Lo que le funcionó bien a Trump,
en un principio, su amenaza de aranceles
a diestra y siniestra y a nivel global, que
dobló voluntades, ha perdido efectividad
en países que le han salido respondones.

Imprevisible como el que más, el Presidente de los EUA, Donald Trump, continua con el manejo de los aranceles, como su arma favorita, para amedrentar y ablandar a los países que no se ajustan a sus caprichos o a sus ocurrencias. A partir de que asumió la Presidencia del país más poderoso del planeta, hace poco más de un año, este Mandatario encontró la fórmula para gobernar sin necesidad del aval del Congreso a través de la firma de órdenes ejecutivas. Sólo en su primer año de gobierno, emitió 225 de estas órdenes.

A Trump le urge ganar tiempo. Sólo cuenta con tres años más para cumplir sus promesas de campaña y concretar sus obsesiones expansionistas. Pero, además, tiene otra amenaza más próxima. En noviembre de este año se llevarán a cabo las elecciones intermedias en su país, en las que corre el riesgo de perder el control de la Cámara de Representantes. Actualmente las encuestas no le favorecen, pues anda por abajo del 50 por ciento en las preferencias y sigue en descenso. De perder el republicano parte del Congreso, su acelerado gobierno se verá obligado a bajar el ritmo, ya que se verá en la necesidad de negociar con la oposición, que no siempre aceptará sus ocurrencias. Además, tendrá que cumplir con enfadosos requisitos que imponen las leyes para la legalidad de sus actos de gobierno.

Lo que le funcionó bien a Trump, en un principio, su amenaza de aranceles a diestra y siniestra y a nivel global, que dobló voluntades, ha perdido efectividad en países que le han salido respondones. La imposición de estas medidas, ha alterado la economía mundial y afectado la economía norteamericana. Entre otros, por el aumento en los precios de los productos importados. Finalmente, el consumidor norteamericano es el que paga esos incrementos.

El manejo que ha hecho el Mandatario estadounidense de estos derechos aduaneros como arma de presión y amedrentamiento, ha topado, en ocasiones, con reacciones inesperadas por parte de algunas naciones dispuestas a responderle con la misma moneda. Además, ante las reacciones negativas en los mercados, Trump ha tenido que dar marcha atrás con sus órdenes ejecutivas. Algo que, al cabo de un año, se ha convertido en una práctica recurrente. A este estilo de poner y quitar o reducir aranceles, sin más, el columnista del diario británico Financial Times, Robert Amstrong, lo bautizó como “Trump siempre se acobarda” (TACO, por sus siglas en inglés). Lo que ha ocurrido, no pocas veces.

El más reciente ejemplo del TACO, ocurrió hace poco más de una semana, cuando este Mandatario amenazó a los países europeos, que se oponían a su intención de apoderarse de Groenlandia, por las buenas, compraventa, o por las malas, intervención militar, con imponerles un arancel del 10 por ciento, a partir del 2 de febrero, que podría elevarse hasta un 25 por ciento, si para el primero de junio no se llegaba a un acuerdo sobre la compra del país danés.

Los países amenazados Dinamarca, Reino Unido, Finlandia, Suecia, Alemania, Noruega, Países Bajos y Francia, le plantaron cara al magnate. No nos dejaremos chantajear, le dijeron. En una respuesta firme y coordinada de la Unión Europea (UE), se consideró la posibilidad de activar el Instrumento Anticoerción. Una “bazuca comercial” le llaman, diseñada para proteger a sus estados miembros ante una coerción económica proveniente de otros países. Las medidas de este Instrumento van, desde la disuasión hasta el cierre del acceso al mercado único de UE, en casos extremos. Esta amenaza, que no es menor por el alto costo que podría significarle a las empresas norteamericanas y su impacto en la economía mundial, “convenció” al Presidente Trump, para moderar su prepotencia y cancelar los aranceles anunciados.

Pero, Trump es Trump y, si bien anunció la cancelación de sus amenazantes aranceles, no desiste en su intención de apoderarse de Groenlandia, cuya soberanía, los países europeos están decididos a defender. El Mandatario alega que necesita a Groenlandia desde el punto de vista de seguridad nacional, ante la amenaza que, según él, representan China y Rusia, pero en el fondo hay otras razones. El acceso y explotación de sus ricos yacimientos de petróleo, gas, oro, titanio y, en particular, tierras raras, indispensables para la industria militar. Este país ocupa el octavo lugar mundial en reservas de estos elementos químicos. Y la tercera razón del interés trumpiano por esta enorme isla, es de imaginar, su obsesión imperialista.

Groenlandia y la Unión Europea no la tienen fácil.

Hay que entender que la Jefa del
Ejecutivo es la Presidenta de todos
los mexicanos, no solamente de
los de Morena y sus aliados.

Continúa el avance incontenible e irremediable de la propuesta de Reforma Electoral que la Presidenta Claudia Sheinbaum, en un alarde de autosuficiencia, decidió encargársela a los más cercanos colaboradores de su gobierno y, para que no hubiera duda sobre los contenidos, intereses y la línea que debería seguir la propuesta, denominaron “Comisión Presidencial para la Reforma Electoral”, al grupo de trabajo conformado.

