Ahora en el poder, resulta una práctica
común del partido oficial, amparado en
la frase del clásico “A mí no me vengan con
el cuento de que la ley es la ley.”
Este jueves, 10 de septiembre, inicia, formal y legalmente, el proceso electoral para los comicios del 6 de junio de 2027. A partir de esa fecha, comienzan a correr los términos y plazos de las diferentes etapas previas a la jornada electoral que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Sobre estos, vale la pena destacar la fecha de arranque de las precampañas: primera semana de enero del año de la elección y, su duración, no más de 40 días (elección de diputados federales) (Art. 225). El registro de los candidatos de los partidos ante la autoridad electoral, entre el 22 y el 29 de marzo (Art. 237), y la duración de sus campañas, sesenta días máximo (Art. 251).
En este proceso se elegirán 500 diputados federales, 17 gubernaturas (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas), de las cuales 12 gobierna Morena, 3 el PAN, una Movimiento Ciudadano y una el Partido Verde Ecologista, 1,098 diputaciones locales en 31 entidades, 18,057 cargos en ayuntamientos en 30 estados y 437 en presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías (INE).
Participan 8 partidos políticos, Morena, PAN, PRI, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Somos y Partido Paz. Estos dos últimos, partidos de reciente creación, se estrenan participando cada uno por su cuenta, pues la ley no les permite formar alianzas con otros partidos en su primer proceso electoral. Una jornada electoral grande y compleja, a decir del Instituto Nacional Electoral (INE), con un padrón que supera los 100 millones de electores.
Aunque, de acuerdo con la ley, las precandidaturas y sus correspondientes campañas deberían iniciar hasta los primeros días de enero de 2027, Morena, decidió aplicar, una vez más (en 2021 lo hizo, por primera vez), una triquiñuela para darle vuelta a la ley y poder adelantarse en el proceso de elegir a sus candidatos a los cargos de elección popular, varios meses antes del plazo que señala la ley y tomar ventaja sobre los otros partidos contendientes en el proceso.
Con el eufemismo de nombrar como “Coordinadores Estatales de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, a quienes serán sus precandidatos y, posteriormente, sus candidatos, argumentan que no violan la ley, porque no se trata de actos anticipados de campaña, pues los aspirantes, en su autopromoción para ser elegidos como “coordinadores,” no solicitan el voto en sus mítines, giras y eventos masivos. Sin embargo, no cabe duda que estos eventos se parecen mucho a las campañas, pues reparten despensas, hacen promesas, distribuyen volantes y realizan acarreos para mostrar su músculo.
En la elección intermedia del gobierno pasado, en 2021, Morena implementó esta estrategia, y les funcionó. En los siguientes comicios repitieron el esquema que llegó al climax en la elección presidencial, cuando el de Macuspana decidió destapar a sus corcholatas con tres años de anticipación. Todo a ciencia y paciencia de unas autoridades electorales complacientes y muy agradecidas con el poder. Las quejas de la oposición fueron ignoradas y, aquello de piso parejo que reclamaban los de Morena, cuando eran oposición, para que se regularan y sancionaran los actos anticipados de campaña, ya no les preocupa. Ahora en el poder, resulta una práctica común del partido oficial, amparado en la frase del clásico “A mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley.”
Para esto comicios, Morena no se anduvo con rodeos. Desde el mes de marzo pasado, casi un año antes de la fecha legal, en la Vll Sesión Ordinaria de su Consejo Nacional, su dirigente anunció el calendario para los destapes de sus seudo, coordinadores, léase precandidatos-candidatos a las gubernaturas y diputaciones federales. En entrevistas y declaraciones, los mismos morenistas, dirigentes y miembros destacados, se refieren a ellos como los candidatos a los distintos cargos, aunque después corrijan y hablen de coordinadores.
Solo para las autoridades electorales, este eufemismo no es tal, pero el mal ejemplo cunde. Para tratar de emparejar el terreno, otros partidos, el PAN y el PRI, han acudido a la misma fórmula, para designar a sus futuros candidatos y no esperar a que lleguen los tiempos de ley para hacerlo legalmente, quedando la sanción a los actos anticipados de campaña como letra muerta.
En contraste con anteriores procesos electorales, el INE y el TEPJF, muestran una involución. Lejos quedó la imparcialidad institucional, ante los mensajes que conllevan varias de sus resoluciones. Podríamos decir que por sus votos los conoceréis. Tanto en el INE como en el Tribunal, las resoluciones a favor de los intereses del gobierno, están aseguradas. En ambas instituciones suman mayoría los consejeros y magistrados que solo tienen ojos para la 4T.
Además del rechazo a sancionar a Morena por sus anticipadísimos actos de campaña, hay otras resoluciones de estos órganos que causan sospechosismo por los criterios expuestos. Es el caso de las llamadas boletas planchadas. Se proponía que se declararan inválidas las boletas que no presentaran dobleces ante la presunción de que no entraron a la urna como voto de la ciudadanía. El INE se opuso a que se declararan inválidas, porque, según la presidente del Instituto, Guadalupe Taddei, “las facultades de los Consejos Distritales es declarar la validez de la elección y no la de los votos.” De acuerdo a este criterio, una elección puede ser es válida, aunque los votos que la sustenten resulten inválidos.