Dicen que no hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague y, en 10 días más, el próximo domingo 7 de junio, finalmente, tendrá lugar la elección de mitad de sexenio. “Los comicios más grandes de la historia,” a decir del balconeado presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, además, de una jornada electoral particular, por varias razones.

Una elección en la que está en juego el mayor número de cargos de elección popular, 2,159, y de electores registrados, 83.5 millones. También, por primera vez, participan legalmente candidatos independientes, con posibilidades reales, algunos. Doble tema, que habría que resaltar. Así mismo, en ésta, se unifica la fecha de la elección para gobernador, en nueve estados de la República, y de diputados locales y presidentes municipales, en 17 entidades, con el proceso electoral para diputados federales.

Repercusiones de la reforma política que busca la compactación de nuestro calendario electoral, para acabar con la lluvia de fechas de comicios que daban lugar a un activismo político electoral, casi permanente. Explicable, en otros tiempos, quizás, pero ya no tan conveniente en los actuales.

Inevitable señalar, en este proceso, el tema de la difusión de 25 millones de spots o más, ya no queda bien claro cuántos, transmitidos en tiempos de precampaña y campaña, destinados y recetados a los ciudadanos, presuntos electores, con el ánimo, en teoría, de motivar su asistencia a las urnas y emitir su voto.

Veremos si este noble propósito no murió en el intento, porque pareciera que sus autores, los partidos políticos y sus candidatos, ignoraron la intención de los mensajes, pues en lugar de transmitir ideas, propuestas y programas de trabajo, se dedicaron a formular denuncias y arreciar ataques y críticas en contra de todos y cada uno de los candidatos opositores, en una competencia por aparecer como  el menos peor de la contienda.

Tampoco es posible dejar de mencionar el otorgamiento de más de 7,400 millones de pesos en prerrogativas, que habrán de distribuirse entre los 10 partidos políticos participantes, lo que, sí no la hace una elección única, al menos sí una de las más costosas, en tiempos que no están para semejantes excesos. Porque, como lo hemos comentado ya, varios de esos millones de pesos no servirán para cumplir con el objetivo de posicionar a los partidos y sus candidatos, pues, de acuerdo a los estudios de opinión, lo más probable es que algunos de estos, al menos tres, no logren alcanzar el mínimo requerido por la ley para mantener su registro y, en consecuencia, esos recursos se habrán desperdiciado, al menos, respecto de su propósito original.

Una nueva ley y una flamante autoridad, son también ingredientes de este proceso electoral que ha enfrentado la novatez y la malicia de autoridades y sujetos de la norma, respectivamente, lo que presagia una intensa post temporada electoral, ya que, de acuerdo a nuestros estándares democráticos y a nuestra experiencia histórica, lo difícil es que alguno acepte su derrota. Ya de reconocer el triunfo del contrincante, mejor ni hablamos.

Para colmo, la elección se da en un clima borrascoso con amenazas de tormenta. Ya se ha señalado la existencia de focos rojos en estados como Michoacán, Guerrero, Veracruz y Tamaulipas. Y, ciertamente, si no incendiado el país, en algunos lugares, muy focalizados, existen riesgos por las amenazas de boicot a la elección, de parte de grupos interesados en crear incertidumbre y confusión. Además de otros grupos, más peligrosos, con mensajes fatales, cuyos intereses tienen que ver con el crimen organizado. Al fin de cuentas, intenciones perversas ambas, diferenciadas por una muy delgada línea que, en algunos casos, se borra.

Pero habría que insistir que, no obstante las fallas, excesos y errores, lo peor sería sucumbir y optar por la abstención o por la anulación del voto, que algunos promueven activamente, como si la solución de nuestros problemas estuviera en la abstención y no en la participación, en la facultad de elegir, de votar por quien libremente decidamos. Sólo entonces tendremos todo el derecho de exigir, denunciar y demandar a quienes no cumplan con la responsabilidad de un cargo que, al fin de cuentas, se lo deben a sus electores.

Así que la exhortación debe ser a votar el próximo 7 de junio.

Mayo 28 de 2015