Los sondeos publicados antes de
la fecha de la jornada electoral,
pronosticaban un triunfo de este partido.

Pues resulta que el pueblo norteamericano, bueno y sabio, se expresó con contundencia en las urnas electorales del pasado martes 3 de noviembre al propinarle a Donald Trump y su Partido Republicano una derrota histórica. Primera vez, desde las elecciones intermedias de 2006, que el Partido Demócrata recupera, simultáneamente, ambas cámaras, Senado y de Representantes, alcanzando, con su mayoría, el control total del Congreso.

En esta ocasión, las encuestas no se equivocaron. Los sondeos publicados antes de la fecha de la jornada electoral, pronosticaban un triunfo de este partido. En el caso de la elección para la Cámara de Representantes, no se dudaba del triunfo demócrata para lograr la mayoría. En ese sentido coincidían las encuestas. En la Cámara Alta, conforme se fue acercando la fecha de los comicios, los sondeos fueron registrando una tendencia favorable a los demócratas que, la vanidad del Presidente Trump, le impidió reconocer. Su menguada popularidad, acabó por desinflarse.

Los números son aplastantes. En juego estaba la totalidad de la Cámara de Representantes, 435 curules. El Partido Republicano tenía la mayoría con 218 representantes, los demócratas contaban con 214. Tras la elección, los azules sumaron 254 dejando a los republicanos con 172 (9 por definir). En la Cámara Alta se disputaban 35 escaños de 100. Mientras que los republicanos tenían la mayoría con 53 escaños, como resultado de esta elección, ahora los demócratas tienen la mayoría con 54 senadores, mientras que los republicanos se quedan con 44 (2 por definir).

También hubo elecciones para gobernador en 36 estados, con el triunfo demócrata en 22 entidades, frente a 12 de los republicanos (2 pendientes de resultado, Alaska y Kansas). El nuevo mapa político señala ahora 28 estados gobernados por los demócratas contra 20 de los republicanos. Interesante la voltereta de algunos estados tradicionalmente republicanos, ahora gobernados bajo los colores demócratas.

Destaca el caso del estado de Texas, bastión del Partido Republicano y segundo en población con 32.1 millones de habitantes. Por primera vez en su historia, será gobernado por una latina, Gina Hinojosa que, asimismo, será la primera titular de un gobierno demócrata desde 1991. También es de llamar la atención el triunfo demócrata en el estado de Georgia, gobernado ininterrumpidamente por republicanos desde el año 2000, y en donde se eligió, como gobernadora, a la primera mujer afroamericana en la historia de los EUA. Ohio, Iowa y Nevada, fueron otros estados, tradicionalmente conservadores, que salieron del dominio republicano.

El estado de California, el más poblado de la Unión Americana con 39.3 millones de habitantes, tendrá ahora, por primera vez, un gobernador latino, Xavier Becerra. En Nuevo México, también se hizo historia. Será gobernado, por primera vez, por una mujer indígena (nativa americana).

Como era de esperar, después del tsunami azul, como se le denominó a la ola arrasadora demócrata, vienen las culpas, exculpas y explicaciones con las que se busca entender el fenómeno y analizar las causas que lo generaron. Por lo pronto, Donald Trump repartió culpas. A los aspirantes perdidosos los hizo responsables de sus propias derrotas; a la cadena de noticias Fox News, le endilgó la culpa por haber tenido “la peor de las cuberturas sobre la jornada electoral.” No haber estado su nombre en las boletas electorales, fue otro de sus argumentos. “Si hubiera estado, habríamos ganado por una victoria aplastante.”

Nada que ver con los desatinos, imprudencias, excesos y ocurrencias de su gobernanza. Seguramente el hartazgo que impulsó la voluntad electoral de los ciudadanos estadounidenses, no fue influenciada por una guerra sin sentido ni futuro que ha tenido un impacto negativo en sus bolsillos. Ni al manipuleo perverso en los precios del petróleo que incrementan el precio de la gasolina de la misma manera que aumentan las fortunas de los especuladores. Qué decir de los aranceles, como arma de extorsión en contra de aquel país que se atreve a reclamar respeto a acuerdos o tratados comerciales vigentes y que, al final repercute en la economía del pueblo norteamericano que ve incrementado los precios de los productos que importan.

A la criminal política migratoria que avala la impunidad de la violencia del ICE con redadas, detenciones y expulsiones violatorias de todo derecho humano, el elector respondió con el triunfo demócrata en las gubernaturas de los 4 estados colindantes con nuestro país, California, Arizona, Nuevo México y Texas, con la mayoría azul en la Cámara de Representantes de sus 4 congresos locales y el control de todos los distritos fronterizos.

El resultado de la elección intermedia de nuestro vecino del norte, es un buen ejemplo de lo que un pueblo hastiado y decidido puede lograr en contra de un gobierno populista, autoritario y caprichoso, que juega con encuestas a modo para autoconvencerse de su popularidad.

Prefirió no incomodar a Guadalupe Taddei
ni con el pétalo de una observación, a pesar de
que, según él, ya sabía que la nave estaba encallada.

Ahora resulta que ya se sabía, desde hace tiempo, lo que estaba sucediendo en los bajos fondos del Instituto Nacional Electoral, pero, por lo visto, se optó por guardarlo como un secreto.

¿Qué pudo haber motivado, a quienes ahora confiesan que ya estaban enterados de malos manejos en la administración del Instituto, para no hacerlo público y actuar en contra del cochinero? Discreción, prudencia, estrategia, lenidad, complicidad o quizás, para no “afectar al movimiento.”

Ya ven ustedes que, cuando alguno de Morena resulta “dedos finos,” se aplica la guía 4T que indica desviar la atención del caso o disminuir su importancia. Ya sea ofreciendo que se hará una investigación ”cuando se tengan pruebas suficientes que justifiquen la apertura de una carpeta.” No obstante que, lo normal es que, tras la denuncia, se inicie una investigación, precisamente, para recabar las pruebas que acrediten o no la presunta culpabilidad. O bien, atendiendo a la retórica mañanera del blindaje 4T, afirmando que se trata de un ataque de la oposición, que la corrupción proviene del pasado neoliberal, que los del PRIAN, robaban más, y cerrar con la lista de los enemigos favoritos del régimen culpándolos de todo lo que se pueda.

