Fue el caso de la presidenta de
Morena, Adriana Montiel, quien en
una perorata se refirió al tabasqueño
como “el Presidente.” ¡Vaya lapsus

Cuando hace 43 días, la Corte del Distrito Sur de Nueva York solicitó al gobierno de nuestro país la detención provisional con fines de extradición de 10 funcionarios de Sinaloa, incluyendo al gobernador en funciones Rubén Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez y al senador, Enrique Inzunza, bajo la acusación de conspirar para importar narcóticos, posesión de armas y dispositivos destructivos y delitos de corrupción y conspiración con el crimen organizado, el gobierno de la 4T reaccionó sorprendido, molesto y ofendido.

Con anterioridad y en lo que va del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, nuestro país ha enviado, a los EUA, sin mayores trámites, violando el debido proceso y sin respeto a sus derechos humanos, a 92 narcotraficantes. Algunos, capos de alto perfil. El gobierno habría justificado esta acción como una medida de seguridad nacional y de cooperación internacional, para impedir que estos operadores siguieran delinquiendo y generando violencia en el país.

Un trámite regular, pues, en la colaboración bilateral en la lucha contra el narcotráfico entre los dos países. Desde entonces, el gobierno de Donald Trump había expresado su insatisfacción por el desempeño de nuestro gobierno en el combate a las drogas. No es suficiente, habían dicho funcionarios del otro lado de la frontera. Y es que, advertían que la expansión de los cárteles y el control que ejercían en varios estados de la República, no podía lograrse sin la complicidad y corrupción en las estructuras políticas y de seguridad mexicanas.

Cuando Trump reclamaba una mayor cooperación en este tema, estaba insinuando que México mantenía oídos sordos a las denuncias en contra de funcionarios sospechosos de apoyar a los cárteles de la droga. Sin decirlo, Trump esperaba que en los traslados que enviaba nuestro gobierno, se incluyeran peces gordos. Pero no narcos, de esos ya tenían bastantes, sino de supuestos narcopolíticos. Algo que nuestro gobierno no tenía intenciones de hacer, considerando que los estados señalados por su alta criminalidad, eran, precisamente, los gobernados por morenistas.

Cansados, suponemos, de esperar la reacción de nuestro gobierno, las autoridades norteamericanas tomaron la iniciativa solicitando la detención con fines de extradición de 10 funcionarios del gobierno sinaloense. La petición cayó mal en Palacio Nacional, colocando al gobierno en una comprometida situación. Por un lado, la presión externa que demandaba la detención de los presuntos inculpados. Por el otro, un pacto no escrito que impone la defensa de los personajes de Morena, al costo que sea, para evitar afectaciones al movimiento. Además de la exigencia, procedente de Palenque, de brindar impunidad a todos los suyos, de antes y de ahora.

De ahí que, en una maniobra de distracción para ganar tiempo y evadir la solicitud del gobierno de Washington, sin tener que rechazarla con argumentos inconsistentes, se contraatacó acusando a los EUA de injerencismo, de intentar vulnerar nuestra soberanía y hasta de buscar influir en los resultados de nuestros comicios de 2027. De la posibilidad que los acusados del gobierno de Sinaloa, pudieran ser culpables, nada. De ese tema, ya no se habla y, de extradiciones, menos. Se dobló la apuesta, calificando la solicitud de detención como una falta de respeto a nuestra soberanía.

Por la información que seguramente le dio el gobierno estadounidense a nuestra Presidenta, sobre la investigación a otros gobernadores y personajes de la política, la Mandataria buscó atajar la petición, alegando falta pruebas. Agotado este argumento, encontró, en la defensa de la soberanía, un mejor argumento. Que mejor arma que crear un ambiente hostil hacia quien nos presiona para juzgar a funcionarios y políticos corruptos. Por eso la Presidenta instruyó a su partido a realizar asambleas en todo el país en defensa de la soberanía. Seguramente en ellas se buscará despertar el añejo resentimiento contra los EUA, recordar cómo nos quitaron la mitad del territorio y estimular el patrioterismo. Esto, en previsión, como dijo la Mandataria, de que pretendan venir por otros. De los primeros, los de Sinaloa, ni quien se acuerde. Intocables y bien cuidados, no en balde estos presuntos narcopolíticos, son de la casa.

Y para rematar, la reaparición del, supuestamente, “político en retiro.” Presto siempre a defender a los suyos y, a su estilo, apoyar a la inquilina de Palacio, aunque ese apoyo sea en detrimento de la investidura presidencial, pues el protagonismo del de Palenque le hace sombra a la Mandataria, con sus dichos y sus hechos. Su intento de salvamento, es politiquería pura. Despierta expectativas en muchos de los heredados, incrustados en el gobierno actual. Se presenta como refuerzo para la Presidenta y protector que el pueblo necesita, ante el “embate” de funcionarios de Estados Unidos que “traman debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de la derecha en México…” señaló en una carta publicada. Su reaparición fue festejada por el morenismo duro, para quien sigue siendo el presidente. Fue el caso de la presidenta de Morena, Adriana Montiel, quien en una perorata se refirió al tabasqueño como “el Presidente.” ¡Vaya lapsus!

Según AMLO, mientras él fue presidente ”(Donald Trump) se abstuvo de hablar mal de los mexicanos y de mencionar el muro…” Una relación maravillosa y respetuosa, solo le faltó agregar, no como la actual. Pero su “amigo” pudiera haberlo incluido en la lista de los buscados y, eso preocupa.

…la Mandataria buscó, con el argumento de
defensa de la soberanía, desatender la solicitud
norteamericana.

La relación entre México y los EUA ha sido siempre compleja. No es fácil tener de vecino al país más poderoso del planeta. Históricamente, nunca lo ha sido, y, en la actualidad, el grado de dificultad se ha elevado, con un mandatario impredecible y autoritario. Obsesionado en hacer realidad su lema de campaña: “vamos a hacer a América (EUA) grande otra vez”. Para lograrlo, Donald Trump no ha parado en mientes, y, en pocos meses, ha alterado el orden, la economía y la paz mundial. Este es el personaje con el que hay que convivir y negociar. Para México es importante mantener una buena relación con el vecino del norte.

