En las oficinas de Palacio encontraron
un escudo de protección político para evitar
hablar del narcotráfico y sus presuntas
alianzas con la clase política.

Está claro que para la Presidenta, Claudia Sheinbaum, hay un tema en el que no está dispuesta a ceder, sin importar el alto costo que esto pueda significar. Y es que la inexplicable protección de presuntos narcopolíticos señalados por la justicia estadounidense, puede tener graves consecuencias en la relación con nuestro principal socio comercial. Hace ya más de tres meses, que el Departamento de Justicia de los EUA solicitó, a nuestro gobierno, por la vía diplomática, la detención provisional, con fines de extradición, de 10 funcionarios públicos y políticos del estado de Sinaloa, incluido el gobernador, entonces en funciones, Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza.

De acuerdo al tratado de extradición suscrito entre México y los EUA, vigente desde 1980, nuestro país estaba obligado a atender la solicitud y detener a las personas denunciadas, sin mayores trámites, siempre y cuando la conducta cometida fuera considerada delito en ambos países y sancionado con una pena de prisión no menor a un año. Pero resulta que, lejos de atender la petición del gobierno norteamericano, en Palacio Nacional se decidió no tramitar la detención de ninguno de ellos, alegando falta de pruebas que acreditaran los delitos presuntamente cometidos.

Aún más, y para que no hubiera duda de la molestia que esta petición había causado, sin venir a cuento, el gobierno de la 4T enarboló la bandera de la soberanía nacional, acusando de injerencista al gobierno de Washington por atreverse a acusar de actos criminales a unos personajes de la élite morenista, convirtiendo en político un asunto judicial.

Al estilo que nos tiene acostumbrados la cuatrote, de no reconocer fallas, errores ni delitos presuntamente cometidos por morenistas, por aquello de que afecta a “la unidad del movimiento”, sin el menor rubor, se oficializó el blindaje al gobernador Rocha Moya, a quien el ex líder del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada, sujeto a proceso en los EUA, señaló, en una carta publicada tras su detención en EUA, de tener vínculos con el narcotráfico.

Como si se tratara de un tema concluido, sin presuntos culpables ni responsables, el gobernador con licencia, duerme tranquilo con la certeza de que nadie lo molestará, pues en Palacio Nacional lo arroparon con el manto de la soberanía nacional. Queda sin aclarar, por parte del gobierno, qué tiene que ver la solicitud de detención de un cuestionado personaje, de malos antecedentes y relaciones peligrosas, que llegó a la gubernatura con el apoyo de los narcotraficantes, con ataques a la soberanía del país.

De los otros 7 denunciados, que no optaron por entregarse a las autoridades norteamericanas, nada se sabe. Es de suponer, que en el paquete de protección al gobernador con licencia y al senador, se les incluyó con los mismos beneficios, cero investigaciones. Al fin de cuentas, son parte del mismo equipo; pero sobre esto, el silencio es sepulcral.

En las oficinas de Palacio encontraron un escudo de protección político para evitar hablar del narcotráfico y sus presuntas alianzas con la clase política. La soberanía nacional no se negocia, afirman, y acusan al gobierno norteamericano de usar la solicitud de detención, como pretexto para influir en los procesos políticos internos de México.

Una denuncia atrevida y poco diplomática, porque en el fondo dificulta, por decir lo menos, cualquier acuerdo de colaboración en el sensible tema del narcotráfico y la batalla para enfrentarlo. Y es que, ante la rotunda negativa, de parte del gobierno mexicano, de reconocer que existen funcionarios vinculados con los cárteles de las drogas con los que se asocian y protegen, no parece que las autoridades norteamericanas se vayan a quedar con los brazos cruzados.

Si el argumento es la falta de pruebas, esas autoridades las tienen y en abundancia. Cuentan con información de inteligencia, además de las confesiones y testimonios de decenas de narcotraficantes que nuestro país les ha estado enviando, dispuestos a denunciar y acusar a quien sea, a cambio de un acuerdo de culpabilidad que les permita obtener beneficios penales.

