Las quejas, preocupaciones y denuncias
de los actores involucrados en el tratado,
tendrán un peso, no menor, en las negociaciones
para la revisión del T-MEC, en 2026.

El ambiente que prevalece sobre el futuro del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es de incertidumbre, a pesar del discurso oficial que afirma buenas noticias y avances en las pláticas, al menos, en el caso de la relación entre los representantes de nuestro país y los funcionarios del gobierno estadounidense. En Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ha recaído la responsabilidad de encontrar, en el laberinto de la errática política del mandatario Donald Trump, la fórmula para convencerlos de la necesidad de continuar con un tratado que a ambas partes conviene. Y, si continua trilateral, qué mejor.

Porque, entre los cambios de humor del mandatario norteamericano, su particular estilo de gobernar y la intención de controlar la política y la economía mundiales, no hay país que escape a sus amenazas de imposición de aranceles a los productos que exportan a la Unión Americana. Un método que le ha funcionado, negociar con ventaja para obtener acuerdos con mayores beneficios.

Por lo que se ha visto, la relación entre EUA y Canadá, no atraviesa por su mejor momento, y, de continuar el tratado comercial, pareciera que Trump preferiría hacerlo bilateral. A lo largo del año, los dos países han enfrentado una guerra de aranceles, atenuada con negociaciones que, según lo informado por ambas partes, avanzaban por buen camino. Pero resulta que una provincia canadiense lanzó una campaña publicitaria que no le gustó al Mandatario estadounidense que la calificó de engañosa y falsa. Por este motivo, el neoyorkino decidió suspender las negociaciones comerciales con Canadá. Esto ocurrió, apenas, hace unas semanas.

Si bien, a México le conviene que la revisión del tratado comercial incluya a Canadá, para los EUA no parece haber todavía una definición, bilateral o trilateral. Por un lado, el presidente de la Cámara de Comercio de EUA, Thomas Donohue, señala que es esencial conservar el carácter trilateral del Tratado, para mantener la estabilidad del comercio entre los tres países. Por su parte, el presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, ha comentado que el tratado continuará principalmente para el comercio bilateral entre México y los EU (Milenio, noviembre 12). Igualmente, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, habría declarado en un foro del Club Económico de Nueva York, que las negociaciones para revisar el Tratado “probablemente” serían bilaterales (El País, septiembre 30). Aparentemente, ni ellos mismos saben qué es lo que quiere su Presidente.

En lo que corresponde a nuestro país, los esfuerzos para llegar con acuerdos a la revisión del tratado, ha sido la gran tarea. Los encuentros con la contra parte norteamericana han sido numerosos, aunque, muy al estilo trumpiano, las pláticas mantienen un velo que no permite ver con claridad los avances.

Sin embargo, algo ha quedado claro, en estas últimas semanas. Con motivo de las consultas públicas convocadas por la Oficina del Representante Comercial de EUA (USTR, por sus siglas en inglés), como preámbulo para la renegociación del T-MEC, en 2026, organizaciones empresariales estadounidenses han expresado preocupación ante el incumplimiento, de nuestro país, a compromisos y acuerdos contenidos en el tratado vigente. Además, han solicitado al gobierno del Tío Sam, fortalecer en el tratado la protección a inversionistas. Los cambios a la Constitución, promovidos por el gobierno de México, los inquietan y no les dan confianza.

Y es que, entre los objetivos de la Cuarta Transformación, tanto en su primero, como en su segundo piso, acabar con el pasado neoliberal, era una prioridad. Para lograrlo, se realizaron, en fast track, reformas constitucionales que arrasaron con instituciones y alteraron circunstancias comprometidas en acuerdos suscritos en el T-MEC. Amparados en el escudo de la soberanía nacional, se aprobaron reformas sin medir consecuencias. Válido el argumento de la soberanía para realizarlos, salvo que no se tomó en cuenta que algunas de esas reformas violarían acuerdos del T-MEC. Esto no gustó a quienes, confiados en los principios universales del respeto al Estado de Derecho y la certeza jurídica, apostaron invertir en México. La soberanía no se discute, pero si la violación de acuerdos internacionales.