Vaya usted a saber cuál fue la razón del silencio, el caso es que, el propio titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente, durante su comparecencia ante comisiones unidas de la Cámara de Diputados (Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y Comisión de Transparencia y Anticorrupción), declaró que, desde mayo de 2025, tenía conocimiento de presuntas irregularidades administrativas y de una red de presunta simulación de contratos. Si lo sabía, calló como momia.

Una delicada información que, el auditor, se guardó ¡año y medio! También, salió con la novedad de que hay 18 expedientes abiertos que involucran a 13 funcionarios públicos y 18 empresas. Que cinco de las indagatorias ya avanzaron a un procedimiento formal de responsabilidades, sin revelar nombres para no afectar el debido proceso, dijo. Lo que sembró más dudas.

Señaló entre las anomalías que detectó, desvío de recursos públicos, abuso de funciones, ocultamiento de conflictos de interés, daño patrimonial y falsificación de documentación fiscal. Todo un catálogo de delitos. detalló como ejemplos, un contrato para adquisición de urnas y mamparas adjudicado directamente con un sobre precio de 26 millones de pesos sobre la propuesta de Talleres Gráficos de México y retraso en la entrega de los productos que el INE sancionó con una pena de $26,000.00, cuando debió haber sido de 40 millones de pesos la sanción.

Según el auditor interno del INE, él cumplía con su función, solo que, suponemos, lo hacía de manera discreta y silenciosa, pues sus investigaciones eran desconocidas. Al menos, públicamente. Este funcionario debería estar también al borde del abismo del desempleo y de una investigación. Por sus declaraciones, se puede concluir que su lealtad y compromiso eran con la ahora ex presidenta del INE, mientras estuvo al frente del Instituto, pero no con la institución. Prefirió no incomodar a Guadalupe Taddei ni con el pétalo de una observación, a pesar de que, según él, ya sabía que la nave estaba encallada.

Otro personaje que afirmó que ya conocía la situación del INE, “desde hace dos o tres meses,” fue Ricardo Monreal, Coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Un político avezado, que alguna vez se le ocurrió jugarla de autónomo, lo que le costó una temporada en el congelador. Entendió entonces que, para sobrevivir en la 4T, había que seguir la línea de Palacio y, mejor que todo, interpretarla correctamente. Suponemos que eso explica el silencio del diputado, que, solo hasta que percibió que Guadalupe Taddei había caído de la gracia de Palacio, habló del tema. Monreal calificó el caso del INE como una crisis sin precedentes, sugiriendo una limpia o renovación profunda de los cuadros técnicos y funcionarios del INE.

Pero no hay que olvidar que, precisamente, cuando Ricardo Monreal era el Coordinador de la bancada morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, se propuso la reforma a la Ley Electoral (LGIPE) que dotó de superpoderes a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dándole facultades extraordinarias para nombrar, directamente, a los titulares de las Direcciones Ejecutivas y unidades técnicas, sin necesidad de tener que consensarlo con el Consejo General del Instituto. Con esto se acabó con una de las características del Instituto que era la colegialidad en la toma de decisiones y nombramientos, y que operaba como contrapeso de la presidencia del INE.

Muy al estilo de la Cuarta Transformación, como sucedió con el Poder Judicial, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ley incomoda porque no permite caprichos u ocurrencias, hay que cambiarla, que para eso sirve la aplanadora morenista en el Congreso. Aunque luego se arrepientan.

El diputado Monreal se niega a reconocer como un error de los senadores haber propuesto esta reforma, pero está claro que, gracias a ella, la titular del INE pudo cometer las corruptelas, excesos, autoritarismo e imprudencia, que llevaron al desastre la conducción del organismo electoral.

La historia política de este partido
ha sido un tanto veleidosa.

El Partido Verde Ecologista de México encontró en la 4T el mejor momento de su carrera política. Siempre un modesto aliado, alcanzó en la LXVl Legislatura una destacada presencia en la Cámara de Diputados con 62 curules. También en la de senadores, está bien colocado, pues cuenta con una bancada de 14 escaños. Con estos números, en el Palacio de San Lázaro, este partido representa la tercera fuerza política, solo después de la aplanadora de Morena que cuenta con 254 diputados y del PAN que tiene 69. Muy atrás queda el otrora partidazo, el PRI, relegado a un penoso quinto lugar con 37 diputados, abajo del Partido del Trabajo que tiene 49. Movimiento Ciudadano (MC) está en último lugar con 29.

En la Cámara de Senadores, el PVEM también logró colocarse como tercera fuerza política con sus 14 senadores, debajo de Morena que tiene 66 y del PAN, con 21. Aquí, el PRI mejora una posición y figura como cuarta fuerza, con 13 senadores, seguido por MC y el PT, ambos con 6.

Este partido lo fundó Jorge González Torres, en 1986. En 1991, obtuvo su registro y González Torres fue su dirigente hasta 2001, cuando le entregó la estafeta a su hijo, Jorge Emilio González Martínez, “el niño verde,” quien lo presidió, formalmente, hasta 2011. Su actual dirigente es Karen Castrejón.

La historia política de este partido ha sido un tanto veleidosa. No le ha puesto peros a ninguna alianza, porque la ideología de los partidos políticos con los que ha competido en alianza nunca ha sido un obstáculo. En la carrera presidencial ha participado como aliado con prácticamente todos los partidos.

En 1988, se fue con la izquierda. Aunque todavía no contaba con su registro oficial como partido político nacional, se sumó al Frente Democrático Nacional que postuló a Cuauhtemoc Cárdenas. En 1994, decidió participar solo, con su propio candidato que fue, precisamente, su fundador Jorge González Torres. Gran fracaso. En 2000, se fue a la derecha, y le fue bien. Compitió en alianza con el PAN apoyando a su candidato Vicente Fox en la “Alianza por el Cambio”. En 2006, optó por incorporarse con el PRI y le fue mal. Roberto Madrazo, candidato de la Alianza por México, sufrió una penosa derrota.

