En el juego maquiavélico del gobierno pasado,
se decidió, en el caso del TEPJF, no formular los nombramientos
de los reemplazos que habrían de sustituir a los dos magistrados
que habían concluido el período de su mandato, conforme a la ley.

Por si todavía hubiera quién le apostara a la imparcialidad de nuestras autoridades electorales, solo habría que revisar el sesgo de algunas de sus resoluciones más recientes, para saber qué se puede esperar de ellas y con quién están comprometidas. Tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pasaron de ser, por su actuación y desempeño en las funciones de su competencia, de instituciones respetadas, con reconocimiento internacional, a cómodos organismos a modo del gobierno de la 4T. Papel, éste, que han asumido a plenitud, evitando, en todo momento, afectar los intereses del gobierno ni con la sombra de una sentencia.

En el juego maquiavélico del gobierno pasado, se decidió, en el caso del TEPJF, no formular los nombramientos de los reemplazos que habrían de sustituir a los dos magistrados que habían concluido el período de su mandato, conforme a la ley. Pero por aquello de, “no me vengan con que la ley es la ley,” el pleno de la Sala Superior, que debiera estar integrado por siete magistrados, quedó reducido a cinco, hasta la fecha. Y es que, resultaba menos complicado para el gobierno el control del Tribunal, con un pleno de cinco miembros, pues con tres magistrados cooptados tuvo mayoría y, consecuentemente, el control del Tribunal. Mala noticia para nuestra democracia, porque esta institución es la máxima instancia en materia electoral, por lo que sus resoluciones son inapelables.

Los magistrados del Tribunal, no han tenido empacho en emitir polémicas resoluciones, que sacan adelante, más por el peso de su mayoría, que la solidez de sus argumentos jurídicos, como lo acabamos de ver en el caso del juicio sobre la legalidad de la elección del Poder Judicial. Los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora proponían la anulación de diversas elecciones para la Corte, magistraturas y jueces, ante irregularidades como financiamiento ilícito, pero particularmente por la inducción masiva del voto a través de acordeones.

La propuesta de estos magistrados no prosperó y fue desechada por los tres magistrados alineados al oficialismo, Mónica Soto, magistrada presidente, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, para quienes los acordeones, si bien no pudieron negar su existencia, argumentaron que no existían pruebas contundentes para acusar inducción del voto. Para ellos, que, de 7 mil 400 millones de combinaciones posibles para los 9 cargos de la Corte, 45 por ciento de los votos válidos se concentraran en una sola combinación, no les pareció sospechoso. Supongo que consideraron que se trató de una “mera coincidencia”.

Según estos magistrados, la existencia de los acordeones no comprueba que hubo una distribución y un uso generalizado. Si no se sabe, cuestionaron, ¿quién los hizo?, ¿cuánto gastaron?, ¿quiénes los diseñaron?, ¿de qué gobierno salió el dinero para acusar un financiamiento ilícito?, ¿qué partidos, funcionarios o gobiernos idearon la “estrategia coordinada”? entonces, solo puede hablarse de sospechas, conjeturas y acusaciones falaces.

La consigna era sacar adelante la elección. Validarla a pesar del mega fraude a la vista de todos. No iban a permitir que la Reforma Judicial, planteada como la solución a los “graves problemas de corrupción y nepotismo”, que, según el ex mandatario y fundador de Morena, caracterizaban a los juzgadores del momento, tropezara, aunque se tratara de un proceso electoral con graves fallas, mal pensado, peor diseñado, y, de por sí, complejo por el número de cargos a elegir.

Contra el discurso oficial sobre las bondades de la Reforma Judicial, el pueblo bueno y sabio nunca entendió de qué se trataba. El tema, eminentemente jurídico, resultó ininteligible y muy lejano a la mayoría de la población, lo que quedó reflejado en la escaza votación. La oferta dice que esta elección permitirá mejorar nuestra democracia y aspirar a una mejor justicia, con jueces más cercanos y sensibles. El tiempo lo dirá.

La realidad es que la elección del Poder Judicial decepcionó a propios y extraños. El gobierno manejó la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces como un gigantesco avance en la procuración de justicia. De hecho, para la retórica oficial, esta elección nos habría de colocar como el país más democrático del mundo. Lo cierto es que este proceso despertó poco interés en la población, pues de un padrón de más de cien millones de posibles electores, solo acudieron a las casillas menos de 13 millones de votantes. El 87 por ciento desoyó el llamado a las urnas. Además de su muy reducida legitimidad, difícilmente se le borrará la mancha de elección fraudulenta.

