Las quejas, preocupaciones y denuncias
de los actores involucrados en el tratado,
tendrán un peso, no menor, en las negociaciones
para la revisión del T-MEC, en 2026.

El ambiente que prevalece sobre el futuro del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es de incertidumbre, a pesar del discurso oficial que afirma buenas noticias y avances en las pláticas, al menos, en el caso de la relación entre los representantes de nuestro país y los funcionarios del gobierno estadounidense. En Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ha recaído la responsabilidad de encontrar, en el laberinto de la errática política del mandatario Donald Trump, la fórmula para convencerlos de la necesidad de continuar con un tratado que a ambas partes conviene. Y, si continua trilateral, qué mejor.

Porque, entre los cambios de humor del mandatario norteamericano, su particular estilo de gobernar y la intención de controlar la política y la economía mundiales, no hay país que escape a sus amenazas de imposición de aranceles a los productos que exportan a la Unión Americana. Un método que le ha funcionado, negociar con ventaja para obtener acuerdos con mayores beneficios.

Por lo que se ha visto, la relación entre EUA y Canadá, no atraviesa por su mejor momento, y, de continuar el tratado comercial, pareciera que Trump preferiría hacerlo bilateral. A lo largo del año, los dos países han enfrentado una guerra de aranceles, atenuada con negociaciones que, según lo informado por ambas partes, avanzaban por buen camino. Pero resulta que una provincia canadiense lanzó una campaña publicitaria que no le gustó al Mandatario estadounidense que la calificó de engañosa y falsa. Por este motivo, el neoyorkino decidió suspender las negociaciones comerciales con Canadá. Esto ocurrió, apenas, hace unas semanas.

Si bien, a México le conviene que la revisión del tratado comercial incluya a Canadá, para los EUA no parece haber todavía una definición, bilateral o trilateral. Por un lado, el presidente de la Cámara de Comercio de EUA, Thomas Donohue, señala que es esencial conservar el carácter trilateral del Tratado, para mantener la estabilidad del comercio entre los tres países. Por su parte, el presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, ha comentado que el tratado continuará principalmente para el comercio bilateral entre México y los EU (Milenio, noviembre 12). Igualmente, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, habría declarado en un foro del Club Económico de Nueva York, que las negociaciones para revisar el Tratado “probablemente” serían bilaterales (El País, septiembre 30). Aparentemente, ni ellos mismos saben qué es lo que quiere su Presidente.

En lo que corresponde a nuestro país, los esfuerzos para llegar con acuerdos a la revisión del tratado, ha sido la gran tarea. Los encuentros con la contra parte norteamericana han sido numerosos, aunque, muy al estilo trumpiano, las pláticas mantienen un velo que no permite ver con claridad los avances.

Sin embargo, algo ha quedado claro, en estas últimas semanas. Con motivo de las consultas públicas convocadas por la Oficina del Representante Comercial de EUA (USTR, por sus siglas en inglés), como preámbulo para la renegociación del T-MEC, en 2026, organizaciones empresariales estadounidenses han expresado preocupación ante el incumplimiento, de nuestro país, a compromisos y acuerdos contenidos en el tratado vigente. Además, han solicitado al gobierno del Tío Sam, fortalecer en el tratado la protección a inversionistas. Los cambios a la Constitución, promovidos por el gobierno de México, los inquietan y no les dan confianza.

Y es que, entre los objetivos de la Cuarta Transformación, tanto en su primero, como en su segundo piso, acabar con el pasado neoliberal, era una prioridad. Para lograrlo, se realizaron, en fast track, reformas constitucionales que arrasaron con instituciones y alteraron circunstancias comprometidas en acuerdos suscritos en el T-MEC. Amparados en el escudo de la soberanía nacional, se aprobaron reformas sin medir consecuencias. Válido el argumento de la soberanía para realizarlos, salvo que no se tomó en cuenta que algunas de esas reformas violarían acuerdos del T-MEC. Esto no gustó a quienes, confiados en los principios universales del respeto al Estado de Derecho y la certeza jurídica, apostaron invertir en México. La soberanía no se discute, pero si la violación de acuerdos internacionales.

Por lo pronto, las quejas se han desbordado. Organismos norteamericanos como la Cámara de Comercio, la Business Roundtable, el Instituto del Petróleo, la Asociación de Energía Limpia, la Asociación de Refinadores de Combustibles y Petroquímicos, la Asociación de Tecnología del Consumidor, bueno, hasta los principales estudios de Hollywood, han expresado su preocupación ante la “politización” de la justicia en México, además de solicitar la protección de su gobierno para no ser víctimas de “caprichos políticos,” según lo han declarado.