Seguridad y narcotráfico, han sido, quizás, los temas más sensibles en la relación entre ambos países. Otra vez, esa sensibilidad se ha agudizado, durante la administración del Presidente Trump. El 20 de enero de 2025, el mismo día de su toma de posesión, firmó una orden ejecutiva que calificaba como organizaciones terroristas extranjeras a varios cárteles latinoamericanos. Esta orden incluyó a los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, entre otros.

En el combate a las drogas, ha habido colaboración entre los dos países. Sin embargo, para la Casa Blanca, el esfuerzo de México no ha sido suficiente.
No son pocas las veces que el mandatario norteamericano ha declarado que los cárteles de la droga gobiernan y controlan nuestro país. Que el gobierno está petrificado por ellos. Que la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene miedo a los cárteles del narcotráfico, y no acepta el envío de tropas norteamericanas que le ha ofrecido, reiteradamente, como ayuda para combatirlos.

Para despresurizar el ambiente, solo en este año México envió a los EUA, 92 narcotraficantes, sin mediar solicitud de Washington ni aportación de pruebas. EUA agradeció el envío, pero quedó insatisfecho. No atendía su interés en personajes que, desde el poder político o del gobierno, estuvieran asociados y/o protegieran actividades de los cárteles de la droga. Los narcopolíticos, pues.

El reclamo subió de tono, cuando EUA solicitó, en base al acuerdo de extradición firmado por ambos países, la detención provisional con fines de extradición de 10 funcionarios y políticos del gobierno de Sinaloa, entre ellos el gobernador en funciones, el presidente municipal de Culiacán y un senador de la República. Entonces ardió Troya.

La Presidenta Sheinbaum, evadió la solicitud del gobierno norteamericano, bajo el alegato de no haber recibido pruebas que justificaran el procedimiento de extradición y le dio vuelta a la hoja. De manera sorprendente, aunque no tanto, por tratarse de personajes de Morena, la Mandataria buscó, con el argumento de defensa de la soberanía, desatender la solicitud norteamericana. Y, para fortalecer esa posición, decidió aprovechar el informe de la celebración de su segundo año de gobierno, un acto multitudinario replicado a nivel nacional, para politizar la petición estadounidense y calificarla como un acto injerencista.

La protección presidencial de los presuntos acusados, puede resultar muy costosa para el país, pero pareciera que la Mandataria, tomó la decisión de enfrentar a los EUA, sin medir consecuencias. Alega defender la soberanía del país. Una postura legítima, salvo por el detalle que está usando el blindaje de la soberanía para proteger, no los intereses del país, sino los de presuntos culpables de narcotráfico. Y es que, a partir de la solicitud de detención para extraditar, la Presidenta acusa al Departamento de Justicia de EUA de intentar convertirse en gran elector en México, “…vienen por unos, luego por otros hasta que, el Departamento de Justicia se convierta en el principal elector de México…”, señaló en su informe.

La Mandataria convirtió su asamblea informativa en un acto político de público apoyo, inconcebible, inadecuado e improcedente, a quienes EUA pretende juzgar como presuntos narcotraficantes. La solicitud de detención, sirvió de pretexto a la Mandataria para curarse en salud y enviar el mensaje de que su gobierno no aceptará otros reclamos de la justicia norteamericana en contra de personajes de la 4T.

Algo le habrá dicho a la Presidenta Sheinbaum, el secretario de Seguridad Nacional de EUA, Markwayne Mullin, en su reciente visita a Palacio Nacional, que la puso en modo alerta, lo que explicaría el inusual tono elevado de su discurso contra los EUA, el domingo pasado.

Si en el tiempo de la Cuarta Transformación, la política contra el crimen organizado fue de abrazos no balazos, ahora, en el segundo piso, pinta para ser de rechazo absoluto a cualquier acusación, proveniente del extranjero, en contra de morenistas. Según la Mandataria, se trata de peticiones injerencistas que amenazan nuestra soberanía. “…cuando del extranjero se dicta quién es culpable o se presiona, es injerencia.” Afirmó. Son campañas contra el gobierno, ataques de sectores de la ultraderecha conservadora de ambos países.

Como control de daños, que difícilmente funcionará, Claudia Sheinbaum eximió al Presidente Trump de la ofensiva contra su gobierno. No creo que encabece estos ataques, señaló. Probablemente no esté enterado de los ataques, concluyó. Habrá que ver qué opina Mr. Trump.

México no es piñata de nadie, absolutamente de acuerdo. Pero, no estaría por demás cuidar que no la vayan a romper. Por aquello del dale, dale, dale.

Qué va a pasar con la opinión que
emitan organizaciones sociales o,
la OEA misma, invitadas por el propio
gobierno como observadores de procesos electorales.

El ansia por deformar nuestra, ya de por sí, vapuleada Constitución, a través de reformas a modo para los propósitos y conveniencias de los gobiernos de la 4T, es lo más parecido a una serie de Netflix, de varias temporadas.

Desde su arribo al poder, hace ya 8 años, el gobierno morenista comenzó la labor de zapa para transformar nuestra Carta Magna en una Constitución permisiva a las ocurrencias y caprichos del “movimiento transformador.” Durante todo ese tiempo, nos han sorprendido, un año sí y otro también, con diversas de reformas impuestas sin análisis, debates ni discusión. Su mejor argumento, la fuerza de una cuestionada mayoría complaciente en el Congreso. Cambios a nuestra Ley Suprema para crear un orden jurídico en el que la 4T pueda hacer y deshacer, a voluntad, una gobernanza que le facilite su permanencia en el poder. Eso sí, dentro del marco legal que ellos mismos han diseñado.

Cada año, una nueva historia que concluye con una nueva reforma constitucional. Son las temporadas de una serie que podría llevar por título, “Desnaturalizando la Constitución”. El eje del guión son las reformas, cada una con su propia historia, los mismos protagonistas, pocos diálogos y un mismo final. Bajo la dirección de Palacio Nacional, a los actores no les es permitido cambiar ni una coma, y hay de aquél que se le ocurra improvisar. Su tarea es aprobar las reformas, como vengan, en el menor tiempo posible. Es la farsa legislativa.

En estas historias, los protagonistas son los legisladores de las bancadas de Morena en las Cámaras de Diputados y de Senadores. Los de la oposición participan como actores de reparto, casi como extras, pues, las más de las veces, ni hablar les permiten y, cuando lo hacen, suelen apagarles uel micrófono.