Ahora, por primera vez en la historia de las reformas electorales,
el gobierno propone una reforma, sin que constituya una respuesta
a demandas o propuestas de la oposición.

Como parte final o casi, del Plan C del obradorato, concebido para desaparecer organismos autónomos y demoler al Poder Judicial, incluida la SCJN, instituciones que resultaban incómodas al estado de confort de la 4T, Morena pone en jaque, ahora, a nuestra democracia, ante la amenaza de una Reforma Electoral de oscuras intenciones. Quedaron eliminados los órganos autónomos e independientes que ejercían funciones específicas con autonomía constitucional, concebidos, precisamente, como contrapeso del poder político. Asimismo, se desmanteló al Poder Judicial, para sustituirlo con jueces, magistrados y ministros, elegidos por voto popular, ayudado, éste, por acordeones para “orientar” a los electores a emitir un voto dirigido y definido.

Ahora, por primera vez en la historia de las reformas electorales, el gobierno propone una reforma, sin que constituya una respuesta a demandas o propuestas de la oposición. La constante había sido que, ante la presión de los partidos de oposición que reclamaban apertura y oportunidades de participación política, en un sistema en el que el partido en el gobierno ocupaba todos o casi, los espacios en los congresos Federal y estatales y encabezaba la mayor parte de las gubernaturas del país, el gobierno abría el diálogo y el debate para trabajar sumados en una nueva legislación.

Así fue evolucionando el sistema electoral y nuestra democracia se fue fortaleciendo. De acuerdo con el Dr. Luis Carlos Ugalde, ex presidente del INE, el reformismo electoral en nuestro país buscó el pluralismo como meta principal, “además de otros objetivos que han ido cambiando con el tiempo: inclusión (notoriamente en las reformas de 1997, 1986 y 1990), certeza y transparencia (1990, 1993 y 1994), equidad (1993, 1996 y 2007), imparcialidad de la autoridad (1994 y1996) y legalidad (1986 y 1996).” Se trataba, dice el autor citado, de “romper el monopolio político y retórico del Estado posrevolucionario.”

Muy lejos de ese propósito, es el de la reforma de la 4T, porque quien va a organizar, analizar y elaborar las propuestas es el propio gobierno, a través de una Comisión del Ejecutivo, y hay una máxima que dice que ningún gobierno hace una reforma para perder el poder. El decreto de creación de La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, establece que, “la Comisión dependerá directamente de la persona Titular del Ejecutivo Federal, quien la presidirá…”(Art 3), pero en ninguno de sus apartados hace alusión a la participación de representantes de partidos políticos.

No es lo más ortodoxo que sea el propio gobierno quien defina, proponga y resuelva el contenido de la reforma que se enviará para aprobación de un Congreso, absolutamente controlado por el gobierno. El debate parlamentario, si es que se da, lo tiene ganado por las mayorías calificadas de sus bancadas. Esto, nos regresa 40 años atrás, por lo menos. A las épocas del carro completo del partidazo, cuando el PRI era imbatible por sus mayorías. Ahora Morena es la invencible, la aplanadora, también por sus mayorías parlamentarias.

Los seis miembros que integran la Comisión son funcionarios del gabinete presidencial y de la Oficina de la Presidencia. Así que en este concierto no hay quien vaya a desafinar y, como se ha sentenciado, los representantes de instituciones públicas o privadas que “pueden” ser invitados, tendrán voz, pero no voto. Esto recuerda lo ocurrido en los foros de la Reforma Judicial, a los que se invitó a representantes de la academia, de organizaciones empresariales, de colegios de abogados, a expertos, para que opinaran. Si bien, se les escuchó, no se les hizo caso, y la reforma del Ejecutivo se aprobó, sin modificarle ni una coma.

Elaborar una reforma electoral desde el poder tiene sus bemoles. Según se lee en los considerandos del decreto “Que no se trata solo de la estabilidad política. Antes la hubo, pero no había voto libre y abundaba la represión y la corrupción. Se trata de forjar un sistema en el que todos y todas ejerzamos nuestros derechos en libertad y en democracia…”

Habría que preguntar, entonces ¿cómo fue posible que se dieran las alternancias? ¿No se votó con libertad ni se respetaron los votos? En este milenio, en menos de 20 años se dieron tres alternancias, de manera pacífica. A pesar de un sistema e instituciones que, a los ojos del titular de la Comisión, Pablo Gómez, están agotadas, cooptadas por camarillas políticas y hasta con deformaciones autoritarias, por lo que propone cambiarlo todo.