Si bien, la reacción de nuestro gobierno, para rechazar la detención de los supuestos narcopolíticos, fue elevar a nivel político un tema judicial, al convertir la solicitud de la fiscalía norteamericana en un ataque a la soberanía nacional, la Casa Blanca, en esta especie de juego de ajedrez, elevó la mira del nivel de los políticos y funcionarios de Morena afectados con la revocación de su visa. No está claro a cuántos ni a quiénes, porque por ley, EU no hace públicas las cancelaciones debido a normas de confidencialidad y privacidad. Solo sabemos de algunos gobernadores, porque ellos lo han informado, pero no descartamos que esta medida se haya aplicado ya a más de un político encumbrado.

Nuestro gobierno, por su parte, sigue acomodando sus piezas. Ahora, la Presidenta, junto con la dirigencia de Morena, ha anunciado que se convocará a una movilización territorial, casa por casa, para informar al pueblo bueno y sabio de las amenazas a nuestra soberanía nacional y ponerlos en alerta del ánimo “injerencista de la ultraderecha estadounidense que busca intervenir en la política interna de México.”

También el Departamento de Estado de EUA movió sus fichas. Quitarle la visa a Andy, el hijo de ysq, no fue cualquier cosa, aunque lo hizo discretamente, sin filtrar la información. De eso se encargó el afectado, que, mal aconsejado, publicó lo que él supuso iba a ser una gran respuesta a una decisión que calificó “de burda y perversa canallada”, “de carácter politiquero y propagandístico” y “estilo hitleriano”. La soberbia que refleja su texto no tiene límite.

El siguiente paso lo dio el subsecretario de Estado, Christopher Landau, al publicar en su X “¿Están disfrutando el show? Rellenen sus palomitas… van a amar la siguiente parte”.

Sin comentarios.

No es de extrañar, entonces, que cuando alguna
ley no se acomoda a sus estrategias políticas,
Morena simplemente busca como evadir su
cumplimiento, ya sea violándola o reformándola.

No obstante que la prohibición de los actos anticipados de campaña se introdujo como reforma constitucional hace casi dos décadas (2007) y que, posteriormente, en 2014, se consolidó con la reforma político-electoral que dio origen a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la fecha, las violaciones a este ordenamiento ni preocupan a unos ni lo ocultan otros.

Una prohibición con dedicatoria para el muy reclamado y complejo piso parejo. Algunos de sus objetivos: garantizar equidad en la contienda, con plazos determinados que tendrían que respetar los aspirantes para evitar ventajas indebidas. Limitar la duración de las actividades proselitistas para reducir el exceso en los costos de la política electoral. Que la autoridad pueda ejercer más control y supervisión en el gasto y uso de los recursos. Y, un ideal, evitar el desvío de recursos públicos y la introducción de dinero ilícito en los procesos electorales, tan de moda en estos tiempos del huachicol.

A pesar de estos buenos propósitos, las actuales autoridades electorales, (INE y TEPJF), no han mostrado interés en involucrarse en el tema, optando por mirar hacia otro lado, quizás porque los principales infractores, de manera abierta y pública, por propia confesión, son, precisamente, el partido en el poder, Morena, y sus socios, los partidos Verde y del Trabajo. Y es que, el poder y la cooptación de funcionarios resultan determinantes en la definición de la ruta que estas autoridades han decidido tomar en el ejercicio de su responsabilidad y que no es, precisamente, la de actuar con objetividad e imparcialidad.

Para la 4T, el Estado de Derecho es irrelevante, por eso, a pesar de sus mayorías calificadas en el Congreso, Morena no ha tenido reparo en hacer uso de cualquier triquiñuela para sumar poder, aunque rebase los límites de la ley, y fortalecer un posicionamiento político que, salvo guerras intestinas, ninguna otra fuerza política está en condiciones de disputarle, todavía. Ignorar el Estado de Derecho, desconocer el imperio de la ley, genera incertidumbre jurídica y, consecuentemente, desconfianza.

