El estado de Colima ha sido la nota en estos últimos días. Fenómenos de la naturaleza y, otros, de naturaleza humana vinieron a alterar la paz que regularmente, supondríamos, se vive en esta bella entidad y que atrajeron la atención nacional.
Para fortuna de todos, lo que amenazaba en convertirse en una de las peores tragedias en ese estado, por los efectos de Patricia, un huracán que, en sólo 10 horas, había pasado de tormenta tropical a ser considerado el huracán más fuerte registrado en el Pacífico y el Atlántico, con vientos hasta de 325 km/h, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de nuestro país vecino del norte, se superó, sin pérdidas humanas que lamentar ni los efectos devastadores que se anunciaban.
Una movilización efectiva y oportuna con medidas de prevención adoptadas con diligencia y tino, permitieron a la población estar preparada para este huracán que, finalmente, disminuyó su fuerza al tocar tierra. Esta combinación de factores, evitó que se cumplieran las “consecuencias potencialmente catastróficas”, que se habían pronosticado de este fenómeno natural.
No fue el caso del otro huracán, el de naturaleza humana, generado en un clima político enrarecido que también golpeó a la entidad. Un fenómeno de pronóstico reservado, con negativas consecuencias para la democracia local. Y es que ya en más de una ocasión, estos meteoros políticos han devastado las jornadas electorales en el estado, obligando a celebrar procesos extraordinarios en las elecciones para gobernador.
Sólo para registro, valdría mencionar que Colima es la única entidad de la República en la que, en menos de tres lustros, se han anulado dos elecciones para gobernador y celebrado tres elecciones extraordinarias. Dos por la anulación decretada por la autoridad electoral y una por el fallecimiento del gobernador en funciones.
En 2003, Gustavo Alberto Vázquez Montes, candidato priista triunfante en la elección para la gubernatura del estado, habría tenido que volver a contender en una elección extraordinaria, ante la anulación de los comicios constitucionales ordenada por la autoridad electoral, debido a intromisiones ilegales del gobernador en el proceso electoral.
La nueva elección ratificaría su triunfo, sólo que, después de poco más de un año, fallecería en un accidente aéreo (2005), sembrado en el misterio y la duda. Este hecho daría lugar a una convocatoria para nuevas elecciones extraordinarias, ahora para elegir a un mandatario sustituto. Una vez más el candidato del tricolor ganaría en las urnas. Silverio Cavazos, candidato ganador, concluiría el período constitucional de su antecesor (2005-2009). Pero este personaje tendría también un fin trágico. Un año después de concluido su mandato perdería la vida, como consecuencia de un atentado criminal, aún pendiente de aclarar.
La tercera elección extraordinaria habrá de tener lugar en algún momento de 2016, o en las postrimerías del año en curso, en el mejor de los casos, para reponer la elección para gobernador del pasado 7 de junio, que tres meses y medio después anulara el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por las mismas causas que la de 2003: intervención ilegal de las autoridades locales en la contienda. Esto es, la causa de nulidad abstracta.
Cabría suponer que con el antecedente de la primera anulación, la autoridad local se habría cuidado de no cometer el mismo error que puso en peligro el triunfo de su partido en 2003, pero al parecer esto no fue impedimento para caer en la tentación de, supuestamente, apoyar desde el gobierno al candidato priista a la gubernatura.
Hasta ahí la censura sería por la torpe ocurrencia de la autoridad de violar la ley, solo que en la rumorología local existe el sospechosismo de que precisamente esa burda actuación tendría una perversa intención. Fuego amigo, pues. Y es que el abanderado del PRI, Ignacio Peralta, no era el candidato del gobernador Mario Anguiano y, por alguna razón que se puede uno imaginar, se le quiso desbarrancar cuando prácticamente tenía el triunfo en la bolsa, aunque fuera por sólo 503 votos de diferencia, pues el TEPJF se había encargado de filtrar que el proyecto de sentencia sobre la impugnación de la elección presentada por el PAN, iba en el sentido de validar dicho proceso.
Ante esto, prácticamente de la nada y al cuarto para las doce, el secretario de Desarrollo Social del estado, a quien se le escucha en una grabación instruyendo a sus subordinados a apoyar al candidato del PRI, sobre el principio de que gobernador pone gobernador, decide, después de tres meses, validar públicamente las palabras que se escuchan en ese audio, confesión suficiente para modificar el sentido del proyecto de resolución original del magistrado ponente y proponer ahora la anulación de la elección, por la que, finalmente, se pronunció el pleno del Tribunal.
Las cosas se ponen difíciles para el PRI, según se interprete lo establecido en el artículo 41 de la Constitución que en su parte final señala: “En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.” Porque si se considera que el sancionado es el candidato tricolor, Ignacio Peralta estará imposibilitado de volver a contender en los comicios extraordinarios y, entonces, nada detendrá al abanderado panista, Jorge Luis Preciado, con la consecuente alternancia.
Si es que ese fuera el caso, el gobernador Mario Anguiano se habrá salido con la suya. Aunque, en este mar de sospechosismos, también corre la versión de un acuerdo interpartidos, en lo oscurito y aprovechando la coyuntura, que tendría que ver con nuestro máximo tribunal de justicia.
Octubre 29 de 2015