Lo anterior refleja el concepto de pluralismo e integración que tiene el gobierno morenista, cuando para la elaboración de la propuesta que se enviará al Congreso, no incluyó a ninguna figura independiente, imparcial, algún experto en la materia que aportara “otros datos” que podrían enriquecer la propuesta. Lamentable, porque esta reforma impactará en la democracia del país, con repercusiones en su futuro político, además de su obligatoriedad para todos los ciudadanos mexicanos, simpatizantes o no de la 4T.

Conviene recordar, que de los 58.6 millones de votos válidos emitidos en la elección presidencial pasada, si bien, la Presidenta obtuvo 35.9 millones de votos, los que votaron por otras opciones sumaron 22.7 millones, que no son pocos, de un padrón total de 98.4 millones de posibles votantes. Hay que entender que la Jefa del Ejecutivo es la Presidenta de todos los mexicanos, no solamente de los de Morena y sus aliados. Durante su campaña presidencial y como candidata de Morena, sus discursos estaban dirigidos a sus partidarios y a convencer a quiénes no lo eran. En eso constituía su tarea. Pero asumido el cargo, su responsabilidad es gobernar para todos, propios y extraños de la 4T, porque ella representa a México y a toda su población.

Por eso consideramos un grave error de origen que, para la elaboración de una propuesta de reforma electoral, la Presidenta de todos los mexicanos, creara una comisión integrada únicamente por miembros de su gabinete, mostrando, abiertamente, una parcialidad incompatible con su cargo. Ignorando a los millones de ciudadanos que hay en la oposición o que piensan diferente, como si no existieran. En el colmo, tampoco incluyeron a ningún representante de los partidos aliados a Morena, el PT y el PVEM.

La experiencia histórica del estilo de trabajo legislativo, en los tiempos de la 4T, nos ha mostrado que las iniciativas de Palacio Nacional, son aprobadas por la avalancha de Morena y sus aliados, aprovechando su mayoría calificada en ambas cámaras, sin moverle ni una coma. Que la convocatoria al parlamento abierto, que tanto presumen los dirigentes de las bancadas de diputados y senadores morenistas, únicamente sirven para taparle el ojo al macho, pues de lo que ahí se dice, como algunos legisladores de ese partido han recnocido, los oyen, pero no los escuchan. Por lo que resultan ejercicios sin ninguna trascendencia. Inútiles, pues, ya que nada de lo que ahí se dice es tomado en cuenta.

La cerrazón oficial a las voces divergentes, no se puede ocultar. La Primera Mandataria descalifica, sin mayores argumentos, otras propuestas de figuras opositoras que dice haber leído. La de Claudio X. González, “bastante mala”. La de Lorenzo Córdova, “no está muy buena” y la del INE, “larguísima”, aunque tiene algo interesante, dijo, “llevar la elección de jueces para el 28 (2028) y no el 27 (2027), para que no quede todo junto, entonces habrá que considerarlo.” Bueno, al menos, algo gustó en Palacio.

Cuando la presidenta del INE y varios de sus consejeros se reunieron con el titular de la Comisión Presidencial, Pablo Gómez, para entregarle su propuesta de reforma electoral, el otrora destacado activista de oposición, olvidando su pasado de lucha en contra de que el gobierno organizara, dirigiera y calificara el resultado de las elecciones, ahora muy comprometido a quedar bien con la Presidenta, les aclaró su postura, respecto de la autonomía del organismo. No puede ser autónomo, les indicó, porque esto implicaría que pueda darse sus propias leyes y gobernarse por sí mismo, lo que no corresponde a un órgano administrativo del Estado como es el INE, señaló. Este organismo no puede ser

La posición del titular de la Comisión Presidencial, generó una cascada de críticas, al grado de que la Presidenta tuvo que intervenir, asegurando que su reforma no quitará la autonomía al INE, ni busca un control político. “No se trata de quitarle autonomía al INE, no se la vamos a quitar…” dijo, y hasta ahí todo iba bien, pero la Mandataria decidió adjetivar la autonomía del Instituto: “…pero, pues que sea algo razonable.” Remató. Lo que nos dejó con la interrogante de cuál será el parámetro y quién determinará lo que sea razonable. Autónomo, entonces, pero nada más poquito.

Tarde o temprano, el gobierno tendrá que
quitar el manto de protección a los
políticos comprometidos con el narcotráfico y,
al menos, abrirles carpetas de investigación.

“Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.” La frase atribuida a Porfirio Diaz, (aunque el autor fue el político y periodista Nemesio García Naranjo), podría encajar ahora, como lamento de lo que estamos viviendo en este segundo período de la Presidencia de Donald Trump. Un personaje que ha roto reglas, protocolos, prácticas diplomáticas, usos y costumbres de toda índole, para imponer un estilo personal de gobernar que poco tiene que ver con la política tradicional.

El empresario metido a la política, se maneja como un gran CEO (Chief Executive Officer). Máxima autoridad y responsable de la dirección estratégica y operativa de una empresa, según la definición de este cargo, solo que, en el caso, no se trata de una empresa, sino del país más poderoso del planeta. Como Presidente de los EUA, actúa sin límites. Busca consolidar la supremacía de su país, “Hagamos a EUA grande de nuevo” fue su lema de campaña y, con ese objetivo, no duda en usar cualquier instrumento de poder militar, económico o político.