El que la máxima autoridad política de un país se rebele en contra del orden jurídico, al grito de “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley,” es preocupante por el mensaje que manda a propios y extraños. En la misma línea y, quizás, hasta más grave, es que esa máxima autoridad que juró cumplir con la Constitución, le ordene a un funcionario “hay que gobernar con sentido común y para la gente. Cuando la norma se pone por encima de la gente y del sentido común, está mal. No cumplas con la norma; eso es lo que te estoy diciendo.”

El sentido común y la justicia, son conceptos que requieren ser acotados y regulados por ser altamente subjetivos. ¿Cómo saber en una población abierta qué es lo justo y cuál el sentido común que debe predominar, si no existe un marco jurídico y una autoridad para aplicarlo? En fin.

No es de extrañar, entonces, que cuando alguna ley no se acomoda a sus estrategias políticas, Morena simplemente busca como evadir su cumplimiento, ya sea violándola o reformándola. El poder da para todo. Ahora, con motivo del proceso electoral de 2027, este partido anunció, el mes de marzo pasado, el inicio del proceso interno para la selección de sus candidatos a los diversos cargos de representación popular de los próximos comicios.

Con esto, la dirigencia morenista dio el banderazo para que sus aspirantes iniciaran su actividad proselitista, un año antes de los plazos que marca la ley. Esto, a ciencia y paciencia de una autoridad que no se atreve ni siquiera a cuestionar los actos anticipados de campaña en el caso de los aspirantes a una diputación federal, que son de su competencia. Se esperaría, al menos, un llamado, por parte de la máxima autoridad electoral, a quienes rabiosamente buscan una gubernatura, a serenarse, a contener sus ánimos y bajarle dos rayitas a su actividad proselitista. Por aquello del respeto a la ley, el piso parejo y la equidad en la contienda.

Y es que, bajo el eufemismo de denominar Coordinadores en Defensa de la Transformación a quienes todos, dirigentes, aspirantes y militantes, menos las autoridades electorales, saben que son los aspirantes que Morena postulará como sus candidatos, el partido oficial argumenta que no incurre en actos anticipados de campaña, porque sus aspirantes no hacen llamados al voto. Cierto, aunque con sus excepciones. En cambio, que tal realizan actos masivos en plazas públicas, movilizan ejércitos de promotores, reparten volantes promocionales, organizan marchas, promueven entrevistas y hacen declaraciones en las que manifiestan abiertamente sus aspiraciones políticas.

La LGIPE establece que las precampañas para diputados iniciarán la primera semana de enero del año de la elección y no podrá durar más de 40 días (Art 226). El registro de los candidatos para diputados deberá hacerse en febrero (Art 237) y sus campañas tendrán una duración de 60 días (Art. 251). Estos son los plazos legales que Morena está violando bajo el alegato de que sus “Coordinadores” no están en campaña porque no están pidiendo el voto, aunque, salvo ese detalle, todo lo que hacen se parece mucho a lo que la ley define como actos anticipados de campaña.

Equiparando acusaciones criminales formuladas en
contra de personajes morenistas con ataques a la soberanía
del país, en Palacio Nacional reclaman a los
estadounidenses por un supuesto injerencismo.

Habría que considerar, en el origen de las diversas estrategias anunciadas por el gobierno de los EUA en su lucha contra el narcotráfico, la persistencia que tiene el Presidente Donald Trump de que nuestro país perdió el control de su territorio y que son los narcotraficantes quienes mandan en México. Y aunque nos dore la píldora, afirmando que nuestra Presidenta es una mujer maravillosa, poco favor le hace al afirmar, pero tiene miedo de enfrentar a los cárteles.

Estos comentarios son casi imprescindibles en los discursos del Presidente norteamericano en entrevistas, ceremonias públicas o foros internacionales, cuando se refiere a nuestro país. Su insistente repetición da lugar a sospechar que no se trata de una mera ocurrencia, si no de una estrategia para crear un mal ambiente hacia México, y justificar, quizás, alguna medida extrema que pudieran considerar llevar a cabo, más adelante, en su combate al narcotráfico.

