Podríamos suponer que, acabar con el principio de Cosa Juzgada,
es el manotazo que dan para demostrar
su poder, que los tomen en serio y los respeten.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), leemos en su página oficial, “es el Tribunal Constitucional de México. Su principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos de las personas.

“La SCJN garantiza la separación de poderes, el principio democrático y los derechos fundamentales para beneficio de todas las personas que habitan el territorio nacional”.

¿Qué es lo que hace?, continuamos con nuestra consulta, “…imparte justicia a través de mecanismos que permiten vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución.” Es pues, una institución técnica jurídica.

La Corte anterior era un organismo que operaba razonablemente bien, aunque no necesariamente para efectos del estilo cuatroteísta de gobernar. Como tribunal técnico de derecho, vigilante del cumplimiento de la Carta Magna, defensor del Estado de Derecho, máxima autoridad del Poder Judicial, contrapeso de los otros Poderes de la Unión, autónomo e independiente, resultaba incómodo, por decir lo menos, para el Titular del Ejecutivo.

Y es que, como vigilante del cumplimiento de la Constitución, no pocas veces frenó programas de gobierno despreocupados por el respeto a la ley. La máxima del clásico, “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, muestra una forma de gobierno reacia a someterse a los dictados de las normas jurídicas. El costo de las desavenencias con el Ejecutivo y su pretensión de actuar con autonomía, fue elevado e impensable: la desaparición de la Corte y de la totalidad del Poder Judicial. Estos fueron sustituidos por nuevas instituciones a modo, complacientes y obsequiosas con los proyectos de Palacio Nacional. Una Corte que nunca interponga la ley para detener o suspender algún proyecto de Palacio Nacional.

Para la integración del nuevo Poder Judicial, se resolvió que las autoridades judiciales, jueces, magistrados y ministros, fueran electos por voto popular, argumentando que así, los impartidores de justicia,” tendrán una mayor legitimidad y representatividad,” respondiendo al mandato popular en lugar de a “intereses de élite o grupos de poder”. Además, con los nuevos juzgadores se acabaría la corrupción que, según Palacio Nacional, predominaba en la antigua Corte. Algo que nunca se probó ni hubo preocupación por investigar.
Lo que siguió es historia conocida. Una selección manipulada y al vapor de aspirantes, en la que lo menos importante era su preparación, experiencia o el conocimiento del derecho. Un proceso electoral desaseado, en el que no hubo recato para influir en la decisión de los votantes a través de acordeones elaborados con los nombres de los candidatos previamente seleccionados. A nadie sorprendió que los elegidos coincidieran con los aspirantes favoritos que apoyaba el gobierno. Una jornada electoral a tono, para el inicio de una nueva época del Sistema Judicial en el segundo piso de la 4T.

Pero resulta que los nuevos ministros de la Corte, cuyo pleno lo integran ahora 9 togados, dos menos que su antecesora, decidieron meter ruido a la certeza y la certidumbre jurídicas. Cómo si no tuvieran miles de casos por resolver, estos flamantes jueces decidieron votar a favor de anular el juicio concluido. Un caballazo al principio de Cosa Juzgada, pues permite la reapertura de juicios totalmente concluidos. Adiós a la definitividad de las sentencias y a la seguridad jurídica, porque con esta ocurrencia, cualquier condenado en un juicio, por sentencia definitiva, podrá buscar reabrir el proceso por lo que, además, los juicios se prolongarán de forma indefinida.

En esto cabe un sospechosismo. Mucho se criticó el proceso de elección de los ministros, hasta el grado de apodar a la nueva institución como la “Corte del acordeón”. También se cuestionó la falta de preparación y conocimientos de la mayoría de los elegidos, cuya nula experiencia en la práctica judicial es inocultable.

