En el juego maquiavélico del gobierno pasado,
se decidió, en el caso del TEPJF, no formular los nombramientos
de los reemplazos que habrían de sustituir a los dos magistrados
que habían concluido el período de su mandato, conforme a la ley.

Por si todavía hubiera quién le apostara a la imparcialidad de nuestras autoridades electorales, solo habría que revisar el sesgo de algunas de sus resoluciones más recientes, para saber qué se puede esperar de ellas y con quién están comprometidas. Tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pasaron de ser, por su actuación y desempeño en las funciones de su competencia, de instituciones respetadas, con reconocimiento internacional, a cómodos organismos a modo del gobierno de la 4T. Papel, éste, que han asumido a plenitud, evitando, en todo momento, afectar los intereses del gobierno ni con la sombra de una sentencia.

En el juego maquiavélico del gobierno pasado, se decidió, en el caso del TEPJF, no formular los nombramientos de los reemplazos que habrían de sustituir a los dos magistrados que habían concluido el período de su mandato, conforme a la ley. Pero por aquello de, “no me vengan con que la ley es la ley,” el pleno de la Sala Superior, que debiera estar integrado por siete magistrados, quedó reducido a cinco, hasta la fecha. Y es que, resultaba menos complicado para el gobierno el control del Tribunal, con un pleno de cinco miembros, pues con tres magistrados cooptados tuvo mayoría y, consecuentemente, el control del Tribunal. Mala noticia para nuestra democracia, porque esta institución es la máxima instancia en materia electoral, por lo que sus resoluciones son inapelables.

Los magistrados del Tribunal, no han tenido empacho en emitir polémicas resoluciones, que sacan adelante, más por el peso de su mayoría, que la solidez de sus argumentos jurídicos, como lo acabamos de ver en el caso del juicio sobre la legalidad de la elección del Poder Judicial. Los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora proponían la anulación de diversas elecciones para la Corte, magistraturas y jueces, ante irregularidades como financiamiento ilícito, pero particularmente por la inducción masiva del voto a través de acordeones.

La propuesta de estos magistrados no prosperó y fue desechada por los tres magistrados alineados al oficialismo, Mónica Soto, magistrada presidente, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, para quienes los acordeones, si bien no pudieron negar su existencia, argumentaron que no existían pruebas contundentes para acusar inducción del voto. Para ellos, que, de 7 mil 400 millones de combinaciones posibles para los 9 cargos de la Corte, 45 por ciento de los votos válidos se concentraran en una sola combinación, no les pareció sospechoso. Supongo que consideraron que se trató de una “mera coincidencia”.

Según estos magistrados, la existencia de los acordeones no comprueba que hubo una distribución y un uso generalizado. Si no se sabe, cuestionaron, ¿quién los hizo?, ¿cuánto gastaron?, ¿quiénes los diseñaron?, ¿de qué gobierno salió el dinero para acusar un financiamiento ilícito?, ¿qué partidos, funcionarios o gobiernos idearon la “estrategia coordinada”? entonces, solo puede hablarse de sospechas, conjeturas y acusaciones falaces.

La consigna era sacar adelante la elección. Validarla a pesar del mega fraude a la vista de todos. No iban a permitir que la Reforma Judicial, planteada como la solución a los “graves problemas de corrupción y nepotismo”, que, según el ex mandatario y fundador de Morena, caracterizaban a los juzgadores del momento, tropezara, aunque se tratara de un proceso electoral con graves fallas, mal pensado, peor diseñado, y, de por sí, complejo por el número de cargos a elegir.

Contra el discurso oficial sobre las bondades de la Reforma Judicial, el pueblo bueno y sabio nunca entendió de qué se trataba. El tema, eminentemente jurídico, resultó ininteligible y muy lejano a la mayoría de la población, lo que quedó reflejado en la escaza votación. La oferta dice que esta elección permitirá mejorar nuestra democracia y aspirar a una mejor justicia, con jueces más cercanos y sensibles. El tiempo lo dirá.

