El envío masivo a los EUA de narcotraficantes de
todo nivel, sin mayores trámites,
fue el cálculo de nuestro gobierno con el
que supuso cumplía su cuota de colaboración
en la lucha contra el narcotráfico.
No parece que las cosas le estén saliendo bien a Morena en el sensible tema del enfrentamiento al crimen organizado. El de la inseguridad, cuya percepción, a pesar de las encuestas oficiales que registran cada mes una disminución en el número de homicidios dolosos, se mantiene como una de las principales preocupaciones de la población encuestada.
Tampoco se ven avances importantes en lo que toca al combate a la corrupción, al menos, no tan efectivo, cuando los niveles jerárquicos en donde amenaza aparecer resultan de un elevado rango, políticamente inconveniente, según criterio del círculo rojo morenista, para la unidad y posicionamiento de su Movimiento. Que la mancha de impunidad crezca, afectando la imagen del gobierno hacia el interior y la del país, hacia el exterior, no les preocupa.
Quizás, sin medir las consecuencias, nuestro gobierno tomó una arriesgada decisión que no ha mejorado la particularmente difícil relación con nuestro vecino, en estos tiempos de Donald Trump. Con un estilo de gobernar personalista, de confrontación, más por ocurrencias y ex abruptos, nuestro principal socio comercial no acaba por descifrar el tipo de relación que quiere y le conviene con México.
Peleado con el mundo, según su estado de ánimo, aplica aranceles, a diestra y siniestra, dejando siempre o casi, un margen de tolerancia a su vecino del sur. La sobrevivencia de reglas de un TMEC, que se resiste a morir, han amortiguado la furia trumpista. El tratado, un tanto magullado, pareciera perfilarse por la vía bilateral, EUA y México, con revisiones anuales que, sin duda afectan por la incertidumbre del corto plazo. Pero dadas las circunstancias, de los males el menor.
Hay un tema, sin embargo, en el que Donald Trump ha sido enfático y más que claro. El primer día de su gobierno firmó una de sus amenazantes órdenes ejecutivas para iniciar el proceso de declarar a los cárteles del narcotráfico, la mayoría de nuestro país, como Organizaciones Terroristas Extranjeras. ”Representan una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos.” Se argumenta en el documento. Ya, en el mismo texto, se afirmaba que “…en ciertas zonas de México funcionan como entidades cuasi gubernamentales, controlando casi todos los aspectos de la sociedad.”
A partir de entonces, el neoyorquino no ha dejado de repetir, a la menor provocación, que México perdió el control de su territorio y que los cárteles de la droga mandan en el país. Que nuestra mandataria es una mujer maravillosa, pero está asustada ante esa situación. Los mensajes y la posición del gobierno norteamericano no permiten duda de que en este tema no hay mucha tolerancia.
El envío masivo a los EUA de narcotraficantes de todo nivel, sin mayores trámites, fue el cálculo de nuestro gobierno con el que supuso cumplía su cuota de colaboración en la lucha contra el narcotráfico. Más de 90 narcos entregados a las autoridades norteamericanas para ser juzgados en ese país, de los que, además, podrían obtener valiosa información, real o a conveniencia, para conocer los secretos de su operación criminal en nuestro país.
Pero resultó con que los fiscales norteamericanos, tras las investigaciones de sus agencias de seguridad e inteligencia, DEA, CIA, FBI, Homeland Security, entre otras, más la información proveniente de los acuerdos con los delincuentes sometidos a juicio, elevaron la mira hacia lo que ellos definieron como narcopolíticos. Aquellos funcionarios públicos, gobernantes, políticos, agentes de seguridad que protegen, financian o colaboran activamente con los cárteles de la droga. Porque, difícilmente el desarrollo del imperio de las drogas que prevalece en nuestro país, en tantos años, se pudo lograr sin la protección, complicidad o “ignorancia” de autoridades de los tres niveles de gobierno, municipales, estatales y federales.
La política antidrogas de los EUA, la ha llevado el Presidente Trump paso a paso. Primero declarando a los cárteles como Organizaciones Terroristas. En diciembre de 2025, con la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional en donde prioriza el combate al narcotráfico, mediante un reajuste de recursos militares cercanos. En marzo pasado con la creación del Escudo de las Américas, una coalición militar regional con la participación de 17 países, “enfocada a usar la fuerza letal contra los cárteles del narcotráfico”. Convocatoria en la que no se incluyó a nuestro país, Brasil ni Colombia.
En abril con la solicitud, por la vía diplomática, de detención provisional con fines de extradición de 10 funcionarios públicos y políticos de Sinaloa, incluyendo al gobernador en funciones.
En el mes de mayo pasado, con la publicación de la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, que redefine la política antidrogas de EUA, bajo el enfoque de seguridad nacional para combatir el fentanilo y los cárteles del narcotráfico y la demanda a nuestro país de resultados tangibles, confiscaciones, destrucción de laboratorios y aumento de extradiciones “para mantener la cooperación bilateral de seguridad.”
A todo esto se suman los reiterados señalamiento del presidente Trump en foros internacionales de que en México quienes mandan son los narcotraficantes. Con lo que se desprestigia al país, creando una imagen de narco estado.
Lo más grave. Para contrarrestar esa campaña, no parece existir una estrategia del gobierno mexicano, que prefiere asumir el costo del desprestigio, antes que exhibir supuestas complicidades con el narcotráfico de algunos distinguidos miembros de su partido.