A, prácticamente, tres meses de haber iniciado labores, con una pesada carga crítica de desaprobación, surge una ocurrencia, sin precedentes, que, podrían suponer ellos y ellas, les ayudaría a legitimar su condición de máximos jueces del Sistema Judicial. No importa resolver los miles de casos pendientes ni que la incertidumbre jurídica prenda focos de alerta a quienes pretenden invertir en el país (Ni que nos hiciera falta, han de pensar). Podríamos suponer que, acabar con el principio de Cosa Juzgada, es un manotazo que dan para demostrar su poder, que los tomen en serio y los respeten. Aunque pongan en riesgo el futuro del país.

No hay otra explicación.

Ciertamente momentos turbulentos
para la Presidenta, en los que la reaparición
del ex, poco le ayuda y sí da lugar a conjeturas.

Mas pronto que tarde, la nostalgia por el poder, hizo que, con el pretexto de la presentación de su libro, Grandeza, Andrés Manuel López Obrador buscara los reflectores para hacer política, afirmando, insistentemente, estar retirado de la práctica política. Estoy jubilado, señaló, aunque en un video de casi 50 minutos y amplia difusión, dedicó buen tiempo a recordar logros de su gobierno. “En el tiempo que estuve en la Presidencia salieron de la pobreza 13 millones 400 mil mexicanos…también se redujo la desigualdad, porque México era país de unos cuantos, de los de arriba, de los oligarcas…con la llamada política neoliberal…” eso sí, sin faltar, la crítica a sus enemigos favoritos, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón. Nada nuevo, como si el tiempo no pasara.

Aquí, abro un paréntesis para recordar las palabras de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado: ”El régimen se propuso dividirnos: por nuestras ideas, por raza, por origen, por la forma de vida. Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos comos enemigos.”

Su reaparición sirvió también para hacer un ajuste a las razones que lo harían “regresar a las calles”. En la mañanera del 2 de febrero de 2023, habría anunciado que, al concluir su mandato en 2024, se retiraría “completamente” de la vida política; que no volvería a aparecer en ningún acto público ni hablaría de política. Sin embargo, en declaraciones posteriores, le habría de bajar dos rayitas a su decisión de retiro total, para abrir una rendija a la posibilidad de volver, en caso, señalaría, de presentarse una situación grave para México. Una razón vaga e imprecisa, cuya interpretación quedaba a su personalísima consideración.

Después de poco más de un año de retiro, el tabasqueño vuelve a sacar el tema sobre su posible retorno a la vida política. Esta vez, señalando tres circunstancias que lo harían reaparecer, siempre, según su criterio. “Saldría, dijo, a defender la democracia, saldría también a defenderla a ella (la Presidenta), si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan… y (saldría) para defender la soberanía de México…nosotros no somos colonias de ningún país extranjero.”

Recordamos que cuando era jefe de Gobierno de la CDMX y resultaba inocultable su aspiración presidencial, López Obrador, negaba con vehemencia buscar la candidatura presidencial y repetía, a quién se lo planteara, que, en ese tema, lo dieran por muerto. Ahora el macuspano afirma estar jubilado de la política, pero los rumores corren en el sentido de que no está tan alejado, como él dice y que, a través de los alfiles que colocó en el gobierno de la Presidenta y en el Congreso, sigue haciendo política, aunque en lo oscurito.

El reencuentro del ex presidente con la vida pública no es casual. Un personaje que todo lo politiza, como es su caso, siempre actúa con un objetivo político. Resulta curioso que apareciera para presentar su libro, justo en los momentos más delicados en la gobernanza de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a la que se le juntaron varios temas candentes.

Manifestaciones y bloqueos de transportistas y productores del campo, para protestar por la inseguridad y extorsiones en las carreteras; precios justos a sus productos y en contra de la reforma a la Ley del Agua, con efectos negativos para los poseedores de terrenos agrícolas. Estas movilizaciones causaron un verdadero caos, que afectó a alrededor de 19 estados de la República.

