En las oficinas de Palacio encontraron
un escudo de protección político para evitar
hablar del narcotráfico y sus presuntas
alianzas con la clase política.

Está claro que para la Presidenta, Claudia Sheinbaum, hay un tema en el que no está dispuesta a ceder, sin importar el alto costo que esto pueda significar. Y es que la inexplicable protección de presuntos narcopolíticos señalados por la justicia estadounidense, puede tener graves consecuencias en la relación con nuestro principal socio comercial. Hace ya más de tres meses, que el Departamento de Justicia de los EUA solicitó, a nuestro gobierno, por la vía diplomática, la detención provisional, con fines de extradición, de 10 funcionarios públicos y políticos del estado de Sinaloa, incluido el gobernador, entonces en funciones, Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza.

De acuerdo al tratado de extradición suscrito entre México y los EUA, vigente desde 1980, nuestro país estaba obligado a atender la solicitud y detener a las personas denunciadas, sin mayores trámites, siempre y cuando la conducta cometida fuera considerada delito en ambos países y sancionado con una pena de prisión no menor a un año. Pero resulta que, lejos de atender la petición del gobierno norteamericano, en Palacio Nacional se decidió no tramitar la detención de ninguno de ellos, alegando falta de pruebas que acreditaran los delitos presuntamente cometidos.

Aún más, y para que no hubiera duda de la molestia que esta petición había causado, sin venir a cuento, el gobierno de la 4T enarboló la bandera de la soberanía nacional, acusando de injerencista al gobierno de Washington por atreverse a acusar de actos criminales a unos personajes de la élite morenista, convirtiendo en político un asunto judicial.

Al estilo que nos tiene acostumbrados la cuatrote, de no reconocer fallas, errores ni delitos presuntamente cometidos por morenistas, por aquello de que afecta a “la unidad del movimiento”, sin el menor rubor, se oficializó el blindaje al gobernador Rocha Moya, a quien el ex líder del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada, sujeto a proceso en los EUA, señaló, en una carta publicada tras su detención en EUA, de tener vínculos con el narcotráfico.

Como si se tratara de un tema concluido, sin presuntos culpables ni responsables, el gobernador con licencia, duerme tranquilo con la certeza de que nadie lo molestará, pues en Palacio Nacional lo arroparon con el manto de la soberanía nacional. Queda sin aclarar, por parte del gobierno, qué tiene que ver la solicitud de detención de un cuestionado personaje, de malos antecedentes y relaciones peligrosas, que llegó a la gubernatura con el apoyo de los narcotraficantes, con ataques a la soberanía del país.

De los otros 7 denunciados, que no optaron por entregarse a las autoridades norteamericanas, nada se sabe. Es de suponer, que en el paquete de protección al gobernador con licencia y al senador, se les incluyó con los mismos beneficios, cero investigaciones. Al fin de cuentas, son parte del mismo equipo; pero sobre esto, el silencio es sepulcral.

En las oficinas de Palacio encontraron un escudo de protección político para evitar hablar del narcotráfico y sus presuntas alianzas con la clase política. La soberanía nacional no se negocia, afirman, y acusan al gobierno norteamericano de usar la solicitud de detención, como pretexto para influir en los procesos políticos internos de México.

Una denuncia atrevida y poco diplomática, porque en el fondo dificulta, por decir lo menos, cualquier acuerdo de colaboración en el sensible tema del narcotráfico y la batalla para enfrentarlo. Y es que, ante la rotunda negativa, de parte del gobierno mexicano, de reconocer que existen funcionarios vinculados con los cárteles de las drogas con los que se asocian y protegen, no parece que las autoridades norteamericanas se vayan a quedar con los brazos cruzados.

Si el argumento es la falta de pruebas, esas autoridades las tienen y en abundancia. Cuentan con información de inteligencia, además de las confesiones y testimonios de decenas de narcotraficantes que nuestro país les ha estado enviando, dispuestos a denunciar y acusar a quien sea, a cambio de un acuerdo de culpabilidad que les permita obtener beneficios penales.

Si bien, la reacción de nuestro gobierno, para rechazar la detención de los supuestos narcopolíticos, fue elevar a nivel político un tema judicial, al convertir la solicitud de la fiscalía norteamericana en un ataque a la soberanía nacional, la Casa Blanca, en esta especie de juego de ajedrez, elevó la mira del nivel de los políticos y funcionarios de Morena afectados con la revocación de su visa. No está claro a cuántos ni a quiénes, porque por ley, EU no hace públicas las cancelaciones debido a normas de confidencialidad y privacidad. Solo sabemos de algunos gobernadores, porque ellos lo han informado, pero no descartamos que esta medida se haya aplicado ya a más de un político encumbrado.