Estamos ahora en la octava temporada, con la historia de una reforma ideada con perversidad. La supuesta defensa de la soberanía, sería el título. Otra reforma a modo para ponerle más clavos a la permanencia en el poder de la 4T, esta vez, con el pretexto de defender nuestra soberanía ante una hipotética injerencia extranjera en nuestros procesos electorales.

“El contexto geopolítico actual y las experiencias recientes en la región de América Latina han evidenciado el riesgo creciente de que actores extranjeros intenten influir en los resultados de elecciones nacionales, desafiando la voluntad de la mayoría por vías extralegales …” señala la exposición de motivos de la iniciativa. Es la reforma al artículo 41 de la Constitución, que agrega una causal más, a las ya establecidas, para anular una elección federal o local. El texto actual dice:

Art 4I, frac Vl “…La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado.
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley.
c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.”

La nueva propuesta establece:
“d) Exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales.”

Una manzana envenenada, que podrá utilizar el partido oficial en casos de emergencia (derrota electoral). La vaguedad y, por lo tanto, las múltiples posibilidades de interpretación, la convierten en una causal de amplio espectro. Ni manera de acotar las palabras que descalifiquen a un candidato o a una elección. Cómo determinar lo que significa “intervención.” Un comentario, un editorial, un reportaje, una declaración, una opinión, formuladas fuera del país o, en el interior, hechas por un extranjero, si son críticas al poder ¿es intervencionismo?

Qué va a pasar con la opinión que emitan organizaciones sociales o, la OEA misma, invitadas por el propio gobierno como observadores de procesos electorales federales o locales. Tendrán que guardarse su opinión, so pena de ser considerados intervencionistas y se les expulse del país, en caso de no coincidir con el punto de vista del gobierno morenista.

Está visto que, a la 4T, en sus dos pisos, no le gustan las calificaciones, los comentarios ni las críticas provenientes del exterior, aunque se trate de organismos oficiales, acreditados, por aquello de “sus otros datos.”

Rechaza los análisis de las agencias calificadoras de riesgo. No acepta las observaciones de las organizaciones internacionales de derechos humanos, tampoco está de acuerdo con las evaluaciones de la UNESCO y la OCDE, desconoce los resultados de mediciones del Índice de Democracia (Democracy Index), que no favorecen a nuestro país.

Con esta desafortunada reforma constitucional, de ser aprobada, y no veo manera de que no lo sea, los de la 4T continúan en su tarea de desmantelamiento de nuestra frágil democracia.

Oro molido para avanzar en el
rompecabezas de los cárteles
mexicanos y su operación, que tanto
interesa a las autoridades del país vecino.

No entienden que no entienden. Seguramente para el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sinaloa, Edgar Barraza Castillo, las solicitudes de detención provisional con fines de extradición de diez funcionarios y servidores públicos sinaloenses, incluyendo al gobernador, Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázares y al presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, formulada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, acusados por, presuntamente, colaborar con el crimen organizado en el tráfico de drogas, es un tema menor que no debe preocupar mucho.

Y es que, ante las graves acusaciones que pesan en contra de estos personajes, nada menos que de presuntos narco polìticos, el líder estatal de Morena afirma que, tanto el senador como el alcalde, acusados, podrán participar en los próximos procesos electorales. “Si ellos deciden y cubren los requisitos (de la convocatoria), no serían descartables,” declaró Barraza.

Parece que este dirigente no escuchó las palabras de la flamante presidenta nacional de su partido, Ariadna Montiel quien advirtió “en Morena los corruptos no tienen cabida.” Además de señalar que se hará un minucioso escrutinio de las candidaturas, que no se perdonará ningún señalamiento contra alguien por posible corrupción, aunque salga favorecido en las encuestas. Bien por las buenas intenciones de la morenista, aunque deberían de empezar ya por limpiar la casa y recomendar a sus dirigentes estatales más prudencia y mayor sensibilidad política.

El horno no está para bollos. La estrategia seguida por Palacio Nacional en respuesta a la solicitud de la Fiscalía de Nueva York para la detención provisional con fines de extradición de 10 funcionarios y ex funcionarios mexicanos, dejó de ser funcional en el momento en que dos de estos personajes decidieron entregarse, voluntariamente, a las autoridades norteamericanas.

Entonces los insistentes argumentos en defensa de la soberanía y el reclamo de falta de pruebas, pierden sentido. De por sí, calificar de injerencista la solicitud del gobierno norteamericano, siguiendo los protocolos que indica el Acuerdo de Extradición firmado y aceptado por ambos países, resulta un buen discurso para consumo interno, pero inconsistente en su fundamento. La defensa de la soberanía ante la amenaza de un país extranjero, siempre despertará ánimos nacionalistas, sin embargo, es improcedente e inaplicable en este caso. Una solicitud diplomática difícilmente puede considerarse intervencionismo.

La falta de pruebas, que tanto preocupan a nuestra Presidenta y que ella antepone como requisito para poder atender la solicitud norteamericana, de facto se desvanece con la decisión, nada menos, que del ex secretario de Seguridad Pública, General de División Gerardo Mérida Sánchez y el ex secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, de someterse a los tribunales estadounidense. De haberse sentido libres de culpa, no habrían acudido ante la justicia que los está reclamando.

El primero, encargado de dirigir los cuerpos de policía estatales y coordinar esfuerzos con las fuerzas federales y las policías municipales. Además, diseñar y dirigir las estrategias para garantizar el orden público, la paz y la seguridad ciudadana. Mientras el segundo, con la responsabilidad de dirigir la política fiscal, manejar la hacienda pública y administrar los recursos humanos, materiales y financiero del gobierno. Dos funcionarios de alto nivel en el gobierno estatal.

Buscar voluntariamente “el cobijo” de las leyes norteamericanas, solo se puede interpretar como aceptación de algunas andanzas chuecas en que incurrieron. De acuerdo al sistema penal de justicia de EUA, la culpabilidad se puede negociar a cambio de un beneficio, reducción de cargos o sentencias más leves. Estos ex funcionarios están apostando a un “buen” trato de la justicia de ese país, a cambio de información relevante que puedan aportar.

