Difícil la tiene el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ante la ola de denuncias que se han presentado por actos de corrupción en varias delegaciones de la capital. En particular, tres son las delegaciones en donde el escándalo por las extorsiones cometidas por funcionarios capitalinos ha llegado al grado de obligar a los malos servidores públicos a renunciar a sus cargos.

Habría que decir, no obstante, que esos casos de renuncias han sido la excepción, pues la regla es que, a pesar de las acusaciones formuladas, los actores continúen, inexplicablemente, en sus puestos, dando lugar a que nuestra imaginación vuele a cualquier nivel de sospechosismo, ante tal impunidad.

De los casos en donde se llega a sancionar a los acusados, ni hablar, ya que si los ceses son excepcionales, los de los que son llevados a juicio para aplicarles la ley, son todavía más escasos. Y es que las redes de protección que los envuelven, son tan efectivas y poderosas que resulta muy difícil la eliminación de los funcionarios corruptos.

Las delegaciones de Coyoacán, Tlalpan y Cuauhtémoc, son las tres demarcaciones que en las últimas semanas han ocupado la atención de los medios, y no precisamente por el buen desempeño de sus autoridades. En cada una de estas regiones, las denuncias ciudadanas y el seguimiento mediático, han obligado, en algunos casos más que en otros, a que por lo menos se abra una investigación sobre los hechos denunciados.

Curiosamente en estas tres delegaciones los funcionarios que las encabezan pertenecen a la misma corriente perredista, la Izquierda Democrática Nacional (IDN), cuyo líder es el profesor René Bejarano, de triste memoria, ahora ya plenamente rehabilitado. Por los servicios prestados, sus antecedentes y por las redes sociales que controla en esta ciudad, este personaje se ha convertido en factor incómodo, pero indispensable en tiempos electorales, para el Partido de la Revolución Democrática, pero quizás más para quienes aspiran al poder en la capital del país, pues es sabido que el profesor Bejarano presta sus servicios a quien mejor le conviene, en un determinado momento.

En el caso de la pasada elección para Jefe de Gobierno de esta ciudad, desde la elección interna para el candidato del PRD, el profesor Bejarano consideró que Miguel Ángel Mancera resultaba ser un prospecto exitoso, frente a los aspirantes perredistas que no parecían poder superar a la candidata postulada por el PRI, Beatriz Paredes.

Así que, no obstante que el precandidato Mancera no pertenecía a ninguna corriente del PRD, René Bejarano apostó al triunfo del ex procurador capitalino, previos acuerdos sobre algunas posiciones en el gobierno para miembros de su corriente, la IDN, en el caso de triunfar en la elección.

Y aquí es en donde se unen las dos historias que dan tema al comentario que nos ocupa. Por el sistema de cuotas, que constituye una práctica común en la política, el que gana una elección conviene con quienes han contribuido a su triunfo, la asignación de algunas posiciones. Puestos de mando en los que colocan a la gente de sus grupos.

Esta práctica no tendría nada de excepcional, si quienes ocupan esas posiciones tuvieran la capacidad y preparación para el buen desempeño de los cargos públicos. El problema está en que no siempre, quienes llegan a los puestos, son los idóneos para ejercerlos, pero peor aún, cuando se trata de sujetos que ven en esto una oportunidad para resolver su presente y su futuro económico.

Maricela Contreras, Mauricio Toledo y Alejandro Fernández son los delegados de Tlalpan, Coyoacán y Cuauhtémoc, respectivamente, que resultaron beneficiados con esas negociaciones políticas y que no parecen haber protestado cumplir con la Constitución y con las obligaciones derivadas del cargo que asumieron, porque a pesar de haberse acreditado los actos de extorsión cometidos por sus colaboradores, su resistencia para someterlos a investigación es inexplicable.

En el caso de la delegación de Tlalpan, finalmente el Director Jurídico  tuvo que renunciar ante la evidencia de los cargos presentados por restauranteros a quienes se les exigía una cuota mensual para poder continuar trabajando, so pena de clausurar sus establecimientos en caso de no acceder a los pagos. En Coyoacán, también los malos funcionarios exigían pagos a un empresario para poder autorizarle a abrir una gasolinera sin la documentación en regla, sólo que la ambición de estos corruptos funcionarios los perdió al exigir una suma mayor a la que ya había acordado, y esto dio lugar a la denuncia.

En la Delegación Cuauhtémoc, además de las múltiples quejas por actos de corrupción formuladas por los dueños de restaurantes y bares que inundan esa demarcación, sin que la autoridad haga nada por investigarlas, ahora son los miembros de la Unión de Expendedores y Voceadores de Periódicos de México quienes denuncian el cobro de una cuota semanal de 200 pesos que les exigen las autoridades de esa delegación para permitirles trabajar, bajo la amenaza de retirarles sus puestos en las inmediaciones del Metro Revolución, en caso de no hacerlo.

Lamentable la corrupción que invade a una de las ciudades más pobladas del orbe, y titánico el esfuerzo que debe hacer el Jefe de Gobierno para limpiar la capital de esta lacra, sobre todo si en su agenda está el de crecer políticamente para un futuro mejor. No es posible que por compromisos políticos se tolere la actuación de delincuentes. Nuestro país merece una mejor actitud de parte de nuestros funcionarios.

Julio 31 de 2013.