Nuestro gobierno, por su parte, sigue acomodando sus piezas. Ahora, la Presidenta, junto con la dirigencia de Morena, ha anunciado que se convocará a una movilización territorial, casa por casa, para informar al pueblo bueno y sabio de las amenazas a nuestra soberanía nacional y ponerlos en alerta del ánimo “injerencista de la ultraderecha estadounidense que busca intervenir en la política interna de México.”

También el Departamento de Estado de EUA movió sus fichas. Quitarle la visa a Andy, el hijo de ysq, no fue cualquier cosa, aunque lo hizo discretamente, sin filtrar la información. De eso se encargó el afectado, que, mal aconsejado, publicó lo que él supuso iba a ser una gran respuesta a una decisión que calificó “de burda y perversa canallada”, “de carácter politiquero y propagandístico” y “estilo hitleriano”. La soberbia que refleja su texto no tiene límite.

El siguiente paso lo dio el subsecretario de Estado, Christopher Landau, al publicar en su X “¿Están disfrutando el show? Rellenen sus palomitas… van a amar la siguiente parte”.

Sin comentarios.

No es de extrañar, entonces, que cuando alguna
ley no se acomoda a sus estrategias políticas,
Morena simplemente busca como evadir su
cumplimiento, ya sea violándola o reformándola.

No obstante que la prohibición de los actos anticipados de campaña se introdujo como reforma constitucional hace casi dos décadas (2007) y que, posteriormente, en 2014, se consolidó con la reforma político-electoral que dio origen a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la fecha, las violaciones a este ordenamiento ni preocupan a unos ni lo ocultan otros.

Una prohibición con dedicatoria para el muy reclamado y complejo piso parejo. Algunos de sus objetivos: garantizar equidad en la contienda, con plazos determinados que tendrían que respetar los aspirantes para evitar ventajas indebidas. Limitar la duración de las actividades proselitistas para reducir el exceso en los costos de la política electoral. Que la autoridad pueda ejercer más control y supervisión en el gasto y uso de los recursos. Y, un ideal, evitar el desvío de recursos públicos y la introducción de dinero ilícito en los procesos electorales, tan de moda en estos tiempos del huachicol.

A pesar de estos buenos propósitos, las actuales autoridades electorales, (INE y TEPJF), no han mostrado interés en involucrarse en el tema, optando por mirar hacia otro lado, quizás porque los principales infractores, de manera abierta y pública, por propia confesión, son, precisamente, el partido en el poder, Morena, y sus socios, los partidos Verde y del Trabajo. Y es que, el poder y la cooptación de funcionarios resultan determinantes en la definición de la ruta que estas autoridades han decidido tomar en el ejercicio de su responsabilidad y que no es, precisamente, la de actuar con objetividad e imparcialidad.

Para la 4T, el Estado de Derecho es irrelevante, por eso, a pesar de sus mayorías calificadas en el Congreso, Morena no ha tenido reparo en hacer uso de cualquier triquiñuela para sumar poder, aunque rebase los límites de la ley, y fortalecer un posicionamiento político que, salvo guerras intestinas, ninguna otra fuerza política está en condiciones de disputarle, todavía. Ignorar el Estado de Derecho, desconocer el imperio de la ley, genera incertidumbre jurídica y, consecuentemente, desconfianza.

El que la máxima autoridad política de un país se rebele en contra del orden jurídico, al grito de “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley,” es preocupante por el mensaje que manda a propios y extraños. En la misma línea y, quizás, hasta más grave, es que esa máxima autoridad que juró cumplir con la Constitución, le ordene a un funcionario “hay que gobernar con sentido común y para la gente. Cuando la norma se pone por encima de la gente y del sentido común, está mal. No cumplas con la norma; eso es lo que te estoy diciendo.”

El sentido común y la justicia, son conceptos que requieren ser acotados y regulados por ser altamente subjetivos. ¿Cómo saber en una población abierta qué es lo justo y cuál el sentido común que debe predominar, si no existe un marco jurídico y una autoridad para aplicarlo? En fin.

No es de extrañar, entonces, que cuando alguna ley no se acomoda a sus estrategias políticas, Morena simplemente busca como evadir su cumplimiento, ya sea violándola o reformándola. El poder da para todo. Ahora, con motivo del proceso electoral de 2027, este partido anunció, el mes de marzo pasado, el inicio del proceso interno para la selección de sus candidatos a los diversos cargos de representación popular de los próximos comicios.