Esto significa que las tan demandadas pruebas, puedan consistir, precisamente, en los testimonios que estos ex funcionarios rindan durante el juicio que se les entable. Oro molido para avanzar en el rompecabezas de los cárteles mexicanos y su operación, que tanto interesa a las autoridades del país vecino.

La seguridad y el combate a las drogas es prioridad de los norteamericanos, no así, de nuestras autoridades. Un mal cálculo que, creemos, poco ayuda a la buena relación con el país más poderoso del planeta. Si al poder militar y económico de los EUA, le agregamos un Presidente indescifrable, volátil (ahora ama a los chinos), impositivo y atrabiliario, conviene no tomar a la ligera sus dichos y amenazas. La más reciente “México está perdido y EU es su única esperanza.”

Algunas resultan balandronadas, otras no tanto. En el tema de la guerra al narcotráfico, tiene muchas fichas que irá soltando para presionar a nuestro gobierno a actuar en contra de funcionarios corruptos. Apostarle al tiempo y a la derrota del republicano en los comicios de noviembre, es muy riesgoso. Es probable que pronto saque otro paquete de políticos acusados de tener relaciones peligrosas y se cierre más el círculo. Convendría cambiar de estrategia de solo reaccionar y tomar la iniciativa.

¿Hasta cuándo y hasta dónde?

Mario Delgado, aportó, con su
ocurrencia de adelantar el cierre del
ciclo escolar, un nuevo tema de
preocupación para Palacio Nacional.

La Nueva Escuela Mexicana, el sistema educativo innovador de la 4T, no deja de sorprendernos, aunque no por sus propuestas de mejora en los métodos de enseñanza ya de por sí muy cuestionables como eliminar el requisito del 80% de asistencia mínima para aprobar el grado escolar o pasar de grado a alumnos aunque hayan reprobado hasta cuatro materias, sino por la facilidad con que se toman decisiones basadas en ocurrencias sin la menor planeación o análisis. Menos mal, que la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum evitó que el ex presidente del partido Morena, Mario Delgado, ahora convertido en titular de la máxima autoridad educativa del país, se saliera con la suya recortando el actual ciclo escolar.

El pasado 7 de mayo, el secretario de Educación informó, a través del boletín 161, que la SEP y autoridades estatales habían acordado, “por unanimidad, cambios al calendario escolar 2025-2026 por calor y Mundial de Futbol.” Según señalaba el encabezado del comunicado. En virtud de este acuerdo, el cierre del ciclo escolar se adelantaba para el 5 de junio, lo que significaba un recorte de cinco semanas al calendario original.

En el texto del documento se mencionaba que esta decisión se habría tomado, de manera colegiada en el marco de la LXVl Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONADEU), “en donde se plantearon necesidades expuestas con anticipación por 10 entidades federativas así como una solicitud presentada en reuniones de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.”

Se indicaba, además, que, para no comprometer el desarrollo del plan y programas de estudio, en agosto se realizarían “dos semanas oficiales dedicadas al fortalecimiento de aprendizajes, enfocadas en reforzar conocimientos y atender las necesidades académicas de niñas, niños y adolescentes.” Que, con esas acciones, las autoridades garantizaban el cumplimiento del plan y programas de estudios, “así como la atención de las necesidades expresadas por las entidades federativas y el compromiso internacional de nuestro país.” Esto último, como si la Secretaría de Educación tuviera algo que ver con el Mundial.

De acuerdo al texto del boletín publicado, este ajuste, así lo denominan, no se podría interpretar de otra manera que como una decisión definitiva. Y, aunque el secretario se deslinda de ser el autor de la propuesta, atribuyéndosela a “10 entidades federativas” (sin mencionar cuáles) y al SNTE, resulta inevitable sospechar que la idea nació en su oficina. Un alivio y apoyo, tal vez, para su correligionaria, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, ante las amenazas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de realizar bloqueos en la capital durante el mundial. Hay que señalar que la Coordinadora de maestros, no es muy activa en períodos vacacionales.

En fin, como si no fuera suficiente con los temas de las solicitudes de extradición de políticos de alta gama; las presiones y ataques del imprevisible Presidente norteamericano; la inseguridad y violencia, cuya percepción va en aumento; las investigaciones en suspenso sobre el huachicol fiscal, las extorsiones, los cobros de piso; la guerra entre los chapitos y la mayiza, que continúa incontrolada; las prometidas inversiones nacionales y extranjeras que no llegan; las herencias y sombras del pasado; la inflación que pende como espada de Damócles, Mario Delgado, aportó, con su ocurrencia de adelantar el cierre del ciclo escolar, un nuevo tema de preocupación para Palacio Nacional.

Al quite, tuvo que entrar la Presidenta aclarando que lo del cierre anticipado se trataba de una propuesta, no de una decisión definitiva y que se volverían a reunir los que de manera unánime, pero sin consulta, habían tomado esa resolución, para analizar la conveniencia o no de la polémica “propuesta.” Todavía, el mismo día que la Mandataria insistía, en su mañanera, que era sólo una propuesta, su secretario de Educación confirmaba, en una gira por Sonora, que las vacaciones iniciarían el 5 de junio, ignorando los mensajes de su jefa. Aún más, recordando sus tiempos de dirigente de Morena, en esa gira, habría organizado, entre estudiantes, una consulta a mano alzada en apoyo a su gran idea.

Delgado se tardó varias horas en rectificar y alinearse a la Presidenta, informando que el tema se volvería a tratar. El lunes 11 de mayo, el CANADEU se volvió a reunir, para desechar, por unanimidad, lo que el 7 de mayo habían aprobado, también por unanimidad. Así concluyó la historia de la impopular e imprudente ocurrencia de Mario Delgado. El calendario escolar se mantendrá sin cambios.

No estaría de más que la Presidenta diera un golpe en la mesa para que no quede duda de quién manda aquí.

Un paquete político de alta gama,
con gobernador y senador en funciones.

Muy a su pesar, Rubén Rocha Moya tuvo que separarse de su cargo, como gobernador del estado, aunque sólo lo haya hecho de manera temporal, mediante una licencia, “mientras dure el proceso de investigación,” dijo en un video difundido el viernes pasado. Solo unas horas antes, el ahora ex mandatario habría declarado que no había nada que temer, por lo que no contemplaba retirarse del cargo, a pesar de los señalamientos de los EUA.

