Ante este panorama, no es de extrañar
que la percepción ciudadana sobre
la “Corte del pueblo”, no sea favorable.

“No venimos a hacer una obra de teatro a Chiapas” y mucho menos estuvo planchada la resolución del amparo que reconoce a las comunidades indígenas su derecho al autogobierno, afirmó el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, en respuesta a los cuestionamientos surgidos con motivo de la “sesión histórica”, así calificada por el ministro presidente, a la sesión del Pleno del Tribunal celebrada en Tenejapa, Chiapas, la semana pasada, y por la sentencia dictada a favor de la comunidad de La Candelaria, por votación unánime de ocho ministros, seis presenciales y dos a distancia, con uno ausente, en favor de la quejosa.

El ministro Aguilar, pareciera más preocupado por la forma que por el fondo de las funciones y objetivo de la Corte. Esta institución constituye el Tribunal Constitucional de México, según se lee en su sitio oficial de internet, cuya principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos. Además, “garantiza la separación de poderes, el principio democrático y los derechos fundamentales para beneficio de todas las personas que habitan el territorio nacional”.

Se trata de un organismo técnico jurídico, idealmente alejado de la política, porque sus resoluciones deben estar fundamentadas en los ordenamientos de ley. Piedra angular para la certeza jurídica y el respeto al Estado de Derecho. Por eso, trasladar al pleno de la Corte para sesionar en una comunidad indígena, para llevar” la justicia al territorio”, como dicen, y para que la población indígena “vea que somos de carne y hueso, que pertenecemos al pueblo, quienes hacemos justicia”, suena más al discurso de un político en busca del voto popular, que al de un juez impartidor de justicia. Una distorsión de la esencia de la Suprema Corte.

Como gira de candidatos, dice el reportaje periodístico, que los ministros caminaron como celebridades, dos cuadras, vistiendo capa de lana, huipiles y bastones de mando. “Esto es justicia cercana”, diría una ministra emocionada. Como si la justicia dependiera del lugar en donde se administra. Los letrados fueron recibidos con música tradicional, al estilo de un mitin político, con asistencia de grupos indígenas convocados por el ayuntamiento.

Por las características del evento, no podía faltar el gobernador del estado, Eduardo Ramírez, quien recibiría a los ministros con un “Viva la Corte de México”, a todo pulmón. También presente, la alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, Fabiola Ricci. Los titulares del Ejecutivo, estatal y municipal, el otro poder, pues, haciendo a un lado la incómoda separación de poderes.

En su debilidad por las formas, el ministro Aguilar, ha buscado, desde un principio, darle su toque personal a la Corte, primero renunciando a vestir la tradicional toga, aunque, tras una reconsideración, aceptó usarla, pero con bordados artesanales que representan la pluriculturalidad y un enfoque de justicia hacia las comunidades indígenas, según se dice.

También hubo cambios en el inicio de la nueva Corte. Dos ceremonias previas a la toma de protesta de los ministros electos. Una ceremonia “sagrada y secreta”, para la “purificación” de las instalaciones de la Corte, seguramente para ahuyentar los malos espíritus y las vibras del pasado neoliberal. Otra ceremonia, después, la de la “consagración” de bastones de mando y servicio que representan el poder, la autoridad y la confianza que una comunidad deposita en sus líderes, simbolizando la responsabilidad de servir al pueblo y de impartir justicia (La Jornada).

Pero ni con todas estas invocaciones al pasado tradicional de los pueblos originarios, se ha logrado el milagro de que la Corte, integrada por ministros elegidos por el pueblo bueno y sabio, tenga mejores resultados, sea más eficiente, austera y democrática que su antecesora.

Un análisis de N+ sobre el desempeño de la actual SCJN frente a la Corte anterior, indica una baja del 40 por ciento en sentencias emitidas. La baja productividad de la actual Corte se explica por el cierre de las dos salas que operaban antes de la reforma judicial. Esto, no obstante, los muy reforzados equipos de apoyo con que cuentan los togados, en cuya integración, los ministros se despacharon con la cuchara grande.

Mientras que el ministro presidente Aguilar arrancó su gestión con un ejército de más de 100 colaboradores, su antecesora en la presidencia, Norma Piña, solo tenía 6 elementos de apoyo. Consciente de esto, el juez Aguilar decidió reducir su equipo, aunque no está claro que tanto lo redujo. La medición sobre la productividad de los ministros, señala al ministro Arístides Guerrero, como el mejor, con 117 proyectos de sentencia. Eso sí, con un equipo de 91 integrantes. En contaste, su colega Lenia Batres aparece como la menos productiva, con solo 40 proyectos, con todo y sus 90 asesores.

Los escándalos de máximo Tribunal, le han restado seriedad y respeto. La adquisición de vehículos blindados para los ministros, con valor de más de dos millones de pesos cada uno; los vuelos en primera clase de algunos ministros; gastos superfluos como la compra de 12 togas por 300 mil pesos y el costo de la ceremonia de purificación, un millón 254 mil pesos.

Ante este panorama, no es de extrañar que la percepción ciudadana sobre la “Corte del pueblo”, no sea favorable. 62.4 por ciento de la población desaprueba el desempeño de los ministros (México Elige).

Morena se podría ahorrar el trámite
del envío de la iniciativa a la Cámara
de origen (la de Diputados), pues, de acuerdo
a las palabras del líder de su mayoría,
por el voto sumiso morenista no hay problema.
Falta ver la decisión de sus «aliados».

Señala el texto del artículo 49, Título Tercero, la División de Poderes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo…”

El artículo 51, a su vez dice que “la Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación…” La fracción lll del artículo 65, precisa, entre sus funciones, “Estudiar, discutir y votar las iniciativas de ley que se presenten…” y el 72, “…Las votaciones de ley o decreto serán nominales.”