Por lo pronto, las quejas se han desbordado. Organismos norteamericanos como la Cámara de Comercio, la Business Roundtable, el Instituto del Petróleo, la Asociación de Energía Limpia, la Asociación de Refinadores de Combustibles y Petroquímicos, la Asociación de Tecnología del Consumidor, bueno, hasta los principales estudios de Hollywood, han expresado su preocupación ante la “politización” de la justicia en México, además de solicitar la protección de su gobierno para no ser víctimas de “caprichos políticos,” según lo han declarado.

Las quejas, preocupaciones y denuncias de los actores involucrados en el tratado, tendrán un peso, no menor, en las negociaciones para la revisión del T-MEC, en 2026. Entonces se valorará qué tanto valió la pena tomar decisiones unilaterales sin escuchar al socio.

Con una caída de tres posiciones,
respecto al año anterior, México ocupa ahora el lugar
121 de 143 países evaluados, con una calificación
global de 0.40 puntos, la más baja en siete años.

Pues resulta que, al país más democrático del mundo, México, según los dichos de Palacio Nacional, no le va muy bien con el tema de respeto al Estado de Derecho. El Proyecto Mundial de Justicia, WJP, por sus siglas en inglés, recién publicó el Índice del Estado de Derecho 2025, en el que, nuestro país sale reprobado en la evaluación en varias de las distintas materias que conforman el estudio.

El WJP es una organización internacional, independiente y multidisciplinaria que trabaja para promover el Estado de Derecho en el mundo, según se lee en su página oficial. Su objetivo es buscar soluciones locales a través del enfoque que incluyen investigación, recolección y análisis de datos y el establecimiento de una red activa y global de conocimiento. Desde 2008 publica el Índice del Estado de Derecho a nivel global que mide la adhesión al Estado de Derecho en 143 países. México se incorporó a la medición en 2009.

Un Estado de Derecho eficaz, en el concepto del WJP, es la base para garantizar la paz, justicia e igualdad de oportunidades para los ciudadanos; reducir la corrupción, mitigar la pobreza, promover la salud y conformar la base para el desarrollo económico sostenible. Contribuye a una gobernanza responsable y el respeto de los derechos civiles, afirma el Proyecto.

La información que aplica esta organización, proviene de la opinión de miles de personas entrevistadas, entre las que se incluyen a abogados y especialistas en diversas ramas del derecho e información de instituciones. Es, pues, un análisis, desde la perspectiva ciudadana, sobre el respeto al estado de derecho, según lo explican ellos. Esta medición se hace a nivel nacional y estatal.

El Índice lo conforman ocho factores: limitaciones a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal.

A partir del inicio del gobierno de la 4T, el entonces presidente AMLO, buscó la manera de transformar al país, eliminando instituciones, sin el menor análisis, y, sobre todo, modificando el orden jurídico, de manera autoritaria, aprovechando la mayoría parlamentaria que le regaló el INE a Morena. Sin diálogo, discusiones, debates, consultas ni el mínimo estudio, se impuso un lastimoso Plan C, que incluía, entre otras, la reforma judicial, que desapareció al Poder Judicial existente, acabó con su independencia y autonomía y borró la división de poderes; una reforma administrativa que eliminó a la mayoría de los órganos autónomos, y una reforma electoral, todavía pendiente, con la que Morena busca continuar con los ajustes para asegurar su permanencia en poder.

Reformas a modo de la 4T, para acabar con la corrupción como su principal argumento, con resultados negativos, de acuerdo con los datos del Índice de Estado de Derecho 2025 publicado por WJP.

Con una caída de tres posiciones, respecto al año anterior, México ocupa ahora el lugar 121 de 143 países evaluados, con una calificación global de 0.40 puntos, la más baja en siete años. A nivel regional, América Latina y el Caribe, ocupamos el puesto 28 de 32 países. La causa, el debilitamiento institucional, la falta de independencia judicial y la persistencia de la impunidad y la violencia, acusa la investigación Ninguna sorpresa.