En una larga entrevista al New York Times, se le preguntó si existían límites a sus poderes globales, a lo que respondería que sí. “Hay una cosa, dijo, mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme…No necesito el derecho internacional.” Y, a la pregunta de si su gobierno tenía que respetar el derecho internacional, diría: sí, pero que él sería el árbitro cuando las limitaciones se aplicaran a su país. Trump considera que la fuerza nacional más que las leyes, los tratados y las convenciones debe ser el factor decisivo en los conflictos entre países.

Este es el personaje que tiene la mira puesta en nuestro país. Que, en su primer día de gobierno, mediante una orden ejecutiva, anunciara que los cárteles del narcotráfico en México, serían catalogados como organizaciones terroristas extranjeras, alegando que los cárteles constituyen una amenaza a la seguridad nacional de los EUA al traficar drogas como el fentanilo que han ocasionado la muerte de miles de norteamericanos, cada año. A partir de entonces, las presiones hacia nuestro gobierno, en el tema de la lucha contra el narcotráfico, no han cesado.

Como lo ha señalado la Presidenta Claudia Sheinbaum, en varias de las conversaciones que ha tenido con el mandatario norteamericano, éste la ha ofrecido ayuda militar para acabar con los cárteles de la droga. Invariablemente la respuesta de la Presidenta ha sido gracias, pero no gracias. Rechazo que, para el estilo Trump, no le ha de caer muy bien al neoyorquino. México ha enviado a las autoridades norteamericanas más de 50 narcotraficantes de alto perfil, destruido decenas de narco laboratorios, asegurado toneladas de drogas, detenido a cientos de narcotraficantes, pero Mr. Trump dice que no es suficiente.

Tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por fuerzas militares norteamericanas, acusados entre otros delitos de conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, las presiones hacia México han subido de tono. Trump insiste en su discurso de que a nuestro país lo controlan los narcotraficantes y que “algo habrá qué hacer con México.” A pregunta de un periodista, señaló que no descarta usar la fuerza militar para atacar a los cárteles directamente en territorio mexicano, aunque no tiene planes de hacerlo, por el momento.

Ante sus declaraciones de que ahora va a empezar “a atacar a los cárteles de la droga por tierra. Los cárteles están controlando México,” dijo, la Presidenta Sheinbaum instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente a que hablara con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, para dar seguimiento al Programa de Cooperación Fronteriza. Quizás el comentario que hiciera el funcionario estadounidense, después de la plática con nuestro canciller, en el sentido de que México necesita obtener resultados tangibles en la lucha contra los cárteles, hizo que la Presidenta buscara una comunicación con su colega. Los dos mandatarios hablaron y, según versión de Palacio Nacional, en 15 minutos quedó descartada una intervención militar norteamericana en nuestro país.

Trump quiere que el gobierno mexicano actúe contra los funcionarios que tengan ligas de complicidad con narcotraficantes. Aquellas autoridades que protegen y permiten actuar a los cárteles con absoluta impunidad. Y, qué mejor, si se los extraditan. Con la información que han venido recabando de las declaraciones de los narcotraficantes sometidos a juicio, más lo que pueda aportar Nicolás Maduro, las agencias estadounidenses han de tener ya bien ubicados a quiénes, desde el poder, han amasado fortunas, por el “cobro de piso” a los cárteles de la droga.

Tarde o temprano, el gobierno tendrá que quitar el manto de protección a los políticos comprometidos con el narcotráfico y, al menos, abrirles carpetas de investigación. Queda claro que las amenazas del neoyorquino, no son meras balandronadas. Somos un vecino muy importante para los EUA, pero una de las banderas trumpianas es acabar con quiénes trafican con drogas, en especial fentanilo, por razones de seguridad nacional, argumentan. Esto podría justificar acciones indeseables para nuestro país. Un gran riesgo para México, solo por continuar protegiendo a quiénes decidieron actuar del otro lado de la ley. No vale la pena.

Siguiendo la línea de la 4T, la bancada de
Morena del Congreso de la capital del país,
continúa la labor de zapa de las
instituciones con autonomía, creadas
por los “gobiernos neoliberales”.

Para finalizar 2025, nuestro Congreso capitalino nos dio un triste espectáculo, que dio la vuelta al mundo.

Como en los mejores tiempos de la Arena Coliseo, el Congreso de la CDMX se convirtió en el pancracio de la capital, en donde diputadas del PAN y de Morena, decidieron pasar del debate a la lucha libre, de los argumentos al enfrentamiento físico, de la discusión verbal a los manotazos, codazos y empellones. Solo faltaron los piquetes de ojos, porque los jalones de pelo abundaron.

Pero qué fue lo que encendió los ánimos de las legisladoras, al grado de llegar a las manos. Pues, el incumplimiento de un acuerdo que ya había sido aprobado en comisiones.

Resulta que el lunes 15 de diciembre pasado, en el Congreso de la CDMX se presentó, para su aprobación, el dictamen por el que se decretaba la extinción del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la CDMX (INFO CDMX) y la creación de un organismo nuevo que lo habría de sustituir.

