentos, con el PRD, el PT, el PVEM, el PANAL, el PES, MC y, últimamente, hasta con el PRI, que, por haber sido su rival histórico, es la alianza más cuestionada y criticada por la militancia panista.

Tendrán que meditar muy bien cuándo y con quién les conviene formar alianzas electorales. En el contexto político actual, con el poder avasallante del gobierno morenista y su abierta actitud de poner todo el aparato del Estado en apoyo a sus candidatos, más allá de lo que autorice la ley (cómo olvidar las palabras del tabasqueño”… y no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”), la competencia electoral se ha vuelto cada vez más difícil para una oposición desunida.

Y es que, además de lo disparejo del piso, el gobierno de la 4T ha reformado el marco jurídico y cooptado a las autoridades electorales, para que sus candidatos obtengan sus triunfos sin sobresaltos.

Pero resultó que el gobierno de la Cuarta Transformación,
no tenía la menor intención de llevar a la práctica acciones en
contra de la corrupción del pasado y, menos, voltear a ver la del presente.

En la retórica de la 4T, con insistencia se afirma que ellos no son igual a los de antes, que no son lo mismo que los gobiernos conservadores. Y, a la menor provocación, lo repiten, preocupados por dejar bien asentado que son diferentes. Y, en efecto, hay grandes diferencias, pero en ciertos aspectos, los morenistas no solo se parecen a los políticos del pasado neoliberal, sino que los han superado, particularmente, en las malas artes.

El fundador de Morena enarboló la bandera de la honestidad. Honestidad valiente, fue su lema de campaña en algún momento. Contra la corrupción y los malos manejos de los gobernantes, arremetió con furia en sus discursos, lo que le allanó el camino a la Presidencia de la República. Se trataba de un tema sensible y la gente creyó que el nuevo gobierno, efectivamente, combatiría la corrupción.

Pero resultó que el gobierno de la Cuarta Transformación, no tenía la menor intención de llevar a la práctica acciones en contra de la corrupción del pasado y, menos, voltear a ver la del presente. Abrir carpetas de investigación a funcionarios neoliberales por presuntos actos de corrupción, no fue prioridad ni interés de Morena, aunque el tema de la lucha contra la corrupción fuera la constante en los discursos de Palacio. Siempre resultó, antes y ahora, políticamente aprovechable y correcto, declarar la guerra a la corrupción.

El gobierno pasado se ufanaba de haber acabado con la corrupción. No una sino varias veces, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, agitó, en su púlpito de Palacio Nacional, un pañuelo blanco como señal de que la corrupción había quedado eliminada del servicio público. La realidad, sin embargo, fue otra. El jefe del Ejecutivo, en su maquiavelismo político, optó por dejar hacer y dejar pasar en materia de corrupción, desestimando las irregularidades y corruptelas que se cometían en su gobierno. Ya no digamos abrir una investigación. Por el contrario, cuando se llegó a cuestionar la honestidad de algún servidor público, desde la Presidencia hasta el partido Morena se encargaron de defender al presunto infractor. “Para no manchar al movimiento,” decían.

En el blog Desarmar la Corrupción que publica Nexos, se señala el manejo diferenciado en el tema de combate a la corrupción en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y el de Macuspana. En el sexenio priista (2012-2018) doce gobernadores fueron sometidos a procesos judiciales, acusados de diversos delitos, y sentenciados. Mientras que, en el gobierno de la 4T (2018-2024), de trece gobernadores que fueron denunciados y acusados por diversos ilícitos, ninguno fue sujeto a proceso ni mereció una investigación.

Pero en contra de la visión optimista y tolerante del gobernante tabasqueño que presumía haber acabado con la corrupción, investigaciones periodísticas, nacionales y extranjeras, y de agencias de inteligencia de otros países, mostraron otros datos. La corrupción, lejos de haberse eliminado, escaló a niveles insospechados. Porque, además del resultado de estas investigaciones, en un increíble afán por alardear, en redes sociales, una vida de lujos, viajes y placeres a la que antes no tenían acceso, los mismos personajes se auto incriminan, al publicar despilfarros que no son congruentes con sus ingresos declarados.