El recordatorio de estos artículos constitucionales viene a cuenta por lo expresado, la semana pasada, nada menos que por el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados y líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, en relación a la iniciativa presidencial de la Reforma Electoral. “La vamos a respaldar como venga, como esté y pese a los aliados”, esto último en alusión a la rebeldía mostrada por sus cómplices legislativos, los diputados de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista.

Esta iniciativa, habría que insistir en decirlo, se planteó, analizó y discutió sólo entre morenistas, con exclusión de sus aliados (PT y PVEM) y fuerzas de oposición. Una comisión denominada Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, integrada exclusivamente por personajes nombrados por la Presidenta Claudia Sheinbaum, se encargó de realizar foros y mesas de discusión, que solo sirvieron para taparle el ojo al macho, pues la propuesta de Palacio va con carácter de inmaculada, por lo que resultaba contra corriente pretender modificarla.

De acuerdo con nuestro sistema político, los Poderes de la Unión fueron concebidos para hacer contrapeso y evitar los excesos y abusos de poder, fundamentalmente del Ejecutivo. Pero en el régimen de la 4T, vemos que el Poder Legislativo actúa como subordinado del Ejecutivo, olvidando su carácter de institución autónoma e independiente que le confiere la Constitución. Por esto, resulta hasta una desfachatez que el presidente de la JUCOPO, el diputado Monreal, supuestamente con un doctorado en Derecho, presuma haber logrado un acuerdo unánime entre su bancada para respaldar una iniciativa de reforma de ley, cuando ni siquiera había llegado al Congreso y que, entonces, nadie conocía.

Sobre advertencia no hay engaño. Morena se podría ahorrar el trámite del envío de la iniciativa de Reforma a la Cámara de origen (la de Diputados), pues, de acuerdo a las palabras del líder de su mayoría, por el voto sumiso morenista, no hay problema. Falta ver la decisión de sus “aliados.”

El otro caso de renuncia a su independencia y autonomía es el del Poder Judicial de la Federación. Con una SCJN integrada por ministros “elegidos por el pueblo”, en una manipulada elección con acordeones de por medio, que, por coincidencia, resultó que los ganadores fueran los propuestos por Morena. En este contexto, la imparcialidad del máximo Tribunal de justicia no es garantía.

Un análisis sobre el funcionamiento de la Corte de los acordeones, realizado por la Coordinadora del Departamento de Datos de N+, Fernanda Caso, arroja interesantes resultados. En un comparativo, en períodos similares, la nueva Corte resulta menos eficiente que la inmencionable Corte del liberalismo. Frente a 1,530 casos resueltos por el desaparecido Tribunal, la Corte actual sólo resolvió 920.

En cuanto a los proyectos de sentencia presentados por los ministros el desempeño es disímil. Mientras que el que más proyectos de sentencia ha presentado llega a 117, la que menos, solo ha presentado 40. Y, en el caso de acciones y controversias presentados por municipios y estados de la oposición vs la Federación, la Corte ha resuelto 72.9 por ciento en contra y 28.1 por ciento, a favor del gobierno. Cuando la promovente es la Presidencia, la Corte ha resuelto en 68.7 por ciento de los casos a su favor.

Este es el panorama que vivimos en nuestro, oficialmente considerado, país más democrático del mundo. Pero hay un gran contraste entre México y lo que sucede en países en donde la democracia no es de utilería, la división de poderes es real, los poderes se respetan y, cada uno, cumple su función, sin dobleces. Van dos ejemplos.

En EUA, el poderosísimo Presidente Donald Trump acaba de sufrir un descalabro en el uso de su arma favorita, los aranceles. La Corte Suprema de su país, resolvió que el Ejecutivo se había excedido en su autoridad al imponer aranceles amparado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. La autorización para recurrir a esa ley corresponde al Congreso, dijo la Corte, y no al mandatario, y ordenó la cancelación de los aranceles impuestos. En la votación, dos de los ministros que Trump designó, votaron en su contra. Obvio el mandatario enfureció, se sintió decepcionado y traicionado y calificó de antipatriotas y desleales a los ministros que votaron en su contra.

En Inglaterra, el ex duque de York, hermano del rey Carlos lll, Andrés Mountbatten-Windsor, fue detenido y sometido a investigación acusado de supuestas filtraciones de documentos sensibles del gobierno británico a Jeffrey Epstein, cuando era representante especial comercial del Reino Unido. Además de otra investigación por “mala conducta” en relación con el escándalo del pederasta Epstein. Aquí no hubo fuero carnal y con todo y su parentela real, está siendo investigado.

A ver cuando vemos en nuestro democrático país, a la SCJN emitiendo sentencias en contra de caprichos del Ejecutivo que violan leyes. O a una Fiscalía investigando políticos de alto nivel por conductas sospechosas o malas compañías o a parientes de poderosos por obscuros negocios y fortunas inexplicables.

Los números de los homicidios dolosos,
a nivel estatal, no dejan de sorprender
por las disminuciones que registra el informe.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional del 10 de febrero pasado, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó sobre el promedio diario, a nivel nacional, de los homicidios dolosos y delitos de alto impacto, feminicidio, robos con violencia, lesiones dolosas por arma de fuego, robos a transportistas con violencia, entre otros, en un comparativo entre septiembre de 2024 y enero 2026.

En ese período, señaló la funcionaria, los delitos se han reducido, con excepción del de extorsión. En el caso de los homicidios dolosos, la diminución es considerable. De septiembre de 2024 a enero de 2026, el promedio diario se redujo en 42 por ciento (de 86.9 a 52.4 homicidios), siendo el registro de enero el más bajo desde 2016, explicó la funcionaria.

Siete estados concentran el 50.6 por ciento del total de los homicidios dolosos en el país. Guanajuato con el 8.8 por ciento; Baja California con 8.4 por ciento; Chihuahua, 7.9 por ciento; Estado de México 6.8 por ciento; Sinaloa 6.7 por ciento; Morelos, 6.2 por ciento, y Guerrero, 5.8 por ciento.

