Prefirió no incomodar a Guadalupe Taddei
ni con el pétalo de una observación, a pesar de
que, según él, ya sabía que la nave estaba encallada.
Ahora resulta que ya se sabía, desde hace tiempo, lo que estaba sucediendo en los bajos fondos del Instituto Nacional Electoral, pero, por lo visto, se optó por guardarlo como un secreto.
¿Qué pudo haber motivado, a quienes ahora confiesan que ya estaban enterados de malos manejos en la administración del Instituto, para no hacerlo público y actuar en contra del cochinero? Discreción, prudencia, estrategia, lenidad, complicidad o quizás, para no “afectar al movimiento.”
Ya ven ustedes que, cuando alguno de Morena resulta “dedos finos,” se aplica la guía 4T que indica desviar la atención del caso o disminuir su importancia. Ya sea ofreciendo que se hará una investigación ”cuando se tengan pruebas suficientes que justifiquen la apertura de una carpeta.” No obstante que, lo normal es que, tras la denuncia, se inicie una investigación, precisamente, para recabar las pruebas que acrediten o no la presunta culpabilidad. O bien, atendiendo a la retórica mañanera del blindaje 4T, afirmando que se trata de un ataque de la oposición, que la corrupción proviene del pasado neoliberal, que los del PRIAN, robaban más, y cerrar con la lista de los enemigos favoritos del régimen culpándolos de todo lo que se pueda.
Vaya usted a saber cuál fue la razón del silencio, el caso es que, el propio titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente, durante su comparecencia ante comisiones unidas de la Cámara de Diputados (Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y Comisión de Transparencia y Anticorrupción), declaró que, desde mayo de 2025, tenía conocimiento de presuntas irregularidades administrativas y de una red de presunta simulación de contratos. Si lo sabía, calló como momia.
Una delicada información que, el auditor, se guardó ¡año y medio! También, salió con la novedad de que hay 18 expedientes abiertos que involucran a 13 funcionarios públicos y 18 empresas. Que cinco de las indagatorias ya avanzaron a un procedimiento formal de responsabilidades, sin revelar nombres para no afectar el debido proceso, dijo. Lo que sembró más dudas.
Señaló entre las anomalías que detectó, desvío de recursos públicos, abuso de funciones, ocultamiento de conflictos de interés, daño patrimonial y falsificación de documentación fiscal. Todo un catálogo de delitos. detalló como ejemplos, un contrato para adquisición de urnas y mamparas adjudicado directamente con un sobre precio de 26 millones de pesos sobre la propuesta de Talleres Gráficos de México y retraso en la entrega de los productos que el INE sancionó con una pena de $26,000.00, cuando debió haber sido de 40 millones de pesos la sanción.
Según el auditor interno del INE, él cumplía con su función, solo que, suponemos, lo hacía de manera discreta y silenciosa, pues sus investigaciones eran desconocidas. Al menos, públicamente. Este funcionario debería estar también al borde del abismo del desempleo y de una investigación. Por sus declaraciones, se puede concluir que su lealtad y compromiso eran con la ahora ex presidenta del INE, mientras estuvo al frente del Instituto, pero no con la institución. Prefirió no incomodar a Guadalupe Taddei ni con el pétalo de una observación, a pesar de que, según él, ya sabía que la nave estaba encallada.
Otro personaje que afirmó que ya conocía la situación del INE, “desde hace dos o tres meses,” fue Ricardo Monreal, Coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Un político avezado, que alguna vez se le ocurrió jugarla de autónomo, lo que le costó una temporada en el congelador. Entendió entonces que, para sobrevivir en la 4T, había que seguir la línea de Palacio y, mejor que todo, interpretarla correctamente. Suponemos que eso explica el silencio del diputado, que, solo hasta que percibió que Guadalupe Taddei había caído de la gracia de Palacio, habló del tema. Monreal calificó el caso del INE como una crisis sin precedentes, sugiriendo una limpia o renovación profunda de los cuadros técnicos y funcionarios del INE.
Pero no hay que olvidar que, precisamente, cuando Ricardo Monreal era el Coordinador de la bancada morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, se propuso la reforma a la Ley Electoral (LGIPE) que dotó de superpoderes a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dándole facultades extraordinarias para nombrar, directamente, a los titulares de las Direcciones Ejecutivas y unidades técnicas, sin necesidad de tener que consensarlo con el Consejo General del Instituto. Con esto se acabó con una de las características del Instituto que era la colegialidad en la toma de decisiones y nombramientos, y que operaba como contrapeso de la presidencia del INE.
Muy al estilo de la Cuarta Transformación, como sucedió con el Poder Judicial, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ley incomoda porque no permite caprichos u ocurrencias, hay que cambiarla, que para eso sirve la aplanadora morenista en el Congreso. Aunque luego se arrepientan.
El diputado Monreal se niega a reconocer como un error de los senadores haber propuesto esta reforma, pero está claro que, gracias a ella, la titular del INE pudo cometer las corruptelas, excesos, autoritarismo e imprudencia, que llevaron al desastre la conducción del organismo electoral.