De acuerdo con lo dicho por la diputada panista Daniela Álvarez, unos días antes, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Transparencia y Protección de Datos Personales habían acordado un dictamen en el que se establecía que el organismo sustituto sería tripartita y plural, para que “no fuera una sola persona la que decidiera a quién sí y a quién no le iba a dar acceso a la transparencia,” según cometario de la diputada panista.

Sin embargo, de última hora un diputado morenista presentó una reserva al dictamen, lo que cambió la estructura del nuevo Instituto, con la correspondiente modificación del dictamen originalmente aprobado en comisiones. El nuevo dictamen que se presentó al pleno, y que finalmente se aprobó, después de la trifulca, crea un órgano desconcentrado, no colegiado (un solo titular), adscrito a la Contraloría General.

Ante la sorpresa por el cambio en la estructura operacional del nuevo organismo, la diputada Álvarez acusó a los morenistas de incumplir con lo acordado en comisiones, dijo que no iban a permitir que se rompieran acuerdos políticos, y procedió a tomar la tribuna. Ahí empezó la lucha libre.

Siguiendo la línea de la 4T, la bancada de Morena del Congreso de la capital del país, continúa la labor de zapa de las instituciones con autonomía, creadas por los gobiernos “neoliberales”. Al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), lo desaparecieron, formalmente, en marzo pasado. Este Instituto tenía como propósito “consolidar la política nacional de transparencia, garantizar el derecho constitucional de acceso a la información pública y la protección de datos personales, fortaleciendo el Estado de Derecho y la democracia a través de una mayor rendición de cuentas…”

La principal característica del Instituto, era precisamente su autonomía, lo que le permitía resolver las controversias sin injerencia gubernamental, emitiendo resoluciones vinculantes. Algo bastante incómodo para el estilo de gobierno de la 4T, en el que la opacidad prevalece sobre la transparencia.

La demolición de instituciones del “pasado conservador,” continua, porque muchos de estas entidades constituyen un estorbo a los propósitos de un gobierno que no le gusta rendir cuentas ni que lo cuestionen y, menos, que lo critiquen, lo que califica como complot. Como un boicot a la Cuarta Transformación.

En relación al incidente, salió al quite la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, culpando de lo ocurrido a la oposición, acusándolos de pretender boicotear el presupuesto. Nada del sorpresivo cambio de criterio en la concepción del nuevo organismo de Transparencia.

Finalmente, la nueva institución, no colegiada, fue aprobada por la mayoría aplastante de Morena y sus aliados, así como el Presupuesto 2026. Solos, sin la presencia de las diputaciones del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes, en protesta, abandonaron el recinto parlamentario.

Sobre lo ocurrido, nos quedamos con las palabras de María Corina Machado “cuando comprendimos cuán frágiles se habían vuelto nuestras instituciones, ya era tarde.”

Podríamos suponer que, acabar con el principio de Cosa Juzgada,
es el manotazo que dan para demostrar
su poder, que los tomen en serio y los respeten.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), leemos en su página oficial, “es el Tribunal Constitucional de México. Su principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos de las personas.

“La SCJN garantiza la separación de poderes, el principio democrático y los derechos fundamentales para beneficio de todas las personas que habitan el territorio nacional”.

¿Qué es lo que hace?, continuamos con nuestra consulta, “…imparte justicia a través de mecanismos que permiten vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución.” Es pues, una institución técnica jurídica.

La Corte anterior era un organismo que operaba razonablemente bien, aunque no necesariamente para efectos del estilo cuatroteísta de gobernar. Como tribunal técnico de derecho, vigilante del cumplimiento de la Carta Magna, defensor del Estado de Derecho, máxima autoridad del Poder Judicial, contrapeso de los otros Poderes de la Unión, autónomo e independiente, resultaba incómodo, por decir lo menos, para el Titular del Ejecutivo.

Y es que, como vigilante del cumplimiento de la Constitución, no pocas veces frenó programas de gobierno despreocupados por el respeto a la ley. La máxima del clásico, “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, muestra una forma de gobierno reacia a someterse a los dictados de las normas jurídicas. El costo de las desavenencias con el Ejecutivo y su pretensión de actuar con autonomía, fue elevado e impensable: la desaparición de la Corte y de la totalidad del Poder Judicial. Estos fueron sustituidos por nuevas instituciones a modo, complacientes y obsequiosas con los proyectos de Palacio Nacional. Una Corte que nunca interponga la ley para detener o suspender algún proyecto de Palacio Nacional.

Para la integración del nuevo Poder Judicial, se resolvió que las autoridades judiciales, jueces, magistrados y ministros, fueran electos por voto popular, argumentando que así, los impartidores de justicia,” tendrán una mayor legitimidad y representatividad,” respondiendo al mandato popular en lugar de a “intereses de élite o grupos de poder”. Además, con los nuevos juzgadores se acabaría la corrupción que, según Palacio Nacional, predominaba en la antigua Corte. Algo que nunca se probó ni hubo preocupación por investigar.
Lo que siguió es historia conocida. Una selección manipulada y al vapor de aspirantes, en la que lo menos importante era su preparación, experiencia o el conocimiento del derecho. Un proceso electoral desaseado, en el que no hubo recato para influir en la decisión de los votantes a través de acordeones elaborados con los nombres de los candidatos previamente seleccionados. A nadie sorprendió que los elegidos coincidieran con los aspirantes favoritos que apoyaba el gobierno. Una jornada electoral a tono, para el inicio de una nueva época del Sistema Judicial en el segundo piso de la 4T.

