Lo que le funcionó bien a Trump,
en un principio, su amenaza de aranceles
a diestra y siniestra y a nivel global, que
dobló voluntades, ha perdido efectividad
en países que le han salido respondones.

Imprevisible como el que más, el Presidente de los EUA, Donald Trump, continua con el manejo de los aranceles, como su arma favorita, para amedrentar y ablandar a los países que no se ajustan a sus caprichos o a sus ocurrencias. A partir de que asumió la Presidencia del país más poderoso del planeta, hace poco más de un año, este Mandatario encontró la fórmula para gobernar sin necesidad del aval del Congreso a través de la firma de órdenes ejecutivas. Sólo en su primer año de gobierno, emitió 225 de estas órdenes.

A Trump le urge ganar tiempo. Sólo cuenta con tres años más para cumplir sus promesas de campaña y concretar sus obsesiones expansionistas. Pero, además, tiene otra amenaza más próxima. En noviembre de este año se llevarán a cabo las elecciones intermedias en su país, en las que corre el riesgo de perder el control de la Cámara de Representantes. Actualmente las encuestas no le favorecen, pues anda por abajo del 50 por ciento en las preferencias y sigue en descenso. De perder el republicano parte del Congreso, su acelerado gobierno se verá obligado a bajar el ritmo, ya que se verá en la necesidad de negociar con la oposición, que no siempre aceptará sus ocurrencias. Además, tendrá que cumplir con enfadosos requisitos que imponen las leyes para la legalidad de sus actos de gobierno.

Lo que le funcionó bien a Trump, en un principio, su amenaza de aranceles a diestra y siniestra y a nivel global, que dobló voluntades, ha perdido efectividad en países que le han salido respondones. La imposición de estas medidas, ha alterado la economía mundial y afectado la economía norteamericana. Entre otros, por el aumento en los precios de los productos importados. Finalmente, el consumidor norteamericano es el que paga esos incrementos.

El manejo que ha hecho el Mandatario estadounidense de estos derechos aduaneros como arma de presión y amedrentamiento, ha topado, en ocasiones, con reacciones inesperadas por parte de algunas naciones dispuestas a responderle con la misma moneda. Además, ante las reacciones negativas en los mercados, Trump ha tenido que dar marcha atrás con sus órdenes ejecutivas. Algo que, al cabo de un año, se ha convertido en una práctica recurrente. A este estilo de poner y quitar o reducir aranceles, sin más, el columnista del diario británico Financial Times, Robert Amstrong, lo bautizó como “Trump siempre se acobarda” (TACO, por sus siglas en inglés). Lo que ha ocurrido, no pocas veces.

El más reciente ejemplo del TACO, ocurrió hace poco más de una semana, cuando este Mandatario amenazó a los países europeos, que se oponían a su intención de apoderarse de Groenlandia, por las buenas, compraventa, o por las malas, intervención militar, con imponerles un arancel del 10 por ciento, a partir del 2 de febrero, que podría elevarse hasta un 25 por ciento, si para el primero de junio no se llegaba a un acuerdo sobre la compra del país danés.

Los países amenazados Dinamarca, Reino Unido, Finlandia, Suecia, Alemania, Noruega, Países Bajos y Francia, le plantaron cara al magnate. No nos dejaremos chantajear, le dijeron. En una respuesta firme y coordinada de la Unión Europea (UE), se consideró la posibilidad de activar el Instrumento Anticoerción. Una “bazuca comercial” le llaman, diseñada para proteger a sus estados miembros ante una coerción económica proveniente de otros países. Las medidas de este Instrumento van, desde la disuasión hasta el cierre del acceso al mercado único de UE, en casos extremos. Esta amenaza, que no es menor por el alto costo que podría significarle a las empresas norteamericanas y su impacto en la economía mundial, “convenció” al Presidente Trump, para moderar su prepotencia y cancelar los aranceles anunciados.

Pero, Trump es Trump y, si bien anunció la cancelación de sus amenazantes aranceles, no desiste en su intención de apoderarse de Groenlandia, cuya soberanía, los países europeos están decididos a defender. El Mandatario alega que necesita a Groenlandia desde el punto de vista de seguridad nacional, ante la amenaza que, según él, representan China y Rusia, pero en el fondo hay otras razones. El acceso y explotación de sus ricos yacimientos de petróleo, gas, oro, titanio y, en particular, tierras raras, indispensables para la industria militar. Este país ocupa el octavo lugar mundial en reservas de estos elementos químicos. Y la tercera razón del interés trumpiano por esta enorme isla, es de imaginar, su obsesión imperialista.

Groenlandia y la Unión Europea no la tienen fácil.