La realidad es que la elección del Poder Judicial decepcionó a propios y extraños. El gobierno manejó la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces como un gigantesco avance en la procuración de justicia. De hecho, para la retórica oficial, esta elección nos habría de colocar como el país más democrático del mundo. Lo cierto es que este proceso despertó poco interés en la población, pues de un padrón de más de cien millones de posibles electores, solo acudieron a las casillas menos de 13 millones de votantes. El 87 por ciento desoyó el llamado a las urnas. Además de su muy reducida legitimidad, difícilmente se le borrará la mancha de elección fraudulenta.

Ahora, por primera vez en la historia de las reformas electorales,
el gobierno propone una reforma, sin que constituya una respuesta
a demandas o propuestas de la oposición.

Como parte final o casi, del Plan C del obradorato, concebido para desaparecer organismos autónomos y demoler al Poder Judicial, incluida la SCJN, instituciones que resultaban incómodas al estado de confort de la 4T, Morena pone en jaque, ahora, a nuestra democracia, ante la amenaza de una Reforma Electoral de oscuras intenciones. Quedaron eliminados los órganos autónomos e independientes que ejercían funciones específicas con autonomía constitucional, concebidos, precisamente, como contrapeso del poder político. Asimismo, se desmanteló al Poder Judicial, para sustituirlo con jueces, magistrados y ministros, elegidos por voto popular, ayudado, éste, por acordeones para “orientar” a los electores a emitir un voto dirigido y definido.

Ahora, por primera vez en la historia de las reformas electorales, el gobierno propone una reforma, sin que constituya una respuesta a demandas o propuestas de la oposición. La constante había sido que, ante la presión de los partidos de oposición que reclamaban apertura y oportunidades de participación política, en un sistema en el que el partido en el gobierno ocupaba todos o casi, los espacios en los congresos Federal y estatales y encabezaba la mayor parte de las gubernaturas del país, el gobierno abría el diálogo y el debate para trabajar sumados en una nueva legislación.

Así fue evolucionando el sistema electoral y nuestra democracia se fue fortaleciendo. De acuerdo con el Dr. Luis Carlos Ugalde, ex presidente del INE, el reformismo electoral en nuestro país buscó el pluralismo como meta principal, “además de otros objetivos que han ido cambiando con el tiempo: inclusión (notoriamente en las reformas de 1997, 1986 y 1990), certeza y transparencia (1990, 1993 y 1994), equidad (1993, 1996 y 2007), imparcialidad de la autoridad (1994 y1996) y legalidad (1986 y 1996).” Se trataba, dice el autor citado, de “romper el monopolio político y retórico del Estado posrevolucionario.”

Muy lejos de ese propósito, es el de la reforma de la 4T, porque quien va a organizar, analizar y elaborar las propuestas es el propio gobierno, a través de una Comisión del Ejecutivo, y hay una máxima que dice que ningún gobierno hace una reforma para perder el poder. El decreto de creación de La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, establece que, “la Comisión dependerá directamente de la persona Titular del Ejecutivo Federal, quien la presidirá…”(Art 3), pero en ninguno de sus apartados hace alusión a la participación de representantes de partidos políticos.

No es lo más ortodoxo que sea el propio gobierno quien defina, proponga y resuelva el contenido de la reforma que se enviará para aprobación de un Congreso, absolutamente controlado por el gobierno. El debate parlamentario, si es que se da, lo tiene ganado por las mayorías calificadas de sus bancadas. Esto, nos regresa 40 años atrás, por lo menos. A las épocas del carro completo del partidazo, cuando el PRI era imbatible por sus mayorías. Ahora Morena es la invencible, la aplanadora, también por sus mayorías parlamentarias.