Con esto, la dirigencia morenista dio el banderazo para que sus aspirantes iniciaran su actividad proselitista, un año antes de los plazos que marca la ley. Esto, a ciencia y paciencia de una autoridad que no se atreve ni siquiera a cuestionar los actos anticipados de campaña en el caso de los aspirantes a una diputación federal, que son de su competencia. Se esperaría, al menos, un llamado, por parte de la máxima autoridad electoral, a quienes rabiosamente buscan una gubernatura, a serenarse, a contener sus ánimos y bajarle dos rayitas a su actividad proselitista. Por aquello del respeto a la ley, el piso parejo y la equidad en la contienda.

Y es que, bajo el eufemismo de denominar Coordinadores en Defensa de la Transformación a quienes todos, dirigentes, aspirantes y militantes, menos las autoridades electorales, saben que son los aspirantes que Morena postulará como sus candidatos, el partido oficial argumenta que no incurre en actos anticipados de campaña, porque sus aspirantes no hacen llamados al voto. Cierto, aunque con sus excepciones. En cambio, que tal realizan actos masivos en plazas públicas, movilizan ejércitos de promotores, reparten volantes promocionales, organizan marchas, promueven entrevistas y hacen declaraciones en las que manifiestan abiertamente sus aspiraciones políticas.

La LGIPE establece que las precampañas para diputados iniciarán la primera semana de enero del año de la elección y no podrá durar más de 40 días (Art 226). El registro de los candidatos para diputados deberá hacerse en febrero (Art 237) y sus campañas tendrán una duración de 60 días (Art. 251). Estos son los plazos legales que Morena está violando bajo el alegato de que sus “Coordinadores” no están en campaña porque no están pidiendo el voto, aunque, salvo ese detalle, todo lo que hacen se parece mucho a lo que la ley define como actos anticipados de campaña.

Equiparando acusaciones criminales formuladas en
contra de personajes morenistas con ataques a la soberanía
del país, en Palacio Nacional reclaman a los
estadounidenses por un supuesto injerencismo.

Habría que considerar, en el origen de las diversas estrategias anunciadas por el gobierno de los EUA en su lucha contra el narcotráfico, la persistencia que tiene el Presidente Donald Trump de que nuestro país perdió el control de su territorio y que son los narcotraficantes quienes mandan en México. Y aunque nos dore la píldora, afirmando que nuestra Presidenta es una mujer maravillosa, poco favor le hace al afirmar, pero tiene miedo de enfrentar a los cárteles.

Estos comentarios son casi imprescindibles en los discursos del Presidente norteamericano en entrevistas, ceremonias públicas o foros internacionales, cuando se refiere a nuestro país. Su insistente repetición da lugar a sospechar que no se trata de una mera ocurrencia, si no de una estrategia para crear un mal ambiente hacia México, y justificar, quizás, alguna medida extrema que pudieran considerar llevar a cabo, más adelante, en su combate al narcotráfico.

Porque a los comentarios negativos del mandatario, le han seguido, en coro, los de sus más altos colaboradores en materia de inteligencia y seguridad, casi semanalmente. De los más recientes y agresivos, en los que se hace referencia expresa a una connivencia entre gobierno y crimen organizado, el del Titular de la Administración del Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, quien afirmó, durante la Cumbre Estados Unidos libre de Fentanilo, que existe una “conexión mortal” entre los cárteles del narcotráfico y el gobierno mexicano. Ambos son lo mismo e inseparables, dijo, y en la DEA son nuestra prioridad número uno.

Y los de la Zar antidrogas, Sara Carter, al señalar en una entrevista, que, con todo y que nuestro país ha colaborado como nunca antes, EU seguirá apuntando a los funcionarios corruptos que apoyen a los cárteles en Sinaloa, advirtiendo que su gobierno va a ir tras quienes “no quieran cooperar con nosotros”. Los vamos a atacar, y se van a arrepentir, dijo, recordando palabras recientes de su jefe.

Ante esto, ¿cuál ha sido la reacción de nuestro gobierno? Por razones que no se entienden, la 4T ha optado por una actitud defensiva, un modo de negación y sobre protección a políticos y funcionarios de Morena señalados por el gobierno norteamericano de supuestamente estar vinculados con el crimen organizado. Equiparando acusaciones criminales formuladas en contra de personajes morenistas con ataques a la soberanía del país, en Palacio Nacional reclaman a los estadounidenses por un supuesto injerencismo. Son campañas, dicen, de la ultraderecha norteamericana en contra del gobierno que quieren que no haya una buena relación, y, en automático desechan la posibilidad de que, efectivamente, pudiera existir complicidad de funcionarios públicos con el crimen organizado.