Cada vez son más los personajes de alto perfil de Morena que incurren en contradicciones cuando tienen que explicar el origen de propiedades o ingresos extraordinarios. Al estilo de su ex jefe, cuando el enredo les impide justificar sus posesiones, califican los cuestionamientos de politiquería, de complot, de críticas de “poderosos” que no perdonan las políticas en favor de los pobres. Muletillas que no funcionan para acreditar su honorabilidad.

Cómo puede ser que un hermano del ex mandatario tabasqueño, que nunca ha trabajado en el sector privado y sus cargos en la vida pública han sido pocos y modestos, sea propietario, según su propia declaración patrimonial, de 13 ranchos y cientos de cabezas de ganado. Todo pagado al contado y con dinero en efectivo. Él afirma que no esconde nada, pero el problema no es lo que tiene, sino cómo lo adquirió. Por el parentesco, estaría obligado a ser, particularmente, transparente y muy preciso en señalar el origen de los recursos que le permitieron adquirir esos bienes. Sólo para no dar lugar a especulaciones.

En fin, que, en el gobierno del segundo piso, tampoco parece entusiasmarles mucho tener que dar seguimiento a las denuncias sobre casos de corrupción que se multiplican. Pero, por el bien de este gobierno, tendrán que sentar precedentes, aplicar la ley y sancionar a quién resulte culpable. La impunidad ya es intolerable.

El tiempo necesario,
sin precipitaciones ni atropellos,
ofrecido por el Coordinador de los diputados de Morena,
para las audiencias y aprobación de la reforma,
no llegó ni a una semana.

Una vez más, los de la Cuarta Transformación nos vuelven a restregar su estilo particular de legislar, en forma y fondo. “Queremos que haya una gran discusión, el tiempo que sea indispensable. No vamos a precipitar nada, no vamos a atropellar nada.” Declaró orondo el Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, en relación a la reforma de la Ley de Amparo. Solo le faltó explicar al diputado Monreal, que los tiempos y ritmos de los procesos legislativos de la 4T, son otros y diferentes a los de antes. Y, en esto, efectivamente, no son iguales.

Porque a partir de que Morena obtuvo, vía interpretaciones retorcidas de la autoridad electoral, el control de las Cámaras de Diputados y de Senadores, con ficticias mayorías calificadas de sus bancadas, el Congreso Federal se ha convertido en la oficialía de partes del Ejecutivo. Una oficina de trámite para la aprobación de las iniciativas de ley de Palacio, sin revisar, analizar y, muchas veces, sin conocer su contenido, porque la instrucción era y, según se ve, lo sigue siendo ahora, aunque un poco menos rígida, aprobarlas sin modificación alguna.

El tiempo necesario, sin precipitaciones ni atropellos, ofrecido por el Coordinador de los diputados de Morena, para las audiencias y aprobación de la reforma, no llegó ni a una semana. El miércoles 8 de octubre, se anunciaron las fechas para las audiencias: viernes 10, sábado11 y lunes 13. Sin embargo, el micrositio para la inscripción de participantes, se habilitó hasta las 16 horas del jueves 9 y se cerró a las ocho de la noche del mismo día. Sólo cuatro horas para inscribirse. Quienes se enteraron y pudieron hacerlo, contaron con 5 minutos de exposición.

Tiempo insuficiente para un análisis profundo y serio que debió merecer una reforma de la importancia y trascendencia de la Ley de Amparo. Queda claro que el debate, los razonamientos y la argumentación no son tema para Morena. Sus legisladores, oyen, a veces, pero no escuchan. Ni están dispuestos a cumplir con la función que les corresponde como Poder Legislativo. Por eso, sus procesos legislativos son rápidos, breves y furiosos.