En 2012, el Partido Verde le vio posibilidades al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, y se sumó a la coalición ”Compromiso por México.” Esta vez no se equivocó. En 2018, quiso repetir con el PRI y se unió a la coalición “Todos por México”, que postulaba a José Antonio Meade. Grave error que, sin embargo, corrigió de inmediato. No bien habían pasado dos meses del triunfo electoral del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que el PVEM en voltearle la cara a un abatido tricolor rompiendo su histórica alianza. En el Congreso, el partido del Tucán le cedió a Morena cinco de sus diputados para que este partido pudiera alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
La negociación constituyó un intercambio de favores. Manuel Velasco, entonces, todavía gobernador de Chiapas, había competido en esa elección por una senaduría, que obtuvo. Buscó, entonces, regresar a su estado para concluir su gobierno que terminaba el 8 de diciembre, para lo cual el Senado tendría que otorgarle una licencia. En su primer intento, el Senado, con mayoría morenista, le negó la licencia. Vino la negociación, 5 diputados verdes migraron a Morena y el Senado concedió la licencia al flamante senador que antes le había negado.

Y, mientras que para el Partido Verde ese intercambio de favores no significó ningún secreto. El Coordinador de su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, Arturo Escobar, declararía públicamente que la negociación “les había salido baratísima.” Morena, a través de Mario Delgado, negaría el intercambio de favores, señalando que solo se había tratado de una coincidencia de agendas parlamentarias.

El Partido Verde se ha convertido en un socio valioso y estratégico para Morena, por los votos que aporta para la mayoría calificada. Ya, en el proceso interno de Morena para la elección de los Coordinadores estatales, se notó el trato deferente que se le dio a este partido.

Pero el socio menor busca dar el gran salto y manda mensajes. Ve una oportunidad con el “Pedro Infante de la política” (Manuel Velasco, dixit), lo que quizás no sea muy bien visto por algunos de Morena que tienen otras preferencias. Por su historial, saben que este partido es más pragmático que comprometido. Así que lo tendrán en observación.

Qué pudo haber motivado al senador
Velasco a mover las aguas de la política,
con un tema tan sensible como lo es el de
la sucesión presidencial, sus corcholatas y el destape.

De la nada, bueno, es un decir, porque se advierte gato encerrado, el coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México en el Senado, Manuel Velasco, soltó, hace unos días, una “bomba de tiempo” con aviesas intenciones políticas. Omar García Harfuch, podría ser un proyecto ganador, dijo el senador en una entrevista con la prensa.

El exgobernador chiapaneco hizo esta declaración de futurismo político con jiribilla, tema siempre sensible en nuestro medio político, que a algunos puso nerviosos y, a otros, molestó. Sobre todo, porque el personaje aludido no forma parte de la familia de la 4T. Al menos, así se lo han hecho sentir los que se dicen herederos del legado del señor de Palenque. Quien, por cierto, tampoco ha dado muestras de afecto por el secretario de Seguridad. Ya en el pasado lo vetó, impidiéndole ser el candidato de Morena para la Jefatura de Gobierno de la CDMX, a pesar de haber obtenido la mejor puntuación en la encuesta promovida por Morena.

Al senador chiapaneco, se le “ocurrió” declarar, que Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, es como “el Pedro Infante de la política…Los resultados que ha dado en materia de seguridad, dijo el senador, lo han hecho un personaje popular con las ciudadanas y los ciudadanos, que lo ponen por encima de los partidos políticos. Así lo demuestran las encuestas. Si él decidiera participar en 2030 y mantiene su buen trabajo y la popularidad, sería un proyecto ganador.” Hasta aquí, las palabras del senador del partido Verde, quien, para rematar, recordó que su partido acompañó, políticamente, a García Harfuch, en su campaña para senador y en su aspiración para la jefatura de gobierno de la CDMX.

Esta declaración nos trae a la memoria, cuando, el entonces Presidente AMLO, antes de cumplir su tercer año de gobierno, decidió destapar sus “corcholatas” para la sucesión presidencial, convirtiéndolo en el mayor tema de distracción nacional, que mantendría ocupada la atención de la clase política, la empresarial, las oposiciones y a la población en general, mientras él llevaba a cabo la demolición de las instituciones del país (al diablo con sus instituciones, habría sido uno de sus gritos de guerra). El resultado fue exitoso para el tabasqueño: acabó con las instituciones que le hacían contrapeso al Ejecutivo Federal y operó la sucesión presidencial a placer.

Llama la atención que un político de larga trayectoria, 26 años ininterrumpidamente en cargos de representación popular (dos veces diputado, local y federal, tres veces senador de la República y gobernador de su estado), líder de la bancada del PVEM en el Senado, partido aliado con Morena y, por lo que vimos en la toma de posesión de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, con cercanía con la Mandataria, se aventurara a hacer una especie de destape que poco ayuda al destapado y despierta alertas prematuras, inquietud política y, quizás, hasta un aceleramiento político inoportuno e inconveniente, cuando apenas concluyó el primer tercio del gobierno actual. Vaya, como si al gobierno le faltaran temas para, ahora, estar también pendiente de la grilla política del futurismo.

Qué pudo haber motivado al senador Velasco a mover las aguas de la política, con un tema tan sensible como lo es el de la sucesión presidencial, sus corcholatas y el destape. En particular, con un personaje que, si antes el cacique de Palenque no lo quería, ahora seguramente lo aborrece. Y es que, las labores de investigación del Secretario, indefectiblemente han llegado a personajes del círculo cercano del tabasqueño, que exige y reclama impunidad para todos los suyos. Tampoco los duros de Morena lo quieren. Ya vimos, en el recinto del Senado, a la morenista Malú Micher, muy exaltada, gritarle al senador Velasco que el secretario de Seguridad “jamás será candidato presidencial de Morena.” Y es que las carpetas de investigación se irán abriendo, cuidando que su ritmo no detone un enfrentamiento político antes de tiempo.

¿Se trata de abortar una posibilidad haciéndola pública con mucha anticipación para que se desgaste con el tiempo? Un servicio del aliado del partido en el poder, en el en el escabroso juego de la sucesión presidencial. El problema aquí es que, por el momento, no hay figuras en el morenismo que le hagan competencia al secretario de Seguridad que seguirá dando resultados, más y mejores, si le quitan los límites políticos de los compromisos adquiridos.