Los números de los homicidios dolosos, a nivel estatal, no dejan de sorprender por las disminuciones que registra el informe. En Guanajuato, de septiembre de 2024 a enero de 2026, la reducción del promedio diario de homicidios es del 65 por ciento; en el Estado de México, la baja es de 48 por ciento; en Baja California, 40 por ciento; Guerrero, de octubre de 2024 a enero 2026, la reducción es de 65 por ciento; Tabasco, de febrero 2025 a enero 2026, 75 por ciento.Gran noticia.

Buscamos en el sitio del SESNSP, los datos correspondientes al estado de Sinaloa. En el Reporte de la Incidencia Delictiva, con corte al 31 de diciembre 2025, aparece que ese estado también registra una baja en el promedio diario de homicidios dolosos, 43 por ciento, lo que llama la atención dadas las circunstancias de violencia que padece Sinaloa por la guerra entre chapitos y mayitos.

Consultamos los datos de la Fiscalía General de Justicia de ese estado y, resultó, que tiene otros datos. Según esa institución en el período de enero de 2024 a diciembre de 2025, los homicidios dolosos no sólo no disminuyeron, si no que tuvieron un incremento absoluto de 67.6 por ciento. Esta cifra, publicada en medios locales, de acuerdo a una nota del periódico Zeta, marca el tercer año más violento de la historia reciente de Sinaloa.

Hay otras diferencias entre la información publicada en el Reporte de la Incidencia Delictiva del SESNSP y los informes de algunos gobiernos estatales. El de Guerrero publica que la reducción de homicidios dolosos es de 55 por ciento (septiembre 2024 a enero 2026) contra 65 por ciento que informa el Gobierno Federal. El de Tabasco también tiene otros datos. La reducción, según ellos, es de 63 por ciento, que difiere del 70 por ciento del Sistema Federal. En el caso del Estado de México, señalan una reducción del 30 por ciento en el comparativo enero de 2025 y enero 2026, contra 48 por ciento. En el caso de Guanajuato, la diferencia son solo tres puntos, 62 en lugar de 65 por ciento. La diferencia es pequeña, pero no se entiende por qué los números no coinciden. Se supone que el informe del SESNSP registra los datos que le reportan las fiscalías estatales.

La buena noticia es que, oficialmente, 26 estados de la República registraron una reducción en el número de homicidios dolosos. Algunos, como Zacateca hasta en un 88 por ciento. La no tan buena es que no sabemos cuáles son esos estados, al menos no todos, y, consecuentemente, no hay manera de conocer los que tuvieron un incremento en homicidios dolosos.

Tampoco es muy satisfactorio que las estadísticas se acomoden para las buenas noticias, pues dependiendo el cálculo de medición: promedio diario mensual, acumulado anual o comparativos parciales, se pueden tener resultados a conveniencia. Surge el sospechosismo cuando los seis estados que concentran el 50.6 por ciento del total de homicidios dolosos en el país, según la información oficial, al mismo tiempo registren, también, importantes disminuciones de este delito. Son los casos de Guanajuato, 65 por ciento; Baja California, 40 por ciento; Estado de México, 48 por ciento; Sinaloa, 43 por ciento; Guerrero 55 por ciento; Morelos, 26 por ciento.

¿Cómo se explica esto? no parece sencillo. En base a esta información, la percepción ciudadana sobre seguridad debería ser de aprobación, pero no es el caso. 68.3 por ciento de la población mayor de 18 años consideran inseguro vivir en su ciudad (INEGI). Pareciera que Gobierno y ciudadanos vivimos realidades muy distintas.

Nada que tenga que ver con los supuestos
narcopolíticos que, de este lado de la frontera,
oficialmente no existen, porque no hay,
según los dichos de Palacio, denuncias
que los señalen.

El tema está en la mente de todos, o casi, pero por razones de Estado, suponemos, desde la cúpula del poder se evade su discusión, comentarios o cuestionamientos. Nada que tenga que ver con los narcopolíticos que, de este lado de la frontera, oficialmente no existen, porque no hay, según los dichos de Palacio, denuncias que los señalen. Sin embargo, del otro lado del río Bravo este argumento no convence, porque nuestros vecinos tienen otros datos. Precisamente los datos que les han aportado decenas de narcos que nuestro gobierno les ha entregado, a manera de descompresión política.

Desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los EUA, México ha enviado a ese país 92 narcotraficantes. 29, en febrero de 2025; 26, en agosto siguiente, y 37, en enero pasado. En los primeros dos traslados, se incluyeron narcos de “alto impacto”. Capos de fama reconocida por su nivel en las organizaciones criminales.

Para la tercera entrega, pareciera que se optó por la cantidad, que no por la relevancia de los sujetos, porque ya eran pocos los destacados que quedaban en los centros penitenciarios. Se buscó hacer un desplazamiento, que, quizás, no se había contemplado, pero que se requería para calmar los ánimos injerencistas del Presidente Trump, quien había expresado, unos días antes, la posibilidad de ordenar un ataque militar para combatir el tráfico de drogas por tierra, se entiende, en nuestro territorio. “Hemos eliminado el 97 por ciento de las drogas que entran vía acuática y ahora vamos a atacar por tierra,” habría dicho.

Por coincidencia, la última entrega de reos mexicanos se hizo en el aniversario del primer año de gobierno del neoyorkino. Un buen regalo, tal vez se pensó, aunque no muy satisfactorio para quien está interesado en otra clase de narcos.

A pesar, que en ocasiones las autoridades norteamericanas han expresado su interés en la captura de quienes, desde el gobierno, protegen las actividades de los cárteles de las drogas, la reacción oficial ha sido hacer oídos sordos, algo que no ha gustado a nuestro vecino del norte. La respuesta al ofrecimiento de Donald Trump para apoyar, con tropas militares norteamericanas, al gobierno mexicano en su combate al narcotráfico, ha sido un tajante rechazo de parte nuestra Presidenta, alegando respeto a la soberanía del país. Hasta el momento, Trump ha respetado esa respuesta, aunque podríamos suponer que su insistencia encierra un mensaje.