No tienen pruebas responde el gobierno de la 4T a la demanda de detención con fines de extradición de 10 funcionarios públicos y políticos de Sinaloa y, sin más, los ponen a buen resguardo, nadie sabe en dónde se encuentran ni dan señales de intentar investigarlos. Eso sí, algunos, como el gobernador Rubén Rocha Diaz, tuvieron que solicitar licencia y sus cuentas bancarias, han sido congeladas, a pesar de que, oficialmente, se insiste en que el gobierno americano no ha aportado pruebas que los inculpen.

Una desafortunada actitud de pasividad y menosprecio a las denuncias del Departamento de Justicia estadounidense y sobre protección incondicional cuando se trata de personajes de su partido. Con esto, los cuatroteistas del segundo piso solo contribuyen a que la sospecha del contubernio políticos morenistas-cárteles del narcotráfico siga cobrando fuerza, entre propios y extraños. Sobre todo, cuando, en ciertos casos sobrarían elementos para dudar de la probidad de algunos “destacados” morenistas.

Para colmo, algunos políticos del partido en el gobierno, han comenzado a inquietarse ante la decisión de la Casa Blanca de cancelar sus visas por actividades y relaciones sospechosas. Se rumora que algunos han buscado a las autoridades norteamericanas para que, a cambio de información, les repongan sus visas y otorguen cierta inmunidad.

El caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, es quizás el más notable, por los dimes y diretes entre ella y su antecesor y acérrimo enemigo, Jaime Bonilla, a quien la gobernadora le atribuye haberla hecho víctima de una emboscada, además de acusarlo de haber filtrado audios que la dejan muy mal parada al ofrecer información a supuestas autoridades de seguridad del vecino país del norte a cambio de que le permitan el cruce de frontera. La gobernadora se ha enredado cada vez más en su intento por aclarar lo que no quiso decir en su intento por negociar la reposición de su visa.

Para su fortuna, no importa que tan graves pudieran ser los arreglos que pretendía lograr a cambio de cierta información sensible y que se escucha en la conversación de los audios difundidos, pues el blindaje que le da su morenismo, la exculpa de cualquier duda o sospecha, en evidente contraste con lo que sucede a quienes militan en la oposición.

A los neoliberales y conservadores todo el rigor de la ley, aunque se carezca de pruebas. Con la sospecha basta y sobra. Al exgobernador panista Ernesto Ruffo, se le vinculó a proceso por delincuencia organizada y huachicol fiscal, con prisión preventiva en un penal de máxima seguridad, ante la peligrosidad que representa este político de más de 70 años.

Así la justicia del segundo piso de la 4T.

El envío masivo a los EUA de narcotraficantes de
todo nivel, sin mayores trámites,
fue el cálculo de nuestro gobierno con el
que supuso cumplía su cuota de colaboración
en la lucha contra el narcotráfico.

No parece que las cosas le estén saliendo bien a Morena en el sensible tema del enfrentamiento al crimen organizado. El de la inseguridad, cuya percepción, a pesar de las encuestas oficiales que registran cada mes una disminución en el número de homicidios dolosos, se mantiene como una de las principales preocupaciones de la población encuestada.

Tampoco se ven avances importantes en lo que toca al combate a la corrupción, al menos, no tan efectivo, cuando los niveles jerárquicos en donde amenaza aparecer resultan de un elevado rango, políticamente inconveniente, según criterio del círculo rojo morenista, para la unidad y posicionamiento de su Movimiento. Que la mancha de impunidad crezca, afectando la imagen del gobierno hacia el interior y la del país, hacia el exterior, no les preocupa.

Quizás, sin medir las consecuencias, nuestro gobierno tomó una arriesgada decisión que no ha mejorado la particularmente difícil relación con nuestro vecino, en estos tiempos de Donald Trump. Con un estilo de gobernar personalista, de confrontación, más por ocurrencias y ex abruptos, nuestro principal socio comercial no acaba por descifrar el tipo de relación que quiere y le conviene con México.

Peleado con el mundo, según su estado de ánimo, aplica aranceles, a diestra y siniestra, dejando siempre o casi, un margen de tolerancia a su vecino del sur. La sobrevivencia de reglas de un TMEC, que se resiste a morir, han amortiguado la furia trumpista. El tratado, un tanto magullado, pareciera perfilarse por la vía bilateral, EUA y México, con revisiones anuales que, sin duda afectan por la incertidumbre del corto plazo. Pero dadas las circunstancias, de los males el menor.

Hay un tema, sin embargo, en el que Donald Trump ha sido enfático y más que claro. El primer día de su gobierno firmó una de sus amenazantes órdenes ejecutivas para iniciar el proceso de declarar a los cárteles del narcotráfico, la mayoría de nuestro país, como Organizaciones Terroristas Extranjeras. ”Representan una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos.” Se argumenta en el documento. Ya, en el mismo texto, se afirmaba que “…en ciertas zonas de México funcionan como entidades cuasi gubernamentales, controlando casi todos los aspectos de la sociedad.”