La otra interpretación podría ser que el pequeño socio, el Partido Verde, encontró, después de casi 40 años, la posibilidad de adoptar, como propio, a un personaje competitivo para la carrera presidencial Esto le libraría de tener que buscar alianzas, como históricamente ha hecho para sobrevivir en la política, y apoyar al candidato de otro instituto político.

Al grito de yo lo vi primero, el partido Verde da madruguete para que no se lo vaya a agandallar otra fuerza política.
¿Usted, querido lector, qué opina?

Para la clase política del siglo XXl,
el compromiso ideológico es inexistente,
ahora aplica el pragmatismo político.

Siguiendo la tradición electoral de la 4T, de adelantarse a los tiempos establecidos en la ley para el inicio de los procesos electorales, al amparo de la consigna amloista, “No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley,” Morena anunció, el 29 de septiembre anterior, haber concluido con la elección de sus 17 “Coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.” O sea, los 17 candidatos a las gubernaturas que ese partido eventualmente postulará en los comicios del 6 de junio de 2027.

La anticipación en la elección de candidatos a los cargos de elección popular, la lleva a cabo el partido en el poder para tener ventaja sobre sus competidores, en plazos de campaña. Hacerlos más extensos que los que autoriza la ley y aprovecharlos para tener mayor tiempo de exposición de los personajes que postulará como sus candidatos. Los electores pueden conocerlos antes que a sus contendientes y, quizás, hasta mejor. Aunque esto último, no siempre pudiera resultar lo más conveniente, en el caso de algunos aspirantes, que preferirían pasar desapercibidos, dados sus oscuros antecedentes y torcidas trayectorias.

Pero acelerar los tiempos, puede tener también sus inconvenientes para quien los practica. El más grave y más simple, que se les aplique la ley. Esto ocurre, cuando la autoridad juzgadora es imparcial, independiente, objetiva y profesional y cumple con su función de hacer respetar el Estado de Derecho, sin importar el peso político del infractor. Si se violó la ley, al incurrir en actos anticipados de campaña, el violador se hace acreedor a la sanción correspondiente: pérdida del derecho al registro o la cancelación del registro de los candidatos. No hay más.

Lamentablemente, en el caso que nos ocupa, la autoridad electoral, el INE, ha mostrado su parcialidad e inclinación a proteger los intereses de Morena y de la 4T. De diferentes maneras ha buscado evadir las denuncias formuladas en contra del partido en el poder y, al final, ha resuelto que, en los procesos internos de Morena para elegir a sus futuros candidatos a cargos de elección popular, el partido no incurre en violaciones a la ley. Con esta resolución, avalada por el TEPJF, nuestras autoridades electorales, nos adelantan un criterio de mal pronóstico para quienes compitan electoralmente en contra del partido oficial y sus socios, en los próximos comicios de 2027.

Pero adelantar tiempos también puede ocasionar otros sinsabores. Con tanto tiempo libre entre la selección interna y los tiempos legales para su registro, quienes no resultan ser elegidos, pero cuentan con cierta fuerza política local, difícilmente se resignarán a rumiar su derrota. Seguramente buscarán refugio y consuelo en algún otro partido que los pueda postular. Dos factores a su favor. Cuentan con tiempo suficiente para lograr una buena negociación. Además, no hay compromiso ideológico. Para la clase política del siglo XXl, el compromiso ideológico es inexistente, ahora aplica el pragmatismo político. Los principios no cuentan. El compromiso es con quién pueda ser útil, con el que pueda ayudar, con el que convenga a sus intereses. Son los mejores tiempos del chapulineo. A nadie sorprenden ni nadie los ve mal. Y, si no, que le pregunten al PVEM, que en esto se ha doctorado.

Ante la raquítica bolsa de figuras políticas de la oposición, los desechos de Morena, podrían ser aprovechados por los otrora poderosos PRI y PAN. Partidos ahora, muy menguados y con el rumbo perdido, a pesar de los 8 años transcurridos desde el tsunami obradorista. En el pasado, antes del surgimiento explosivo de la 4T, los desechos de estos dos partidos sirvieron de cantera política para la entonces oposición. Sólo hay que ver, quiénes integran la élite del partido en el poder. Un considerable porcentaje de sus miembros destacados, provienen del PRI y algunos del PAN, aunque renieguen de su pasado, empezando por el propio fundador de Morena, varios gobernadores y, que decir, de los integrantes del Congreso. Diputados y senadores han practicado con mucho éxito el chapulineo, alejándose de la oposición para no perder el poder.

De hecho, algo de esto le ha sucedido a Morena con sus socios, principalmente con el Partido del Trabajo que, en la subasta de cargos para las gubernaturas, quedó desplazado. Ninguno de los aspirantes, ya fueran de su partido o de Morena, que la dirigencia del PT veía con buenos ojos para apoyarlos como propuesta de su partido, alcanzó la calificación de la encuesta para ser elegido. Lo que no dejó nada contentos a los dirigentes petistas que, en reclamo, prácticamente impugnaron todos los resultados anunciados por Morena, reclamando la revisión de los mismos.

En algunos casos, la molestia llegó hasta la amenaza de competir de manera independiente. Un suicidio político, pues el PT solo, no tiene como ganarle a Morena, aunque si le podría restar votos, lo que favorecería a los candidatos de la oposición, aumentando su competitividad. Por lo pronto, parece que las aguas se calmaron y el PT llegó a un entendimiento con su socio. No queda claro si también, los aspirantes eliminados se calmaron o haya por ahí algún inquieto en busca de nuevos aires. Pronto se sabrá.

Por lo pronto, se eligieron ya a los que van
por las gubernaturas y, la autoridad, con su silencio,
ha dado su aval sobre la legalidad de ese proceso.

La semana pasada, Morena concluyó su proceso interno para la designación de sus “Coordinadores Estatales para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional,” en los 17 estados en que, en junio de 2027, habrá elecciones para gobernador.