No es novedad que el Mandatario estadounidense manifieste que “los cárteles gobiernan México”. “Hay que hacer algo con México”, ha dicho. “Nos encantaría que México lo hiciera…pero los cárteles son muy fuertes…” En la conversación que tuvo nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Juán Ramón de la Fuente, con el secretario de Estado, norteamericano, Marco Rubio, a principios de este año, el norteamericano demandó resultados más concretos y rápidos en el combate a las organizaciones criminales. Los números muestran que México ha estado actuando bien, pero no en el campo del que casi no se habla, pero que es un pendiente que, tarde o temprano lo reclamará abiertamente Washington.

El mensaje en la insistente oferta de apoyo militar estadounidense para combatir el narcotráfico, podría ser: si tú no actúas contra quienes protegen a los narcos, hablamos de funcionarios públicos y de políticos, nosotros vamos a ir por ellos.

La semana pasada, la periodista norteamericana Mary Beth Sheridan publicó en el New York Times, un artículo en el que explica, según su interpretación, porqué la Presidenta Claudia Sheinbaum, se resiste a voltear a ver a los políticos corruptos que están coludidos con las bandas de narcotraficantes y que, bajo su amparo, aquellas actuan con absoluta impunidad. Su tesis es que “combatir a los cárteles no solo implica enfrentarse a los narcotraficantes. Para Sheinbaum, dice, también podría significar desmantelar los cimientos del poder local en México y enfrentarse a miembros de su propia coalición.”

El problema, señala la periodista, no es que los grupos de narcotraficantes ataquen al Estado. “Es que a menudo forman parte de él.” “Avanzar con firmeza contra los políticos corruptos, escribe, podría enfrentarla a funcionarios del partido que podrían socavar su autoridad y debilitar a Morena de cara a las elecciones del próximo año.” La Presidenta no emprenderá una guerra total, vaticina Sheridan, porque su supervivencia política está en juego. Carece del control total de Morena, que continúa bajo una enorme influencia de su antecesor, AMLO, afirma la periodista.

La tesis de Mary Beth Sheridan, no parece descabellada, solo habría que agregar que, el riesgo de no actuar, es que Trump decida dar un golpe espectacular llevándose a algún político de alto nivel, ante la mirada impotente de nuestras autoridades. Hay que recordar que, al norteamericano, le urge ganar puntos dentro de su electorado para las próximas elecciones de noviembre. Su popularidad no parece tan sólida.

No obstante, su larga experiencia
en la vida política del país, el senador
tabasqueño pecó de ingenuo en el
proceso de la sucesión presidencial de 2024.

El nuevo período de sesiones del Senado inicia con baraja nueva. Bueno, al menos, en el caso de su carta principal. El pasado primero de febrero, Adán Augusto López dejó la coordinación del grupo parlamentario de Morena y la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Una decisión personal, según su dicho, tomada “en las últimas horas, cuando se abrió la posibilidad de ir a hacer trabajo político electoral rumbo al 2027,” afirmó.

En la conferencia de prensa que dio a los medios, el senador explicó que, tal como lo había hecho en otras etapas de su vida política, cuando fue diputado local, diputado federal, senador de la República, en su primera ocasión, gobernador y secretario de Gobernación, por diferentes causas había dejado los cargos para asumir otras funciones. Una referencia que difícilmente pudiera compararse con
con este caso, pues seguramente en los anteriores ejemplos, los cambios fueron para escalar en su carrera política, mientras que, ahora, resulta innegable que su renuncia a estos altos cargos en el Senado, significan un retroceso en su posicionamiento político. Una caída, pues.

Como no hay más información de cómo se dieron los hechos y la explicación del Adán Augusto López no parece muy sólida, solo queda especular sobre las razones de este cambio, atendiendo a las circunstancias políticas alrededor del caso.

No obstante, su larga experiencia en la vida política del país, el senador tabasqueño pecó de ingenuo en el proceso de la sucesión presidencial de 2024. El político supuso que, haber sido incluido en el exclusivo club de las corcholatas, como el presidente AMLO denominó a los aspirantes oficiales para la candidatura presidencial por Morena y, por existir una muy estrecha cercanía con su paisano, quien lo consideraba su “hermano”, la encuesta, que definiría al ganador, le sería favorable. Pero no fue así. La “favorecida por este método” fue Claudia Sheinbaum. Un resultado que mucho le molestó y tardó en digerir, sin preocuparle ocultar su inconformidad.

Como lo había previsto el orquestador de este proceso y para evitar fracturas internas en el movimiento y, sin ningún respeto para quien lo fuera a sustituir, López Obrador dispuso nombramientos para los perdedores de la encuesta. A Adán Augusto le tocó la coordinación de los senadores de Morena y, por la mayoría de su bancada, la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Los cargos a los que ahora “renunció.”

Durante los 16 meses de la Presidencia de Claudia Sheinbaum, el comportamiento del senador López fue, en ciertos momentos, hasta un tanto displicente e irrespetuoso con la Titular del Ejecutivo. Era evidente, que sus prioridades no estaban en Palacio Nacional y que su lealtad, incondicional, estaba en Palenque, con quien lo había elegido para el cargo.

Adán Augusto, jugaba en otro equipo y la Presidenta necesitaba gente de su confianza en el Congreso. La sombra de Palenque, le hacía difícil tomar la decisión del cambio. Pero el pasado del propio senador, que, cuando gobernador nombró como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, a su viejo amigo Hernán Bermúdez Requena, quien, supuestamente, resultó ser cabeza del grupo criminal, La Barredora, además de socio del CJNG, le movió el piso. El escándalo que significó el resultado de las investigaciones, no fue menor. El tabasqueño argumentó en su defensa, que nunca se enteró de los malos pasos de su amigo y colaborador. Algo difícil de creer, habiendo sido tan cercanos.