Si todo está tan mal, ¿cómo entonces llegó Morena al poder, y cómo ha logrado sus triunfos electorales? No será que de lo que se trata es de buscar una vía para perpetuarse “legalmente” en el poder.

De los escándalos más serios que han colocado a la Presidenta,
Claudia Sheinbaum, en una posición incómoda y complicada,
el del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado,
Adán Augusto López, lleva mano.

Cuando en el periódico oficial de Morena comienzan a publicarse notas críticas por ciertas acciones o comportamientos de algunos miembros, otrora intocables, de la Cuarta Transformación, podría interpretarse como que el blindaje que protegía a estos personajes, comienza a hacer agua. Habría que reconocer, que se lo tienen bien ganado, porque montados en el poder, la soberbia los ha perdido, hasta cometer imprudencias propias de amateurs de la política.

Coincidencias o no, estas últimas semanas han sido las más amargas para la 4T, por los escándalos de varios de sus próceres. Desde los líderes parlamentarios de las bancadas morenistas en el Senado y en la Cámara de Diputados, hasta el delfín, que no corcholata, todavía, del mismísimo movimiento transformador. Ejemplos sobran, como aquellos gobernadores y legisladores, enemigos de la libertad de expresión, que, en franco abuso del poder, aplican todo el peso de su influencia para someter a sus críticos a indignas sanciones, que más tarde se les revierte por la de andanada de comentarios negativos generados en las “benditas redes sociales”.

Tenemos el caso del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, la diputada Diana Karina Barreras, mejor conocida como “Dato Protegido”, que para amortiguar el peso de la opinión popular crítica que se les vino encima, decidió endilgarle a Claudio X González, el villano favorito de la 4T, bueno, después de Felipe Calderón, la responsabilidad de haber enderezado una “campaña negra” en su contra, para desacreditarlos, a él y a su esposa.

La cosa es más simple. No se trata de una conspiración en contra de estos legisladores con visos de una campaña “negra”, pues lo que se exhibe provienen de las publicaciones que, en redes sociales, los propios aludidos han difundido. El periodista Jorge García Orozco, autor de los reportajes periodísticos en los que exhibió los costosos gustos de esta pareja, solo añadió el valor comercial de estos bienes y, por tratarse de montos millonarios, la información se convirtió en escándalo.

Hay inconciencia de estos servidores públicos cuya imprudencia está en andar exhibiendo un modo de vida que nada tiene que ver con el ejercicio y la responsabilidad de la función que desempeñan. Y menos, con los principios que rigen la ética de la 4T y que, la Jefa del Ejecutivo se ha empeñado en remachar, para que no haya dudas de cuál es la línea de Palacio. Para que puedan afirmar, con desparpajo, como les gusta, que no son iguales.

De los escándalos más serios que han colocado a la Presidenta, Claudia Sheinbaum, en una posición incómoda y complicada, en un dilema, pues, el del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, lleva mano. A partir del anuncio de la existencia de una orden judicial para detener al ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, acusado de encabezar, presuntamente, al grupo criminal La Barredora, la historia de este mal funcionario se ha desvelado, al mismo tiempo que le complicó la existencia a quien lo nombró en el cargo, cuando era gobernador, su amigo y su notario, de muchos años, Adán Augusto López.

Y vaya personaje que escogió el líder de los senadores de Morena como responsable de la seguridad de los tabasqueños y del combate a la delincuencia en el estado que, entonces, gobernaba. La iglesia en manos de Lutero. Justamente en funciones contrarias al modus operandi del supuestamente jefe de la Barredora.

Tras varias semanas de estar bateando Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la Cámara Baja, el reclamo de la oposición para que se discutiera, en ese recinto, el espinoso tema de la relación entre el prófugo de la justicia, Bermúdez Requena, y Adán López, se aceptó el debate. El propio senador López hizo una exposición en la que afirmó no haberse enterado de las malas mañas de su subalterno, no obstante que fue su colaborador durante casi tres años. Vaya conveniente ceguera y sordera.