Los seis miembros que integran la Comisión son funcionarios del gabinete presidencial y de la Oficina de la Presidencia. Así que en este concierto no hay quien vaya a desafinar y, como se ha sentenciado, los representantes de instituciones públicas o privadas que “pueden” ser invitados, tendrán voz, pero no voto. Esto recuerda lo ocurrido en los foros de la Reforma Judicial, a los que se invitó a representantes de la academia, de organizaciones empresariales, de colegios de abogados, a expertos, para que opinaran. Si bien, se les escuchó, no se les hizo caso, y la reforma del Ejecutivo se aprobó, sin modificarle ni una coma.

Elaborar una reforma electoral desde el poder tiene sus bemoles. Según se lee en los considerandos del decreto “Que no se trata solo de la estabilidad política. Antes la hubo, pero no había voto libre y abundaba la represión y la corrupción. Se trata de forjar un sistema en el que todos y todas ejerzamos nuestros derechos en libertad y en democracia…”

Habría que preguntar, entonces ¿cómo fue posible que se dieran las alternancias? ¿No se votó con libertad ni se respetaron los votos? En este milenio, en menos de 20 años se dieron tres alternancias, de manera pacífica. A pesar de un sistema e instituciones que, a los ojos del titular de la Comisión, Pablo Gómez, están agotadas, cooptadas por camarillas políticas y hasta con deformaciones autoritarias, por lo que propone cambiarlo todo.

Si todo está tan mal, ¿cómo entonces llegó Morena al poder, y cómo ha logrado sus triunfos electorales? No será que de lo que se trata es de buscar una vía para perpetuarse “legalmente” en el poder.

De los escándalos más serios que han colocado a la Presidenta,
Claudia Sheinbaum, en una posición incómoda y complicada,
el del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado,
Adán Augusto López, lleva mano.

Cuando en el periódico oficial de Morena comienzan a publicarse notas críticas por ciertas acciones o comportamientos de algunos miembros, otrora intocables, de la Cuarta Transformación, podría interpretarse como que el blindaje que protegía a estos personajes, comienza a hacer agua. Habría que reconocer, que se lo tienen bien ganado, porque montados en el poder, la soberbia los ha perdido, hasta cometer imprudencias propias de amateurs de la política.

Coincidencias o no, estas últimas semanas han sido las más amargas para la 4T, por los escándalos de varios de sus próceres. Desde los líderes parlamentarios de las bancadas morenistas en el Senado y en la Cámara de Diputados, hasta el delfín, que no corcholata, todavía, del mismísimo movimiento transformador. Ejemplos sobran, como aquellos gobernadores y legisladores, enemigos de la libertad de expresión, que, en franco abuso del poder, aplican todo el peso de su influencia para someter a sus críticos a indignas sanciones, que más tarde se les revierte por la de andanada de comentarios negativos generados en las “benditas redes sociales”.

Tenemos el caso del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, la diputada Diana Karina Barreras, mejor conocida como “Dato Protegido”, que para amortiguar el peso de la opinión popular crítica que se les vino encima, decidió endilgarle a Claudio X González, el villano favorito de la 4T, bueno, después de Felipe Calderón, la responsabilidad de haber enderezado una “campaña negra” en su contra, para desacreditarlos, a él y a su esposa.

La cosa es más simple. No se trata de una conspiración en contra de estos legisladores con visos de una campaña “negra”, pues lo que se exhibe provienen de las publicaciones que, en redes sociales, los propios aludidos han difundido. El periodista Jorge García Orozco, autor de los reportajes periodísticos en los que exhibió los costosos gustos de esta pareja, solo añadió el valor comercial de estos bienes y, por tratarse de montos millonarios, la información se convirtió en escándalo.

Hay inconciencia de estos servidores públicos cuya imprudencia está en andar exhibiendo un modo de vida que nada tiene que ver con el ejercicio y la responsabilidad de la función que desempeñan. Y menos, con los principios que rigen la ética de la 4T y que, la Jefa del Ejecutivo se ha empeñado en remachar, para que no haya dudas de cuál es la línea de Palacio. Para que puedan afirmar, con desparpajo, como les gusta, que no son iguales.

