El ejercicio de gobierno supone, fundamentalmente, una enorme dosis de práctica política, como principio. De hecho, no se concibe un buen desempeño gubernamental, sin diálogo, negociación o acuerdos, elementos propios del quehacer político. Porque se trata de ejercer el poder consultando, convenciendo, sumando voluntades. Al fin de cuentas, en los regímenes democráticos, se gobierna para todos, con la participación de las mayorías, en mayor o menor medida, directamente o a través de representantes, según sea el caso del sistema de gobierno que se adopte.

La buena noticia es que en los regímenes democráticos, no existen limitaciones para la disensión. La libertad de expresión, de opinión, de actuación social y política, en cualquier dirección, no es sólo válida, sino que se contempla como derechos protegidos y garantizados y, su reconocimiento universal, es incuestionable, o casi.

La no tan buena, es que, al amparo de la ley que auspicia, custodia y protege esas libertades como garantías individuales, y esgrimiendo los derechos humanos como escudo, haya quien busque anteponer intereses personales o de grupo sobre los de las mayorías, torciendo el sentido de la ley con inconfesables propósitos. Y si a esto se agregan reformas legislativas a modo, exclusivamente con propósitos políticos, el estado de derecho, al menos en lo que toca a la capital del país, resulta muy quebrantado.

Los habitantes del Distrito Federal nos encontramos en el peor de los mundos posibles: desprotegidos de la ley, aturdidos por una oposición antigobiernista más demagógica que racional y expuestos a lo que diversos grupos de inconformes consideren como formas válidas y “pacíficas”  de expresión. En este contexto, la ciudad de México ha sido tomada como sede para los desmanes de esos grupos que, alegando el libre ejercicio de su derecho a manifestarse, no conocen límites ni temen a los excesos. Y bueno, por no resultar políticamente correcto hablar en defensa de los derechos de los terceros afectados por las manifestaciones, hay que resignarse a esperar a que la cordura, la razón y algún otro factor, terminen con estos atentados a la paz pública.

Seguramente está usted enterado, estimado radioescucha, que cuando Andrés Manuel López Obrador se desempeñaba como Jefe de Gobierno de esta ciudad, promulgó la ley de “Ataques a la Paz Pública”, cuyo artículo 362 sancionaba severamente, hasta con 30 años de prisión y suspensión de los derechos políticos hasta por diez años, a quien “mediante sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas y los servicios públicos que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del gobierno del Distrito Federal”.

En aquel sexenio de gobierno (1999-2004), no se recuerdan grandes marchas, plantones o bloqueos que alteraran la vida de la ciudad. Al menos, las que llegó a haber, fueron efectivamente pacíficas sin enfrentamientos con la autoridad. Y es que el entonces Jefe de Gobierno, conocedor del tema, se había vacunado en contra de cualquier obstáculo que le pudiera entorpecer su objetivo presidencial, como podrían ser algunos disturbios callejeros, que, como hemos visto, tan mal parado dejan a la autoridad local. (Las últimas encuestas señalan una pérdida de 20 puntos en la popularidad del Jefe de Gobierno del D. F.)

Todavía en la época del gobierno de Marcelo Ebrard, esa ley continuó sin alteraciones, aunque con intentos de elevar la penalidad al final de su período. Esto último no sólo no prosperó, si no que por el contrario, los legisladores perredistas de la Asamblea del Distrito Federal, plantearon,  al inicio de la administración de Miguel Ángel Mancera al frente del gobierno capitalino, la derogación del artículo 362 del Código Penal local, con el argumento de que la ambigüedad del delito  provocaba un mensaje disuasivo a la población al plantear como riesgosa la participación en actividades políticas o manifestaciones, con lo que se generaba, afirmaban los asambleístas en su iniciativa, violaciones a la libertad de expresión y libre manifestación.

Al final de cuentas, este artículo no se eliminó, aunque si se modificó su clasificación para tipificar los delitos cometidos en estas circunstancias como leves, en lugar de graves, de tal suerte que en la actualidad no hay manera de sancionar con cárcel a los infractores de la paz pública, quienes con pagar una fianza quedan inmediatamente en libertad.

Habría que recordar que la iniciativa de reformas al delito de ataques a la paz pública se formuló, a propuesta de la bancada del PRD, con dedicatoria para quienes, el primero de diciembre del año pasado, habían buscado boicotear la toma de posesión del Presidente Enrique Peña Nieto. Ese día, recordamos, las calles del centro de la capital fueron tomadas por diversos grupos de manifestantes que se dedicaron a destruir todo lo que a su paso encontraron, como expresión de su protesta.

Algunos de estos vándalos fueron detenidos y, para poderlos sustraer de las manos de la justicia, los diputados de la Asamblea del D. F. aprobaron las modificaciones legales que les permitieron quedar en libertad, para sorpresa e indignación de una sociedad agraviada. Por esa impunidad legal, vemos a los anarcos y sus homólogos actuar ahora sin la menor preocupación.

Es de llamar la atención, cómo fue que el Jefe de Gobierno promulgara una ley que era muy previsible que le fuera a causar muchos y graves dolores de cabeza, como ahora lo está comprobando.

Pero como no hay mal que dure cien años, ya se analiza en la Asamblea Legislativa una iniciativa para reformar, una vez más, esta ley, dando marcha atrás a su casi despenalización para considerar, de nueva cuenta como graves, los actos delictivos violentos realizados durante las manifestaciones, al estilo de las de los maestros de la CNTE y socios que los acompañan.

A ver si cuando se promulgue la reforma al artículo 362, y con su entrada en vigor, podemos ver a los practicantes del vandalismo tras las rejas, y se recupere el estado de derecho en la capital del país, si es que no es demasiado tarde.

Octubre 9 de 2013