Se trata, simple y llanamente, del nombramiento anticipadísimo de los candidatos a las gubernaturas de 2027, que Morena procesó, incurriendo en actos anticipados de campaña, con la aquiescencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral (TEPJF). Estas autoridades, lejos de cumplir con su función de imponer el respeto a la ley y, ante las denuncias formuladas por partidos políticos (PRI y MC), encontraron una salida para justificar la legalidad del proceso morenista. Si los aspirantes, en sus campañas proselitistas, ofrecen el oro y el moro, pero no piden el voto ciudadano, esas actividades no se consideran actos anticipados de campaña ni sus actores pueden ser calificados de candidatos, de acuerdo al criterio de las autoridades electorales,

Y es que, el eufemismo “Coordinadores,” para sustituir el calificativo de candidatos a quienes, todo el mundo sabe y reconoce como candidatos, resultó eficiente y suficiente para convencer a las autoridades electorales de permitirles hacer campaña para ser elegidos a un cargo interno del partido, aunque en la realidad trabajen para ser candidatos a una gubernatura. Una triquiñuela, ideada por la 4T, para acelerar el destape de sus corcholatas antes de los plazos que marca la ley. Bajo el disfraz de Coordinadores para la defensa del partido en el poder, como si lo necesitara, los eventuales candidatos, ya designados, cuentan con tiempo extra, recursos y los apoyos necesarios para arrancar, con ventaja sobre sus contendientes, en la carrera electoral.

La infracción que comete Morena con el destape anticipado de sus corcholatas no es menor. Las sanciones son severas, pueden llegar hasta la pérdida o cancelación del registro de la candidatura. La autoridad se hace de la vista gorda para no sancionar los procesos internos de elección de quienes, eventualmente, serán postulados a cargos de elección popular, en las elecciones de 2027. Como ella no los considera candidatos, tampoco tienen control sobre el manejo de los recursos, su origen y destino. Un tema muy sensible por el riesgo del uso de recursos públicos y que decir, del crimen organizado.

Por lo pronto, se eligieron ya a los que van por las gubernaturas y, la autoridad, con su silencio, ha dado su aval sobre la legalidad de ese proceso. Viene ahora lo que toca a quienes aspiran para otros cargos del proceso electoral 2026-2027. Diputaciones federales (300) y estatales (1098), correspondientes, estos, a la renovación de los congresos de 31 entidades federativas, con excepción del de Coahuila, que ya lo renovó, previamente. También habrá elecciones para presidencias municipales (1,786) de 30 estados de la República y 16 alcaldías de la CDMX. Solo los estados de Durango y Veracruz están excluidos de esta elección. Su calendario es diferente.

Consumado el destape, los elegidos estarán ocupados en cumplir con las tareas que los estatutos de Morena les imponen y evitar incurrir en actividades que tienen estrictamente prohibidas.

Primero, las tareas que deben hacer, como “Coordinadores”: Organizar reuniones, al menos cada 30 días, para difundir los logros de la Cuarta Transformación; convocar a la unidad, operación cicatriz, con quienes resultaron perdedores; consolidar la estructura del partido en su estado, coordinando la conformación de comités locales y de base para asegurar la movilización de la militancia de cara a los procesos futuros.

Y lo que tienen prohibido, para evitar que los confundan con “candidatos”: no contratar, promover ni permitir la difusión de su imagen en anuncios espectaculares o bardas pintadas; no hacer llamados al voto en sus discursos de asamblea y enfocarse en el partido y el movimiento; no utilizar recursos públicos ni hacer entregas de apoyos en especie para conseguir simpatías. Está prohibido el uso del amiguismo, nepotismo o corporativismo dentro de la conformación de sus redes y estructuras territoriales.

No se si los elegidos estén dispuestos a desviar tiempo, esfuerzo y recursos, en el desempeño de las actividades propias de su papel como Coordinadores para defender a su movimiento. Habrá que revisar, de cuando en cuando, si están cumpliendo con ese compromiso.

Lo que está claro, y resulta fácil comprobar, es lo que tienen prohibido hacer, para que la ley no los alcance, ya como corcholatas destapadas, pero que es, precisamente, lo que estuvieron haciendo todos los contendientes, desde que iniciaron sus campañas “para las Coordinaciones.” La difusión de su imagen en bardas, carteleras y espectaculares fue lo más común. Se veían en todos lados. El reparto de regalos en especie en mítines no se limitó. Y el uso de recursos públicos, aunque no fácil de comprobar, se pudiera intuir en las movilizaciones masivas de personas o en las caravanas de unidades móviles de salud.

Pregunta el ingenuo, si con la postulación casi en la bolsa, los “Coordinadores” dejarán de hacer lo que han venido haciendo en estos últimos meses, en desacato a lo ordenado en los documentos internos de su partido, cuando más lo necesitan hacer, ahora que se van a enfrascar en la auténtica competencia electoral.

Habrá quién pueda explicar ¿cómo es
que el poder del estado, tras dos años
de guerra interna, sigue siendo incapaz de poner
orden y paz en Sinaloa?

Conforme se acerca la fecha de las elecciones en los EUA, los comentarios negativos del gobierno estadounidense sobre nuestro país, en el tema del combate al narcotráfico, serán más frecuentes y más agresivos. Cosas de la política interna de Washington, que busca mejorar la imagen de su Presidente, ahora en caída libre, por lo que urge recurrir a cualquier tema que pueda repercutirle votos favorables a los Republicanos para retener sus mayorías en el Congreso. Por su vecindad, México y la guerra contra los cárteles de la droga, ahora catalogados como Organizaciones Terroristas, resulta un tema de relevancia para la agenda electoral.

Hace unas semanas, comentábamos las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio sobre la lucha contra el narcotráfico en nuestro país, durante una gira por Ecuador, Perú y Colombia Los cárteles de las drogas son una amenaza transfronteriza creciente, señalaba. Calificaba de insuficientes los esfuerzos de México para enfrentarlos. Lo ideal, decía, es combatirlos en coordinación con el gobierno mexicano, pero, “eventualmente, tendrán que ser enfrentados de una u otra forma,” era la advertencia.

A partir de que, después de cinco meses, no ha habido respuesta positiva de parte del gobierno de México, a la demanda de detención con fines de extradición de 8 funcionarios sinaloenses (2 optaron por entregarse para ser juzgados en los EUA), acusados por las autoridades norteamericanas de supuestamente colaborar con los cárteles de la droga, la molestia y la desconfianza de las autoridades norteamericanas es inocultable. De ahí, que el tono de los mensajes sobre una acción directa de las agencias de seguridad estadounidenses, se ha elevado.

