Se dice que el primer año de gobierno de una nueva administración presidencial, es un año atípico. Muchas razones hay que lo distinguen de los del resto del período sexenal, y una de ellas es la de que, al equipo entrante, le toca operar con un presupuesto elaborado y programado por quienes van de salida. Esto es, por quienes no habrán de tener decisión o participación en su ejercicio.

Y es que, durante el segundo trimestre del año, la Secretaría de Hacienda solicita a todas las dependencias del gobierno federal, la elaboración del anteproyecto de presupuesto requerido para la realización de sus programas del siguiente año; así como la calendarización para su ejercicio.

Los tiempos para la elaboración y entrega de este documento ocurren entre los meses de julio y agosto, que es cuando Hacienda consolida toda la información para preparar la propuesta de ingresos y egresos que habrá de presentar al Congreso, teniendo como fecha límite para hacerlo, el 8 de septiembre. El paquete que presenta el Gobierno Federal, consta de la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y los Criterios Generales de Política Económica. En el caso del Presupuesto de Egresos, la Cámara de Diputados cuenta con un plazo que vence el 15 de noviembre para su aprobación.

Cuando esto ocurre en el último año del sexenio, no hay manera de que los miembros del futuro gobierno tengan injerencia en la preparación del presupuesto, pues para cuando el anteproyecto se entrega a Hacienda, todavía no se conocen los resultados de la elección presidencial. Y mucho menos de quiénes habrán de formar parte del nuevo gabinete y las carteras que habrán de ocupar.

Tenemos entonces que a la nueva administración le toca trabajar con el presupuesto que calculó y elaboró el gobierno saliente y, desde luego, en base a los programas que éste venía realizando. Suponer que durante la transición, los equipos designados para la recepción puedan hacer ajustes en los programas y presupuestos, es muy aventurado. Desde luego que las reuniones de trabajo entre estos equipos, siempre resultan provechosas, pues permiten conocer el estado en que se encuentran los distintos programas, analizar cómo han funcionado, y aún considerar si deben continuar o no; pero hasta ahí, porque las decisiones y las responsabilidades continúan siendo del gobierno saliente, hasta el 30 de noviembre.

Pero habría que señalar que el sexto año de gobierno también es atípico, por celebrarse en él la madre de todas las elecciones. Estamos hablando de que es el año en que está en juego el cambio de la estafeta presidencial, la transferencia del poder de mando, no sólo de personas, sino de partidos políticos distintos. La alternancia, pues.  En consecuencia, la actividad del Ejecutivo, su ritmo de trabajo, el ejercicio presupuestal, las campañas promocionales de los programas de gobierno, etc. tienen otra dinámica, pues con todo y las restricciones que establece la ley, prácticamente todo y todos actúan teniendo como mira la elección presidencial.

Ahora nos encontramos en un año atípico, pero no sólo por el hecho de tratarse del primer año de gobierno, sino además, porque el retorno del PRI al poder presidencial generó resentimientos y frustración entre los del partido que perdieron el poder y acrecentó odios de parte de los que, una vez más, resultaron derrotados. A lo anterior, agréguele estimado radioescucha, el que este nuevo gobierno planteó la necesidad de llevar a cabo cambios en la vida económica, laboral, educativa y social del país, como única posibilidad de brincar el bache de inmovilidad que hemos padecido por más de una década. Ciertamente una sacudida que no resultó del agrado de la derecha ni de la izquierda, siempre renuentes a toda propuesta priista, por lo que se han encargado de hacer aún más difícil el arranque de esta administración y su tarea de gobierno.

Los cambios planteados por el Ejecutivo Federal requieren de acuerdos, negociaciones y  compromisos entre las distintas fuerzas políticas. Los tiempos de las mayorías absolutas en el Congreso, son cosa del pasado.  El equilibrio del poder demanda de la participación de todos o casi, para crear los consensos requeridos para las reformas legislativas. Manejo político y capacidad de convencimiento son fundamentales para sumar voluntades hacia un objetivo, empresa difícil porque las oposiciones no siempre estarán muy de acuerdo y, por razones políticas, buscan bloquear las iniciativas presidenciales.

Nuestro sistema democrático, tan vilipendiado y criticado, defectuoso y todo, funciona tan bien, que es el que permite, a quienes tanto se quejan de él, abusar de su amparo hasta el chantaje, cuando únicamente aceptan como válidas las elecciones en las que ellos resultan vencedores; cuando desconocen y rechazan los acuerdos de las mayorías que no les favorecen; cuando califican de antidemocrático cualquier acuerdo político, que no los incluya; cuando demandan  consultas públicas que resuelven a mano alzada, y cuando insisten en imponer el peso de su minoría.

En este contexto se discuten ahora las reformas que han de constituir el marco jurídico bajo el cual habrá de gobernar esta administración. La persistencia de intereses de grupo, preocupados más por su futuro político que por el presente y el futuro del país, dificultan el debate. Algunos legisladores y dirigentes partidistas de la oposición, a estas alturas, se muestran más interesados en posicionarse para la próxima contienda presidencial, que en analizar la conveniencia de unas reformas que podrían contribuir a transformar al país.

Sin el compromiso y la aportación de todos, nuestro país no podrá alcanzar los niveles de desarrollo que merecemos. Hemos perdido ya  muchos años por disputas internas estériles. Es hora de hacer a un lado los intereses particulares y sumarnos todos a un mismo esfuerzo, por el bien del país.

Octubre 23 de 2013.