De los escándalos más serios que han colocado a la Presidenta, Claudia Sheinbaum, en una posición incómoda y complicada, en un dilema, pues, el del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, lleva mano. A partir del anuncio de la existencia de una orden judicial para detener al ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, acusado de encabezar, presuntamente, al grupo criminal La Barredora, la historia de este mal funcionario se ha desvelado, al mismo tiempo que le complicó la existencia a quien lo nombró en el cargo, cuando era gobernador, su amigo y su notario, de muchos años, Adán Augusto López.

Y vaya personaje que escogió el líder de los senadores de Morena como responsable de la seguridad de los tabasqueños y del combate a la delincuencia en el estado que, entonces, gobernaba. La iglesia en manos de Lutero. Justamente en funciones contrarias al modus operandi del supuestamente jefe de la Barredora.

Tras varias semanas de estar bateando Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la Cámara Baja, el reclamo de la oposición para que se discutiera, en ese recinto, el espinoso tema de la relación entre el prófugo de la justicia, Bermúdez Requena, y Adán López, se aceptó el debate. El propio senador López hizo una exposición en la que afirmó no haberse enterado de las malas mañas de su subalterno, no obstante que fue su colaborador durante casi tres años. Vaya conveniente ceguera y sordera.

Resulta difícil de aceptar, lo dicho por el senador. Y, aunque señaló que empezó a tener algo de información sobre el mal proceder de su ex colaborador, cuando fue secretario de Gobernación, tampoco hizo nada, a pesar de que el gobernador que lo sustituyó, Carlos Manuel Merino, había ratificado en el cargo a Bermúdez Requena. Por cierto, el gobernador sustituto, ahora a cargo de la dirección de ASA, ha permanecido callado como momia. Curiosamente, a nadie se la ha ocurrido cuestionarlo sobre las razones que tuvo para ratificar y sostener en la Secretaría de Seguridad, a un personaje tan cuestionado, convertido ahora, en prófugo de la justicia.

Está claro que el desprestigio y las dudas que quedan sobre una posible complicidad entre el senador y su ex colaborador, han aboyado su poder, influencia política y credibilidad. Su permanencia en el Senado representa un alto costo político para la Jefa del Ejecutivo, que pareciera que tendrá que soportarlo un rato más. La influencia del de Palenque, todavía pesa mucho.

Lo menos que se podría esperar de los morenistas
de alta jerarquía, es una actuación diferente y evitar
despilfarros y ostentaciones insultantes.

Vaya trabajo que le ha costado a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, tratar de marcar las diferencias entre los lujosos paseos de sus correligionarios morenistas por Europa y Asia y los que, a su entender, realizaban los innombrables políticos de los gobiernos de “antes” de la 4T. Con mucho énfasis afirma que “no son iguales”, aunque su comportamiento, los lugares visitados, los hoteles reservados, las comidas degustadas, los vinos saboreados y el “shopping,” disten mucho de ser distintos unos de otros.

Según la joven dirigente, la gran diferencia está en que “En el pasado, los viajes y derroches, se hacían con dinero público…para viajar, afirma, aquí y allá a Europa, Estados Unidos y a todo el mundo con el dinero del pueblo.” Mientras que, los de Morena, lo hacen “con sus recursos propios. Y precisa, lo que no es delito ni un acto de corrupción.”. En otras palabras, es lo mismo, pero no es igual.

Habría que averiguar si, como lo afirma con contundencia Luisa Alcalde, los legisladores y funcionarios de la 4T cubrieron “sus viajes y derroches” con su propio dinero, pues con los topes salariales que el fundador de Morena impuso para que nadie ganara más que el Titular del Ejecutivo, resulta difícil imaginar que, esos sueldos recortados, alcancen para pagar las tarifas de los hoteles de cinco estrellas en que se hospedaron, cubrir sus opíparas comidas y vinos y todavía sobre para sus compras en tiendas de alta gama.