Comentarios como el del secretario de Estado que deja abierta esa posibilidad, se repiten en declaraciones de otros altos funcionarios del gobierno. “Los buscaremos y los haremos rendir cuentas”, dijo la zar antidrogas, Sarah Carter. Terrance Cole, director de la DEA, ha dicho que Washington no se detendrá en su lucha contra el crimen organizado, independientemente si cuenta o no con el aval formal de las autoridades mexicanas. El director de la FBI, Kash Patel, sostiene que la cooperación mexicana histórica ha sido incoherente y desigual, por lo que el FBI actuará basándose en sus propias carpetas de investigación si detectan complicidades en el aparato estatal.

Quzás en Palacio Nacional observen estas declaraciones solo como una estrategia política en tiempos de campaña, sin intención de llevarlas a la práctica. Pero sí, efectivamente, tienen algo que ver con una campaña política, aunque también es cierto que, para la Casa Blanca, la lucha contra las drogas y sus colaterales va en serio y que, si nuestro gobierno no reacciona en el tema de los narcopolíticos, nada garantiza que, en un arrebato del Mandatario estadounidense, nos sorprendan con “una operación Maduro” y se lleven a cualquiera de los dos peces gordos, el gobernador con doble licencia o el senador, rebelde y sin partido.

La Presidenta rehuye el tema de la investigación a los presuntos narcopolíticos. Primero, con el argumento de que no hay pruebas fehacientes que justifiquen la urgencia de su detención. Luego, enarbolando una bandera nacionalista, la defensa de la soberanía, calificando de injerencista la solicitud de detención de funcionarios públicos (morenistas), acusados por los EUA de presuntos actos criminales.

Ya de plano, en una increíble interpretación extensiva de la perversidad del injerencismo, en tono de campaña, la Mandataria Sheinbaum atribuye a la intervención norteamericana la causa de la violencia que sacude a los sinaloenses. Fue la razón de la fractura y el enfrentamiento mortal entre los dos grupos del cártel de Sinaloa, los Chapitos y La Mayiza, afirma. Y es que, dice la Mandataria, los agentes norteamericanos actuaron sin avisar ni coordinarse con el gobierno mexicano. Golpearon el avispero y ahí están las consecuencias.

Según se deduce de la interpretación de las palabras de la Mandataria, antes del secuestro del Mayo Zambada, en Sinaloa reinaba la paz. Este narcotraficante vivía tranquilamente sin amenaza de ninguna autoridad, porque no existía ninguna carpeta de investigación en su contra. Lo que vino a acabar con la calma que reinaba en el estado, fue la injerencia de los EUA con el secuestro y detención del Mayo, en julio de 2024. El cártel de Sinaloa se dividió y ardió Troya.

Pero de acuerdo a la declaración de los propios protagonistas, en el operativo para el secuestro del Mayo, no hubo participación de agentes extranjeros. La violencia, entonces, habría que achacársela a otro factor y no a una injerencia extranjera que, según afirman los que saben, no existió. Peor aún, si antes no había violencia era porque existía una pax narca, algún arreglo inmencionable entre autoridades y capos del narco. Ningún mérito de las fuerzas de seguridad locales ni federales.

Dos años después del secuestro, el enfrentamiento abierto entre los dos grupos continúa sin control. A la fecha, la violencia registra casi 4 mil homicidios dolosos, 4,400 personas desaparecidas y 12,400 vehículos robados. El gobierno federal ha enviado cerca de 20,000 elementos, 15,000 efectivos corresponden al Ejército y a la Guardia Nacional. Aunque se dice que los homicidios han disminuido considerablemente, la realidad que viven los sinaloenses todavía es de terror.

Habrá quien pueda explicar ¿cómo es que el poder del Estado, tras dos años de guerra interna, sigue siendo incapaz de poner orden y paz en Sinaloa.

Hay desconfianza desde cómo se
han nombrado a los más recientes consejeros,
además, por la inocultable cercanía de
algunos con el gobierno de la 4T.

Entre gritos, porras y reclamos, Morena continúa el proceso de destapes de sus corcholatas, léase candidatas o candidatos, a las 17 gubernaturas que estarán en juego en los comicios de junio de 2027. Pura felicidad para quienes resultaron los elegidos para obtener el eufemístico título de Coordinador(a)de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, o sea, para que nos vayamos entendiendo, el derecho a competir por una gubernatura como candidatos de Morena.

El gobierno de la 4T ha impuesto formas y tiempos en los procesos electorales, que se han convertido en prácticas consuetudinarias, a ciencia y paciencia de las autoridades electorales. Los tiempos de precampañas, destapes y campañas de candidatos, de acuerdo a la ley electoral vigente, inician en enero, marzo y abril, respectivamente, del año de la elección. Ante esto, Morena consideró, desde que asumió el poder, que necesitaba más tiempo para sus campañas. Reformar la ley para este objetivo no representaba ningún problema para Morena, ante su dominio mayoritario en el Congreso, sin embargo, la propuesta no resultaba popular, ante el alud de críticas que generaría el alto costo de las campañas. Así que se buscó una triquiñuela para alargar las campañas, cambiándole la calidad de candidatos, a quienes competirían por Morena para las gubernaturas, por el eufemismo de Coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Esta estratagema, sumada a la complicidad de una autoridad que, debiendo hacer cumplir la ley, finge demencia, permitió que Morena iniciara el proceso de selección de sus candidatos a las gubernaturas desde el mes de mayo pasado, con una ventaja significativa sobre sus competidores en la contienda electoral. Conforme a su calendario, Morena está en pleno destape de sus corcholatas, las que, una vez definidas, continuarán en campaña, todavía con cuatro meses de anticipación a los tiempos de ley.

Además de los ajustes al orden jurídico a través de reformas de ley y sus prácticas consuetudinarias a modo, la 4T cuenta con una condescendiente autoridad electoral, que se niega a reconocer la eufemística estratagema. Sólo para esa autoridad (INE), quienes se presentan como candidatos, declaran y actúan como candidatos y hacen campaña, mítines y recorridos casa por casa, como candidatos, no son candidatos porque no hacen llamados al voto. Por lo mismo, según el Instituto, no se incurre en actos anticipados de campaña.