Pero resulta que los nuevos ministros de la Corte, cuyo pleno lo integran ahora 9 togados, dos menos que su antecesora, decidieron meter ruido a la certeza y la certidumbre jurídicas. Cómo si no tuvieran miles de casos por resolver, estos flamantes jueces decidieron votar a favor de anular el juicio concluido. Un caballazo al principio de Cosa Juzgada, pues permite la reapertura de juicios totalmente concluidos. Adiós a la definitividad de las sentencias y a la seguridad jurídica, porque con esta ocurrencia, cualquier condenado en un juicio, por sentencia definitiva, podrá buscar reabrir el proceso por lo que, además, los juicios se prolongarán de forma indefinida.

En esto cabe un sospechosismo. Mucho se criticó el proceso de elección de los ministros, hasta el grado de apodar a la nueva institución como la “Corte del acordeón”. También se cuestionó la falta de preparación y conocimientos de la mayoría de los elegidos, cuya nula experiencia en la práctica judicial es inocultable.

A, prácticamente, tres meses de haber iniciado labores, con una pesada carga crítica de desaprobación, surge una ocurrencia, sin precedentes, que, podrían suponer ellos y ellas, les ayudaría a legitimar su condición de máximos jueces del Sistema Judicial. No importa resolver los miles de casos pendientes ni que la incertidumbre jurídica prenda focos de alerta a quienes pretenden invertir en el país (Ni que nos hiciera falta, han de pensar). Podríamos suponer que, acabar con el principio de Cosa Juzgada, es un manotazo que dan para demostrar su poder, que los tomen en serio y los respeten. Aunque pongan en riesgo el futuro del país.

No hay otra explicación.

Ciertamente momentos turbulentos
para la Presidenta, en los que la reaparición
del ex, poco le ayuda y sí da lugar a conjeturas.

Mas pronto que tarde, la nostalgia por el poder, hizo que, con el pretexto de la presentación de su libro, Grandeza, Andrés Manuel López Obrador buscara los reflectores para hacer política, afirmando, insistentemente, estar retirado de la práctica política. Estoy jubilado, señaló, aunque en un video de casi 50 minutos y amplia difusión, dedicó buen tiempo a recordar logros de su gobierno. “En el tiempo que estuve en la Presidencia salieron de la pobreza 13 millones 400 mil mexicanos…también se redujo la desigualdad, porque México era país de unos cuantos, de los de arriba, de los oligarcas…con la llamada política neoliberal…” eso sí, sin faltar, la crítica a sus enemigos favoritos, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón. Nada nuevo, como si el tiempo no pasara.

Aquí, abro un paréntesis para recordar las palabras de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado: ”El régimen se propuso dividirnos: por nuestras ideas, por raza, por origen, por la forma de vida. Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos comos enemigos.”

Su reaparición sirvió también para hacer un ajuste a las razones que lo harían “regresar a las calles”. En la mañanera del 2 de febrero de 2023, habría anunciado que, al concluir su mandato en 2024, se retiraría “completamente” de la vida política; que no volvería a aparecer en ningún acto público ni hablaría de política. Sin embargo, en declaraciones posteriores, le habría de bajar dos rayitas a su decisión de retiro total, para abrir una rendija a la posibilidad de volver, en caso, señalaría, de presentarse una situación grave para México. Una razón vaga e imprecisa, cuya interpretación quedaba a su personalísima consideración.

Después de poco más de un año de retiro, el tabasqueño vuelve a sacar el tema sobre su posible retorno a la vida política. Esta vez, señalando tres circunstancias que lo harían reaparecer, siempre, según su criterio. “Saldría, dijo, a defender la democracia, saldría también a defenderla a ella (la Presidenta), si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan… y (saldría) para defender la soberanía de México…nosotros no somos colonias de ningún país extranjero.”

Recordamos que cuando era jefe de Gobierno de la CDMX y resultaba inocultable su aspiración presidencial, López Obrador, negaba con vehemencia buscar la candidatura presidencial y repetía, a quién se lo planteara, que, en ese tema, lo dieran por muerto. Ahora el macuspano afirma estar jubilado de la política, pero los rumores corren en el sentido de que no está tan alejado, como él dice y que, a través de los alfiles que colocó en el gobierno de la Presidenta y en el Congreso, sigue haciendo política, aunque en lo oscurito.

El reencuentro del ex presidente con la vida pública no es casual. Un personaje que todo lo politiza, como es su caso, siempre actúa con un objetivo político. Resulta curioso que apareciera para presentar su libro, justo en los momentos más delicados en la gobernanza de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a la que se le juntaron varios temas candentes.

Manifestaciones y bloqueos de transportistas y productores del campo, para protestar por la inseguridad y extorsiones en las carreteras; precios justos a sus productos y en contra de la reforma a la Ley del Agua, con efectos negativos para los poseedores de terrenos agrícolas. Estas movilizaciones causaron un verdadero caos, que afectó a alrededor de 19 estados de la República.