A partir de entonces, el neoyorquino no ha dejado de repetir, a la menor provocación, que México perdió el control de su territorio y que los cárteles de la droga mandan en el país. Que nuestra mandataria es una mujer maravillosa, pero está asustada ante esa situación. Los mensajes y la posición del gobierno norteamericano no permiten duda de que en este tema no hay mucha tolerancia.

El envío masivo a los EUA de narcotraficantes de todo nivel, sin mayores trámites, fue el cálculo de nuestro gobierno con el que supuso cumplía su cuota de colaboración en la lucha contra el narcotráfico. Más de 90 narcos entregados a las autoridades norteamericanas para ser juzgados en ese país, de los que, además, podrían obtener valiosa información, real o a conveniencia, para conocer los secretos de su operación criminal en nuestro país.

Pero resultó con que los fiscales norteamericanos, tras las investigaciones de sus agencias de seguridad e inteligencia, DEA, CIA, FBI, Homeland Security, entre otras, más la información proveniente de los acuerdos con los delincuentes sometidos a juicio, elevaron la mira hacia lo que ellos definieron como narcopolíticos. Aquellos funcionarios públicos, gobernantes, políticos, agentes de seguridad que protegen, financian o colaboran activamente con los cárteles de la droga. Porque, difícilmente el desarrollo del imperio de las drogas que prevalece en nuestro país, en tantos años, se pudo lograr sin la protección, complicidad o “ignorancia” de autoridades de los tres niveles de gobierno, municipales, estatales y federales.

La política antidrogas de los EUA, la ha llevado el Presidente Trump paso a paso. Primero declarando a los cárteles como Organizaciones Terroristas. En diciembre de 2025, con la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional en donde prioriza el combate al narcotráfico, mediante un reajuste de recursos militares cercanos. En marzo pasado con la creación del Escudo de las Américas, una coalición militar regional con la participación de 17 países, “enfocada a usar la fuerza letal contra los cárteles del narcotráfico”. Convocatoria en la que no se incluyó a nuestro país, Brasil ni Colombia.

En abril con la solicitud, por la vía diplomática, de detención provisional con fines de extradición de 10 funcionarios públicos y políticos de Sinaloa, incluyendo al gobernador en funciones.

En el mes de mayo pasado, con la publicación de la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, que redefine la política antidrogas de EUA, bajo el enfoque de seguridad nacional para combatir el fentanilo y los cárteles del narcotráfico y la demanda a nuestro país de resultados tangibles, confiscaciones, destrucción de laboratorios y aumento de extradiciones “para mantener la cooperación bilateral de seguridad.”

A todo esto se suman los reiterados señalamiento del presidente Trump en foros internacionales de que en México quienes mandan son los narcotraficantes. Con lo que se desprestigia al país, creando una imagen de narco estado.

Lo más grave. Para contrarrestar esa campaña, no parece existir una estrategia del gobierno mexicano, que prefiere asumir el costo del desprestigio, antes que exhibir supuestas complicidades con el narcotráfico de algunos distinguidos miembros de su partido.

En cuatro principios el fundador de Morena decidió imponer un estilo de gobernar, sui generis, por decir lo menos.

En cuatro principios el fundador de Morena decidió imponer un estilo de gobernar, sui generis, por decir lo menos. En materia de seguridad, tema sensible, delicado y complejo, aplicó una especie de amnistía a la delincuencia organizada. Una tregua de abrazos y no balazos, con lo que estimuló el fortalecimiento de los cárteles que aprovecharon la oportunidad para extender sus dominios territoriales a sangre y fuego. El incremento en el número de homicidios dolosos ocurridos durante el gobierno morenista, reflejan las consecuencias de semejante ocurrencia.

Gobernar es muy sencillo, no tiene ciencia, decía el de Macuspana y en base a esa hipótesis, formó un equipo de trabajo basado en elementos en los que el requisito fundamental era su lealtad, aunque su ignorancia en los temas de las responsabilidades de los cargos que se les asignaban, fuera evidente. 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de experiencia, era el requisito para ocupar cualquier cargo público. Los resultados de asignar tareas delicadas y de alta responsabilidad a quienes carecían de conocimientos, experiencia y preparación académica, quedan como el mejor ejemplo del desastre de un gobierno improvisado y mediocre.