Las quejas, preocupaciones y denuncias de los actores involucrados en el tratado, tendrán un peso, no menor, en las negociaciones para la revisión del T-MEC, en 2026. Entonces se valorará qué tanto valió la pena tomar decisiones unilaterales sin escuchar al socio.

Con una caída de tres posiciones,
respecto al año anterior, México ocupa ahora el lugar
121 de 143 países evaluados, con una calificación
global de 0.40 puntos, la más baja en siete años.

Pues resulta que, al país más democrático del mundo, México, según los dichos de Palacio Nacional, no le va muy bien con el tema de respeto al Estado de Derecho. El Proyecto Mundial de Justicia, WJP, por sus siglas en inglés, recién publicó el Índice del Estado de Derecho 2025, en el que, nuestro país sale reprobado en la evaluación en varias de las distintas materias que conforman el estudio.

El WJP es una organización internacional, independiente y multidisciplinaria que trabaja para promover el Estado de Derecho en el mundo, según se lee en su página oficial. Su objetivo es buscar soluciones locales a través del enfoque que incluyen investigación, recolección y análisis de datos y el establecimiento de una red activa y global de conocimiento. Desde 2008 publica el Índice del Estado de Derecho a nivel global que mide la adhesión al Estado de Derecho en 143 países. México se incorporó a la medición en 2009.

Un Estado de Derecho eficaz, en el concepto del WJP, es la base para garantizar la paz, justicia e igualdad de oportunidades para los ciudadanos; reducir la corrupción, mitigar la pobreza, promover la salud y conformar la base para el desarrollo económico sostenible. Contribuye a una gobernanza responsable y el respeto de los derechos civiles, afirma el Proyecto.

La información que aplica esta organización, proviene de la opinión de miles de personas entrevistadas, entre las que se incluyen a abogados y especialistas en diversas ramas del derecho e información de instituciones. Es, pues, un análisis, desde la perspectiva ciudadana, sobre el respeto al estado de derecho, según lo explican ellos. Esta medición se hace a nivel nacional y estatal.

El Índice lo conforman ocho factores: limitaciones a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal.

A partir del inicio del gobierno de la 4T, el entonces presidente AMLO, buscó la manera de transformar al país, eliminando instituciones, sin el menor análisis, y, sobre todo, modificando el orden jurídico, de manera autoritaria, aprovechando la mayoría parlamentaria que le regaló el INE a Morena. Sin diálogo, discusiones, debates, consultas ni el mínimo estudio, se impuso un lastimoso Plan C, que incluía, entre otras, la reforma judicial, que desapareció al Poder Judicial existente, acabó con su independencia y autonomía y borró la división de poderes; una reforma administrativa que eliminó a la mayoría de los órganos autónomos, y una reforma electoral, todavía pendiente, con la que Morena busca continuar con los ajustes para asegurar su permanencia en poder.

Reformas a modo de la 4T, para acabar con la corrupción como su principal argumento, con resultados negativos, de acuerdo con los datos del Índice de Estado de Derecho 2025 publicado por WJP.

Con una caída de tres posiciones, respecto al año anterior, México ocupa ahora el lugar 121 de 143 países evaluados, con una calificación global de 0.40 puntos, la más baja en siete años. A nivel regional, América Latina y el Caribe, ocupamos el puesto 28 de 32 países. La causa, el debilitamiento institucional, la falta de independencia judicial y la persistencia de la impunidad y la violencia, acusa la investigación Ninguna sorpresa.

Los resultados, en el caso de los factores que integran el Índice, podrían ser una muestra de los estragos de la Cuarta Transformación.

En Justicia Penal, en donde la medición más alta es 1, la calificación es de 0.25, que nos ubica en el lugar 135 de 143 posiciones. La causa, deficiencias en la investigación, juicios y castigos. En Corrupción, con 0.27, estamos a 9 posiciones del último lugar, 134 de 143. En Orden y Seguridad, ocupamos el lugar 132 de 143, con 0.50 puntos, y, en Justicia Civil, con 0.35 puntos, estamos en el 134 de 143, reflejo de problemas de acceso y efectividad para resolver conflictos (WJP). En todos estos casos, México no alcanza una puntuación aprobatoria. La tendencia es de retroceso continuo desde 2018, cuando México se ubicaba en el lugar 93.

Para mejorar el posicionamiento de nuestro país, el WJP formula, como recomendaciones, fortalecer los contrapesos institucionales, garantizar los derechos fundamentales y mejorar el acceso a la justicia. Pero ya sabemos que, para la 4T, los análisis globales son como inexistentes, pues ellos tienen otros datos y no aceptan opiniones externas y menos de organismos independientes.

Desde su inauguración hasta febrero de 2024,
según datos del AIFA, el registro de personas
transportadas ascendía a solo 4.2 millones de pasajeros.