En el Senado, el proceso para la aprobación de la reforma, fue casi al vapor. Dos días, para realizar audiencias públicas, el lunes 29 y el martes 30 de septiembre, con la participación de abogados, especialistas y miembros de la sociedad civil que alertaron, ante un foro morenista indiferente, sobre las nefastas consecuencias de una reforma que restringe y limita la única protección que tiene el ciudadano para defenderse de los abusos del poder del Estado. En el tercer día, miércoles 1 de octubre, se aprobó la iniciativa presidencial. Sólo tres días, antes de turnar la minuta a los diputados, con una manzana envenenada: una reforma en los artículos transitorios para permitir su aplicación con efectos retroactivos.

Lo que parecía un distractor, la retroactividad, por su carácter claramente inconstitucional, que mereció críticas en contra, desde la Titular del Ejecutivo, los ministros de la nueva Corte hasta el “constitucionalista” jefe de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, planteando la conveniencia de eliminar esa propuesta, resultó ser, además de un distractor, la entrada para una nueva propuesta de aplicación retroactiva descafeinada, pero igual de dañina.

Un proceso judicial inicia con una demanda y concluye hasta que se dicta una ejecutoria, en consecuencia, inapelable, en favor o en contra de una de las partes. La reforma de la Ley de Amparo, según lo aprobado por los diputados, no aplicará para las etapas procesales concluidas de una controversia judicial que no ha terminado. Pero si se aplicará a los “nuevos” actos procesales, de la MISMA controversia, con los que, una de las partes, busca obtener con una sentencia final favorable. Esto significa que, habiendo iniciado un juicio con las reglas de una ley, concluirá, conforme a los términos de una ley diferente.

Quienes defendieron esta modificación, alegan que no es retroactiva, a pesar de que la Constitución dispone, en su artículo 14, “A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. En el ejemplo, la aplicación de nuevas reglas, no contempladas en el inicio de un juicio, necesariamente afectará a una de las partes.

Total, que la aprobada Ley de Amparo, de ser un juicio de protección constitucional de las personas contra los abusos del poder del Estado, se convierte ahora en una grave limitación al ejercicio de los derechos ciudadanos y una herramienta de la autoridad para “protegerse de los excesos” de los particulares.

Al grito de no somos iguales, buscaron despacharse con la cuchara grande,
para resolver, en definitiva, su situación patrimonial.

La forma es fondo. Al estilo de los mejores momentos del ahora alicaído Partido Revolucionario Institucional (PRI), la 4T celebró el primer año de gobierno de la primera Presidenta, con A, en la historia de nuestro país. Un indiscutible músculo popular, conformado por no pocos acarreados, que nos recuerdan las grandes concentraciones del presidencialismo histórico, el de los tiempos del PRI y sus antecesores el PNR y el PRM, llenaron a plenitud el zócalo capitalino.

Nada nuevo en la forma. Aportaciones de contingentes humanos de gobernadores ansiosos de quedar bien con la titular del Ejecutivo, y de organizaciones sindicales, otrora priistas, ahora acomodados en la Cuarta Transformación, por el bien de su sobrevivencia. Todo un espectáculo propagandístico para el que la austeridad republicana no aplica.

A diferencia del “ritual” que rodeaba al informe presidencial, que se conocía como el día del Presidente, la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, decidió multiplicar los días de la Presidenta, a través de un recorrido por todo el país, replicando su informe de gobierno, en cada entidad federativa, en una versión de rendición de cuentas, según la denominó la propia Mandataria. Con su presentación en el Zócalo de la CDMX, concluyó su periplo. Una gira conveniente y necesaria para fortalecer su liderazgo y posicionamiento político, tras un primer año de gobierno más complicado de lo usual por su circunstancia, una vecindad tóxica, herencias y legados malditos y la inevitable sombra de su antecesor.

A la Mandataria no parecen preocuparle las críticas en el sentido de que su joven gobierno no muestre personalidad propia. De que, si bien, queda clara la intención de continuidad, poco ha sido lo que ha aportado en adición a esa continuidad. Que prácticamente está siguiendo un estilo de gobernar heredado. Que no quiere o no se atreve, a tomar decisiones que pudieran incomodar al señor de Palenque. Esto, a pesar de que las circunstancias la están obligando a definir su posición, por el bien del país y su gobierno, aunque esto pudiera no ser del agrado de su antecesor.