Los resultados, en el caso de los factores que integran el Índice, podrían ser una muestra de los estragos de la Cuarta Transformación.

En Justicia Penal, en donde la medición más alta es 1, la calificación es de 0.25, que nos ubica en el lugar 135 de 143 posiciones. La causa, deficiencias en la investigación, juicios y castigos. En Corrupción, con 0.27, estamos a 9 posiciones del último lugar, 134 de 143. En Orden y Seguridad, ocupamos el lugar 132 de 143, con 0.50 puntos, y, en Justicia Civil, con 0.35 puntos, estamos en el 134 de 143, reflejo de problemas de acceso y efectividad para resolver conflictos (WJP). En todos estos casos, México no alcanza una puntuación aprobatoria. La tendencia es de retroceso continuo desde 2018, cuando México se ubicaba en el lugar 93.

Para mejorar el posicionamiento de nuestro país, el WJP formula, como recomendaciones, fortalecer los contrapesos institucionales, garantizar los derechos fundamentales y mejorar el acceso a la justicia. Pero ya sabemos que, para la 4T, los análisis globales son como inexistentes, pues ellos tienen otros datos y no aceptan opiniones externas y menos de organismos independientes.

Desde su inauguración hasta febrero de 2024,
según datos del AIFA, el registro de personas
transportadas ascendía a solo 4.2 millones de pasajeros.

Tarde o temprano los caprichos convertidos en obras públicas tienen sus consecuencias.

El entonces presidente electo AMLO, decidió dar una muestra de lo que sería su gobierno y, aun antes de protestar su cargo, convocó a una consulta popular, a finales del mes de octubre de 2018, para decidir el futuro del aeropuerto de Texcoco, obra cumbre del gobierno de Enrique Peña Nieto. Las opciones, continuar su construcción (con avance del 30 por ciento) o cancelarla y sustituirlo por la base aérea militar de Santa Lucía, agregándole nuevas pistas y acondicionamiento para operar como terminal aérea comercial.

Como era de esperar, la votación del pueblo bueno y sabio coincidió con las expectativas del todavía mandatario electo, a quien nunca le convenció una obra de tales dimensiones, por lo que endosó la condena del aeropuerto peñista a la voluntad popular que, por mayoría de votos, optó por su cancelación. Con el mandato del resultado de una consulta promovida, organizada y revisada por el equipo de transición de Morena, se eliminó el proyecto de Texcoco e inició el del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El 21 de marzo de 2022, se inauguró el AIFA. Su primer vuelo local, a Villahermosa, Tabasco y el primero internacional, a Caracas, Venezuela, de la aerolínea venezolana CONVIASA. Se anunció, además, que esta estación arrancaría con 20 vuelos en su primer día de operaciones. En la ceremonia, frases para endulzar los oídos del Mandatario. El entonces priista gobernador del Estado de México, señalaría que era “la obra de infraestructura más importante concluida en nuestro país durante el presente siglo.” Una muestra de la capacidad del presidente para alcanzar sus propósitos, destacaría el mexiquense.

Pero las expectativas que había despertado este aeropuerto no se cumplieron. El cálculo de que, para su tercer año de operaciones, estaría atendiendo una demanda anual de 20 millones de pasajeros, quedaba muy lejos de la realidad. Desde su inauguración hasta febrero de 2024, según datos del AIFA, el
registro de personas transportadas ascendía a solo 4.2 millones de pasajeros. En el caso de la carga, los números tampoco eran alentadores.

Pero había que hacer algo para enderezar el proyecto, aunque fuera de manera artificial. La estrategia fue desanimar el uso del viejo aeropuerto de la CDMX, ya de por sí descuidado y obsoleto, para estimular la utilización del AIFA. El deterioro del aeropuerto Benito Juárez lo padecimos hasta que la realidad obligó a la autoridad a invertir en su remodelación. La proximidad del campeonato mundial de futbol, con la oleada de aficionados y turistas que atrae este tipo de eventos, sumado a lo poco atractivo que resultó el AIFA para los viajeros, hizo que las autoridades reaccionaran, muy a su pesar.