Obras sin planeación, inconclusas, mal diseñadas y absurdamente costosas. Un aeropuerto, el AIFA, que no logra salir adelante por problemas de conectividad, falta de vialidades de acceso, altos costos de transporte y largos tiempos de traslado. Un Ferrocarril Transoceánico, con graves problemas operativos y estructurales que han provocado, ya, varios descarrilamientos, uno con pérdidas humanas. El trazado original, data de principios del siglo pasado, no se corrigió, por lo que subsiste el riesgo de que ocurran más accidentes.

Un tren Maya, construido contra la opinión de organizaciones ambientalistas por los daños ecológicos irreversibles que significó la obra, cuyos cimientos, pilotes para el tramo elevado, son preocupación permanente de sus operarios. Con daños a acuíferos y cenotes y una tala de más de 11 mil hectáreas de selva, se impuso la voluntad presidencial. La obra, interminable, es, además, económicamente insostenible. Y una refinería, Dos Bocas, construida contra la opinión de expertos en un lugar inadecuado, con problemas técnicos, operativos y de seguridad, cuyos incendios y accidentes, ya no sorprenden a nadie.

“Vamos a combatir la corrupción, como se barren las escaleras, de arriba para abajo,” repetía el mandatario tabasqueño a la menor provocación. Y, por lo visto, o faltó escoba o no hubo voluntad para cumplir con esa promesa de campaña y de gobierno. La opacidad en la asignación de los contratos para las millonarias obras de gobierno, dieron lugar a grandes negocios y jugosas fortunas de parientes, y amistades que no tuvieron empacho en hacer ostentación, en medios públicos, de su nuevo status económico y social.

Solo en el caso del huachicol fiscal, según datos del propio gobierno el daño patrimonial por este ilícito ascendió a 600 mil millones de pesos, sin que a la fecha se hayan informado avances en la investigación. Quiénes, por el monto de lo defraudado, son las autoridades aduaneras, de la Marina, del Ejército, Navales, fiscales, agencias aduanales, y demás corporaciones policíacas encargadas de vigilar el tráfico de mercancía en las fronteras, podrían resultar presuntos responsables por comisión u omisión.

Y, derivado del malestar que le causaba la independencia y autonomía de un Poder Judicial, con una SCJN empeñada en cumplir su función de guarda y respeto del orden Constitucional y contra peso de los excesos del Poder Ejecutivo, la Presidencia aceleró una reforma constitucional para desparecer al Poder Judicial, bajo el argumento de que ese Poder estaba viciado por la corrupción, el nepotismo y el influyentismo, sin que nunca se hubiera ordenado una investigación que sustentara los dichos de Palacio. Se decidió, entonces, que la justicia deberían aplicarla jueces elegidos “democráticamente” por el pueblo bueno y sabio. Una justicia popular, eso sí, con jueces comprometidos con el Ejecutivo, al convertirse en jueces a modo, pues al final de cuentas el cargo se lo deberían a quién los seleccionó.

En la precipitación por poner en práctica semejante reforma, y ante lo complejo de semejante proceso electoral judicial, los morenistas decidieron no correr riesgos, ideando un sistema a base de acordeones en los que se mencionaba el nombre de los aspirantes por los que los electores deberían votar. Curiosamente eran los que el gobierno había seleccionado.

La consecuencia de esta brillante idea, fue la desaparición del estado de Derecho, un clima de inseguridad jurídica que, hasta la fecha sigue siendo la principal razón de la falta de inversión extranjera y local. Nadie quiere arriesgar sus capitales en un país en el que la justicia dependa de lo que decida el Ejecutivo. Al tener el control de los Poderes Legislativo y Judicial, el Ejecutivo acabó con el sistema de división de poderes, con todo y lo que esto significa.

Y todavía nos preguntamos, porque nuestro país lleva 8 años estancado.

A partir de que Morena ocupó
Palacio Nacional, la cultura de
desconocer cualquier triunfo de la
oposición regresó con mayores bríos.

Haciendo eco al dicho popular de “Jalisco nunca pierde, y cuando pierde, arrebata”, la ya no tan flamante dirigente de Morena, Ariadna Montiel, se niega a reconocer la contundente derrota de su partido en los comicios celebrados en el estado de Coahuila, el pasado domingo 7 de junio, y pretende que se anule la elección. Declaró que el PRI, partido ganador, cometió todas las triquiñuelas imaginables, para ganar, tramposa e ilegalmente, la elección, por lo que presentará denuncias ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ante la Unidad de Inteligencia Financiera, ante la Sala Superior del TEPJF, ante el Instituto Electoral de Coahuila y las que se le vayan ocurriendo.

No sorprende que las dirigencias de los partidos políticos, cuando están en el poder, se resistan a reconocer, públicamente, el triunfo del partido rival, aunque el marcador muestre una abrumadora diferencia a favor de su competidor. Una circunstancia muy arraigada en nuestra cultura política, que, con la alternancia, en el año dos mil, pensábamos, si no haberla superado, al menos que en ese camino andábamos.