Y es que desde del 28 de abril, el gobierno norteamericano había solicitado, por la vía diplomática, la detención, con fines de extradición, del gobernador Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza, del presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez y siete ex funcionarios más del círculo cercano al mandatario con licencia, bajo la acusación de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos y por tráfico de armas. Un paquete político de alta gama, con gobernador y senador en funciones.

Primer paso del gobierno de los EUA, ante la inacción de nuestras autoridades que, al estilo 4T, no parecen dispuestas a reconocer errores, faltas, desvíos o corrupción en el seno del morenismo. Cualquier denuncia en contra de un funcionario de la 4T, la atajan alegando que sólo se busca golpear al “movimiento.”

El caso de esta solicitud de extradición, no fue la excepción. Tanto Rubén Rocha como el senador Inzunza, deslindaron su responsabilidad con la estrategia de que la acusación, en realidad, no es en su contra, sino que la intención es afectar al movimiento. El exgobernador declaró “No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco…” Mientras que el senador fue, aún, más atrevido al señalar que se trata de un “ataque e insidia” diseñado para golpear al expresidente AMLO y al movimiento de la 4T. Como si estuvieran libres de culpa.

Pero en esta ocasión el blindaje morenista resulta delicado e inconveniente. La acusación es por asociación delictuosa con narcotraficantes, entre otros delitos, algo que seguramente el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, tiene bien documentada con el testimonio de muchos de los capos que nuestro gobierno envió a territorio norteamericano, de manera expedita y sin mayores trámites. Asumir la defensa de estos personajes, envueltos en la bandera de la 4T, puede tener un alto costo político para el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues da la impresión de estar más preocupada en cuidar los intereses del movimiento de la 4T y de algunos de sus impresentables militantes, que por los de la Nación que le corresponde gobernar.

No gustó nada la petición de los EUA. La primera reacción de Palacio Nacional fue calificarla de injerencista. Se declaró que la solicitud carecía de pruebas contundentes que justificaran la petición; que se había violado el principio de confidencialidad, al hacer pública la acusación; que la motivación era más política que jurídica. Y, desde luego, se recurrió al alegato de la defensa de la soberanía, tema preferido para rechazar todo lo que cualquier gobierno extranjero u organismo internacional comenten sobre lo que sucede en nuestro país.

Difícilmente podría considerar injerencista, una solicitud diplomática para la detención con fines de extradición de un exgobernador opaco, cuya relación y complicidad con el cártel de Sinaloa es inocultable. El tratado de extradición, establece un plazo de 60 días para que, quien la solicita, aporte las pruebas que justifiquen la petición. Con la presentación de la solicitud, no se exige que se aporten “pruebas contundentes”. Estas se exhibirán ante el juez correspondiente.

Tampoco existe un compromiso de confidencialidad en esta etapa. Y por lo que toca a la motivación política, pudiera ser, pero está claro que para arrancar este procedimiento deben existir delitos y presuntos culpables y, en eso, se funda la solicitud de extradición. Finalmente, nuestra soberanía no se vulnera por una solicitud de extradición que se atiene a un procedimiento diplomático establecido en un tratado acordado, voluntariamente, por ambos países.

Mucho se ha comentado cuáles son las alternativas que tiene la Presidenta Sheinbaum para salir de este embrollo. Ninguna es sencilla y todas tienen consecuencias políticas internas o externas. Desde hace un buen rato, Rubén Rocha Moya es una carga para Morena. Su triunfo electoral estuvo plagado de irregularidades e injerencia del cártel de Sinaloa que “se portaron bien,” como diría el clásico. Su entrega a los EUA, sería bien vista por nuestro vecino y hasta conveniente en estos tiempos de negociación del T-MEC. Para los duros de Morena, sería inaceptable, con amenaza de fractura interna.

Negar la extradición y exonerarlo de todo delito, dejaría satisfechos a los de la 4T, aunque no a gran parte del pueblo bueno y sabio que vería en esto un retroceso en la guerra contra las drogas y una señal de impunidad y protección a los personajes de Morena. Los EUA y su Presidente Donald Trump lo verían como un acto inamistoso, de falta de colaboración y de cooperación en el combate a las drogas. El calificativo de narco gobierno no nos lo quitaríamos de encima y las pláticas del T-MEC tomarían un rumbo incierto.

Juzgarlo aquí, pudiera no gustarle mucho a los EUA, pero seguramente no lo verían mal, siempre y cuando se trate de un juicio formal, justo y serio.

Ante estos hechos, tanto el INE como
el Tribunal Electoral han guardado
un silencio ensordecedor, evidencia de
su calidad de autoridades a modo.

Quien debería ser ejemplo de respeto a la ley, por aquello de su calidad de partido en el poder, es el primero en infringirla. Morena parece considerar que, precisamente, por esta circunstancia, puede violarla, un poquito o tal vez no tan poquito, sin que la autoridad electoral se atreva a obligarlos a que se ajusten a lo ordenado por la legislación, bajo amenaza de aplicarles una sanción. Algo que difícilmente sucedería.

El pasado 7 de marzo, en su Vll sesión ordinaria del Consejo Nacional, la dirigencia de Morena anunció, las reglas, tiempos y método que regularán la selección de las candidaturas rumbo al proceso electoral de 2027. En esa sesión y como información estelar se dio a conocer el calendario para el proceso interno de selección de aspirantes a cargos de elección popular.

De acuerdo a este calendario, para el 3 de junio del año en curso se hará el registro para coordinaciones distritales federales (en realidad, precandidatos a una diputación federal). El 22 del mismo mes, tocará el registro para coordinadores estatales (precandidatos a una gubernatura); el 21 de septiembre, para coordinaciones municipales (para aspirantes a una alcaldía), y el 8 de noviembre para coordinaciones distritales locales (precandidatos a una diputación estatal).

En estos tiempos de la 4T, basta con cambiarle el nombre a los aspirantes, de precandidatos por el de Coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, para librar la prohibición de actos anticipados de campaña. Esto, no obstante que los coordinadores en realidad son los precandidatos, según lo reconocen y anuncian sin rubor los propios morenistas. Al hacer una interpretación literal de la ley, argumentan que la norma habla de precandidatos, no de coordinadores, por lo que estos no están en el supuesto de la ley. Conveniente interpretación que ignora el espíritu de la ley, su motivo y objetivo.