Diez días antes, había ocurrido una severa represión policíaca en contra de una manifestación pacífica en la CDMX. Grupos violentos, infiltrados, habrían de desvirtuar los propósitos de la marcha, desafiando al, oficialmente, inexistente cuerpo de granaderos, y causando destrozos y robos a comercios. La autoridad realizó detenciones, pero, curiosamente, en ningún caso de alguno de los miembros de los grupos violentos.

Finalmente “algo” precipitó la remoción, muy desaseada, por cierto, del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien se resistió todo lo que pudo, hasta lograr una negociación para su salida.

Ciertamente momentos turbulentos para la Presidenta, en los que, la reaparición del expresidente poco le ayuda y sí da lugar a conjeturas. Menos mal que el tabasqueño, decidió no hacer una gira para la presentación de su libro. Para no hacerle sombra a la Presidenta, dijo. Él sabe bien, que el mejor ex presidente es el que se borra de la escena política para permitir que quién lo suceda, actúe con plena libertad.

Su insistente discurso del retiro, se parece mucho a sus reiteradas declaraciones, durante su mandato, de no reelegirse. Una innecesaria declaración porque la Constitución lo prohíbe. Sus reapariciones no las prohíbe ninguna ley, pero sí la ética política y el respeto que le merece la investidura presidencial.

El problema es que ya anunció que va a escribir otro libro, Gloria, que le dará pretexto para otra reaparición, como temporada de Netflix, más allá de las tres razones expuestas.

En su lugar lo leyó su hija, quien de
una manera impecable expuso
el panorama que vive su país a partir
de la llegada de Hugo Chávez al poder.

Para la 4T, figuras como María Corina Machado resultan incómodas, muy incómodas. Cuando se dio el anuncio de que, la luchadora social venezolana había sido elegida para recibir el Premio Nobel de la Paz, la Presidenta Claudia Sheinbaum respondió, a la pregunta de una periodista sobre su opinión del tema, con un significativo “no hay comentarios,” lo que no dejó de llamar la atención, que, con una bola de tres bandas, con escasas tres palabras, mostrara su solidaridad con el gobierno espurio de Nicolás Maduro. El dictador venezolano que se hizo nuevamente del poder, alegando haber ganado la elección presidencial de julio de 2024, aunque las boletas electorales, que se niega a publicar, tengan otros datos.

Haber mostrado un poco de empatía, no hubiera comprometido su relación con el gobierno venezolano. La segunda mujer latinoamericana en merecer esta distinción, en 124 años de existencia de esta presea, lo merecía, ideologías aparte. Llegamos todas, ha dicho la mandataria, refiriéndose al empoderamiento femenino, pero cuando sucede, no hay reconocimiento, porque, al parecer, no aplica a las que disienten, a las que, desde la oposición, luchan por alcanzar el poder.

La segunda vez, que le formularon la misma pregunta, ya entregado este premio a María Corina, a través de su hija, la Mandataria respondió, “la última vez dije, sin comentarios y sigo diciendo, sin comentarios. Y, por cierto, es muy importante decir que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que decidan los propios pueblos, su soberanía. Nuestra opinión siempre va a ser la misma: no intervención, utilizar el diálogo para poder resolver cualquier conflicto, la solución pacífica de las controversias, como lo dice nuestra Constitución y la autodeterminación de los pueblos. Siempre será esa nuestra posición.”

Una respuesta al estilo AMLO, cuando a una pregunta incómoda, un poco acorralado, reviraba “y ¿cuánto gana Loret?”

Y aquí, otra vez, causó sorpresa la respuesta de la jefa del Ejecutivo, porque opinar sobre la entrega de este premio, no significa una intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Un discreto comentario no significaría jugarle las contras al Presidente Maduro. Pero insistir en cero comentarios, muestra un toque de intolerancia. Cero política y cero diplomacia.