Hay que entender que la Jefa del
Ejecutivo es la Presidenta de todos
los mexicanos, no solamente de
los de Morena y sus aliados.

Continúa el avance incontenible e irremediable de la propuesta de Reforma Electoral que la Presidenta Claudia Sheinbaum, en un alarde de autosuficiencia, decidió encargársela a los más cercanos colaboradores de su gobierno y, para que no hubiera duda sobre los contenidos, intereses y la línea que debería seguir la propuesta, denominaron “Comisión Presidencial para la Reforma Electoral”, al grupo de trabajo conformado.

Lo anterior refleja el concepto de pluralismo e integración que tiene el gobierno morenista, cuando para la elaboración de la propuesta que se enviará al Congreso, no incluyó a ninguna figura independiente, imparcial, algún experto en la materia que aportara “otros datos” que podrían enriquecer la propuesta. Lamentable, porque esta reforma impactará en la democracia del país, con repercusiones en su futuro político, además de su obligatoriedad para todos los ciudadanos mexicanos, simpatizantes o no de la 4T.

Conviene recordar, que de los 58.6 millones de votos válidos emitidos en la elección presidencial pasada, si bien, la Presidenta obtuvo 35.9 millones de votos, los que votaron por otras opciones sumaron 22.7 millones, que no son pocos, de un padrón total de 98.4 millones de posibles votantes. Hay que entender que la Jefa del Ejecutivo es la Presidenta de todos los mexicanos, no solamente de los de Morena y sus aliados. Durante su campaña presidencial y como candidata de Morena, sus discursos estaban dirigidos a sus partidarios y a convencer a quiénes no lo eran. En eso constituía su tarea. Pero asumido el cargo, su responsabilidad es gobernar para todos, propios y extraños de la 4T, porque ella representa a México y a toda su población.

Por eso consideramos un grave error de origen que, para la elaboración de una propuesta de reforma electoral, la Presidenta de todos los mexicanos, creara una comisión integrada únicamente por miembros de su gabinete, mostrando, abiertamente, una parcialidad incompatible con su cargo. Ignorando a los millones de ciudadanos que hay en la oposición o que piensan diferente, como si no existieran. En el colmo, tampoco incluyeron a ningún representante de los partidos aliados a Morena, el PT y el PVEM.

La experiencia histórica del estilo de trabajo legislativo, en los tiempos de la 4T, nos ha mostrado que las iniciativas de Palacio Nacional, son aprobadas por la avalancha de Morena y sus aliados, aprovechando su mayoría calificada en ambas cámaras, sin moverle ni una coma. Que la convocatoria al parlamento abierto, que tanto presumen los dirigentes de las bancadas de diputados y senadores morenistas, únicamente sirven para taparle el ojo al macho, pues de lo que ahí se dice, como algunos legisladores de ese partido han recnocido, los oyen, pero no los escuchan. Por lo que resultan ejercicios sin ninguna trascendencia. Inútiles, pues, ya que nada de lo que ahí se dice es tomado en cuenta.

La cerrazón oficial a las voces divergentes, no se puede ocultar. La Primera Mandataria descalifica, sin mayores argumentos, otras propuestas de figuras opositoras que dice haber leído. La de Claudio X. González, “bastante mala”. La de Lorenzo Córdova, “no está muy buena” y la del INE, “larguísima”, aunque tiene algo interesante, dijo, “llevar la elección de jueces para el 28 (2028) y no el 27 (2027), para que no quede todo junto, entonces habrá que considerarlo.” Bueno, al menos, algo gustó en Palacio.

Cuando la presidenta del INE y varios de sus consejeros se reunieron con el titular de la Comisión Presidencial, Pablo Gómez, para entregarle su propuesta de reforma electoral, el otrora destacado activista de oposición, olvidando su pasado de lucha en contra de que el gobierno organizara, dirigiera y calificara el resultado de las elecciones, ahora muy comprometido a quedar bien con la Presidenta, les aclaró su postura, respecto de la autonomía del organismo. No puede ser autónomo, les indicó, porque esto implicaría que pueda darse sus propias leyes y gobernarse por sí mismo, lo que no corresponde a un órgano administrativo del Estado como es el INE, señaló. Este organismo no puede ser

La posición del titular de la Comisión Presidencial, generó una cascada de críticas, al grado de que la Presidenta tuvo que intervenir, asegurando que su reforma no quitará la autonomía al INE, ni busca un control político. “No se trata de quitarle autonomía al INE, no se la vamos a quitar…” dijo, y hasta ahí todo iba bien, pero la Mandataria decidió adjetivar la autonomía del Instituto: “…pero, pues que sea algo razonable.” Remató. Lo que nos dejó con la interrogante de cuál será el parámetro y quién determinará lo que sea razonable. Autónomo, entonces, pero nada más poquito.