El tema de la carga era más fácil de resolver. En 2022 se emitió un decreto presidencial que ordenaba que, “debido a la saturación” del AICM, a partir de cierta fecha todas las operaciones de carga aérea se trasladarían al AIFA. El resultado, por la obligación impuesta, permitió que mejoraran los números, al menos, en el caso de la carga. Habrá que señalar que esta decisión del Ejecutivo, fue unilateral, sin ningún diálogo con los usuarios.

Pero resulta que este acto autoritario y soberano de nuestro gobierno, ignoró los términos del Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos suscrito entre México y los EUA, en 2015, aprobado por el Senado de nuestro país en abril de 2016. Un acuerdo de servicios aéreos que establece que tipo de operaciones pueden realizar las aerolíneas de un país en el territorio de otro y que liberalizó los mercados de transporte aéreo al eliminar restricciones sobre el número de aerolíneas y destinos.

Pues en represalia del decreto emitido por el de Macuspana, ante las penurias del AIFA, ahora el gobierno de Donald Trump nos la aplica con una decisión también unilateral y soberana, que revoca la autorización para cubrir 13 rutas aéreas comerciales que salen del AICM hacia EUA, que transportan pasajeros y carga, y todos los servicios combinados entre ese país y el AIFA, además de congelar las solicitudes de nuevas rutas. Ya antes nos había golpeado el Departamento de Transporte (DOT) norteamericano con la orden que disuelve la alianza que tenía Aeroméxico con la empresa Delta Air Lines.

Aquí, las dos países podrían alegar lo mismo, porque se tomaron decisiones unilaterales y, ciertamente soberanas, con afectaciones recíprocas, ignorando las medidas contempladas en el Acuerdo Bilateral que establece, en su artículo 20, la vía diplomática como la fórmula para resolver diferencias entre los contratantes.

Ni piñatas ni falta de respeto, simplemente una decisión arbitraria, sin medir consecuencias, para ocultar el fracaso de un capricho, provocó una respuesta que elevó la apuesta, en la que nuestro país sale más lastimado..

Acción Nacional alcanzó la joya de la corona,
la Presidencia de la República, en el año 2000,
conservándola en la elección de 2006.

En la búsqueda del rumbo perdido, hace un par de semanas, la dirigencia del PAN anunció el “relanzamiento” de su partido, en un acto celebrado en el mismo lugar, el Frontón México, en el que, 86 años atrás, se celebrara la asamblea constitutiva de Acción Nacional. Una reconversión urgente y necesaria, que ya no puede esperar, para salvar al que ha sido el partido de oposición más importante de nuestra historia política moderna, y que, en la actualidad, atraviesa por uno de sus peores momentos.

Creado para enfrentar al Partido de la Revolución Mexicana, entonces partido en el poder y precursor del PRI, al PAN le llevó mucho tiempo y esfuerzo para ganar posiciones de representación popular. Luego de 50 años de su fundación, en 1989, gana su primera gubernatura, la de Baja California. Hasta 1991, logra su primera senaduría de mayoría, también por el estado de Baja California. La primera diputación federal de mayoría, la obtiene en 1964, por el estado de Chihuahua. Antes, en 1947, en Michoacán, había alcanzado su primera presidencia municipal, así como su primera diputación local de mayoría.

Acción Nacional alcanzó la joya de la corona, la Presidencia de la República, en el año 2000, conservándola en la elección de 2006. En los comicios de 2012 ya no la pudo retener, al perderla ante su rival histórico, el PRI. Habría que señalar que su primer triunfo en la elección presidencial, Acción Nacional compitió con un candidato carismático, Vicente Fox, de mínima militancia partidista y poca experiencia política. Su audacia lo llevó a, prácticamente, colarse en la competencia para la candidatura del partido, ganando la elección interna, por amplia ventaja.