La Mandataria parece no aceptar ninguna oposición política ni aquí, lo que tenemos muy claro con el cerrojo puesto, permanentemente, en las puertas de Palacio a cualquier disidente o partido de oposición ni en los países amigos, con los que ideológicamente se identifica la 4T. Y es que, lo único que podría explicar la frialdad presidencial, es que, la ahora premiada, juega en la cancha de la oposición. Una opositora que busca, por la vía legal, que el Presidente Maduro reconozca su derrota electoral y deje el cargo.

María Corina llegó, tarde, pero llegó a Oslo, Noruega, después de una delicada, peliculesca y exitosa operación. Una especie de rescate, a cargo de un equipo especializado para sacarla de Venezuela, del lugar en donde permanecía escondida, y llevarla hasta una playa al norte de su país, en donde la esperaba una embarcación en la que navegó, en un mar embravecido, hasta la isla de Curazao. Allí se encontraba un jet privado que habría de transportarla a su destino final, la capital de Noruega, con escala en Maine, EUA, para cargar combustible.

La galardonada no pudo leer su discurso de aceptación. Ya había concluido cuando llegó. En su representación lo leyó su hija, quien de una manera impecable expuso el panorama que vive su país a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder. Una historia que debería llamar nuestra atención, porque el inicio del “desmantelamiento de la democracia” en Venezuela comenzó con acciones que nos son familiares.

Dice Machado, “El cabecilla de un golpe militar fue elegido Presidente y muchos pensaron que el carisma podía sustituir el Estado de Derecho… El régimen se dedicó a desmantelar nuestra democracia, violó la Constitución, falsificó nuestra historia, corrompió a las Fuerzas Armadas, purgó a los jueces independientes, censuró a la prensa, persiguió a la disidencia, devastó nuestra biodiversidad… Concentró la renta petrolera generando incentivos perversos que le permitió al gobierno un control sobre la sociedad…La riqueza no se usó para liberar, sino para someter… La corrupción fue obscena, el saqueo histórico. El régimen se propuso dividirnos: por nuestras ideas, por raza, por origen, por la forma de vida. Quisieron que desconfiáramos unos de otros, que nos viéramos como enemigos.”

Esto es algo de lo que María Corina Machado fue a exponer ante el Comité del Premio Nobel de la Paz y que justifica su incansable lucha por recuperar la democracia en su país.

Lo que hemos visto es que las cifras
oficiales, los otros datos, siempre
tienden a subestimar el grado de
participación ciudadana.

Muy al estilo de su antecesor, a la Presidenta, Claudia Sheinbaum, le está entrando el gusto por organizar eventos multitudinarios, bajo cualquier pretexto, para resaltar los logros y bondades de la Cuarta Transformación, pero más importante, para el mostrar el músculo de su popularidad, con llenos totales en la plancha del Zócalo capitalino.

La manifestación del pasado 6 de diciembre, nos recordó los tiempos de gloria del tricolor, cuando el PRI llenaba el zócalo para rendir pleitesía al Titular del Ejecutivo en turno o para respaldar y apoyar las políticas de su gobierno. Expertos en la tarea del acarreo, los priistas no tenían ningún problema para reunir numerosos e impresionantes contingentes de personas, para lo cual contaban con sindicatos, agrupaciones gremiales y el apoyo de los gobernadores de su partido, que se encargaban de organizar y financiar el traslado de grupos locales a la capital del país. Los Ejecutivos estatales, entraban en competencia, entre sí, para ver qué entidad enviaba el contingente más numeroso. Buscaban quedar bien con su tlatoani.

A los manifestantes se les compensaba, la mayoría de las veces, con una gratificación económica, además de regalarles playeras, gorras, agua y un refrigerio (tortas y/o fruta). Todos sabían que esas grandes manifestaciones no eran, precisamente, espontáneas, la asistencia era obligatoria, pero cumplían con un propósito político, hacer ostensible un apoyo popular al gobierno del momento.