Pero, esta artimaña les ha dado resultado en procesos electorales anteriores, permitiéndoles a sus “Coordinadores” ventajas como contar con más tiempo de campaña y realizar actos expresamente prohibidos por la ley, alegando que solo están realizando actividades de fortalecimiento de su movimiento, cuando en realidad, están haciendo proselitismo.

La ley establece que “los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo…antes de la fecha de inicio de las precampañas; la violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato” (Art. 226, párrafo 3, LGIPE). De acuerdo a la norma electoral, el inicio de las precampañas no puede ser antes de la tercera semana de diciembre del año anterior de la elección. En este caso, de 2027.

Pues resulta que, siguiendo el mal ejemplo de Morena, otros partidos se las han ingeniado cambiándole también el nombre a sus precandidatos. “Defensores de la Nación,” bautizó el PRI a los suyos; los del PVEM son los Guardianes Verdes; los Coordinadores del Cambio y la Defensa de la Familia son los del PAN. Una burda chapuza para darle la vuelta a los actos anticipados de campaña y arrancar, de una vez, con la promoción de sus aspirantes.

El desorden lo inició Morena y, al amparo de la ceguera de las autoridades electorales que protegen al partido de la 4T, todos los partidos del escenario político electoral nacional buscan trabajar, lo antes posible, en la construcción de las candidaturas de sus aspirantes, para nivelar el piso de una competencia electoral que el partido gobernante desequilibra.

Ante estos hechos, tanto el INE como el Tribunal Electoral han guardado un silencio ensordecedor, evidencia de su calidad de autoridades a modo. En un proceso progresivo, la 4T ha cooptado a los otrora considerados autónomos e independientes Poderes de la Unión. Al Legislativo, con una mayoría calificada obtenida a base de chicanadas y al Judicial, mediante una elección popular de ministros, magistrados y jueces, apoyada con acordeones oficiales.

En este desbarajuste oficial, parece que todo se vale, siempre y cuando quien tome la iniciativa sea el partido del gobierno. Seguir sus pasos es casi garantía de lograr inmunidad ante la ley. En el caso, iniciar sus campañas mucho antes de los tiempos que marca la ley. Algunos disfrazando a sus precandidatos de promotores, defensores o cualquier otra denominación que oculte su verdadera personalidad, pero otros, destapando con descaro a quienes van a impulsar como sus candidatos oficiales. Bajo el cobijo de “no me vengan con que la ley es la ley”, como diría el clásico, el ordenamiento jurídico pierde obligatoriedad, ante las violaciones de que es objeto y la pasividad y tolerancia de las autoridades responsables en aplicarla.

Ante semejante panorama, cabe la pregunta ¿para eso promovieron e impusieron, sin cambiar ni una coma, las reformas a la ley electoral?

Resulta difícil entender porque, una
instancia especializada, se atrevió a tachar
de falso lo que muchos observadores
afirmaron haber visto y que acreditaron
con fotos y videos.

Algo no está funcionando en el equipo de comunicación de la Presidencia. Lejos de cuidar la imagen presidencial, la de la titular, Claudia Sheinbaum, pareciera que los responsables de esta importante y estratégica área, están más preocupados en ignorar, descalificar o desviar la atención de todo aquello que consideran pueda afectar la supuesta inmaculada imagen de su movimiento transformador.

En el concepto cuatroteista, los gobiernos morenistas son perfectos. No cometen errores, faltas ni se equivocan. Y cuando alguna falla es inocultable, el manual de la 4T indica que hay que rechazar toda responsabilidad y endosarla a los gobiernos pasados. Un recurso, cada vez menos efectivo, pues tras siete años en el poder, es difícil cargar culpas a los del pasado remoto sin que el del pasado reciente no salga salpicado. Por principio, no se reconocen yerros, porque aceptarlos perjudica al movimiento, opinan sus “ideólogos”.

El ideario político de Morena establece tres principios: no robar, no mentir y no traicionar. Tres mandamientos que en la práctica sus militantes destacados violan sin rubor. En estas últimas semanas, el segundo mandamiento, no mentir, ha puesto en un brete a la Jefa del Ejecutivo, pues por falta de información o información no verificada por quiénes tienen la obligación de cuidar sus intervenciones, ha incurrido en imprecisiones, por decir lo menos.

Hemos comentado, con anterioridad, que el ejercicio mañanero cotidiano, en Palacio Nacional, resulta riesgoso para la imagen de la Presidenta. La exposición diaria a preguntas irrelevantes, pueden dar lugar a respuestas inexactas, cuando se carece de información. Errores que, la mandataria, no tendría por qué asumir, cuando se trata de temas que debieran ser atendidos por funcionarios de otro nivel. La Presidenta debería contar con la mejor y mayor información, lo que no está sucediendo.

A mediados del mes de marzo pasado, inconsciente e imprudente, una funcionaria de la Secretaría de Hacienda se le hizo fácil asolear sus piernas en un ventanal de Palacio Nacional. La escena fue objeto de múltiples fotos y videos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales. A pesar de estas evidencias, InfodemiaMX, la iniciativa de gobierno creada para combatir la infodemia, las noticias falsas y la desinformación, determinó que se trataba de imágenes falsas, creadas por inteligencia artificial (IA). En contra de esta versión oficial, surgieron más fotografías y videos de la mujer asoleándose lo que hizo que, un caso de importancia menor, ciertamente reprobable por el poco respeto mostrado a instalaciones de gobierno, llegara hasta el nivel de la Presidencia del país.

Cuando en una mañanera se le pidió a la Jefa del Ejecutivo su opinión sobre el tema, la Mandataria se guardó su opinión revirando a quien le preguntaba que mejor le hablara sobre eventos ocurridos en épocas de diversos mandatarios del pasado. Solo hasta 12 días después de ocurrido el suceso, la Presidenta se refirió al tema, enmendándole la plana a InfodemiaMX al reconocer que el hecho sí había ocurrido. Infodemia había mentido y metido en aprietos a su jefa.

Resulta difícil entender porque, una instancia especializada, se atrevió a tachar de falso lo que muchos observadores afirmaron haber visto y que acreditaron con fotos y videos. Para lavar culpas, Infodemia emitió un comunicado rectificando su postura y ofreciendo “una disculpa pública a los lectores y seguidores de esta plataforma.” Sin embargo, la ineficiencia y errores cometidos por los funcionarios responsables de una oficina, nada menos que de la Presidencia de la República, no tuvo ninguna consecuencia. Vaya tolerancia.