Vicente Fox fue un Presidente que se mantuvo un tanto distante del partido que lo postuló. Cuando llegaron los tiempos de su sucesión, el entonces jefe del Ejecutivo no pudo designar al candidato de sus preferencias. La elección se resolvió en un proceso interno del partido que ganó Felipe Calderón, con quien el guanajuatense había tenido serias diferencias, por haber adelantado los tiempos de campaña. Misma osadía que él cometió y que le favoreció para ganar la candidatura presidencial PAN. Finalmente, el candidato panista, ganó la Presidencia (2006) en una apretada y polémica elección, con lo que Acción Nacional conservaba la Primera Magistratura para un segundo período.

A diferencia de su antecesor, Felipe Calderón si era un político de carrera, con una larga trayectoria partidista que lo llevó a presidir el partido. Cuando fue momento de iniciar los preparativos para su sucesión presidencial, Calderón tampoco pudo imponer candidato, y en la elección interna del partido para la candidatura presidencial, la elegida fue Josefina Vázquez Mota, quien padeció los sinsabores que significó no ser la candidata que quería el Jefe de Ejecutivo. Las heridas causadas con motivo de la competencia interna, debilitaron la campaña de la panista que enfrentó a un fuerte candidato priista que iba con todo para ganar, como sucedió.

En esta nueva etapa que anuncian los dirigentes panistas, hacen énfasis en que ahora el PAN buscará participar sin alianzas y que, solo por excepción, así se entiende su discurso, las aceptarán. Pero históricamente, a Acción Nacional no le ha ido mal cuando ha competido en coalición. Su primer triunfo presidencial, en 2000, lo logró en una alianza con el PVEM. Se segundo triunfo, en 2006, lo alcanzó, efectivamente, sin alianzas, pero en su derrota, en 2012, también compitieron solos.

Sus alianzas las iniciaron en 1999 y en estos 26 años, 23 gubernaturas las ganaron compitiendo con aliados. Un número de triunfos nada despreciable. El PAN, no ha discriminado a partido alguno cuando de ir en coalición se trata. Sus triunfos los ha compartido, en diferentes momentos, con el PRD, el PT, el PVEM, el PANAL, el PES, MC y, últimamente, hasta con el PRI, que, por haber sido su rival histórico, es la alianza más cuestionada y criticada por la militancia panista.

Tendrán que meditar muy bien cuándo y con quién les conviene formar alianzas electorales. En el contexto político actual, con el poder avasallante del gobierno morenista y su abierta actitud de poner todo el aparato del Estado en apoyo a sus candidatos, más allá de lo que autorice la ley (cómo olvidar las palabras del tabasqueño”… y no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”), la competencia electoral se ha vuelto cada vez más difícil para una oposición desunida.

Y es que, además de lo disparejo del piso, el gobierno de la 4T ha reformado el marco jurídico y cooptado a las autoridades electorales, para que sus candidatos obtengan sus triunfos sin sobresaltos.

Pero resultó que el gobierno de la Cuarta Transformación,
no tenía la menor intención de llevar a la práctica acciones en
contra de la corrupción del pasado y, menos, voltear a ver la del presente.

En la retórica de la 4T, con insistencia se afirma que ellos no son igual a los de antes, que no son lo mismo que los gobiernos conservadores. Y, a la menor provocación, lo repiten, preocupados por dejar bien asentado que son diferentes. Y, en efecto, hay grandes diferencias, pero en ciertos aspectos, los morenistas no solo se parecen a los políticos del pasado neoliberal, sino que los han superado, particularmente, en las malas artes.

El fundador de Morena enarboló la bandera de la honestidad. Honestidad valiente, fue su lema de campaña en algún momento. Contra la corrupción y los malos manejos de los gobernantes, arremetió con furia en sus discursos, lo que le allanó el camino a la Presidencia de la República. Se trataba de un tema sensible y la gente creyó que el nuevo gobierno, efectivamente, combatiría la corrupción.