Tarde o temprano, el gobierno tendrá que
quitar el manto de protección a los
políticos comprometidos con el narcotráfico y,
al menos, abrirles carpetas de investigación.

“Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.” La frase atribuida a Porfirio Diaz, (aunque el autor fue el político y periodista Nemesio García Naranjo), podría encajar ahora, como lamento de lo que estamos viviendo en este segundo período de la Presidencia de Donald Trump. Un personaje que ha roto reglas, protocolos, prácticas diplomáticas, usos y costumbres de toda índole, para imponer un estilo personal de gobernar que poco tiene que ver con la política tradicional.

El empresario metido a la política, se maneja como un gran CEO (Chief Executive Officer). Máxima autoridad y responsable de la dirección estratégica y operativa de una empresa, según la definición de este cargo, solo que, en el caso, no se trata de una empresa, sino del país más poderoso del planeta. Como Presidente de los EUA, actúa sin límites. Busca consolidar la supremacía de su país, “Hagamos a EUA grande de nuevo” fue su lema de campaña y, con ese objetivo, no duda en usar cualquier instrumento de poder militar, económico o político.

En una larga entrevista al New York Times, se le preguntó si existían límites a sus poderes globales, a lo que respondería que sí. “Hay una cosa, dijo, mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme…No necesito el derecho internacional.” Y, a la pregunta de si su gobierno tenía que respetar el derecho internacional, diría: sí, pero que él sería el árbitro cuando las limitaciones se aplicaran a su país. Trump considera que la fuerza nacional más que las leyes, los tratados y las convenciones debe ser el factor decisivo en los conflictos entre países.

Este es el personaje que tiene la mira puesta en nuestro país. Que, en su primer día de gobierno, mediante una orden ejecutiva, anunciara que los cárteles del narcotráfico en México, serían catalogados como organizaciones terroristas extranjeras, alegando que los cárteles constituyen una amenaza a la seguridad nacional de los EUA al traficar drogas como el fentanilo que han ocasionado la muerte de miles de norteamericanos, cada año. A partir de entonces, las presiones hacia nuestro gobierno, en el tema de la lucha contra el narcotráfico, no han cesado.

Como lo ha señalado la Presidenta Claudia Sheinbaum, en varias de las conversaciones que ha tenido con el mandatario norteamericano, éste la ha ofrecido ayuda militar para acabar con los cárteles de la droga. Invariablemente la respuesta de la Presidenta ha sido gracias, pero no gracias. Rechazo que, para el estilo Trump, no le ha de caer muy bien al neoyorquino. México ha enviado a las autoridades norteamericanas más de 50 narcotraficantes de alto perfil, destruido decenas de narco laboratorios, asegurado toneladas de drogas, detenido a cientos de narcotraficantes, pero Mr. Trump dice que no es suficiente.

Tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por fuerzas militares norteamericanas, acusados entre otros delitos de conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, las presiones hacia México han subido de tono. Trump insiste en su discurso de que a nuestro país lo controlan los narcotraficantes y que “algo habrá qué hacer con México.” A pregunta de un periodista, señaló que no descarta usar la fuerza militar para atacar a los cárteles directamente en territorio mexicano, aunque no tiene planes de hacerlo, por el momento.

Ante sus declaraciones de que ahora va a empezar “a atacar a los cárteles de la droga por tierra. Los cárteles están controlando México,” dijo, la Presidenta Sheinbaum instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente a que hablara con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, para dar seguimiento al Programa de Cooperación Fronteriza. Quizás el comentario que hiciera el funcionario estadounidense, después de la plática con nuestro canciller, en el sentido de que México necesita obtener resultados tangibles en la lucha contra los cárteles, hizo que la Presidenta buscara una comunicación con su colega. Los dos mandatarios hablaron y, según versión de Palacio Nacional, en 15 minutos quedó descartada una intervención militar norteamericana en nuestro país.

Trump quiere que el gobierno mexicano actúe contra los funcionarios que tengan ligas de complicidad con narcotraficantes. Aquellas autoridades que protegen y permiten actuar a los cárteles con absoluta impunidad. Y, qué mejor, si se los extraditan. Con la información que han venido recabando de las declaraciones de los narcotraficantes sometidos a juicio, más lo que pueda aportar Nicolás Maduro, las agencias estadounidenses han de tener ya bien ubicados a quiénes, desde el poder, han amasado fortunas, por el “cobro de piso” a los cárteles de la droga.