El otro caso es más delicado, porque en las mentiras se involucraron varios titulares de dependencias públicas, una gobernadora y, de paso, la Presidenta misma. La tardanza en la reacción y reconocimiento de la verdad del suceso tuvo consecuencias graves. Hasta más de sesenta días después de ocurrido el derrame de petróleo en la sonda de Campeche, se supo que se manipuló la información, negando las verdaderas causas del derrame y evadiendo toda responsabilidad de los funcionarios encargados de atender el caso.

Impensable que, con la tecnología actual, no se hubieran enterado, desde el inicio del derrame, los funcionarios de Pemex y de la Secretaría de Marina. Fotos satelitales mostraban la mancha del crudo en el Golfo de México que iba creciendo. Ambientalistas, pescadores y medios habían dado la voz de alarma sobre el suceso. Al estilo de la 4T, los titulares de Pemex y de las Secretarias de Marina, Energía y Semarnat minimizaron el caso y negaron que la paraestatal fuera responsable del derrame.

Con gran iniciativa la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle repartió culpas, un barco fantasma, no identificado, eso sí, contratado por el gobierno de Enrique Peña Nieto y emanaciones naturales, chapopoteras, eran los responsables del derrame que, según ella, solo se trataba de “gotas y trazas” de petróleo. Infodemia, una vez más, negaba los derrames.

Finalmente, y más de dos meses después de negar la existencia del derrame y de haber mal informado a la Presidenta, resultó que la paraestatal había sido el causante del derrame. Según su director, Victor Rodríguez Padilla, a él y a los mandos superiores el organismo, les ocultaron información. Por eso no me enteré, afirmó. ¿Se la ocultaron durante dos meses? Si esto es cierto, el funcionario no tiene autoridad ni capacidad para dirigir esa empresa. Sus subalternos no lo respetan.
Otra vez el problema, además de las mentiras, es la desinformación en que trabaja el equipo de comunicación de la Presidencia. Por lo mismo, dejan a la titular en la ignorancia y la exponen a decir falsedades en sus mañaneras. No la cuidan. Esto parecería hasta un descuido poco inocente. Y de responsabilidades y consecuencias, cero.

Algo tendrá que hacer la Presidenta para no caer en más situaciones comprometedoras que, tarde o temprano, la obligan a corregir sus propias afirmaciones.

Ocurrencias, caprichos o revanchas
podrían ser la explicación de ese ánimo
destructor del Ejecutivo, en el período
anterior y en el actual.

Cuesta trabajo entender que el proceso de la Cuarta Transformación se haya montado, en su primera y segunda etapa, sobre las cenizas de instituciones arrasadas por decisión presidencial, sin justificación razonable ni argumentos sólidos. Ocurrencias, caprichos o revanchas podrían ser la explicación de ese ánimo destructor del Ejecutivo, en el pasado y en el presente.

El discurso político del entonces Jefe del Ejecutivo, AMLO, decía que había que “acabar con la corrupción” y “ejercer austeridad republicana.” En un documento oficial, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, abundante en argumentos políticos, pero pocos o ninguno derivados de investigaciones, análisis o estudios económicos serios, se leía, “El aparato gubernamental, estaba plagado de instituciones redundantes, de duplicidad de funciones y de oficinas y partidas presupuestales sin propósitos o resultados.” Que se concentrarían funciones y reorientarían los presupuestos dispersos, agregaba.

Todo enfocado a crear un contexto a modo, para concentrar y ejercer, sin sombras ni molestas limitaciones, su poder político. Un sistema jurídico que determinaba funciones y delimitaba competencias para el desempeño de funciones de los tres Poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no estaba en los planes del proyecto político de la 4T. O tal vez sí, pero como letra muerta.

La doctrina señala que la división de poderes busca evitar el abuso y la concentración de poder y establecer controles y equilibrios. Justo lo contrario de los principios que guían los caminos de la 4T. Durante el gobierno del tabasqueño, no hubo poder que se le enfrentara y, cuando lo hubo, la SCJN emitiendo resoluciones para atajar los excesos del Ejecutivo, le costó su existencia. Desaparecieron a la Corte, esto ya en la actual administración, para sustituirla por jueces, magistrados y ministros elegidos por voto directo de una población poco motivada y orientada por acordeones oficiales.

Decíamos que, con pretexto del combate a la corrupción, muchas veces delatada en la retórica mañanera, pero, paradójicamente, nunca seguida de acciones judiciales o del levantamiento de carpetas de investigación, se eliminaron instituciones y programas, sin planeación alguna. Aprovechando la docilidad de un Poder Legislativo, con mayoría morenista, sometida y dispuesta a acatar toda instrucción de Palacio Nacional, se ajusta el marco jurídico, incluyendo la Constitución misma, para darle un mayor empoderamiento a la Presidencia, en detrimento de los derechos ciudadanos.

La lista de las entidades suprimidas es larga. Aquí solo algunas:
El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión Reguladora de Energía, al Comisión Nacional de Hidrocarburos.

También programas como el Seguro Popular y ProMéxico desaparecieron. Ya en el extremo, todo el Poder Judicial Federal, incluida la SCJN, como principal objetivo, sufrió la furia presidencial. Además, fideicomisos (109) e instituciones donatarias y altruistas, mal vistas por Morena por su intromisión en programas sociales, terrenos que el gobierno considera de su exclusividad, por aquello de sus efectos clientelares.

El desmantelamiento nacional continua. El ejemplo más reciente es la abyecta actuación del Poder Legislativo Federal, supuestamente autónomo e independiente, y de los legislativos de los estados morenistas, etiquetados como libres y soberanos. Resulta que una vez superado el mal momento del frustrado Plan A de la Reforma Electoral y concentrados en un sustituto Plan B de reforma disminuida, pero aprobada para evadir el estigma de la derrota, el dictamen se envió para la aprobación correspondiente de, al menos, 17 legislaturas estatales, para consumar la enmienda constitucional.