Claudia Sheinbaum prefiere poner muy en claro su lealtad y admiración por el tabasqueño, a quien le dedica los primeros párrafos de su informe. “Vivimos un momento histórico.” Afirma. “Nuestro país transita por un camino de justicia social, de dignidad y de garantía de derechos sociales, libertad, democracia y soberanía. No es un logro menor ni pasajero; es el fruto de lucha pacífica, de organización, de resistencia, y es también la herencia de un hombre honesto y profundamente comprometido con su pueblo: el presidente Andrés Manuel López Obrador.”

Y más adelante, enfatiza “Andrés Manuel López Obrador fue, es y será siempre ejemplo de honradez, de austeridad, y de profundo amor a México.”

Quizás sea cierto, pero, por los nubarrones ocurridos durante el gobierno pasado, pareciera necesario insistir en la honestidad y austeridad del patriarca de Morena. Diferenciarlo y separarlo de algunos personajes que lo acompañaron en su gobierno, cuyo comportamiento, de acuerdo a investigaciones internas (locales) y externas (extra fronteras), dejó mucho que desear. Malos pasos, de los que, supuestamente, nunca se enteró.

Porque estos personajes, lejos de asumir los principios moralistas morenistas de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, resultaron ser peor que los de los gobiernos neoliberales. Al grito de no somos iguales, buscaron despacharse con la cuchara grande, para resolver, en definitiva, su situación patrimonial. La de ellos y la de varias de sus generaciones futuras.

Las herencias y legados, a los que nos referíamos, no le han permitido a la Presidenta gobernar con soltura. Ha tenido que sortear las “distracciones” de sus líderes en el Congreso. En particular, en el caso del senador Adán Augusto López que, abusando de su ”hermandad” afectiva, política y, tal vez, hasta productiva con el patriarca, ha sido el más rebelde a la disciplina presidencialista. Pero también están los compromisos económicos de las multimillonarias obras faraónicas inconclusas, que han resultado ser barriles sin fondo. El compromiso de concluirlas implica una distracción de recursos criminal, que quitan el sueño de cualquier programa de gobierno.

Lamentable que la primera Mandataria no hubiera incluido en su discurso de aniversario de gobierno, los avances en el tema que todos aplaudimos y, sin duda, ha fortalecido su popularidad, el combate a la corrupción. Las investigaciones sobre el huachicol fiscal, involucran a muchos personajes de alto nivel, amparados por fuero, respaldo político o protección familiar. Un gran muro que tendrá que derribar, si quiere que su paso por la presidencia haga historia.

Adán reacciona. Hay una campaña de desprestigio
en su contra, afirma, y que sabe de parte de quién y
de quiénes y porqué lo hacen.

Pareciera que, para algunos políticos destacados de la Cuarta Transformación, su apuesta es la de cruzar pantanos sin salir manchados. O al menos, que la benevolencia contenida en la frase atribuida a Benito Juárez, tan popular durante el sexenio pasado, de aplicar justicia y gracia a los amigos, continue su vigencia, particularmente en lo de “gracia”, bajo el argumento que, aplicar la ley a secas, pone en riesgo el legado del fundador de Morena.

Ahora vemos que el tan proclamado combate a la corrupción, que constituyó el eje del movimiento obradorista y que, en base “a los otros datos”, declaró misión cumplida en las conferencias mañaneras, con todo y pañuelito blanco agitado, no pasó de ser una promesa de campaña, alarmantemente incumplida.

Algunos se sorprenden ante los casos de corrupción que se han descubierto y, en defensa, alegan que se trata de campañas mediáticas orquestadas por la “derecha conservadora” que busca desprestigiar a la 4T. Sin embargo, ante las evidencias, a las autoridades actuales no les queda más remedio que actuar, investigar y aplicar la ley. Solo combatiendo la impunidad, podrá el gobierno de la Presidenta Sheinbaum salvar lo rescatable que pueda tener la 4T.