Resulta difícil de aceptar, lo dicho por el senador. Y, aunque señaló que empezó a tener algo de información sobre el mal proceder de su ex colaborador, cuando fue secretario de Gobernación, tampoco hizo nada, a pesar de que el gobernador que lo sustituyó, Carlos Manuel Merino, había ratificado en el cargo a Bermúdez Requena. Por cierto, el gobernador sustituto, ahora a cargo de la dirección de ASA, ha permanecido callado como momia. Curiosamente, a nadie se la ha ocurrido cuestionarlo sobre las razones que tuvo para ratificar y sostener en la Secretaría de Seguridad, a un personaje tan cuestionado, convertido ahora, en prófugo de la justicia.

Está claro que el desprestigio y las dudas que quedan sobre una posible complicidad entre el senador y su ex colaborador, han aboyado su poder, influencia política y credibilidad. Su permanencia en el Senado representa un alto costo político para la Jefa del Ejecutivo, que pareciera que tendrá que soportarlo un rato más. La influencia del de Palenque, todavía pesa mucho.

Lo menos que se podría esperar de los morenistas
de alta jerarquía, es una actuación diferente y evitar
despilfarros y ostentaciones insultantes.

Vaya trabajo que le ha costado a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, tratar de marcar las diferencias entre los lujosos paseos de sus correligionarios morenistas por Europa y Asia y los que, a su entender, realizaban los innombrables políticos de los gobiernos de “antes” de la 4T. Con mucho énfasis afirma que “no son iguales”, aunque su comportamiento, los lugares visitados, los hoteles reservados, las comidas degustadas, los vinos saboreados y el “shopping,” disten mucho de ser distintos unos de otros.

Según la joven dirigente, la gran diferencia está en que “En el pasado, los viajes y derroches, se hacían con dinero público…para viajar, afirma, aquí y allá a Europa, Estados Unidos y a todo el mundo con el dinero del pueblo.” Mientras que, los de Morena, lo hacen “con sus recursos propios. Y precisa, lo que no es delito ni un acto de corrupción.”. En otras palabras, es lo mismo, pero no es igual.

Habría que averiguar si, como lo afirma con contundencia Luisa Alcalde, los legisladores y funcionarios de la 4T cubrieron “sus viajes y derroches” con su propio dinero, pues con los topes salariales que el fundador de Morena impuso para que nadie ganara más que el Titular del Ejecutivo, resulta difícil imaginar que, esos sueldos recortados, alcancen para pagar las tarifas de los hoteles de cinco estrellas en que se hospedaron, cubrir sus opíparas comidas y vinos y todavía sobre para sus compras en tiendas de alta gama.

Uno de los viajeros de la 4T sorprendidos por la “lente indiscreta de algún celular”, el diputado Ricardo Monreal, líder de la fracción parlamentaria de Morena, a su regreso de España, se quejó de que nunca había sentido tanto acoso, calificando de perverso el cuestionamiento sobre los viajes al extranjero de personajes públicos. El diputado se defiende, afirmando que no hay irresponsabilidad si los servidores públicos pagan sus viajes. Para concluir que “ni fue indebido ni fue ilegal ni fue inmoral”.

Pero el diputado se equivoca, porque, por lo pronto, hay incongruencia con uno de los principios que debería guiar la actuación de los miembros de este partido: la austeridad republicana. Un principio que, guste o no, se planteó como distintivo de ese movimiento político y que debieran reconocer y cumplir, a carta cabal, quienes, por voluntad propia, se incorporaron a sus filas. Lo menos que se podría esperar de los morenistas de alta jerarquía, es una actuación diferente y evitar despilfarros y ostentaciones insultantes.

Durante varios días, la Presidenta Claudia Sheinbaum puso acento en su posición respecto de los viajes placenteros de sus colaboradores. “Mi opinión, aseveró, siempre será que el poder es humildad, el poder se ejerce con humildad…Tenemos una responsabilidad de seguir insistiendo, que los viajes lujosos y la vida lujosa no tiene que ver con el movimiento de transformación, independientemente de donde vengas,” sentenció la mandataria.

El mensaje de la Jefa del Ejecutivo fue claro, aunque incómodo para más de uno, que se sintió lastimado. Algunos de los sorprendidos en fuera de lugar, mostraron su rebeldía alegando que, con su dinero, pueden hacer lo que les plazca. Cierto, pero entonces, ¿qué hacen en Morena? Porqué militar en un partido, cuyos principios recomiendan vivir en la justa medianía, sin lujos; en el que se afirma que el poder es humildad. Porque el tema no es cuánto dinero se tiene, sino
cómo y en qué se gasta.

Por lo que se ve, en Morena hay poca convicción juarista y sí mucho interés en disfrutar de las mieles del poder.