Un paquete político de alta gama,
con gobernador y senador en funciones.
Muy a su pesar, Rubén Rocha Moya tuvo que separarse de su cargo, como gobernador del estado, aunque sólo lo haya hecho de manera temporal, mediante una licencia, “mientras dure el proceso de investigación,” dijo en un video difundido el viernes pasado. Solo unas horas antes, el ahora ex mandatario habría declarado que no había nada que temer, por lo que no contemplaba retirarse del cargo, a pesar de los señalamientos de los EUA.
Y es que desde del 28 de abril, el gobierno norteamericano había solicitado, por la vía diplomática, la detención, con fines de extradición, del gobernador Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza, del presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez y siete ex funcionarios más del círculo cercano al mandatario con licencia, bajo la acusación de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos y por tráfico de armas. Un paquete político de alta gama, con gobernador y senador en funciones.
Primer paso del gobierno de los EUA, ante la inacción de nuestras autoridades que, al estilo 4T, no parecen dispuestas a reconocer errores, faltas, desvíos o corrupción en el seno del morenismo. Cualquier denuncia en contra de un funcionario de la 4T, la atajan alegando que sólo se busca golpear al “movimiento.”
El caso de esta solicitud de extradición, no fue la excepción. Tanto Rubén Rocha como el senador Inzunza, deslindaron su responsabilidad con la estrategia de que la acusación, en realidad, no es en su contra, sino que la intención es afectar al movimiento. El exgobernador declaró “No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco…” Mientras que el senador fue, aún, más atrevido al señalar que se trata de un “ataque e insidia” diseñado para golpear al expresidente AMLO y al movimiento de la 4T. Como si estuvieran libres de culpa.
Pero en esta ocasión el blindaje morenista resulta delicado e inconveniente. La acusación es por asociación delictuosa con narcotraficantes, entre otros delitos, algo que seguramente el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, tiene bien documentada con el testimonio de muchos de los capos que nuestro gobierno envió a territorio norteamericano, de manera expedita y sin mayores trámites. Asumir la defensa de estos personajes, envueltos en la bandera de la 4T, puede tener un alto costo político para el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues da la impresión de estar más preocupada en cuidar los intereses del movimiento de la 4T y de algunos de sus impresentables militantes, que por los de la Nación que le corresponde gobernar.
No gustó nada la petición de los EUA. La primera reacción de Palacio Nacional fue calificarla de injerencista. Se declaró que la solicitud carecía de pruebas contundentes que justificaran la petición; que se había violado el principio de confidencialidad, al hacer pública la acusación; que la motivación era más política que jurídica. Y, desde luego, se recurrió al alegato de la defensa de la soberanía, tema preferido para rechazar todo lo que cualquier gobierno extranjero u organismo internacional comenten sobre lo que sucede en nuestro país.
Difícilmente podría considerar injerencista, una solicitud diplomática para la detención con fines de extradición de un exgobernador opaco, cuya relación y complicidad con el cártel de Sinaloa es inocultable. El tratado de extradición, establece un plazo de 60 días para que, quien la solicita, aporte las pruebas que justifiquen la petición. Con la presentación de la solicitud, no se exige que se aporten “pruebas contundentes”. Estas se exhibirán ante el juez correspondiente.
Tampoco existe un compromiso de confidencialidad en esta etapa. Y por lo que toca a la motivación política, pudiera ser, pero está claro que para arrancar este procedimiento deben existir delitos y presuntos culpables y, en eso, se funda la solicitud de extradición. Finalmente, nuestra soberanía no se vulnera por una solicitud de extradición que se atiene a un procedimiento diplomático establecido en un tratado acordado, voluntariamente, por ambos países.
Mucho se ha comentado cuáles son las alternativas que tiene la Presidenta Sheinbaum para salir de este embrollo. Ninguna es sencilla y todas tienen consecuencias políticas internas o externas. Desde hace un buen rato, Rubén Rocha Moya es una carga para Morena. Su triunfo electoral estuvo plagado de irregularidades e injerencia del cártel de Sinaloa que “se portaron bien,” como diría el clásico. Su entrega a los EUA, sería bien vista por nuestro vecino y hasta conveniente en estos tiempos de negociación del T-MEC. Para los duros de Morena, sería inaceptable, con amenaza de fractura interna.
Negar la extradición y exonerarlo de todo delito, dejaría satisfechos a los de la 4T, aunque no a gran parte del pueblo bueno y sabio que vería en esto un retroceso en la guerra contra las drogas y una señal de impunidad y protección a los personajes de Morena. Los EUA y su Presidente Donald Trump lo verían como un acto inamistoso, de falta de colaboración y de cooperación en el combate a las drogas. El calificativo de narco gobierno no nos lo quitaríamos de encima y las pláticas del T-MEC tomarían un rumbo incierto.
Juzgarlo aquí, pudiera no gustarle mucho a los EUA, pero seguramente no lo verían mal, siempre y cuando se trate de un juicio formal, justo y serio.