Pero resultó que el gobierno de la Cuarta Transformación, no tenía la menor intención de llevar a la práctica acciones en contra de la corrupción del pasado y, menos, voltear a ver la del presente. Abrir carpetas de investigación a funcionarios neoliberales por presuntos actos de corrupción, no fue prioridad ni interés de Morena, aunque el tema de la lucha contra la corrupción fuera la constante en los discursos de Palacio. Siempre resultó, antes y ahora, políticamente aprovechable y correcto, declarar la guerra a la corrupción.

El gobierno pasado se ufanaba de haber acabado con la corrupción. No una sino varias veces, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, agitó, en su púlpito de Palacio Nacional, un pañuelo blanco como señal de que la corrupción había quedado eliminada del servicio público. La realidad, sin embargo, fue otra. El jefe del Ejecutivo, en su maquiavelismo político, optó por dejar hacer y dejar pasar en materia de corrupción, desestimando las irregularidades y corruptelas que se cometían en su gobierno. Ya no digamos abrir una investigación. Por el contrario, cuando se llegó a cuestionar la honestidad de algún servidor público, desde la Presidencia hasta el partido Morena se encargaron de defender al presunto infractor. “Para no manchar al movimiento,” decían.

En el blog Desarmar la Corrupción que publica Nexos, se señala el manejo diferenciado en el tema de combate a la corrupción en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y el de Macuspana. En el sexenio priista (2012-2018) doce gobernadores fueron sometidos a procesos judiciales, acusados de diversos delitos, y sentenciados. Mientras que, en el gobierno de la 4T (2018-2024), de trece gobernadores que fueron denunciados y acusados por diversos ilícitos, ninguno fue sujeto a proceso ni mereció una investigación.

Pero en contra de la visión optimista y tolerante del gobernante tabasqueño que presumía haber acabado con la corrupción, investigaciones periodísticas, nacionales y extranjeras, y de agencias de inteligencia de otros países, mostraron otros datos. La corrupción, lejos de haberse eliminado, escaló a niveles insospechados. Porque, además del resultado de estas investigaciones, en un increíble afán por alardear, en redes sociales, una vida de lujos, viajes y placeres a la que antes no tenían acceso, los mismos personajes se auto incriminan, al publicar despilfarros que no son congruentes con sus ingresos declarados.

Cada vez son más los personajes de alto perfil de Morena que incurren en contradicciones cuando tienen que explicar el origen de propiedades o ingresos extraordinarios. Al estilo de su ex jefe, cuando el enredo les impide justificar sus posesiones, califican los cuestionamientos de politiquería, de complot, de críticas de “poderosos” que no perdonan las políticas en favor de los pobres. Muletillas que no funcionan para acreditar su honorabilidad.

Cómo puede ser que un hermano del ex mandatario tabasqueño, que nunca ha trabajado en el sector privado y sus cargos en la vida pública han sido pocos y modestos, sea propietario, según su propia declaración patrimonial, de 13 ranchos y cientos de cabezas de ganado. Todo pagado al contado y con dinero en efectivo. Él afirma que no esconde nada, pero el problema no es lo que tiene, sino cómo lo adquirió. Por el parentesco, estaría obligado a ser, particularmente, transparente y muy preciso en señalar el origen de los recursos que le permitieron adquirir esos bienes. Sólo para no dar lugar a especulaciones.

En fin, que, en el gobierno del segundo piso, tampoco parece entusiasmarles mucho tener que dar seguimiento a las denuncias sobre casos de corrupción que se multiplican. Pero, por el bien de este gobierno, tendrán que sentar precedentes, aplicar la ley y sancionar a quién resulte culpable. La impunidad ya es intolerable.

El tiempo necesario,
sin precipitaciones ni atropellos,
ofrecido por el Coordinador de los diputados de Morena,
para las audiencias y aprobación de la reforma,
no llegó ni a una semana.

Una vez más, los de la Cuarta Transformación nos vuelven a restregar su estilo particular de legislar, en forma y fondo. “Queremos que haya una gran discusión, el tiempo que sea indispensable. No vamos a precipitar nada, no vamos a atropellar nada.” Declaró orondo el Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, en relación a la reforma de la Ley de Amparo. Solo le faltó explicar al diputado Monreal, que los tiempos y ritmos de los procesos legislativos de la 4T, son otros y diferentes a los de antes. Y, en esto, efectivamente, no son iguales.