Diez días antes, había ocurrido una severa represión policíaca en contra de una manifestación pacífica en la CDMX. Grupos violentos, infiltrados, habrían de desvirtuar los propósitos de la marcha, desafiando al, oficialmente, inexistente cuerpo de granaderos, y causando destrozos y robos a comercios. La autoridad realizó detenciones, pero, curiosamente, en ningún caso de alguno de los miembros de los grupos violentos.

Finalmente “algo” precipitó la remoción, muy desaseada, por cierto, del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien se resistió todo lo que pudo, hasta lograr una negociación para su salida.

Ciertamente momentos turbulentos para la Presidenta, en los que, la reaparición del expresidente poco le ayuda y sí da lugar a conjeturas. Menos mal que el tabasqueño, decidió no hacer una gira para la presentación de su libro. Para no hacerle sombra a la Presidenta, dijo. Él sabe bien, que el mejor ex presidente es el que se borra de la escena política para permitir que quién lo suceda, actúe con plena libertad.

Su insistente discurso del retiro, se parece mucho a sus reiteradas declaraciones, durante su mandato, de no reelegirse. Una innecesaria declaración porque la Constitución lo prohíbe. Sus reapariciones no las prohíbe ninguna ley, pero sí la ética política y el respeto que le merece la investidura presidencial.

El problema es que ya anunció que va a escribir otro libro, Gloria, que le dará pretexto para otra reaparición, como temporada de Netflix, más allá de las tres razones expuestas.

En su lugar lo leyó su hija, quien de
una manera impecable expuso
el panorama que vive su país a partir
de la llegada de Hugo Chávez al poder.

Para la 4T, figuras como María Corina Machado resultan incómodas, muy incómodas. Cuando se dio el anuncio de que, la luchadora social venezolana había sido elegida para recibir el Premio Nobel de la Paz, la Presidenta Claudia Sheinbaum respondió, a la pregunta de una periodista sobre su opinión del tema, con un significativo “no hay comentarios,” lo que no dejó de llamar la atención, que, con una bola de tres bandas, con escasas tres palabras, mostrara su solidaridad con el gobierno espurio de Nicolás Maduro. El dictador venezolano que se hizo nuevamente del poder, alegando haber ganado la elección presidencial de julio de 2024, aunque las boletas electorales, que se niega a publicar, tengan otros datos.

Haber mostrado un poco de empatía, no hubiera comprometido su relación con el gobierno venezolano. La segunda mujer latinoamericana en merecer esta distinción, en 124 años de existencia de esta presea, lo merecía, ideologías aparte. Llegamos todas, ha dicho la mandataria, refiriéndose al empoderamiento femenino, pero cuando sucede, no hay reconocimiento, porque, al parecer, no aplica a las que disienten, a las que, desde la oposición, luchan por alcanzar el poder.

La segunda vez, que le formularon la misma pregunta, ya entregado este premio a María Corina, a través de su hija, la Mandataria respondió, “la última vez dije, sin comentarios y sigo diciendo, sin comentarios. Y, por cierto, es muy importante decir que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que decidan los propios pueblos, su soberanía. Nuestra opinión siempre va a ser la misma: no intervención, utilizar el diálogo para poder resolver cualquier conflicto, la solución pacífica de las controversias, como lo dice nuestra Constitución y la autodeterminación de los pueblos. Siempre será esa nuestra posición.”

Una respuesta al estilo AMLO, cuando a una pregunta incómoda, un poco acorralado, reviraba “y ¿cuánto gana Loret?”

Y aquí, otra vez, causó sorpresa la respuesta de la jefa del Ejecutivo, porque opinar sobre la entrega de este premio, no significa una intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Un discreto comentario no significaría jugarle las contras al Presidente Maduro. Pero insistir en cero comentarios, muestra un toque de intolerancia. Cero política y cero diplomacia.

La Mandataria parece no aceptar ninguna oposición política ni aquí, lo que tenemos muy claro con el cerrojo puesto, permanentemente, en las puertas de Palacio a cualquier disidente o partido de oposición ni en los países amigos, con los que ideológicamente se identifica la 4T. Y es que, lo único que podría explicar la frialdad presidencial, es que, la ahora premiada, juega en la cancha de la oposición. Una opositora que busca, por la vía legal, que el Presidente Maduro reconozca su derrota electoral y deje el cargo.

María Corina llegó, tarde, pero llegó a Oslo, Noruega, después de una delicada, peliculesca y exitosa operación. Una especie de rescate, a cargo de un equipo especializado para sacarla de Venezuela, del lugar en donde permanecía escondida, y llevarla hasta una playa al norte de su país, en donde la esperaba una embarcación en la que navegó, en un mar embravecido, hasta la isla de Curazao. Allí se encontraba un jet privado que habría de transportarla a su destino final, la capital de Noruega, con escala en Maine, EUA, para cargar combustible.

La galardonada no pudo leer su discurso de aceptación. Ya había concluido cuando llegó. En su representación lo leyó su hija, quien de una manera impecable expuso el panorama que vive su país a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder. Una historia que debería llamar nuestra atención, porque el inicio del “desmantelamiento de la democracia” en Venezuela comenzó con acciones que nos son familiares.