Porque a los comentarios negativos del mandatario, le han seguido, en coro, los de sus más altos colaboradores en materia de inteligencia y seguridad, casi semanalmente. De los más recientes y agresivos, en los que se hace referencia expresa a una connivencia entre gobierno y crimen organizado, el del Titular de la Administración del Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, quien afirmó, durante la Cumbre Estados Unidos libre de Fentanilo, que existe una “conexión mortal” entre los cárteles del narcotráfico y el gobierno mexicano. Ambos son lo mismo e inseparables, dijo, y en la DEA son nuestra prioridad número uno.

Y los de la Zar antidrogas, Sara Carter, al señalar en una entrevista, que, con todo y que nuestro país ha colaborado como nunca antes, EU seguirá apuntando a los funcionarios corruptos que apoyen a los cárteles en Sinaloa, advirtiendo que su gobierno va a ir tras quienes “no quieran cooperar con nosotros”. Los vamos a atacar, y se van a arrepentir, dijo, recordando palabras recientes de su jefe.

Ante esto, ¿cuál ha sido la reacción de nuestro gobierno? Por razones que no se entienden, la 4T ha optado por una actitud defensiva, un modo de negación y sobre protección a políticos y funcionarios de Morena señalados por el gobierno norteamericano de supuestamente estar vinculados con el crimen organizado. Equiparando acusaciones criminales formuladas en contra de personajes morenistas con ataques a la soberanía del país, en Palacio Nacional reclaman a los estadounidenses por un supuesto injerencismo. Son campañas, dicen, de la ultraderecha norteamericana en contra del gobierno que quieren que no haya una buena relación, y, en automático desechan la posibilidad de que, efectivamente, pudiera existir complicidad de funcionarios públicos con el crimen organizado.

No tienen pruebas responde el gobierno de la 4T a la demanda de detención con fines de extradición de 10 funcionarios públicos y políticos de Sinaloa y, sin más, los ponen a buen resguardo, nadie sabe en dónde se encuentran ni dan señales de intentar investigarlos. Eso sí, algunos, como el gobernador Rubén Rocha Diaz, tuvieron que solicitar licencia y sus cuentas bancarias, han sido congeladas, a pesar de que, oficialmente, se insiste en que el gobierno americano no ha aportado pruebas que los inculpen.

Una desafortunada actitud de pasividad y menosprecio a las denuncias del Departamento de Justicia estadounidense y sobre protección incondicional cuando se trata de personajes de su partido. Con esto, los cuatroteistas del segundo piso solo contribuyen a que la sospecha del contubernio políticos morenistas-cárteles del narcotráfico siga cobrando fuerza, entre propios y extraños. Sobre todo, cuando, en ciertos casos sobrarían elementos para dudar de la probidad de algunos “destacados” morenistas.

Para colmo, algunos políticos del partido en el gobierno, han comenzado a inquietarse ante la decisión de la Casa Blanca de cancelar sus visas por actividades y relaciones sospechosas. Se rumora que algunos han buscado a las autoridades norteamericanas para que, a cambio de información, les repongan sus visas y otorguen cierta inmunidad.

El caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, es quizás el más notable, por los dimes y diretes entre ella y su antecesor y acérrimo enemigo, Jaime Bonilla, a quien la gobernadora le atribuye haberla hecho víctima de una emboscada, además de acusarlo de haber filtrado audios que la dejan muy mal parada al ofrecer información a supuestas autoridades de seguridad del vecino país del norte a cambio de que le permitan el cruce de frontera. La gobernadora se ha enredado cada vez más en su intento por aclarar lo que no quiso decir en su intento por negociar la reposición de su visa.

Para su fortuna, no importa que tan graves pudieran ser los arreglos que pretendía lograr a cambio de cierta información sensible y que se escucha en la conversación de los audios difundidos, pues el blindaje que le da su morenismo, la exculpa de cualquier duda o sospecha, en evidente contraste con lo que sucede a quienes militan en la oposición.

A los neoliberales y conservadores todo el rigor de la ley, aunque se carezca de pruebas. Con la sospecha basta y sobra. Al exgobernador panista Ernesto Ruffo, se le vinculó a proceso por delincuencia organizada y huachicol fiscal, con prisión preventiva en un penal de máxima seguridad, ante la peligrosidad que representa este político de más de 70 años.

Así la justicia del segundo piso de la 4T.