Uno de los viajeros de la 4T sorprendidos por la “lente indiscreta de algún celular”, el diputado Ricardo Monreal, líder de la fracción parlamentaria de Morena, a su regreso de España, se quejó de que nunca había sentido tanto acoso, calificando de perverso el cuestionamiento sobre los viajes al extranjero de personajes públicos. El diputado se defiende, afirmando que no hay irresponsabilidad si los servidores públicos pagan sus viajes. Para concluir que “ni fue indebido ni fue ilegal ni fue inmoral”.

Pero el diputado se equivoca, porque, por lo pronto, hay incongruencia con uno de los principios que debería guiar la actuación de los miembros de este partido: la austeridad republicana. Un principio que, guste o no, se planteó como distintivo de ese movimiento político y que debieran reconocer y cumplir, a carta cabal, quienes, por voluntad propia, se incorporaron a sus filas. Lo menos que se podría esperar de los morenistas de alta jerarquía, es una actuación diferente y evitar despilfarros y ostentaciones insultantes.

Durante varios días, la Presidenta Claudia Sheinbaum puso acento en su posición respecto de los viajes placenteros de sus colaboradores. “Mi opinión, aseveró, siempre será que el poder es humildad, el poder se ejerce con humildad…Tenemos una responsabilidad de seguir insistiendo, que los viajes lujosos y la vida lujosa no tiene que ver con el movimiento de transformación, independientemente de donde vengas,” sentenció la mandataria.

El mensaje de la Jefa del Ejecutivo fue claro, aunque incómodo para más de uno, que se sintió lastimado. Algunos de los sorprendidos en fuera de lugar, mostraron su rebeldía alegando que, con su dinero, pueden hacer lo que les plazca. Cierto, pero entonces, ¿qué hacen en Morena? Porqué militar en un partido, cuyos principios recomiendan vivir en la justa medianía, sin lujos; en el que se afirma que el poder es humildad. Porque el tema no es cuánto dinero se tiene, sino
cómo y en qué se gasta.

Por lo que se ve, en Morena hay poca convicción juarista y sí mucho interés en disfrutar de las mieles del poder.

La Presidenta insiste en recordar a los colaboradores de su gobierno que,
como parte del movimiento de la Cuarta Transformación están obligados
a cumplir los principios que representan.

La temporada veraniega caló hondo en el ánimo de algunos personajes morenistas que, sin más, decidieron tomar vacaciones, para disfrutar de los atractivos turísticos que ofrecen países del primer mundo, en Europa o Asia. En nuestro continente no, porque, en esta ocasión, los políticos de la 4T prefirieron no visitar las otrora favoritas ciudades de Las Vegas, Miami, San Francisco, Nueva York, Houston o Dallas. Simple precaución, no fuera a ser que las autoridades migratorias estadounidenses aprovecharan su presencia para exponerlos a incómodos interrogatorios, con consecuencias imprevisibles. Ya de visitar Disneylandia, mejor ni hablamos.

Y así vemos que los que dicen ser diferentes, no ser iguales a los de antes, tienen los mismos gustos y debilidades por los hoteles de lujo, comidas con vinos costosísimos en restaurantes de tres estrellas Michelin. En fin, que, para estos políticos, la austeridad republicana se quedó en casa. Llama la atención, sin embargo, que con los topes a los sueldos de los servidores públicos que impusiera el fundador de Morena, esos lujos, por sus precios, parecerían estar fuera de su alcance, pero no.

Sobre el particular, la Presidenta Claudia Sheinbaum, ha comentado en sus conferencias de prensa matutinas, que “el poder es humildad y hay que ejercerlo de esa manera, que hay que ser austeros.” Que no se está cometiendo ningún delito porque los viajeros están utilizando sus propios recursos. Cada quien actúa de acuerdo a su visión, ha señalado, sin embargo, “la gente a cada quien lo valora y lo evalúa.” Un mensaje que, para efectos prácticos, los morenos turistas no parecen tomar muy en cuenta.