Luego aparecieron, en el SAT, cuentas que no cuadraban con sus ingresos como senador. Cerca de 79 millones de pesos de origen incierto, que trató de justificar aduciendo actividades empresariales, honorarios por asesorías legales y trabajos notariales, que, como legislador, por ley, estaba impedido ejercer. Más recientemente, se publicó una nota periodística en la que se acusaba al senador de haber incrementado, de manera drástica, la partida presupuestal de
manejo discrecional asignada a la presidencia de la Junta de Coordinación Política, en más de un 11,000 por ciento. Recursos que el senador disponía sin necesidad de rendirle cuentas a nadie. Además de otros detallitos, como sospechas de su participación en el huachicol fiscal.

En estos antecedentes, además en las presiones reiteradas del presidente Donald Trump para que la Mandataria Claudia Sheinbaum actúe en contra de los políticos narcos y/o corruptos, podríamos encontrar el verdadero origen, más político que otra cosa, de la salida del senador tabasqueño.

La buena noticia es que ya lo movió del cargo. La mala, que permanece como senador, con la protección del fuero y, aparentemente, con una tarea que le permitirá continuar participando, políticamente, a sus anchas. Porque de lealtades, mejor ni hablamos.

Lo que le funcionó bien a Trump,
en un principio, su amenaza de aranceles
a diestra y siniestra y a nivel global, que
dobló voluntades, ha perdido efectividad
en países que le han salido respondones.

Imprevisible como el que más, el Presidente de los EUA, Donald Trump, continua con el manejo de los aranceles, como su arma favorita, para amedrentar y ablandar a los países que no se ajustan a sus caprichos o a sus ocurrencias. A partir de que asumió la Presidencia del país más poderoso del planeta, hace poco más de un año, este Mandatario encontró la fórmula para gobernar sin necesidad del aval del Congreso a través de la firma de órdenes ejecutivas. Sólo en su primer año de gobierno, emitió 225 de estas órdenes.

A Trump le urge ganar tiempo. Sólo cuenta con tres años más para cumplir sus promesas de campaña y concretar sus obsesiones expansionistas. Pero, además, tiene otra amenaza más próxima. En noviembre de este año se llevarán a cabo las elecciones intermedias en su país, en las que corre el riesgo de perder el control de la Cámara de Representantes. Actualmente las encuestas no le favorecen, pues anda por abajo del 50 por ciento en las preferencias y sigue en descenso. De perder el republicano parte del Congreso, su acelerado gobierno se verá obligado a bajar el ritmo, ya que se verá en la necesidad de negociar con la oposición, que no siempre aceptará sus ocurrencias. Además, tendrá que cumplir con enfadosos requisitos que imponen las leyes para la legalidad de sus actos de gobierno.

Lo que le funcionó bien a Trump, en un principio, su amenaza de aranceles a diestra y siniestra y a nivel global, que dobló voluntades, ha perdido efectividad en países que le han salido respondones. La imposición de estas medidas, ha alterado la economía mundial y afectado la economía norteamericana. Entre otros, por el aumento en los precios de los productos importados. Finalmente, el consumidor norteamericano es el que paga esos incrementos.

El manejo que ha hecho el Mandatario estadounidense de estos derechos aduaneros como arma de presión y amedrentamiento, ha topado, en ocasiones, con reacciones inesperadas por parte de algunas naciones dispuestas a responderle con la misma moneda. Además, ante las reacciones negativas en los mercados, Trump ha tenido que dar marcha atrás con sus órdenes ejecutivas. Algo que, al cabo de un año, se ha convertido en una práctica recurrente. A este estilo de poner y quitar o reducir aranceles, sin más, el columnista del diario británico Financial Times, Robert Amstrong, lo bautizó como “Trump siempre se acobarda” (TACO, por sus siglas en inglés). Lo que ha ocurrido, no pocas veces.

El más reciente ejemplo del TACO, ocurrió hace poco más de una semana, cuando este Mandatario amenazó a los países europeos, que se oponían a su intención de apoderarse de Groenlandia, por las buenas, compraventa, o por las malas, intervención militar, con imponerles un arancel del 10 por ciento, a partir del 2 de febrero, que podría elevarse hasta un 25 por ciento, si para el primero de junio no se llegaba a un acuerdo sobre la compra del país danés.

Los países amenazados Dinamarca, Reino Unido, Finlandia, Suecia, Alemania, Noruega, Países Bajos y Francia, le plantaron cara al magnate. No nos dejaremos chantajear, le dijeron. En una respuesta firme y coordinada de la Unión Europea (UE), se consideró la posibilidad de activar el Instrumento Anticoerción. Una “bazuca comercial” le llaman, diseñada para proteger a sus estados miembros ante una coerción económica proveniente de otros países. Las medidas de este Instrumento van, desde la disuasión hasta el cierre del acceso al mercado único de UE, en casos extremos. Esta amenaza, que no es menor por el alto costo que podría significarle a las empresas norteamericanas y su impacto en la economía mundial, “convenció” al Presidente Trump, para moderar su prepotencia y cancelar los aranceles anunciados.

Pero, Trump es Trump y, si bien anunció la cancelación de sus amenazantes aranceles, no desiste en su intención de apoderarse de Groenlandia, cuya soberanía, los países europeos están decididos a defender. El Mandatario alega que necesita a Groenlandia desde el punto de vista de seguridad nacional, ante la amenaza que, según él, representan China y Rusia, pero en el fondo hay otras razones. El acceso y explotación de sus ricos yacimientos de petróleo, gas, oro, titanio y, en particular, tierras raras, indispensables para la industria militar. Este país ocupa el octavo lugar mundial en reservas de estos elementos químicos. Y la tercera razón del interés trumpiano por esta enorme isla, es de imaginar, su obsesión imperialista.

Groenlandia y la Unión Europea no la tienen fácil.

Hay que entender que la Jefa del
Ejecutivo es la Presidenta de todos
los mexicanos, no solamente de
los de Morena y sus aliados.