Tarde o temprano los caprichos convertidos en obras públicas tienen sus consecuencias.

El entonces presidente electo AMLO, decidió dar una muestra de lo que sería su gobierno y, aun antes de protestar su cargo, convocó a una consulta popular, a finales del mes de octubre de 2018, para decidir el futuro del aeropuerto de Texcoco, obra cumbre del gobierno de Enrique Peña Nieto. Las opciones, continuar su construcción (con avance del 30 por ciento) o cancelarla y sustituirlo por la base aérea militar de Santa Lucía, agregándole nuevas pistas y acondicionamiento para operar como terminal aérea comercial.

Como era de esperar, la votación del pueblo bueno y sabio coincidió con las expectativas del todavía mandatario electo, a quien nunca le convenció una obra de tales dimensiones, por lo que endosó la condena del aeropuerto peñista a la voluntad popular que, por mayoría de votos, optó por su cancelación. Con el mandato del resultado de una consulta promovida, organizada y revisada por el equipo de transición de Morena, se eliminó el proyecto de Texcoco e inició el del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El 21 de marzo de 2022, se inauguró el AIFA. Su primer vuelo local, a Villahermosa, Tabasco y el primero internacional, a Caracas, Venezuela, de la aerolínea venezolana CONVIASA. Se anunció, además, que esta estación arrancaría con 20 vuelos en su primer día de operaciones. En la ceremonia, frases para endulzar los oídos del Mandatario. El entonces priista gobernador del Estado de México, señalaría que era “la obra de infraestructura más importante concluida en nuestro país durante el presente siglo.” Una muestra de la capacidad del presidente para alcanzar sus propósitos, destacaría el mexiquense.

Pero las expectativas que había despertado este aeropuerto no se cumplieron. El cálculo de que, para su tercer año de operaciones, estaría atendiendo una demanda anual de 20 millones de pasajeros, quedaba muy lejos de la realidad. Desde su inauguración hasta febrero de 2024, según datos del AIFA, el
registro de personas transportadas ascendía a solo 4.2 millones de pasajeros. En el caso de la carga, los números tampoco eran alentadores.

Pero había que hacer algo para enderezar el proyecto, aunque fuera de manera artificial. La estrategia fue desanimar el uso del viejo aeropuerto de la CDMX, ya de por sí descuidado y obsoleto, para estimular la utilización del AIFA. El deterioro del aeropuerto Benito Juárez lo padecimos hasta que la realidad obligó a la autoridad a invertir en su remodelación. La proximidad del campeonato mundial de futbol, con la oleada de aficionados y turistas que atrae este tipo de eventos, sumado a lo poco atractivo que resultó el AIFA para los viajeros, hizo que las autoridades reaccionaran, muy a su pesar.

El tema de la carga era más fácil de resolver. En 2022 se emitió un decreto presidencial que ordenaba que, “debido a la saturación” del AICM, a partir de cierta fecha todas las operaciones de carga aérea se trasladarían al AIFA. El resultado, por la obligación impuesta, permitió que mejoraran los números, al menos, en el caso de la carga. Habrá que señalar que esta decisión del Ejecutivo, fue unilateral, sin ningún diálogo con los usuarios.

Pero resulta que este acto autoritario y soberano de nuestro gobierno, ignoró los términos del Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos suscrito entre México y los EUA, en 2015, aprobado por el Senado de nuestro país en abril de 2016. Un acuerdo de servicios aéreos que establece que tipo de operaciones pueden realizar las aerolíneas de un país en el territorio de otro y que liberalizó los mercados de transporte aéreo al eliminar restricciones sobre el número de aerolíneas y destinos.

Pues en represalia del decreto emitido por el de Macuspana, ante las penurias del AIFA, ahora el gobierno de Donald Trump nos la aplica con una decisión también unilateral y soberana, que revoca la autorización para cubrir 13 rutas aéreas comerciales que salen del AICM hacia EUA, que transportan pasajeros y carga, y todos los servicios combinados entre ese país y el AIFA, además de congelar las solicitudes de nuevas rutas. Ya antes nos había golpeado el Departamento de Transporte (DOT) norteamericano con la orden que disuelve la alianza que tenía Aeroméxico con la empresa Delta Air Lines.

Aquí, las dos países podrían alegar lo mismo, porque se tomaron decisiones unilaterales y, ciertamente soberanas, con afectaciones recíprocas, ignorando las medidas contempladas en el Acuerdo Bilateral que establece, en su artículo 20, la vía diplomática como la fórmula para resolver diferencias entre los contratantes.

Ni piñatas ni falta de respeto, simplemente una decisión arbitraria, sin medir consecuencias, para ocultar el fracaso de un capricho, provocó una respuesta que elevó la apuesta, en la que nuestro país sale más lastimado..