Algo más. Extrañamente, el Instituto dio marcha atrás en la emisión de reglas adicionales para regular los procesos internos de los partidos políticos, por lo que Morena y los partidos que se le sumen, podrán continuar con la práctica de disfrazar a sus candidatos con el cargo partidista interno de Coordinadores.

El INE no comienza este proceso en su mejor momento. Desconfianza, quejas, reclamos, acusaciones, desacuerdos internos, renuncias inoportunas, nombramientos provisionales y problemas presupuestales, distraen su atención. Circunstancias muy distintas y distantes del INE que mereció reconocimientos internacionales por su modelo operativo y el servicio profesional de su personal civil o cuando fue distinguido como una institución clave para garantizar el respeto al sufragio y la voluntad popular bajo altos estándares de certidumbre legal, entre otros.

El actual Instituto, genera más dudas que certezas en la imparcialidad de su desempeño como árbitro electoral. Hay desconfianza desde como se han nombrado a los más recientes consejeros, además, de la inocultable cercanía de algunos consejeros con el gobierno de la 4T.

Sin la menor preocupación por cuidar la cualidad más preciada del Instituto que es su autonomía, en la ceremonia de inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027, las autoridades del Instituto consideraron conveniente tener como invitada de honor a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Algo que se había evitado durante 30 años, a partir de la reforma electoral que desvinculó al gobierno del manejo y conducción de los procesos electorales. Una evolución importante en el fortalecimiento de nuestra democracia, que no fue fácil ni rápida y que habría que cuidar para que el gobierno se mantenga, respetuosamente, ausente y ajeno en el desarrollo de los procesos electorales del país, evitando tentaciones.

Tras señalar que los cárteles representan
una amenaza transfronteriza creciente,
el funcionario afirmó que su intención es
combatirlos en coordinación con México, pero
advirtió que, “eventualmente, tendrán que
ser enfrentados de una forma u otra”.

Son muchos los mensajes, en tonos y estilos variados, que la Casa Blanca envía constantemente a nuestro gobierno en relación a la cooperación entre ambos países en el combate al narcotráfico. El denominador común, en casi todos, es un reconocimiento al gobierno mexicano en esta lucha. Así lo han expresado diversas autoridades norteamericanas, como el secretario de Estado, el Fiscal General, la Zarina Antidrogas, el director de la DEA, hasta mandos militares del Comando Norte y del Pentágono, entre otros.

“Disposición sin precedentes,” “colaboración a niveles récord,” “Nunca habíamos visto algo así, no con esa cooperación,” son algunas de las expresiones de los funcionarios estadounidenses sobre la actuación del gobierno mexicano en este tema. Pero, siempre hay un añadido al elogio que constituye el mensaje que a la Casa Blanca le interesa enviar, no solo a México, sino más allá de nuestras fronteras. Si bien, reconocen el esfuerzo, invariablemente expresan su insatisfacción, a manera de reclamo, de que lo que hace México no es suficiente. Que queda mucho por hacer. Que “los cárteles de la droga están totalmente al mando de México”. Hasta han llegado a calificar a nuestro país como “el epicentro de la violencia de los cárteles.”

Y es que, a partir del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la colaboración entre los dos países marcha viento en popa. La detención de narcotraficantes y su envío a los EUA para ser juzgados por las autoridades de ese país, se da de manera expedita y fluida. Salvo, cuando el gobierno de Washington reclamó acciones punitivas contra funcionarios públicos o políticos mexicanos, supuestamente vinculados con los cárteles de la droga, en que la colaboración se accidentó y se acabó la fluidez. El tema se politizó y la buena disposición en extradiciones chocó con un muro infranqueable: la defensa de la soberanía. Un rebuscado argumento ideado en Palacio, para disimular la impunidad.

EUA no dejará de insistir en su reclamo para que el gobierno de México actúe contra presuntos narcopolíticos, ya sea que los detenga y someta a juicio o, bien, los extradite a los EUA, para que allá los juzguen. Tampoco hay duda, sobre la negativa del gobierno de la 4T a someter a juicio a presuntos narcopolíticos (si se trata de militantes de Morena, menos). No existen pruebas, es el pretexto. En el colmo del mundo feliz de la Cuarta Transformación, se piensa que no hay connivencia de autoridades del gobierno de Morena con los cárteles de la droga. Suponemos que, por eso, no se abren carpetas de investigación. Si no hay sospechosos, no puede haber investigaciones.

Aferrados al modo negación sobre la existencia de narcopolíticos, en Palacio Nacional se buscan otras razones para explicar las presiones y los dichos negativos de nuestro vecino en el tema del combate al narcotráfico. Según la Presidenta, no es que EUA descalifique, con esas críticas, las acciones del gobierno mexicano en esta lucha, sino que obedecen a circunstancias de política interna. Se trata, señala la Madataria, de estrategias de campaña ante las próximas elecciones en la Unión Americana. Por eso la Presidenta les pide que no utilicen a nuestro país en sus temas de campaña. México no es piñata de nadie,

Con esta interpretación, se pretenden ignorar los mensajes y las solicitudes del gobierno norteamericano para la detención con fines de extradición de posibles narcopolíticos. Una actitud riesgosa y poco conveniente para nuestro país, pues el mensaje que se envía podría interpretarse como protección del gobierno mexicano a personajes obscuros. Si ya de por sí se nos califica de narco gobierno.

Sería irresponsable tomar a la ligera lo expresado por Marco Rubio, el secretario de Estado de EUA, en su gira por Ecuador. Tras señalar que los cárteles representan una amenaza transfronteriza creciente, el funcionario afirmó que su intención es combatirlos en coordinación con México, pero advirtió que, “eventualmente, tendrán que ser enfrentados de una forma u otra”. O sea, con o sin su socio.

Algo andarán tramando nuestros vecinos y socios, porque, casualmente, en días pasados, la cadena de televisión NewsNation difundió un documento interno del Departamento de Estado de los EUA, en el que se detallan planes para emprender acciones más agresivas contra el crimen organizado transnacional. El documento incluye una encuesta, levantada en nuestro país, sobre la opinión de ciudadanos mexicanos ante posibles acciones de EUA en contra de grupos criminales que operan en México.

