No es de extrañar, entonces, que cuando alguna
ley no se acomoda a sus estrategias políticas,
Morena simplemente busca como evadir su
cumplimiento, ya sea violándola o reformándola.
No obstante que la prohibición de los actos anticipados de campaña se introdujo como reforma constitucional hace casi dos décadas (2007) y que, posteriormente, en 2014, se consolidó con la reforma político-electoral que dio origen a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la fecha, las violaciones a este ordenamiento ni preocupan a unos ni lo ocultan otros.
Una prohibición con dedicatoria para el muy reclamado y complejo piso parejo. Algunos de sus objetivos: garantizar equidad en la contienda, con plazos determinados que tendrían que respetar los aspirantes para evitar ventajas indebidas. Limitar la duración de las actividades proselitistas para reducir el exceso en los costos de la política electoral. Que la autoridad pueda ejercer más control y supervisión en el gasto y uso de los recursos. Y, un ideal, evitar el desvío de recursos públicos y la introducción de dinero ilícito en los procesos electorales, tan de moda en estos tiempos del huachicol.
A pesar de estos buenos propósitos, las actuales autoridades electorales, (INE y TEPJF), no han mostrado interés en involucrarse en el tema, optando por mirar hacia otro lado, quizás porque los principales infractores, de manera abierta y pública, por propia confesión, son, precisamente, el partido en el poder, Morena, y sus socios, los partidos Verde y del Trabajo. Y es que, el poder y la cooptación de funcionarios resultan determinantes en la definición de la ruta que estas autoridades han decidido tomar en el ejercicio de su responsabilidad y que no es, precisamente, la de actuar con objetividad e imparcialidad.
Para la 4T, el Estado de Derecho es irrelevante, por eso, a pesar de sus mayorías calificadas en el Congreso, Morena no ha tenido reparo en hacer uso de cualquier triquiñuela para sumar poder, aunque rebase los límites de la ley, y fortalecer un posicionamiento político que, salvo guerras intestinas, ninguna otra fuerza política está en condiciones de disputarle, todavía. Ignorar el Estado de Derecho, desconocer el imperio de la ley, genera incertidumbre jurídica y, consecuentemente, desconfianza.
El que la máxima autoridad política de un país se rebele en contra del orden jurídico, al grito de “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley,” es preocupante por el mensaje que manda a propios y extraños. En la misma línea y, quizás, hasta más grave, es que esa máxima autoridad que juró cumplir con la Constitución, le ordene a un funcionario “hay que gobernar con sentido común y para la gente. Cuando la norma se pone por encima de la gente y del sentido común, está mal. No cumplas con la norma; eso es lo que te estoy diciendo.”
El sentido común y la justicia, son conceptos que requieren ser acotados y regulados por ser altamente subjetivos. ¿Cómo saber en una población abierta qué es lo justo y cuál el sentido común que debe predominar, si no existe un marco jurídico y una autoridad para aplicarlo? En fin.
No es de extrañar, entonces, que cuando alguna ley no se acomoda a sus estrategias políticas, Morena simplemente busca como evadir su cumplimiento, ya sea violándola o reformándola. El poder da para todo. Ahora, con motivo del proceso electoral de 2027, este partido anunció, el mes de marzo pasado, el inicio del proceso interno para la selección de sus candidatos a los diversos cargos de representación popular de los próximos comicios.
Con esto, la dirigencia morenista dio el banderazo para que sus aspirantes iniciaran su actividad proselitista, un año antes de los plazos que marca la ley. Esto, a ciencia y paciencia de una autoridad que no se atreve ni siquiera a cuestionar los actos anticipados de campaña en el caso de los aspirantes a una diputación federal, que son de su competencia. Se esperaría, al menos, un llamado, por parte de la máxima autoridad electoral, a quienes rabiosamente buscan una gubernatura, a serenarse, a contener sus ánimos y bajarle dos rayitas a su actividad proselitista. Por aquello del respeto a la ley, el piso parejo y la equidad en la contienda.
Y es que, bajo el eufemismo de denominar Coordinadores en Defensa de la Transformación a quienes todos, dirigentes, aspirantes y militantes, menos las autoridades electorales, saben que son los aspirantes que Morena postulará como sus candidatos, el partido oficial argumenta que no incurre en actos anticipados de campaña, porque sus aspirantes no hacen llamados al voto. Cierto, aunque con sus excepciones. En cambio, que tal realizan actos masivos en plazas públicas, movilizan ejércitos de promotores, reparten volantes promocionales, organizan marchas, promueven entrevistas y hacen declaraciones en las que manifiestan abiertamente sus aspiraciones políticas.
La LGIPE establece que las precampañas para diputados iniciarán la primera semana de enero del año de la elección y no podrá durar más de 40 días (Art 226). El registro de los candidatos para diputados deberá hacerse en febrero (Art 237) y sus campañas tendrán una duración de 60 días (Art. 251). Estos son los plazos legales que Morena está violando bajo el alegato de que sus “Coordinadores” no están en campaña porque no están pidiendo el voto, aunque, salvo ese detalle, todo lo que hacen se parece mucho a lo que la ley define como actos anticipados de campaña.