En el trámite del recorrido nacional de las reformas constitucionales para su aprobación, se ha perdido todo decoro. Los diputados locales se tienen poco respeto. Como si se tratara de una competencia olímpica, se anuncia que, en menos de 12 horas, se lograron los votos aprobatorios de 17 Congresos estatales, validando la reforma constitucional. Una nueva marca de legislación al vapor con dedicatoria de parte de los Congresos estatales. El récord anterior, correspondía a la aprobación de la Reforma Judicial, 21 horas.

Los gobernadores de Morena quieren quedar bien con la titular del Ejecutivo e instruyen a sus Congresos locales a legislar rapidito, hasta caer en el absurdo, como el caso de los diputados de Tabasco, que solo necesitaron 22 minutos para recibir el dictamen leerlo, analizarlo, discutirlo y aprobarlo. Seguramente no se enteraron que habían aprobado una vulneración al principio del municipio libre.

Más que felicitación, a estos diputados habría que exhibirlos por su irresponsabilidad y falta de compromiso con el cargo para el que fueron elegidos. Levantar la mano y aprobar, de manera exprés, lo que envíe el Ejecutivo, no es, precisamente, lo que el pueblo bueno y sabio espera de ellos.

La percepción que hay sobre México
en el extranjero, nada tiene que ver con
lo que, el gobierno de la 4T y su segundo
piso, suponen, va viento en popa.

Ahora sí, nos llovió sobre mojado. Los informes de evaluación practicados por organismos internacionales, a diferentes países, sobre temas de corrupción, impunidad, estado de Derecho, violencia criminal extrema, desapariciones forzadas, asesinatos dolosos y violación de derechos humanos, publicados recientemente, colocan a nuestro país en una posición comprometida, por decir lo menos. Prácticamente en todos estos temas nuestro país sale reprobado.

Sería difícil imaginar que exista un complot mundial en contra de México y que, debido a esto, organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Freedom House, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Comité Contra las Desapariciones Forzadas, entre otros, coincidan en diagnósticos que poco nos favorecen.

La percepción que hay sobre México en el extranjero, nada tiene que ver con lo que, el gobierno de la 4T y su segundo piso, suponen, va viento en popa. Ahora, más que nunca, queda evidenciado que el principio tabasqueño de que la mejor política exterior era la política interior, fue otra desafortunada ocurrencia. Un mito y un gran error que afectó el posicionamiento de nuestro país en el contexto mundial, al negarse a escuchar, ya no digamos atender, y descalificar cualquiera opinión, sobre nuestro país, proveniente del extranjero. La cerrazón como política exterior.

En un mundo globalizado, en particular, en los tiempos actuales, el aislacionismo es inconveniente, improcedente y perjudicial. Como miembros de organismos internacionales, el Estado mexicano ha suscrito y aceptado compromisos y obligaciones con validez global. A menudo, en Palacio Nacional confunden las evaluaciones comparativas a nivel mundial con injerencias inaceptables en los asuntos internos del país y esgrimen la soberanía como escudo y defensa de supuestas agresiones externas. Una soberanía mal concebida, interpretada a conveniencia que, no pocas veces, nos han puesto en situaciones bochornosas.

México mantuvo durante toda su historia, hasta la llegada de “la cuarta transformación” un alto nivel de respeto y, ciertamente de influencia, al menos, entre los países de Latinoamérica. Éramos el hermano mayor con una economía que crecía. El país con estabilidad política, con un nivel de democracia, quizá, no ideal, pero en el que las sucesiones presidenciales se procesaban de manera pacífica, sin mayores incidentes. Con reconocimiento y apertura a la pluralidad política. Nada del país de un solo personaje. Respeto, aceptación y diálogo con quienes pensaban y opinaban diferente. El sistema jurídico, las instituciones públicas, la división de poderes y los organismos autónomos, constituían los contrapesos necesarios para el ejercicio de nuestra democracia.

Pero para quien llegó al máximo nivel político del país, a través de un proceso transparente y democrático, con instituciones y leyes que avalaron y reconocieron su triunfo electoral, una vez en el poder, ya no le convenció ese respeto a la democracia y buscó revertir procesos, leyes e instituciones para imponer la política y conducción del gobierno de un solo hombre.

La cuarta transformación, que así la denominó el fundador de Morena, se convirtió en la devastación de instituciones, leyes y poderes. El Jefe del Ejecutivo de Morena vio con desconfianza y rechazo la libertad y autonomía de los otros poderes de la Unión. Tampoco le pareció conveniente una legislación, perfectible sin duda, que auspiciaba el pluralismo político, respetaba la libertad de acción, la libertad de expresión y amparaba el acceso al poder por la vía de electoral. No en balde las tres alternancias políticas ocurridas sin estridencias, en lo que va del milenio. Algo ha de haber funcionado bien con el marco jurídico existente, sus instituciones y la real y efectiva división de poderes sin sometimiento al Ejecutivo.

Sin poner a juicio las reformas promovidas por el poder morenista, a lo largo de estos siete años de gobierno, varias organizaciones internacionales, Transparencia Internacional (TI), Human Rights Watch (HRW), Freedom House y el Comité Contra las Desapariciones Forzadas, entre otras, han apuntado en sus evaluaciones fallas, omisiones, alertas e inconvenientes derivadas, precisamente, de decisiones, ocurrencias y reformas legales procesadas al vapor, sin análisis, diálogo ni consulta y, cuando ésta la hubo, fue ignorada.

Múltiples reformas a la Constitución para asegurar la permanencia del gobierno de la 4T en el poder. Desaparición del Poder Judicial para sustituirlo por una SCJN y jueces y magistrados a modo, elegidos popularmente, pero con acordeón de por medio. Y la eliminación total de organismos constitucionales autónomos, cuyo objetivo era, precisamente, limitar el poder presidencial y garantizar transparencia y eficacia en áreas técnicas especializadas, han sido la característica de la 4T.

Por supuesto, los resultados desfavorables a nuestro país en estas evaluaciones globales, el gobierno se niega a aceptar y, en contra, ataca a las organizaciones evaluadoras, como si éstas fueran responsables de los números que aparecen en los índices. Atacar al mensajero, se dice; pero no estaría mal un poco de reflexión y análisis de la información publicada. La humildad y el reconocimiento a fallas y problemas son mejor método para superarlos y corregirlos, que la cerrazón y oídos sordos. Hay que ubicarnos en la realidad y dejar de pretender que vivimos en el país de las maravillas.