Porque a partir de que Morena obtuvo, vía interpretaciones retorcidas de la autoridad electoral, el control de las Cámaras de Diputados y de Senadores, con ficticias mayorías calificadas de sus bancadas, el Congreso Federal se ha convertido en la oficialía de partes del Ejecutivo. Una oficina de trámite para la aprobación de las iniciativas de ley de Palacio, sin revisar, analizar y, muchas veces, sin conocer su contenido, porque la instrucción era y, según se ve, lo sigue siendo ahora, aunque un poco menos rígida, aprobarlas sin modificación alguna.

El tiempo necesario, sin precipitaciones ni atropellos, ofrecido por el Coordinador de los diputados de Morena, para las audiencias y aprobación de la reforma, no llegó ni a una semana. El miércoles 8 de octubre, se anunciaron las fechas para las audiencias: viernes 10, sábado11 y lunes 13. Sin embargo, el micrositio para la inscripción de participantes, se habilitó hasta las 16 horas del jueves 9 y se cerró a las ocho de la noche del mismo día. Sólo cuatro horas para inscribirse. Quienes se enteraron y pudieron hacerlo, contaron con 5 minutos de exposición.

Tiempo insuficiente para un análisis profundo y serio que debió merecer una reforma de la importancia y trascendencia de la Ley de Amparo. Queda claro que el debate, los razonamientos y la argumentación no son tema para Morena. Sus legisladores, oyen, a veces, pero no escuchan. Ni están dispuestos a cumplir con la función que les corresponde como Poder Legislativo. Por eso, sus procesos legislativos son rápidos, breves y furiosos.

En el Senado, el proceso para la aprobación de la reforma, fue casi al vapor. Dos días, para realizar audiencias públicas, el lunes 29 y el martes 30 de septiembre, con la participación de abogados, especialistas y miembros de la sociedad civil que alertaron, ante un foro morenista indiferente, sobre las nefastas consecuencias de una reforma que restringe y limita la única protección que tiene el ciudadano para defenderse de los abusos del poder del Estado. En el tercer día, miércoles 1 de octubre, se aprobó la iniciativa presidencial. Sólo tres días, antes de turnar la minuta a los diputados, con una manzana envenenada: una reforma en los artículos transitorios para permitir su aplicación con efectos retroactivos.

Lo que parecía un distractor, la retroactividad, por su carácter claramente inconstitucional, que mereció críticas en contra, desde la Titular del Ejecutivo, los ministros de la nueva Corte hasta el “constitucionalista” jefe de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, planteando la conveniencia de eliminar esa propuesta, resultó ser, además de un distractor, la entrada para una nueva propuesta de aplicación retroactiva descafeinada, pero igual de dañina.

Un proceso judicial inicia con una demanda y concluye hasta que se dicta una ejecutoria, en consecuencia, inapelable, en favor o en contra de una de las partes. La reforma de la Ley de Amparo, según lo aprobado por los diputados, no aplicará para las etapas procesales concluidas de una controversia judicial que no ha terminado. Pero si se aplicará a los “nuevos” actos procesales, de la MISMA controversia, con los que, una de las partes, busca obtener con una sentencia final favorable. Esto significa que, habiendo iniciado un juicio con las reglas de una ley, concluirá, conforme a los términos de una ley diferente.

Quienes defendieron esta modificación, alegan que no es retroactiva, a pesar de que la Constitución dispone, en su artículo 14, “A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. En el ejemplo, la aplicación de nuevas reglas, no contempladas en el inicio de un juicio, necesariamente afectará a una de las partes.

Total, que la aprobada Ley de Amparo, de ser un juicio de protección constitucional de las personas contra los abusos del poder del Estado, se convierte ahora en una grave limitación al ejercicio de los derechos ciudadanos y una herramienta de la autoridad para “protegerse de los excesos” de los particulares.