Pues esta práctica, de los gobiernos neo liberales y “conservadores,” subsiste por herencia, ya sea por la influencia de los numerosos ex priistas que, sin mucha convicción ideológica, se volvieron fervientes morenistas, o porque el método del acarreo es efectivo y el único que asegura la presencia de grandes multitudes. Solo hay que tener un pretexto para organizarlas, aunque quienes asisten, para salvar su chamba, no tengan idea a qué van ni a quién deben vitorear.

Ahora bien, no todas las manifestaciones son de acarreados. Las hay también, realmente espontáneas, de ciudadanos convencidos que se solidarizan por alguna causa común y marchan sin presión alguna ni esperando recibir pagos o refrigerios. En éstas, los asistentes llegan por sus propios medios.

En los tiempos en que AMLO era Jefe de Gobierno del D.F., en junio de 2004, se realizó una gran marcha ciudadana en contra de la violencia y la inseguridad. Se le conoció como la Marcha Blanca o Marcha del Silencio. La estimación sobre el número de participantes varía. El gobierno capitalino reportó una asistencia de, aproximadamente, 120 mil personas. Los organizadores calcularon 400 mil. El tema es que fue auténtica, numerosa y sin acarreados.

Más recientemente ha habido otras marchas ciudadanas. En febrero de 2023 se realizó una manifestación en defensa del INE y en contra de la reforma electoral. El plan B, del entonces presidente López Obrador. En esa ocasión, el cálculo oficial de asistentes fue de 90 mil personas mientras que los organizadores hablaban de 500 mil.

El dato sobre el número de participantes en las manifestaciones depende según sean los cálculos del gobierno o el de los organizadores. Lo que hemos visto es que las cifras oficiales, los otros datos, siempre tienden a subestimar el grado de participación ciudadana. Es la estrategia para restarle importancia a la movilización ciudadana, cuando se plantean demandas o reclamos al gobierno.

Un buen ejemplo, es la reciente movilización organizada por la generación Z (15 de noviembre 2025), que el gobierno de la Ciudad de México calculó en 17 mil personas, muchísimo menos asistentes de los que vimos en las calles. Esta marcha fue particularmente criticada y desestimada en Palacio Nacional. Y es que el motivo de la manifestación, la exigencia de justicia y seguridad, ante el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, golpeaba en la línea de flotación de la política de seguridad del gobierno.

Algo vieron en Palacio Nacional en esa marcha, que dio lugar a reacciones desproporcionadas ante una movilización con “poca convocatoria,” como la calificó la Presidenta Sheinbaum. Desde la insistencia en su descalificación, hasta el grado de provocar, se podría suponer, cuatro días después, el anuncio de la convocatoria para celebrar 7 años de “transformación del país.”

Según se vio, con la manifestación se buscó mostrar el apoyo popular del que goza la Primera Mandataria. La celebración del aniversario número 7 de la transformación, solo fue el pretexto. El zócalo se llenó, la cifra oficial es de 600 mil asistentes. Para nadie fue sorpresa el éxito de la gran movilización. Eso sí, bajo las reglas y siguiendo la escuela del método priista.

No es por aguar el festejo, pero ¿de veras se cree que todos los asistentes fueron por su voluntad? ¿Que no hubo acarreo? ¿Que no continuaron las prácticas de compensar a quienes asistieron? ¿Qué todos estaban conscientes a lo que iban? Porque, la experiencia histórica nos dice que ese gran músculo popular que se presume, es más aparente que real. Solo una gran escenografía y nada más.

…fue la crónica de una designación
anunciada, en la que, su cercanía e
identificación con la Presidenta, debiendo
ser un impedimento para ocupar el cargo,
resultó la ventaja que le abrió las puertas.

Sorpresivamente, al menos para la mayoría de los observadores de la política y muchos de sus actores, porque se dice que, desde hacía varias semanas, se le había planteado al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, su retiro, aunque sin precisar fecha, se dio la instrucción de su dimisión de manera de manera inmediata, lo que sucedió. No sin que, en el proceso, el ahora ex fiscal buscara negociar la salida menos lastimosa posible. Y esto hizo que el trámite resultara accidentado y no muy apegado a la ley.

