Largo ha sido el camino recorrido en la lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres. Avance lento, porque se trata de modificar estructuras mentales para generar una nueva cultura de igualdad entre hombres y mujeres en terrenos en los que, histórica y tradicionalmente, la figura predominante ha sido el llamado sexo fuerte. Y esto no es algo sencillo de cambiar.

En 1953, en el gobierno del Presidente Adolfo Ruiz Cortines, se decretó el derecho al voto de las mujeres, lo que les confería el reconocimiento como sujetos de derechos políticos. De entonces a la fecha, en casi seis décadas su participación en la política ha sido más bien discreta.

Para el máximo puesto de elección popular, la presidencia de la República, cinco mujeres han sido registradas como candidatas a lo largo de la historia del país. En 1982, Rosario Ibarra fue postulada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En 1994 contendieron, Cecilia Soto por el Partido del Trabajo y Marcela Lombardo por el Partido Popular Socialista. En 2006, el Partido Social Demócrata y Campesino postuló a Patricia Mercado, y actualmente hace campaña Josefina Vázquez Mota, como abanderada del Partido Acción Nacional.

Por lo que toca a los gobiernos estatales, sólo seis mujeres han ocupado el cargo de titulares del ejecutivo. La pionera fue Doña Griselda Álvarez, electa para gobernar el estado de Colima, en tiempos de la presidencia de José López Portillo. Los otros estados gobernados por mujeres han sido Tlaxcala, Yucatán, en dos ocasiones, y Zacatecas. Además de que, por un corto período, la capital de la República fue gobernada también por una mujer, Rosario Robles.

Con la conclusión del mandato de la priista Ivonne Ortega al frente del gobierno de Yucatán, a finales de este año, nuestra geografía política se quedará sin ninguna figura femenina al mando de un gobierno estatal. Al menos por un buen rato, porque quienes aspiraron a una gubernatura y a la jefatura del gobierno del D.F. para las elecciones del primero de julio próximo, se quedaron en el camino.

En el Congreso, la presencia de la mujer ha sido mayor, aunque no lo suficiente. Para superar los obstáculos que limitan su participación se establecieron las cuotas de género, sugeridas en un principio, y como una obligación, después. A partir de la reforma de 2007, la legislación electoral impuso a los partidos políticos la obligación de presentar, tanto como candidatas a la Cámara de Diputados, como al Senado, al menos un cuarenta por ciento de mujeres.

Aun así, hubo partidos que encontraron la manera de evadir esta obligación, y surgieron las llamadas “Juanitas”. La trampa consistía en postular como candidata propietaria a una mujer y colocarle de suplente a un hombre, que era quien les interesaba que ocupara la curul. La propietaria asumía el cargo, sólo para solicitar licencia de inmediato y ser sustituida por su suplente.

Esta argucia burlona llevó al legislador a ser más preciso y establecer que para la cuota mínima del 40 por ciento, propietario y suplente deberían ser del mismo género, en este caso femenino. Pero como suele suceder, las mejores intenciones convertidas en medidas correctivas para evitar abusos, no siempre logran su cometido y llegan a generar consecuencias incómodas.

La reforma en comento se aplicó por primera vez en el proceso electoral actual, generando un problema para los partidos que, suponemos, esperaban poder librarse, una vez más, de esta obligación, así que no se prepararon para cumplir con la cuota de género.

Una sentencia del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación habría de confirmarles la obligatoriedad de la norma sin posibilidades de excepción, precisando las proporciones: al menos 120 candidatas a diputadas y 26 al senado, y aquí es donde los buenos propósitos dieron lugar a situaciones no deseadas. Para ajustar la cuota, los partidos intercambiaron hombres por mujeres, hasta llegar a la proporción del 60-40, en decisiones arbitrarias y apresuradas de sus dirigencias. El término para cumplir se agotaba. Sin el menor apego a sus estatutos ni respeto a formas democráticas, simplemente eliminaron a unos para poner a otras. Y claro está, con este manejo, para respetar el derecho de unas, se violaron los derechos de otros.

Como la norma se cumplió, sin mucha reflexión, el problema subsiste. Se sabe de casos decididos a impugnar, ante la autoridad electoral, las decisiones de sus partidos al considerar que se afectaron sus derechos, sobre todo cuando el removido habría ganado su candidatura a través de un proceso democrático de selección interna.

Esperemos que para el próximo proceso electoral los partidos asuman con mayor responsabilidad el caso de las cuotas de género, y lleven a cabo los pasos necesarios para contar, con oportunidad, con los elementos femeninos suficientes que les permitan cubrir las proporciones que fija la ley. Sólo así se evitarán absurdos arbitrarios e injustos, como lo acontecido en esta ocasión, que desvirtúan los buenos propósitos de la norma.

Abril 18 de 2012