Continúa el avance incontenible e irremediable de la propuesta de Reforma Electoral que la Presidenta Claudia Sheinbaum, en un alarde de autosuficiencia, decidió encargársela a los más cercanos colaboradores de su gobierno y, para que no hubiera duda sobre los contenidos, intereses y la línea que debería seguir la propuesta, denominaron “Comisión Presidencial para la Reforma Electoral”, al grupo de trabajo conformado.

Lo anterior refleja el concepto de pluralismo e integración que tiene el gobierno morenista, cuando para la elaboración de la propuesta que se enviará al Congreso, no incluyó a ninguna figura independiente, imparcial, algún experto en la materia que aportara “otros datos” que podrían enriquecer la propuesta. Lamentable, porque esta reforma impactará en la democracia del país, con repercusiones en su futuro político, además de su obligatoriedad para todos los ciudadanos mexicanos, simpatizantes o no de la 4T.

Conviene recordar, que de los 58.6 millones de votos válidos emitidos en la elección presidencial pasada, si bien, la Presidenta obtuvo 35.9 millones de votos, los que votaron por otras opciones sumaron 22.7 millones, que no son pocos, de un padrón total de 98.4 millones de posibles votantes. Hay que entender que la Jefa del Ejecutivo es la Presidenta de todos los mexicanos, no solamente de los de Morena y sus aliados. Durante su campaña presidencial y como candidata de Morena, sus discursos estaban dirigidos a sus partidarios y a convencer a quiénes no lo eran. En eso constituía su tarea. Pero asumido el cargo, su responsabilidad es gobernar para todos, propios y extraños de la 4T, porque ella representa a México y a toda su población.

Por eso consideramos un grave error de origen que, para la elaboración de una propuesta de reforma electoral, la Presidenta de todos los mexicanos, creara una comisión integrada únicamente por miembros de su gabinete, mostrando, abiertamente, una parcialidad incompatible con su cargo. Ignorando a los millones de ciudadanos que hay en la oposición o que piensan diferente, como si no existieran. En el colmo, tampoco incluyeron a ningún representante de los partidos aliados a Morena, el PT y el PVEM.

La experiencia histórica del estilo de trabajo legislativo, en los tiempos de la 4T, nos ha mostrado que las iniciativas de Palacio Nacional, son aprobadas por la avalancha de Morena y sus aliados, aprovechando su mayoría calificada en ambas cámaras, sin moverle ni una coma. Que la convocatoria al parlamento abierto, que tanto presumen los dirigentes de las bancadas de diputados y senadores morenistas, únicamente sirven para taparle el ojo al macho, pues de lo que ahí se dice, como algunos legisladores de ese partido han recnocido, los oyen, pero no los escuchan. Por lo que resultan ejercicios sin ninguna trascendencia. Inútiles, pues, ya que nada de lo que ahí se dice es tomado en cuenta.

La cerrazón oficial a las voces divergentes, no se puede ocultar. La Primera Mandataria descalifica, sin mayores argumentos, otras propuestas de figuras opositoras que dice haber leído. La de Claudio X. González, “bastante mala”. La de Lorenzo Córdova, “no está muy buena” y la del INE, “larguísima”, aunque tiene algo interesante, dijo, “llevar la elección de jueces para el 28 (2028) y no el 27 (2027), para que no quede todo junto, entonces habrá que considerarlo.” Bueno, al menos, algo gustó en Palacio.

Cuando la presidenta del INE y varios de sus consejeros se reunieron con el titular de la Comisión Presidencial, Pablo Gómez, para entregarle su propuesta de reforma electoral, el otrora destacado activista de oposición, olvidando su pasado de lucha en contra de que el gobierno organizara, dirigiera y calificara el resultado de las elecciones, ahora muy comprometido a quedar bien con la Presidenta, les aclaró su postura, respecto de la autonomía del organismo. No puede ser autónomo, les indicó, porque esto implicaría que pueda darse sus propias leyes y gobernarse por sí mismo, lo que no corresponde a un órgano administrativo del Estado como es el INE, señaló. Este organismo no puede ser

La posición del titular de la Comisión Presidencial, generó una cascada de críticas, al grado de que la Presidenta tuvo que intervenir, asegurando que su reforma no quitará la autonomía al INE, ni busca un control político. “No se trata de quitarle autonomía al INE, no se la vamos a quitar…” dijo, y hasta ahí todo iba bien, pero la Mandataria decidió adjetivar la autonomía del Instituto: “…pero, pues que sea algo razonable.” Remató. Lo que nos dejó con la interrogante de cuál será el parámetro y quién determinará lo que sea razonable. Autónomo, entonces, pero nada más poquito.

Tarde o temprano, el gobierno tendrá que
quitar el manto de protección a los
políticos comprometidos con el narcotráfico y,
al menos, abrirles carpetas de investigación.

“Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.” La frase atribuida a Porfirio Diaz, (aunque el autor fue el político y periodista Nemesio García Naranjo), podría encajar ahora, como lamento de lo que estamos viviendo en este segundo período de la Presidencia de Donald Trump. Un personaje que ha roto reglas, protocolos, prácticas diplomáticas, usos y costumbres de toda índole, para imponer un estilo personal de gobernar que poco tiene que ver con la política tradicional.

El empresario metido a la política, se maneja como un gran CEO (Chief Executive Officer). Máxima autoridad y responsable de la dirección estratégica y operativa de una empresa, según la definición de este cargo, solo que, en el caso, no se trata de una empresa, sino del país más poderoso del planeta. Como Presidente de los EUA, actúa sin límites. Busca consolidar la supremacía de su país, “Hagamos a EUA grande de nuevo” fue su lema de campaña y, con ese objetivo, no duda en usar cualquier instrumento de poder militar, económico o político.

En una larga entrevista al New York Times, se le preguntó si existían límites a sus poderes globales, a lo que respondería que sí. “Hay una cosa, dijo, mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme…No necesito el derecho internacional.” Y, a la pregunta de si su gobierno tenía que respetar el derecho internacional, diría: sí, pero que él sería el árbitro cuando las limitaciones se aplicaran a su país. Trump considera que la fuerza nacional más que las leyes, los tratados y las convenciones debe ser el factor decisivo en los conflictos entre países.