Dice Machado, “El cabecilla de un golpe militar fue elegido Presidente y muchos pensaron que el carisma podía sustituir el Estado de Derecho… El régimen se dedicó a desmantelar nuestra democracia, violó la Constitución, falsificó nuestra historia, corrompió a las Fuerzas Armadas, purgó a los jueces independientes, censuró a la prensa, persiguió a la disidencia, devastó nuestra biodiversidad… Concentró la renta petrolera generando incentivos perversos que le permitió al gobierno un control sobre la sociedad…La riqueza no se usó para liberar, sino para someter… La corrupción fue obscena, el saqueo histórico. El régimen se propuso dividirnos: por nuestras ideas, por raza, por origen, por la forma de vida. Quisieron que desconfiáramos unos de otros, que nos viéramos como enemigos.”

Esto es algo de lo que María Corina Machado fue a exponer ante el Comité del Premio Nobel de la Paz y que justifica su incansable lucha por recuperar la democracia en su país.

Lo que hemos visto es que las cifras
oficiales, los otros datos, siempre
tienden a subestimar el grado de
participación ciudadana.

Muy al estilo de su antecesor, a la Presidenta, Claudia Sheinbaum, le está entrando el gusto por organizar eventos multitudinarios, bajo cualquier pretexto, para resaltar los logros y bondades de la Cuarta Transformación, pero más importante, para el mostrar el músculo de su popularidad, con llenos totales en la plancha del Zócalo capitalino.

La manifestación del pasado 6 de diciembre, nos recordó los tiempos de gloria del tricolor, cuando el PRI llenaba el zócalo para rendir pleitesía al Titular del Ejecutivo en turno o para respaldar y apoyar las políticas de su gobierno. Expertos en la tarea del acarreo, los priistas no tenían ningún problema para reunir numerosos e impresionantes contingentes de personas, para lo cual contaban con sindicatos, agrupaciones gremiales y el apoyo de los gobernadores de su partido, que se encargaban de organizar y financiar el traslado de grupos locales a la capital del país. Los Ejecutivos estatales, entraban en competencia, entre sí, para ver qué entidad enviaba el contingente más numeroso. Buscaban quedar bien con su tlatoani.

A los manifestantes se les compensaba, la mayoría de las veces, con una gratificación económica, además de regalarles playeras, gorras, agua y un refrigerio (tortas y/o fruta). Todos sabían que esas grandes manifestaciones no eran, precisamente, espontáneas, la asistencia era obligatoria, pero cumplían con un propósito político, hacer ostensible un apoyo popular al gobierno del momento.

Pues esta práctica, de los gobiernos neo liberales y “conservadores,” subsiste por herencia, ya sea por la influencia de los numerosos ex priistas que, sin mucha convicción ideológica, se volvieron fervientes morenistas, o porque el método del acarreo es efectivo y el único que asegura la presencia de grandes multitudes. Solo hay que tener un pretexto para organizarlas, aunque quienes asisten, para salvar su chamba, no tengan idea a qué van ni a quién deben vitorear.

Ahora bien, no todas las manifestaciones son de acarreados. Las hay también, realmente espontáneas, de ciudadanos convencidos que se solidarizan por alguna causa común y marchan sin presión alguna ni esperando recibir pagos o refrigerios. En éstas, los asistentes llegan por sus propios medios.

En los tiempos en que AMLO era Jefe de Gobierno del D.F., en junio de 2004, se realizó una gran marcha ciudadana en contra de la violencia y la inseguridad. Se le conoció como la Marcha Blanca o Marcha del Silencio. La estimación sobre el número de participantes varía. El gobierno capitalino reportó una asistencia de, aproximadamente, 120 mil personas. Los organizadores calcularon 400 mil. El tema es que fue auténtica, numerosa y sin acarreados.

Más recientemente ha habido otras marchas ciudadanas. En febrero de 2023 se realizó una manifestación en defensa del INE y en contra de la reforma electoral. El plan B, del entonces presidente López Obrador. En esa ocasión, el cálculo oficial de asistentes fue de 90 mil personas mientras que los organizadores hablaban de 500 mil.

El dato sobre el número de participantes en las manifestaciones depende según sean los cálculos del gobierno o el de los organizadores. Lo que hemos visto es que las cifras oficiales, los otros datos, siempre tienden a subestimar el grado de participación ciudadana. Es la estrategia para restarle importancia a la movilización ciudadana, cuando se plantean demandas o reclamos al gobierno.

Un buen ejemplo, es la reciente movilización organizada por la generación Z (15 de noviembre 2025), que el gobierno de la Ciudad de México calculó en 17 mil personas, muchísimo menos asistentes de los que vimos en las calles. Esta marcha fue particularmente criticada y desestimada en Palacio Nacional. Y es que el motivo de la manifestación, la exigencia de justicia y seguridad, ante el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, golpeaba en la línea de flotación de la política de seguridad del gobierno.

Algo vieron en Palacio Nacional en esa marcha, que dio lugar a reacciones desproporcionadas ante una movilización con “poca convocatoria,” como la calificó la Presidenta Sheinbaum. Desde la insistencia en su descalificación, hasta el grado de provocar, se podría suponer, cuatro días después, el anuncio de la convocatoria para celebrar 7 años de “transformación del país.”