Desde hace varias semanas, los reflectores se han concentrado en uno de los personajes destacados del gobierno pasado, Adán Augusto López. Una corcholata que no prosperó y a quién su paisano, Andrés Manuel López Obrador, le ofreció, como premio de consolación, la Coordinación de la bancada morenista en el Senado. Una designación que, en la ortodoxia sucesoria, le correspondía a la mandataria entrante, pero que el saliente decidió arrogarse, así como otras nominaciones más, para asegurar la continuidad de su proyecto político.

Pues resulta que Adán Augusto, ex gobernador, ex secretario de Gobernación, ex corcholata y actual líder del grupo parlamentario de Morena en el Senado, cargos todos por gracia de su paisano, dejó sentir, desde el inicio del gobierno de la Presidenta, que a la Mandataria no le debía nada. En lo que tenía algo de razón, aunque olvidando que, en nuestro sistema presidencialista, la Titular del Ejecutivo es y será la jefa durante todo su gobierno. Al menos, de acuerdo a la experiencia histórica.

Don Adán tiene un pasado sospechoso. En sus tiempos de gobernador, decidió nombrar como secretario de Seguridad Pública a Hernán Bermúdez Requena, a quien conocía de tiempo atrás. Este personaje, mezcló sus actividades oficiales con las delincuenciales del grupo criminal, “La Barredora,” que él mismo encabezaba. El senador niega rotundamente haber conocido el lado oscuro de su subalterno. Algo difícil de creer, cuando filtraciones de Guacamaya Leaks, al interior de la Secretaría de la Defensa, en 2021, hablan de informes de inteligencia militar que relacionan a Bermúdez con actividades delictivas de “La Barredora”. Inclusive antes, en 2019, había sido sujeto a investigación por delitos de extorsión y secuestro exprés en contra de un empresario gasolinero. El senador, sin embargo, niega haberse enterado de los malos pasos de su colaborador, inclusive cuando fue secretario de Gobernación, dependencia que encabeza el gabinete de seguridad nacional.

Las cosas se le han complicado el senador y, al estilo del de Macuspana, ha doblado la apuesta. Tras una investigación periodística sobre ingresos no declarados y discrepancias entre sus declaraciones fiscales y patrimoniales de los años 2023 y 2024, el tabasqueño reconoció haber tenido ingresos por casi 80 millones de pesos, por concepto de “servicios profesionales” prestados a empresas contratistas durante su gobierno, además por productos de una herencia en dólares. Dice ser el notario público de mayor éxito en la historia de Tabasco, además de ser ganadero, arrendatario y accionista en sociedades mercantiles. En fin, todo un ciudadano y ex funcionario modelo, según se auto califica.

No parece preocuparle, el posible conflicto de interés, por el hecho de que las empresas que lo contrataron y pagaron su asesoría legal, según su dicho, resulten haber sido beneficiarias contratistas durante su época de gobernador. Y, si bien, declaró esos ingresos ante el SAT, no los incluyó en su declaración patrimonial, omisión que sanciona la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Tampoco tuvo empacho en señalar pagos de impuestos notoriamente inferiores a lo que debió cubrir, 2.4 por ciento contra 35 por ciento que establece la ley. Estos datos los corrigió, alegando que lo habían mal interpretado. Y es que, resultaba obvia la evasión fiscal, tal vez un trato preferencial o hasta la posibilidad de lavado de dinero.

En su respuesta a estas investigaciones, Adán reacciona. Hay una campaña de desprestigio en su contra, afirma, y que sabe de parte de quién y de quiénes y porqué lo hacen. Que en su momento los dará a conocer. Y lanza un agresivo y delicado mensaje a quién corresponda: “Ahora resulta que el pato mayor le tira a las escopetas.” Y a la pregunta de si se trata de fuego amigo, responde “se los dejo de tarea”.

Temerario, el senador.