Tarde o temprano, el gobierno tendrá que quitar el manto de protección a los políticos comprometidos con el narcotráfico y, al menos, abrirles carpetas de investigación. Queda claro que las amenazas del neoyorquino, no son meras balandronadas. Somos un vecino muy importante para los EUA, pero una de las banderas trumpianas es acabar con quiénes trafican con drogas, en especial fentanilo, por razones de seguridad nacional, argumentan. Esto podría justificar acciones indeseables para nuestro país. Un gran riesgo para México, solo por continuar protegiendo a quiénes decidieron actuar del otro lado de la ley. No vale la pena.

Siguiendo la línea de la 4T, la bancada de
Morena del Congreso de la capital del país,
continúa la labor de zapa de las
instituciones con autonomía, creadas
por los “gobiernos neoliberales”.

Para finalizar 2025, nuestro Congreso capitalino nos dio un triste espectáculo, que dio la vuelta al mundo.

Como en los mejores tiempos de la Arena Coliseo, el Congreso de la CDMX se convirtió en el pancracio de la capital, en donde diputadas del PAN y de Morena, decidieron pasar del debate a la lucha libre, de los argumentos al enfrentamiento físico, de la discusión verbal a los manotazos, codazos y empellones. Solo faltaron los piquetes de ojos, porque los jalones de pelo abundaron.

Pero qué fue lo que encendió los ánimos de las legisladoras, al grado de llegar a las manos. Pues, el incumplimiento de un acuerdo que ya había sido aprobado en comisiones.

Resulta que el lunes 15 de diciembre pasado, en el Congreso de la CDMX se presentó, para su aprobación, el dictamen por el que se decretaba la extinción del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la CDMX (INFO CDMX) y la creación de un organismo nuevo que lo habría de sustituir.

De acuerdo con lo dicho por la diputada panista Daniela Álvarez, unos días antes, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Transparencia y Protección de Datos Personales habían acordado un dictamen en el que se establecía que el organismo sustituto sería tripartita y plural, para que “no fuera una sola persona la que decidiera a quién sí y a quién no le iba a dar acceso a la transparencia,” según cometario de la diputada panista.

Sin embargo, de última hora un diputado morenista presentó una reserva al dictamen, lo que cambió la estructura del nuevo Instituto, con la correspondiente modificación del dictamen originalmente aprobado en comisiones. El nuevo dictamen que se presentó al pleno, y que finalmente se aprobó, después de la trifulca, crea un órgano desconcentrado, no colegiado (un solo titular), adscrito a la Contraloría General.

Ante la sorpresa por el cambio en la estructura operacional del nuevo organismo, la diputada Álvarez acusó a los morenistas de incumplir con lo acordado en comisiones, dijo que no iban a permitir que se rompieran acuerdos políticos, y procedió a tomar la tribuna. Ahí empezó la lucha libre.

Siguiendo la línea de la 4T, la bancada de Morena del Congreso de la capital del país, continúa la labor de zapa de las instituciones con autonomía, creadas por los gobiernos “neoliberales”. Al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), lo desaparecieron, formalmente, en marzo pasado. Este Instituto tenía como propósito “consolidar la política nacional de transparencia, garantizar el derecho constitucional de acceso a la información pública y la protección de datos personales, fortaleciendo el Estado de Derecho y la democracia a través de una mayor rendición de cuentas…”

La principal característica del Instituto, era precisamente su autonomía, lo que le permitía resolver las controversias sin injerencia gubernamental, emitiendo resoluciones vinculantes. Algo bastante incómodo para el estilo de gobierno de la 4T, en el que la opacidad prevalece sobre la transparencia.

La demolición de instituciones del “pasado conservador,” continua, porque muchos de estas entidades constituyen un estorbo a los propósitos de un gobierno que no le gusta rendir cuentas ni que lo cuestionen y, menos, que lo critiquen, lo que califica como complot. Como un boicot a la Cuarta Transformación.

En relación al incidente, salió al quite la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, culpando de lo ocurrido a la oposición, acusándolos de pretender boicotear el presupuesto. Nada del sorpresivo cambio de criterio en la concepción del nuevo organismo de Transparencia.

Finalmente, la nueva institución, no colegiada, fue aprobada por la mayoría aplastante de Morena y sus aliados, así como el Presupuesto 2026. Solos, sin la presencia de las diputaciones del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes, en protesta, abandonaron el recinto parlamentario.

Sobre lo ocurrido, nos quedamos con las palabras de María Corina Machado “cuando comprendimos cuán frágiles se habían vuelto nuestras instituciones, ya era tarde.”