Este es el personaje que tiene la mira puesta en nuestro país. Que, en su primer día de gobierno, mediante una orden ejecutiva, anunciara que los cárteles del narcotráfico en México, serían catalogados como organizaciones terroristas extranjeras, alegando que los cárteles constituyen una amenaza a la seguridad nacional de los EUA al traficar drogas como el fentanilo que han ocasionado la muerte de miles de norteamericanos, cada año. A partir de entonces, las presiones hacia nuestro gobierno, en el tema de la lucha contra el narcotráfico, no han cesado.

Como lo ha señalado la Presidenta Claudia Sheinbaum, en varias de las conversaciones que ha tenido con el mandatario norteamericano, éste la ha ofrecido ayuda militar para acabar con los cárteles de la droga. Invariablemente la respuesta de la Presidenta ha sido gracias, pero no gracias. Rechazo que, para el estilo Trump, no le ha de caer muy bien al neoyorquino. México ha enviado a las autoridades norteamericanas más de 50 narcotraficantes de alto perfil, destruido decenas de narco laboratorios, asegurado toneladas de drogas, detenido a cientos de narcotraficantes, pero Mr. Trump dice que no es suficiente.

Tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por fuerzas militares norteamericanas, acusados entre otros delitos de conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, las presiones hacia México han subido de tono. Trump insiste en su discurso de que a nuestro país lo controlan los narcotraficantes y que “algo habrá qué hacer con México.” A pregunta de un periodista, señaló que no descarta usar la fuerza militar para atacar a los cárteles directamente en territorio mexicano, aunque no tiene planes de hacerlo, por el momento.

Ante sus declaraciones de que ahora va a empezar “a atacar a los cárteles de la droga por tierra. Los cárteles están controlando México,” dijo, la Presidenta Sheinbaum instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente a que hablara con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, para dar seguimiento al Programa de Cooperación Fronteriza. Quizás el comentario que hiciera el funcionario estadounidense, después de la plática con nuestro canciller, en el sentido de que México necesita obtener resultados tangibles en la lucha contra los cárteles, hizo que la Presidenta buscara una comunicación con su colega. Los dos mandatarios hablaron y, según versión de Palacio Nacional, en 15 minutos quedó descartada una intervención militar norteamericana en nuestro país.

Trump quiere que el gobierno mexicano actúe contra los funcionarios que tengan ligas de complicidad con narcotraficantes. Aquellas autoridades que protegen y permiten actuar a los cárteles con absoluta impunidad. Y, qué mejor, si se los extraditan. Con la información que han venido recabando de las declaraciones de los narcotraficantes sometidos a juicio, más lo que pueda aportar Nicolás Maduro, las agencias estadounidenses han de tener ya bien ubicados a quiénes, desde el poder, han amasado fortunas, por el “cobro de piso” a los cárteles de la droga.

Tarde o temprano, el gobierno tendrá que quitar el manto de protección a los políticos comprometidos con el narcotráfico y, al menos, abrirles carpetas de investigación. Queda claro que las amenazas del neoyorquino, no son meras balandronadas. Somos un vecino muy importante para los EUA, pero una de las banderas trumpianas es acabar con quiénes trafican con drogas, en especial fentanilo, por razones de seguridad nacional, argumentan. Esto podría justificar acciones indeseables para nuestro país. Un gran riesgo para México, solo por continuar protegiendo a quiénes decidieron actuar del otro lado de la ley. No vale la pena.

Siguiendo la línea de la 4T, la bancada de
Morena del Congreso de la capital del país,
continúa la labor de zapa de las
instituciones con autonomía, creadas
por los “gobiernos neoliberales”.

Para finalizar 2025, nuestro Congreso capitalino nos dio un triste espectáculo, que dio la vuelta al mundo.

Como en los mejores tiempos de la Arena Coliseo, el Congreso de la CDMX se convirtió en el pancracio de la capital, en donde diputadas del PAN y de Morena, decidieron pasar del debate a la lucha libre, de los argumentos al enfrentamiento físico, de la discusión verbal a los manotazos, codazos y empellones. Solo faltaron los piquetes de ojos, porque los jalones de pelo abundaron.

Pero qué fue lo que encendió los ánimos de las legisladoras, al grado de llegar a las manos. Pues, el incumplimiento de un acuerdo que ya había sido aprobado en comisiones.

Resulta que el lunes 15 de diciembre pasado, en el Congreso de la CDMX se presentó, para su aprobación, el dictamen por el que se decretaba la extinción del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la CDMX (INFO CDMX) y la creación de un organismo nuevo que lo habría de sustituir.

De acuerdo con lo dicho por la diputada panista Daniela Álvarez, unos días antes, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Transparencia y Protección de Datos Personales habían acordado un dictamen en el que se establecía que el organismo sustituto sería tripartita y plural, para que “no fuera una sola persona la que decidiera a quién sí y a quién no le iba a dar acceso a la transparencia,” según cometario de la diputada panista.

Sin embargo, de última hora un diputado morenista presentó una reserva al dictamen, lo que cambió la estructura del nuevo Instituto, con la correspondiente modificación del dictamen originalmente aprobado en comisiones. El nuevo dictamen que se presentó al pleno, y que finalmente se aprobó, después de la trifulca, crea un órgano desconcentrado, no colegiado (un solo titular), adscrito a la Contraloría General.

Ante la sorpresa por el cambio en la estructura operacional del nuevo organismo, la diputada Álvarez acusó a los morenistas de incumplir con lo acordado en comisiones, dijo que no iban a permitir que se rompieran acuerdos políticos, y procedió a tomar la tribuna. Ahí empezó la lucha libre.