Pero no, como estrategia de los gobiernos de la 4T, lo avanzado se perdió. A partir de que Morena ocupó Palacio Nacional, la cultura de desconocer cualquier triunfo de la oposición regresó con mayores bríos. No obstante el peso político de Morena demostrado en las urnas, lo que le ha permitido ser gobierno en 23 estados de la República y contar con mayoría en el Congreso Federal, el partido en el poder, insaciable, no reparó en mientes para hacerse de la mayoría calificada en ambas Cámaras, de Senadores y de Diputados, a través de burdas artimañas. Caro le ha costado al país, en su democracia y su sistema de impartición de justicia, esta manipulación.

Resulta que, en la elección para renovar el congreso local de Coahuila, el otrora partidazo, el PRI, le aplicó a los candidatos de Morena casi un nocaut que, al menos, los dejó groguis, al ganar los 16 distritos electorales locales. Una aplastante victoria, que recuerda los tiempos de gloria del Revolucionario Institucional del “carro completo.”

Un detalle que flotaba en el ambiente de este proceso era el hecho de que Coahuila es la única entidad que no ha tenido alternancia. Siempre ha estado gobernado por priistas. Junto con Durango, son las únicas entidades que recuerdan sus triunfos electorales. Para Morena, quitarle al tricolor su gran bastión, resultaba un buen reto. El intento, sin embargo, resultó infructuoso.

La elección tuvo una participación inusual para comicios de mitad de sexenio, 51 por ciento de votantes (1’244,000), doce puntos más que en la elección de hace seis años, también para elegir diputados. La participación de entonces fue de 39 por ciento de electores (875,000). Ahora contendieron 8 partidos, dos en alianzas, Alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI y Unidad Democrática de Coahuila, partido local) y Morena con el PT. Por su lado fueron el PAN, el PVEM, Movimiento Ciudadano y Nuevas Ideas, partido local.

El tricolor se llevó el 50.9 por ciento de los votos, mientras que Morena solo pudo obtener el 22.5 por ciento de la votación. La diferencia entre el ganador y el perdedor fue de más del doble de votos. Estos resultados contradicen la teoría que afirma que, a mayor participación ciudadana, mayor la probabilidad que el partido en el gobierno pierda la elección. Al parecer, en este caso, el voto de castigo se lo aplicaron al gobierno federal de Morena. La buena gestión del actual gobernador y sus logros en materia de seguridad, además de un buen ambiente entre la ciudadanía y su gobierno, tuvieron su recompensa.

El PAN, perdió su registro local, al igual que el PVEM y Movimiento Ciudadano, al no alcanzar el mínimo de 3 por ciento de los votos totales. Para la elección de 2023, la alianza PRI, PAN y PRD, resultó una coalición afortunada. Triunfó su candidato a gobernador y ganaron los 16 distritos electorales. En aquella ocasión, el PAN obtuvo 5 diputaciones de mayoría. Ahora hasta el registro perdió.

Algo de la política del Gobierno Federal, parece no estar convenciendo y, de alguna manera podría estar influyendo en casos como la elección coahuilense. La percepción de que el Gobierno Federal esté encubriendo a supuestos narcopolíticos, ante las demandas del gobierno norteamericano, es cada vez mayor. La supuesta defensa de la soberanía nacional contra el injerencismo extranjero, cada vez se desgasta más. Y la respuesta electoral de los beneficiarios de los programas sociales, ya no es tan comprometida. En estos comicios, solo el 30.68 por ciento votó por Morena.

Por último, la oposición deberá considerar que, al menos hasta el momento, la posibilidad de derrotar a Morena en los comicios de 2027 es más más probable si actúa en alianza. Ir cada quien por su cuenta puede costarles, a algunos, hasta la pérdida del registro.

Fue el caso de la presidenta de
Morena, Adriana Montiel, quien en
una perorata se refirió al tabasqueño
como “el Presidente.” ¡Vaya lapsus

Cuando hace 43 días, la Corte del Distrito Sur de Nueva York solicitó al gobierno de nuestro país la detención provisional con fines de extradición de 10 funcionarios de Sinaloa, incluyendo al gobernador en funciones Rubén Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez y al senador, Enrique Inzunza, bajo la acusación de conspirar para importar narcóticos, posesión de armas y dispositivos destructivos y delitos de corrupción y conspiración con el crimen organizado, el gobierno de la 4T reaccionó sorprendido, molesto y ofendido.