Según esta consulta, la mayoría de los encuestados estuvieron de acuerdo en que EUA tome medidas contra los cárteles que operan en México; que estas acciones ocurran sin notificar previamente a los funcionarios del gobierno mexicano, además de opinar a favor de los procesos criminales abiertos en contra de funcionarios de nuestro país en Cortes de EUA por ligas con el narcotráfico.

Sobre el sondeo no se dice quien lo levantó ni menos quién lo ordenó, pero es de llamar la atención que se filtre, casi en las mismas fechas en que el titular del Departamento de Estado, andaba de gira confirmando la incorporación de tres países, Ecuador, Perú y Colombia, al Escudo de las Américas, coalición creada por el Presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico. Gira en la que, por cierto, el funcionario tuvo muy presente a nuestro país, al que le dedicó varios mensajes.

Ahora en el poder, resulta una práctica
común del partido oficial, amparado en
la frase del clásico “A mí no me vengan con
el cuento de que la ley es la ley.”

Este jueves, 10 de septiembre, inicia, formal y legalmente, el proceso electoral para los comicios del 6 de junio de 2027. A partir de esa fecha, comienzan a correr los términos y plazos de las diferentes etapas previas a la jornada electoral que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Sobre estos, vale la pena destacar la fecha de arranque de las precampañas: primera semana de enero del año de la elección y, su duración, no más de 40 días (elección de diputados federales) (Art. 225). El registro de los candidatos de los partidos ante la autoridad electoral, entre el 22 y el 29 de marzo (Art. 237), y la duración de sus campañas, sesenta días máximo (Art. 251).

En este proceso se elegirán 500 diputados federales, 17 gubernaturas (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas), de las cuales 12 gobierna Morena, 3 el PAN, una Movimiento Ciudadano y una el Partido Verde Ecologista, 1,098 diputaciones locales en 31 entidades, 18,057 cargos en ayuntamientos en 30 estados y 437 en presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías (INE).

Participan 8 partidos políticos, Morena, PAN, PRI, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Somos y Partido Paz. Estos dos últimos, partidos de reciente creación, se estrenan participando cada uno por su cuenta, pues la ley no les permite formar alianzas con otros partidos en su primer proceso electoral. Una jornada electoral grande y compleja, a decir del Instituto Nacional Electoral (INE), con un padrón que supera los 100 millones de electores.

Aunque, de acuerdo con la ley, las precandidaturas y sus correspondientes campañas deberían iniciar hasta los primeros días de enero de 2027, Morena, decidió aplicar, una vez más (en 2021 lo hizo, por primera vez), una triquiñuela para darle vuelta a la ley y poder adelantarse en el proceso de elegir a sus candidatos a los cargos de elección popular, varios meses antes del plazo que señala la ley y tomar ventaja sobre los otros partidos contendientes en el proceso.

Con el eufemismo de nombrar como “Coordinadores Estatales de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, a quienes serán sus precandidatos y, posteriormente, sus candidatos, argumentan que no violan la ley, porque no se trata de actos anticipados de campaña, pues los aspirantes, en su autopromoción para ser elegidos como “coordinadores,” no solicitan el voto en sus mítines, giras y eventos masivos. Sin embargo, no cabe duda que estos eventos se parecen mucho a las campañas, pues reparten despensas, hacen promesas, distribuyen volantes y realizan acarreos para mostrar su músculo.

En la elección intermedia del gobierno pasado, en 2021, Morena implementó esta estrategia, y les funcionó. En los siguientes comicios repitieron el esquema que llegó al climax en la elección presidencial, cuando el de Macuspana decidió destapar a sus corcholatas con tres años de anticipación. Todo a ciencia y paciencia de unas autoridades electorales complacientes y muy agradecidas con el poder. Las quejas de la oposición fueron ignoradas y, aquello de piso parejo que reclamaban los de Morena, cuando eran oposición, para que se regularan y sancionaran los actos anticipados de campaña, ya no les preocupa. Ahora en el poder, resulta una práctica común del partido oficial, amparado en la frase del clásico “A mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley.”

Para esto comicios, Morena no se anduvo con rodeos. Desde el mes de marzo pasado, casi un año antes de la fecha legal, en la Vll Sesión Ordinaria de su Consejo Nacional, su dirigente anunció el calendario para los destapes de sus seudo, coordinadores, léase precandidatos-candidatos a las gubernaturas y diputaciones federales. En entrevistas y declaraciones, los mismos morenistas, dirigentes y miembros destacados, se refieren a ellos como los candidatos a los distintos cargos, aunque después corrijan y hablen de coordinadores.

Solo para las autoridades electorales, este eufemismo no es tal, pero el mal ejemplo cunde. Para tratar de emparejar el terreno, otros partidos, el PAN y el PRI, han acudido a la misma fórmula, para designar a sus futuros candidatos y no esperar a que lleguen los tiempos de ley para hacerlo legalmente, quedando la sanción a los actos anticipados de campaña como letra muerta.

En contraste con anteriores procesos electorales, el INE y el TEPJF, muestran una involución. Lejos quedó la imparcialidad institucional, ante los mensajes que conllevan varias de sus resoluciones. Podríamos decir que por sus votos los conoceréis. Tanto en el INE como en el Tribunal, las resoluciones a favor de los intereses del gobierno, están aseguradas. En ambas instituciones suman mayoría los consejeros y magistrados que solo tienen ojos para la 4T.

Además del rechazo a sancionar a Morena por sus anticipadísimos actos de campaña, hay otras resoluciones de estos órganos que causan sospechosismo por los criterios expuestos. Es el caso de las llamadas boletas planchadas. Se proponía que se declararan inválidas las boletas que no presentaran dobleces ante la presunción de que no entraron a la urna como voto de la ciudadanía. El INE se opuso a que se declararan inválidas, porque, según la presidente del Instituto, Guadalupe Taddei, “las facultades de los Consejos Distritales es declarar la validez de la elección y no la de los votos.” De acuerdo a este criterio, una elección puede ser es válida, aunque los votos que la sustenten resulten inválidos.