El ambiente está caldeado, hay que ser, entonces, cuidadosos en extremo para evitar caer en la provocación de quienes, un día sí y otro también, desafían a la autoridad con manifestaciones, plantones y enfrentamientos, cada vez más frecuentes y más violentos.

Las marchas en la capital del país, no son ninguna novedad. De hecho en alguna ocasión, la autoridad capitalina consideró destinar una plaza para que sirviera como sede para manifestaciones, y así se evitaran las molestias causadas a quienes nada tienen que ver con las demandas o reclamos de los manifestantes. Esta idea no prosperó, porque, precisamente, de lo que se trata es de desquiciar la ciudad, como estrategia de presión de los marchistas para hacer valer sus reclamos.

Y bueno, cuando efectivamente existe una causa justa que motiva la movilización, con el diálogo entre la autoridad y los manifestantes, se calman los ánimos y todo vuelve a la normalidad. Lo que no sucede cuando la movilización responde a oscuros intereses políticos que están más allá de cualquier reclamo social, porque entonces no hay diálogo que valga para la conciliación, pues de lo que se trata es, precisamente, de prolongar el conflicto lo más posible para desgastar a la autoridad y debilitarla políticamente.

Algo de esto es lo que hemos venido presenciando, recientemente, cada vez con mayor frecuencia. Manifestaciones que no tienen sentido ni demanda aparente, salvo el de alterar el orden y provocar a la autoridad. Habría que ser muy ingenuo para creer que los jóvenes que aparecen en diferentes manifestaciones, enarbolando las causas más disímbolas, son auténticos defensores de causas sociales, preocupados por la injusticia y la pobreza que hay en el país. Está claro que se trata de grupos que han hecho de su participación en manifestaciones, un modo de vida, seguramente muy bien retribuidos.

Los disturbios del primero de diciembre del año pasado, las tomas de las rectorías de la UNAM, de la Universidad Metropolitana y de la Universidad de la Ciudad de México. Los enfrentamientos con las fuerzas policíacas, el primero de mayo y el diez de junio, pasado, parecieran ser acciones que forman parte de una estrategia  desestabilizadora. En varios de estos actos, los protagonistas fueron los mismos, aunque los pretextos fueran diferentes y variados.

El mejor ejemplo de que en el fondo de estos actos hay otras intenciones muy distintas a las declaradas por los manifestantes, es el de la toma de la rectoría de la UNAM. Un grupo, literalmente, pequeño, de un día para otro, se posesionó de esas instalaciones. Primero argumentaron una cierta causa para justificar la ocupación y luego declararon otra muy distinta, cuando finalmente abandonaron la rectoría. Además de que el diálogo con el rector, lo que supuestamente constituía uno de sus principales reclamos, pasó al olvido, y no les interesó más, una vez que salieron de Ciudad Universitaria. Así, hasta le fecha, es un misterio qué es lo que motivó a este grupo a realizar semejante acción.

En este contexto, llama la atención la actitud hasta obsequiosa que muestran algunos miembros de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal con los manifestantes. No puede interpretarse de otra manera, el que ese cuerpo legislativo haya reformado, y en fast track, una ley a beneficio de los profesionales de las manifestaciones, que prácticamente los blinda contra su encarcelamiento.

En la época en que Andrés Manuel López Obrador ocupaba la jefatura del Gobierno de esta capital, la ley establecía, en su artículo 362 del código penal para el Distrito Federal, una pena para quienes “perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal” de 5 a 30 años de cárcel. Las manifestaciones entonces no abundaban, a diferencia de lo que sucede ahora.

Pero resulta que, en diciembre pasado, a propuesta del asambleísta Antonio Padierna, cuñado del profesor René Bejarano, cuya filiación política es muy clara, se planteó reformar este artículo y reducir la penalidad de 2 a 7 años de prisión. Una modificación, que admite la libertad bajo fianza para quienes incurren en esta falta.

Recordemos que se trató de una reforma a modo, para beneficiar a los detenidos por los disturbios del primero de diciembre del año pasado, con el pretexto de que se estaba “criminalizando la protesta social”. Los detenidos obtuvieron, entonces, su libertad de inmediato, una vez que asambleístas de izquierda cubrieron la fianza que se les había fijado. Nos preguntamos, quién estaría detrás de aquellos disturbios

La reforma que se comenta no resiste el menor análisis. No ayuda a la gobernabilidad de la ciudad, es tolerante a los disturbios y convierte a la autoridad en rehén de los manifestantes. Por esto, no se entienden las razones que tuvo el Jefe de Gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, para promulgarla. Como hemos visto, ahora estos activistas son más agresivos, sabedores de que la ley habrá de tratarlos con benevolencia.

Si creyéramos en las teorías del complot, supondríamos que estas manifestaciones, sin sentido aparente, la profesionalización de los manifestantes, la reducción de las penas de los delitos contra la paz pública y la disposición de algunos personajes de la izquierda para proteger a estos anarquistas mediante el pago de las fianzas, serían parte de una estrategia para reventar los mejores propósitos de un  gobierno que sorprendió con la firma del Pacto por México con las tres principales fuerzas políticas del país. Cosa que sigue irritando a algunos personajes de izquierda y derecha.

En esta hipótesis, lo visto hasta ahora sería sólo la muestra de los dientes con lo que estarían amenazando los más radicales enemigos de este gobierno y opositores a cualquier reforma, y si se trata de la energética, con mayor razón. Porque la oposición a ésta, es la que les resulta más rentable, políticamente. Se trata de defender los bienes de la Nación, de evitar la privatización de Pemex, exclaman. Y alegan en contra de una privatización que sólo existe en su imaginación, pues a pesar de que se ha insistido hasta el cansancio que nadie desea privatizar nada, ponen oídos sordos, porque les conviene continuar con un argumento popular como es la defensa de la riqueza energética, aunque sólo sea una táctica para justificar marchas y plantones. Para estos personajes, actos vandálicos como los acontecidos en Brasil, les sirve para ambientar sus protestas.

Por esto, y ante un nublado clima mundial, la recomendación sería continuar apostando a la política del diálogo y la negociación. Hemos visto que, hasta ahora, es el camino que ha dado los mejores resultados.

Junio 26 de 2013