Con anterioridad y en lo que va del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, nuestro país ha enviado, a los EUA, sin mayores trámites, violando el debido proceso y sin respeto a sus derechos humanos, a 92 narcotraficantes. Algunos, capos de alto perfil. El gobierno habría justificado esta acción como una medida de seguridad nacional y de cooperación internacional, para impedir que estos operadores siguieran delinquiendo y generando violencia en el país.

Un trámite regular, pues, en la colaboración bilateral en la lucha contra el narcotráfico entre los dos países. Desde entonces, el gobierno de Donald Trump había expresado su insatisfacción por el desempeño de nuestro gobierno en el combate a las drogas. No es suficiente, habían dicho funcionarios del otro lado de la frontera. Y es que, advertían que la expansión de los cárteles y el control que ejercían en varios estados de la República, no podía lograrse sin la complicidad y corrupción en las estructuras políticas y de seguridad mexicanas.

Cuando Trump reclamaba una mayor cooperación en este tema, estaba insinuando que México mantenía oídos sordos a las denuncias en contra de funcionarios sospechosos de apoyar a los cárteles de la droga. Sin decirlo, Trump esperaba que en los traslados que enviaba nuestro gobierno, se incluyeran peces gordos. Pero no narcos, de esos ya tenían bastantes, sino de supuestos narcopolíticos. Algo que nuestro gobierno no tenía intenciones de hacer, considerando que los estados señalados por su alta criminalidad, eran, precisamente, los gobernados por morenistas.

Cansados, suponemos, de esperar la reacción de nuestro gobierno, las autoridades norteamericanas tomaron la iniciativa solicitando la detención con fines de extradición de 10 funcionarios del gobierno sinaloense. La petición cayó mal en Palacio Nacional, colocando al gobierno en una comprometida situación. Por un lado, la presión externa que demandaba la detención de los presuntos inculpados. Por el otro, un pacto no escrito que impone la defensa de los personajes de Morena, al costo que sea, para evitar afectaciones al movimiento. Además de la exigencia, procedente de Palenque, de brindar impunidad a todos los suyos, de antes y de ahora.

De ahí que, en una maniobra de distracción para ganar tiempo y evadir la solicitud del gobierno de Washington, sin tener que rechazarla con argumentos inconsistentes, se contraatacó acusando a los EUA de injerencismo, de intentar vulnerar nuestra soberanía y hasta de buscar influir en los resultados de nuestros comicios de 2027. De la posibilidad que los acusados del gobierno de Sinaloa, pudieran ser culpables, nada. De ese tema, ya no se habla y, de extradiciones, menos. Se dobló la apuesta, calificando la solicitud de detención como una falta de respeto a nuestra soberanía.

Por la información que seguramente le dio el gobierno estadounidense a nuestra Presidenta, sobre la investigación a otros gobernadores y personajes de la política, la Mandataria buscó atajar la petición, alegando falta pruebas. Agotado este argumento, encontró, en la defensa de la soberanía, un mejor argumento. Que mejor arma que crear un ambiente hostil hacia quien nos presiona para juzgar a funcionarios y políticos corruptos. Por eso la Presidenta instruyó a su partido a realizar asambleas en todo el país en defensa de la soberanía. Seguramente en ellas se buscará despertar el añejo resentimiento contra los EUA, recordar cómo nos quitaron la mitad del territorio y estimular el patrioterismo. Esto, en previsión, como dijo la Mandataria, de que pretendan venir por otros. De los primeros, los de Sinaloa, ni quien se acuerde. Intocables y bien cuidados, no en balde estos presuntos narcopolíticos, son de la casa.

Y para rematar, la reaparición del, supuestamente, “político en retiro.” Presto siempre a defender a los suyos y, a su estilo, apoyar a la inquilina de Palacio, aunque ese apoyo sea en detrimento de la investidura presidencial, pues el protagonismo del de Palenque le hace sombra a la Mandataria, con sus dichos y sus hechos. Su intento de salvamento, es politiquería pura. Despierta expectativas en muchos de los heredados, incrustados en el gobierno actual. Se presenta como refuerzo para la Presidenta y protector que el pueblo necesita, ante el “embate” de funcionarios de Estados Unidos que “traman debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de la derecha en México…” señaló en una carta publicada. Su reaparición fue festejada por el morenismo duro, para quien sigue siendo el presidente. Fue el caso de la presidenta de Morena, Adriana Montiel, quien en una perorata se refirió al tabasqueño como “el Presidente.” ¡Vaya lapsus!

Según AMLO, mientras él fue presidente ”(Donald Trump) se abstuvo de hablar mal de los mexicanos y de mencionar el muro…” Una relación maravillosa y respetuosa, solo le faltó agregar, no como la actual. Pero su “amigo” pudiera haberlo incluido en la lista de los buscados y, eso preocupa.