La Presidenta insiste en recordar a los colaboradores de su gobierno que, como parte del movimiento de la cuarta Transformación están obligados a cumplir los principios que representan. Que deben ejercer el poder con humildad y comportarse adecuadamente. Que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esa es su convicción. Lamentablemente, por lo que hemos visto, no es algo que compartan todos sus colaboradores, que, una y otra vez, desacatan las recomendaciones de su Jefa, porque sus intereses personales están más allá de los principios del movimiento. No solo no son iguales a los de antes, resultaron corregidos y aumentados.

Y mientras unos morenistas disfrutan sus vacaciones, otros padecen las consecuencias de sus propios actos u omisiones. El actual senador Adán Augusto López, alega no haberse percatado de los malos pasos en los que andaba su secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, no obstante que éste fue su colaborador durante los casi tres años que fue gobernador de Tabasco. Con esto, el líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, busca evadir su responsabilidad ante una negligente o tolerante actitud respecto de la presunta actuación criminal de su subordinado.

Sus dichos no convencen. Afirma que empezó a tener información de las andanzas torcidas de su ex colaborador cuando ocupó la Secretaría de Gobernación. Pero resulta que su sucesor en el gobierno de Tabasco, Carlos Merino, ratificó en el cargo de la Secretaría de Seguridad, a Bermúdez Requena, quien continuó haciendo de la suyas durante todo el interinato del gobernador Merino (agosto 28 de 2021 al 30 septiembre de 2024), sin que nadie se preocupara por pedirle cuentas o, al menos, indagar que había de cierto en los informes de inteligencia militar sobre este personaje. Solo fue, hasta que hubo cambios en el gobierno tabasqueño, que tuvieron eco los señalamientos que acusaban presuntas conductas delictivas del ex policía. Pues, aunque era vox populi, sus ex jefes tenían otros datos.

En febrero pasado, cinco meses después de que fue removido del cargo, se giró una orden de aprehensión en contra del ex director de policía, por su presunta vinculación con el grupo criminal La Barredora. Según se sabe, el mismo día que se ordenó su detención, Bermúdez Requena habría huido del país. Actualmente se desconoce su paradero. La semana pasada, cinco meses después de la orden de aprehensión, la Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bloqueó las cuentas bancarias del ahora prófugo de la justicia. Un poco tarde, como si no hubiera mucha urgencia en capturarlo, pero la acción de la justicia en la persecución de delitos, en ciertos casos, tiene sus tiempos.

Existe consenso en que la permanencia del senador Adán López como jefe de la bancada de los senadores de su partido, se ha convertido en un lastre para el gobierno de la 4T, con un altísimo costo político para la Presidenta. En los tiempos de la aplanadora priista, cuando había que eliminar un fusible, se desechaba por el bien del gobierno y del país. En la Cuarta Transformación parece que esta práctica no les gusta y prefieren conservar cargas que solo dificultan el proceso de gobernanza.

Este incómodo amigo y excolaborador del senador,
le ha movido el tapete político al jefe de la bancada
morenista que se sentía poderoso e intocable.

El Tabascogate, generado por el caso del ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena, y sus supuestos vínculos con cárteles de la droga (los Beltrán Leyva y CJNG) que salpican, inevitablemente a su ex jefe y amigo, el ahora senador y líder del grupo parlamentario de Morena, Adán Augusto López, nos recuerdan el caso ocurrido hace algunos años en el estado de Nayarit.

En dicha entidad, el entonces gobernador del estado, Rodolfo Sandoval (2011-2017), decidió nombrar, como primer Fiscal General del Estado, a una persona muy cercana, Edgar Veytia, a quien se le conocía con el sobre nombre de El Diablo. Un mote que lo pintaba de cuerpo entero, según se pudo saber por las denuncias de quienes lo padecieron, por sus métodos de terror aplicados para extorsionar a sus víctimas a quienes forzaba a venderle sus propiedades, casas, ranchos, bodegas, terrenos. Investigado, además, por sus nexos con los cárteles de la droga, primero con los Beltrán Leyva y después con los del CJNG, fue detenido, en 2017, siendo aún Fiscal, por las autoridades norteamericanas, acusado de introducir droga a los EUA.