La FGR fue creada por reforma constitucional de 2014 (Art. 102) como un órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Esta institución sustituyó a la Procuraduría General de la República (PGR), hasta 2018, cuando entró en vigor la autonomía constitucional de la Fiscalía.

En la exposición de motivos de la reforma, se explicaba que la autonomía era fundamental para garantizar la independencia de la FGR de los poderes políticos, aumentar la eficacia en la procuración de justicia y fortalecer la investigación de delitos, incluyendo los cometidos por funcionarios públicos, sin presiones externas, combatiendo así, la corrupción y la impunidad.

La procuración de justicia, señalaban legisladores de diversos partidos políticos, se mantendría al margen de intereses o persecuciones político electorales. La remoción del titular de la Fiscalía, dice el artículo 102 constitucional, podrá decidirla el Ejecutivo por “las causas graves que establezca la ley”, sin mayor precisión.

La separación de Gerzt Manero, se operó a la antigüita, pasando por encima del espíritu y principal objetivo de la reforma del 2014, el carácter autónomo de la Fiscalía. Ante las amenazas, el ex fiscal no aflojó y durante varias horas mantuvo en suspenso su salida, hasta que lo convenció, supuestamente, la propuesta de una embajada “en un país amigo” Esto le permitió señalar, como causa de su salida, un cambio de trabajo, una nueva responsabilidad pública a desempeñar. “…me estoy retirando de mi actual cargo…,” señaló en su comunicado a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado. Nada de remoción, renuncia ni jubilación.

Por el sainete que se armó para lograr que dejara el cargo, a la de ya, su retiro fue todo, menos voluntario. Seguramente habrá habido varias razones para su remoción, aunque no queda claro la razón de las prisas. El ex Fiscal no se caracterizó por su buen carácter. Se manejó con independencia y operó con autonomía, las más de las veces, a su conveniencia. A su estilo cumplió con su función, aunque con magros resultados. Deja muchos pendientes. Se habla de un rezago de más de 42 mil averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación pendientes de concluir. Además de malos recuerdos por excesos de poder en asuntos personales contra familiares, acusándolos de delitos inexistentes en la ley y a académicos e investigadores, acusándolos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Los casos de relevancia, se le amontonaron sin que se completaran las investigaciones: Emilio Lozoya y los hechos de corrupción de Odebrecht y Agronitrogenados; denuncias sobre el huachicol fiscal, Segalmex, la estafa maestra, los casos de Teuchitlán y Ayotzinapa, Pegasus y el espionaje, etc. Asuntos de alto impacto cuyas investigaciones arrancaron con amplia difusión y mucha expectativa, pero que, al paso del tiempo, el ánimo investigador fue decayendo hasta llegar a parecer una apuesta al olvido.

La Presidenta dio el manotazo para deshacerse del fiscal. Queda la duda, como alguien escribió, si la razón fue por hacer mal su trabajo o hacerlo demasiado bien.
Con independencia de la verdadera causa, algo que probablemente no lleguemos a saber, la decisión de Palacio Nacional significa un golpe mortal a los buenos propósitos de contar con una Fiscalía autónoma e independiente, y nos regresa a los tiempos del fiscal carnal.

El nombramiento, casi en lo oscurito, para que, la ex Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal y ex Procuradora General de Justicia en la CDMX, Ernestina Godoy, pudiera convertirse en la encargada del despacho de la FGR fue la crónica de una designación anunciada, en la que, su cercanía e identificación con la Presidenta, debiendo ser un impedimento para ocupar el cargo, resultó la ventaja que le abrió las puertas.

El Senado cumplió, en fast track, las formas del proceso para la elección de la nueva Fiscal General de la República, aunque con una gran falla en el fondo, la pérdida de la autonomía e independencia de la institución.