Según se vio, con la manifestación se buscó mostrar el apoyo popular del que goza la Primera Mandataria. La celebración del aniversario número 7 de la transformación, solo fue el pretexto. El zócalo se llenó, la cifra oficial es de 600 mil asistentes. Para nadie fue sorpresa el éxito de la gran movilización. Eso sí, bajo las reglas y siguiendo la escuela del método priista.

No es por aguar el festejo, pero ¿de veras se cree que todos los asistentes fueron por su voluntad? ¿Que no hubo acarreo? ¿Que no continuaron las prácticas de compensar a quienes asistieron? ¿Qué todos estaban conscientes a lo que iban? Porque, la experiencia histórica nos dice que ese gran músculo popular que se presume, es más aparente que real. Solo una gran escenografía y nada más.

…fue la crónica de una designación
anunciada, en la que, su cercanía e
identificación con la Presidenta, debiendo
ser un impedimento para ocupar el cargo,
resultó la ventaja que le abrió las puertas.

Sorpresivamente, al menos para la mayoría de los observadores de la política y muchos de sus actores, porque se dice que, desde hacía varias semanas, se le había planteado al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, su retiro, aunque sin precisar fecha, se dio la instrucción de su dimisión de manera de manera inmediata, lo que sucedió. No sin que, en el proceso, el ahora ex fiscal buscara negociar la salida menos lastimosa posible. Y esto hizo que el trámite resultara accidentado y no muy apegado a la ley.

La FGR fue creada por reforma constitucional de 2014 (Art. 102) como un órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Esta institución sustituyó a la Procuraduría General de la República (PGR), hasta 2018, cuando entró en vigor la autonomía constitucional de la Fiscalía.

En la exposición de motivos de la reforma, se explicaba que la autonomía era fundamental para garantizar la independencia de la FGR de los poderes políticos, aumentar la eficacia en la procuración de justicia y fortalecer la investigación de delitos, incluyendo los cometidos por funcionarios públicos, sin presiones externas, combatiendo así, la corrupción y la impunidad.

La procuración de justicia, señalaban legisladores de diversos partidos políticos, se mantendría al margen de intereses o persecuciones político electorales. La remoción del titular de la Fiscalía, dice el artículo 102 constitucional, podrá decidirla el Ejecutivo por “las causas graves que establezca la ley”, sin mayor precisión.

La separación de Gerzt Manero, se operó a la antigüita, pasando por encima del espíritu y principal objetivo de la reforma del 2014, el carácter autónomo de la Fiscalía. Ante las amenazas, el ex fiscal no aflojó y durante varias horas mantuvo en suspenso su salida, hasta que lo convenció, supuestamente, la propuesta de una embajada “en un país amigo” Esto le permitió señalar, como causa de su salida, un cambio de trabajo, una nueva responsabilidad pública a desempeñar. “…me estoy retirando de mi actual cargo…,” señaló en su comunicado a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado. Nada de remoción, renuncia ni jubilación.

Por el sainete que se armó para lograr que dejara el cargo, a la de ya, su retiro fue todo, menos voluntario. Seguramente habrá habido varias razones para su remoción, aunque no queda claro la razón de las prisas. El ex Fiscal no se caracterizó por su buen carácter. Se manejó con independencia y operó con autonomía, las más de las veces, a su conveniencia. A su estilo cumplió con su función, aunque con magros resultados. Deja muchos pendientes. Se habla de un rezago de más de 42 mil averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación pendientes de concluir. Además de malos recuerdos por excesos de poder en asuntos personales contra familiares, acusándolos de delitos inexistentes en la ley y a académicos e investigadores, acusándolos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Los casos de relevancia, se le amontonaron sin que se completaran las investigaciones: Emilio Lozoya y los hechos de corrupción de Odebrecht y Agronitrogenados; denuncias sobre el huachicol fiscal, Segalmex, la estafa maestra, los casos de Teuchitlán y Ayotzinapa, Pegasus y el espionaje, etc. Asuntos de alto impacto cuyas investigaciones arrancaron con amplia difusión y mucha expectativa, pero que, al paso del tiempo, el ánimo investigador fue decayendo hasta llegar a parecer una apuesta al olvido.

La Presidenta dio el manotazo para deshacerse del fiscal. Queda la duda, como alguien escribió, si la razón fue por hacer mal su trabajo o hacerlo demasiado bien.
Con independencia de la verdadera causa, algo que probablemente no lleguemos a saber, la decisión de Palacio Nacional significa un golpe mortal a los buenos propósitos de contar con una Fiscalía autónoma e independiente, y nos regresa a los tiempos del fiscal carnal.

El nombramiento, casi en lo oscurito, para que, la ex Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal y ex Procuradora General de Justicia en la CDMX, Ernestina Godoy, pudiera convertirse en la encargada del despacho de la FGR fue la crónica de una designación anunciada, en la que, su cercanía e identificación con la Presidenta, debiendo ser un impedimento para ocupar el cargo, resultó la ventaja que le abrió las puertas.

El Senado cumplió, en fast track, las formas del proceso para la elección de la nueva Fiscal General de la República, aunque con una gran falla en el fondo, la pérdida de la autonomía e independencia de la institución.

Aunque solo el voto de sus simpatizantes
los haya elegido, una vez asumido el cargo
se convierten en Presidente o Presidenta
de todos los mexicanos.