En 2019, el ex fiscal se declaró culpable de narcotráfico, siendo condenado a 20 años de prisión. Esta pena le fue reducida, a 10 años, por testificar en el proceso contra Genaro García Luna, en 2023. Desde febrero del año en curso, su nombre desapareció del registro del Buró Federal de Prisiones estadounidense. Se especula que fue liberado, aunque se desconoce su paradero.

También a su ex jefe, el ex gobernador Sandoval, las autoridades del Tío Sam le tienen abierta una investigación. En 2019, la Oficina del Control de Activos del Departamento del Tesoro, lo incluyó en una lista negra por estar involucrado con el CJNG y por corrupción. Se dice que, durante su gobierno, la violencia e inseguridad ligada al crimen organizado escalaron de manera dramática (INFOABE). Rodolfo Sandoval está actualmente sujeto a proceso y en prisión en nuestro país, acusado, entre otros delitos, de lavado de dinero.

Cualquier similitud entre el caso relatado y el Tabascogate, es mera coincidencia. Un gobernador (Adán Augusto López, 2019-2021), en mala hora, designa a un personaje de sus confianzas como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (Hernán Bermúdez Requena 2019-2024). Un sujeto con larga carrera policíaca, que resultó estar relacionado con los cárteles de los Beltrán Leyva, primero, y luego con los del CJNG. Además, de haber fundado y lidereado un grupo criminal, la Barredora, dedicado a la extorsión, tráfico de personas, de combustibles y narco menudeo.

Las investigaciones en contra de este mal funcionario surgieron de las propias fuerzas armadas. Servicios de inteligencia del ejército mexicano lo ubicaban ya, en 2019, como líder operador de la Barredora, bajo el alias de Comandante H. Guacamaya Leaks, en decenas de correos y documentos militares clasificados lo identifican con el sobre nombre. Además, en reportes internos del Centro Nacional de Inteligencia, lo señalan de encabezar una red de expolicías coludidos para cometer delitos de huachicoleo, extorsión, tráfico de personas y armas.

Pues después de todas estas investigaciones, hace unos días el jefe de la 30 Zona Militar con sede en Villahermosa, general Miguel Ángel López Martínez, informó que existe una orden de aprehensión en contra del ex secretario de Seguridad, por presuntos nexos con el narcotráfico, emitida en febrero pasado. Además de que la Interpol giró una ficha roja para que autoridades de 90 países colaboren en su búsqueda y detención. Porque resulta que, un día antes de que se emitiera la orden de aprehensión, el ex director de policía huyó del país, ignorándose su paradero.

Igual que en el caso de Nayarit, contra lo afirmado por el senador Adán Augusto López, los otros datos indican que en Tabasco la violencia aumentó durante el tiempo en que Bermúdez Requena encabezó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los homicidios, cobros de piso, desapariciones y enfrentamientos armados se incrementaron notablemente. Ya en 2006, este personaje había sido detenido por su presunta participación en el homicidio de un ganadero. Aunque, al poco tiempo, salió libre.

Este incómodo amigo y excolaborador del senador, le ha movido el tapete político al jefe de la bancada morenista, en el que se sentía poderoso e intocable. Todavía cuenta con el respaldo de su “hermano” y paisano, pero las cosas se pueden poner difíciles si nuestros vecinos del norte encuentran en él una ficha “estratégica” para presionar. Porque el alegato de que no estaba enterado de los malos pasos de su jefe de policía, a pesar de los informes de inteligencia militar, resulta difícil de creer. Si no lo sabía, malo, era un gobernador desinformado y si lo sabía, peor, hay riesgo de una presunta complicidad.