Siguiendo la línea de la 4T, la bancada de Morena del Congreso de la capital del país, continúa la labor de zapa de las instituciones con autonomía, creadas por los gobiernos “neoliberales”. Al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), lo desaparecieron, formalmente, en marzo pasado. Este Instituto tenía como propósito “consolidar la política nacional de transparencia, garantizar el derecho constitucional de acceso a la información pública y la protección de datos personales, fortaleciendo el Estado de Derecho y la democracia a través de una mayor rendición de cuentas…”

La principal característica del Instituto, era precisamente su autonomía, lo que le permitía resolver las controversias sin injerencia gubernamental, emitiendo resoluciones vinculantes. Algo bastante incómodo para el estilo de gobierno de la 4T, en el que la opacidad prevalece sobre la transparencia.

La demolición de instituciones del “pasado conservador,” continua, porque muchos de estas entidades constituyen un estorbo a los propósitos de un gobierno que no le gusta rendir cuentas ni que lo cuestionen y, menos, que lo critiquen, lo que califica como complot. Como un boicot a la Cuarta Transformación.

En relación al incidente, salió al quite la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, culpando de lo ocurrido a la oposición, acusándolos de pretender boicotear el presupuesto. Nada del sorpresivo cambio de criterio en la concepción del nuevo organismo de Transparencia.

Finalmente, la nueva institución, no colegiada, fue aprobada por la mayoría aplastante de Morena y sus aliados, así como el Presupuesto 2026. Solos, sin la presencia de las diputaciones del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes, en protesta, abandonaron el recinto parlamentario.

Sobre lo ocurrido, nos quedamos con las palabras de María Corina Machado “cuando comprendimos cuán frágiles se habían vuelto nuestras instituciones, ya era tarde.”

Podríamos suponer que, acabar con el principio de Cosa Juzgada,
es el manotazo que dan para demostrar
su poder, que los tomen en serio y los respeten.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), leemos en su página oficial, “es el Tribunal Constitucional de México. Su principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos de las personas.

“La SCJN garantiza la separación de poderes, el principio democrático y los derechos fundamentales para beneficio de todas las personas que habitan el territorio nacional”.

¿Qué es lo que hace?, continuamos con nuestra consulta, “…imparte justicia a través de mecanismos que permiten vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución.” Es pues, una institución técnica jurídica.

La Corte anterior era un organismo que operaba razonablemente bien, aunque no necesariamente para efectos del estilo cuatroteísta de gobernar. Como tribunal técnico de derecho, vigilante del cumplimiento de la Carta Magna, defensor del Estado de Derecho, máxima autoridad del Poder Judicial, contrapeso de los otros Poderes de la Unión, autónomo e independiente, resultaba incómodo, por decir lo menos, para el Titular del Ejecutivo.

Y es que, como vigilante del cumplimiento de la Constitución, no pocas veces frenó programas de gobierno despreocupados por el respeto a la ley. La máxima del clásico, “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, muestra una forma de gobierno reacia a someterse a los dictados de las normas jurídicas. El costo de las desavenencias con el Ejecutivo y su pretensión de actuar con autonomía, fue elevado e impensable: la desaparición de la Corte y de la totalidad del Poder Judicial. Estos fueron sustituidos por nuevas instituciones a modo, complacientes y obsequiosas con los proyectos de Palacio Nacional. Una Corte que nunca interponga la ley para detener o suspender algún proyecto de Palacio Nacional.

Para la integración del nuevo Poder Judicial, se resolvió que las autoridades judiciales, jueces, magistrados y ministros, fueran electos por voto popular, argumentando que así, los impartidores de justicia,” tendrán una mayor legitimidad y representatividad,” respondiendo al mandato popular en lugar de a “intereses de élite o grupos de poder”. Además, con los nuevos juzgadores se acabaría la corrupción que, según Palacio Nacional, predominaba en la antigua Corte. Algo que nunca se probó ni hubo preocupación por investigar.
Lo que siguió es historia conocida. Una selección manipulada y al vapor de aspirantes, en la que lo menos importante era su preparación, experiencia o el conocimiento del derecho. Un proceso electoral desaseado, en el que no hubo recato para influir en la decisión de los votantes a través de acordeones elaborados con los nombres de los candidatos previamente seleccionados. A nadie sorprendió que los elegidos coincidieran con los aspirantes favoritos que apoyaba el gobierno. Una jornada electoral a tono, para el inicio de una nueva época del Sistema Judicial en el segundo piso de la 4T.

Pero resulta que los nuevos ministros de la Corte, cuyo pleno lo integran ahora 9 togados, dos menos que su antecesora, decidieron meter ruido a la certeza y la certidumbre jurídicas. Cómo si no tuvieran miles de casos por resolver, estos flamantes jueces decidieron votar a favor de anular el juicio concluido. Un caballazo al principio de Cosa Juzgada, pues permite la reapertura de juicios totalmente concluidos. Adiós a la definitividad de las sentencias y a la seguridad jurídica, porque con esta ocurrencia, cualquier condenado en un juicio, por sentencia definitiva, podrá buscar reabrir el proceso por lo que, además, los juicios se prolongarán de forma indefinida.

En esto cabe un sospechosismo. Mucho se criticó el proceso de elección de los ministros, hasta el grado de apodar a la nueva institución como la “Corte del acordeón”. También se cuestionó la falta de preparación y conocimientos de la mayoría de los elegidos, cuya nula experiencia en la práctica judicial es inocultable.

A, prácticamente, tres meses de haber iniciado labores, con una pesada carga crítica de desaprobación, surge una ocurrencia, sin precedentes, que, podrían suponer ellos y ellas, les ayudaría a legitimar su condición de máximos jueces del Sistema Judicial. No importa resolver los miles de casos pendientes ni que la incertidumbre jurídica prenda focos de alerta a quienes pretenden invertir en el país (Ni que nos hiciera falta, han de pensar). Podríamos suponer que, acabar con el principio de Cosa Juzgada, es un manotazo que dan para demostrar su poder, que los tomen en serio y los respeten. Aunque pongan en riesgo el futuro del país.

No hay otra explicación.