Miguel Tirado Rasso

Archive for the ‘Manifestaciones’ Category

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Las movilizaciones y sus motivaciones

In Manifestaciones on 9 septiembre, 2013 at 12:30 pm

Así como la capital del país es la sede de los poderes federales, el  corazón financiero del país, el centro de la operación política nacional, la caja de resonancia informativa, entre otras muchas atribuciones que nuestro centralismo histórico ha concentrado, a ciencia y paciencia de un subdesarrollado federalismo, ahora habría que añadirle, a la alguna vez descrita como la región más transparente del aire, la de ser, también, la capital del ejercicio del derecho a la manifestación “pacíficamente violenta”, de acuerdo a lo que nos han mostrado los marchistas del magisterio, estos últimos días.

Como lo hemos venido atestiguando los capitalinos, ya va siendo costumbre que grupos provenientes de diversos estados de la República vengan a esta capital a reclamar el respeto a sus derechos, a demandar justicia, a denunciar atropellos. En general, a luchar por alguna causa en la que las autoridades federales o capitalinas nada tienen que ver, por ser competencia local, estatal o municipal, el tema de su controversia. Reminiscencias, sin duda, de los tiempos de gloria de nuestro sistema presidencialista, en los que el gran Tlatoani tenía el poder para resolverlo todo o casi.

Y ahora, aunque hay conciencia de que esos tiempos han quedado atrás, y que los equilibrios del poder de nuestra desarrollada democracia ya no permiten soluciones centralizadas tan fácilmente, resulta que los otrora críticos de las facultades meta constitucionales del titular del Ejecutivo, son quienes más extrañan los tiempos idos, al insistir en que sea, precisamente, el Presidente de la República quien atienda y resuelva todos sus problemas.

En esa lógica entendemos la presencia de grupos de manifestantes como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), los de Antorcha Campesina, el Barzón, los 400 pueblos y otros más por el estilo, que han decidido hacer de la ciudad de México su sede para, con calculada intermitencia, expresar sus reclamos, pacíficos según afirman, siempre y cuando tengan libertad  para establecer su plantón en donde les parezca, puedan marchar por donde quieran, bloquear el paso a quien sea y donde les convenga, insultar al que se les ponga enfrente y grafitear todo inmueble por donde circulen.

Y si alguna fuerza pública trata de contener su incontrolable energía, entonces su condición pacífica se pierde ante las limitaciones que el “gobierno represor” pretende establecer a su derecho de hacer lo que les plazca. Buena excusa para justificar la violencia con la que enfrentan a las fuerzas del orden, que tienen que actuar con prudencia para evitar que en un desalojo o en una contención vaya a salir herido un manifestante, y se les acuse de abuso de autoridad o de brutalidad policíaca.

Las movilizaciones recientes que hemos padecido en la capital del país, tienen más fondo político que otra cosa, y la prueba es la suma de grupos tan disímbolos en su origen cuya coincidencia en las demandas muestran el oportunismo de la coyuntura que los motiva.

Parece que tendremos que resignarnos a convivir con estos defensores del derecho a sus manifestaciones, pero intolerantes del derecho a disentir de los demás, porque es evidente que en sus marchas y bloqueos, hay una dosis de provocación bien meditada.

La apuesta es a que la presión social haga que la autoridad actúe en contra de los manifestantes, limitándoles su margen de maniobra, para desencadenar un movimiento a nivel nacional en el que grupos profesionales aprovechen el descontento y la inconformidad de algunos sectores de la población para reaccionar en contra del “gobierno que vulnera sus derechos”.

Habrá que estar muy atentos a estos grupos de oposición a toda propuesta gubernamental que, aprovechando la coyuntura del análisis de las reformas energética y hacendaria, que son las pendientes en el proyecto transformador del Presidente Enrique Peña Nieto, elevarán el tono de sus protestas con más estridencia que argumentos, como es su estilo, pues el objetivo es boicotear el programa del gobierno federal, como estrategia para su subsistencia futura.

Al fin de cuentas, su obsesión es el poder, en el caso de algunos, y la preservación de prebendas y privilegios, en el de otros, sin importar nada más.

Septiembre 9 de 2013.

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Primer Informe de Gobierno

In Manifestaciones on 4 septiembre, 2013 at 12:36 pm

Diez mil, veinte mil o más “maestros” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), decidieron desatar su furia, esta vez, en la capital del país, mediante plantones, marchas y bloqueos, para obstruir la culminación del proceso legislativo de la reforma educativa aprobada, en su fase constitucional, en diciembre del año pasado. Viejos lobos de mar, estos docentes dieron a los capitalinos una probadita de los métodos que acostumbran para imponer su voluntad y obtener diversas concesiones, que no son pocas ni menores, por cierto.

Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, principalmente, son las entidades en las que la CNTE ha sentado sus reales y, en donde, mediante “manifestaciones pacíficas”, como ellos las califican, han logrado prestaciones que nada tienen que ver con la elevación de la calidad de la educación que les correspondería brindar. Algo tendría que estar mal cuando es, precisamente, en esos estados en donde se registra el mayor atraso educativo.

La suspensión de clases por largos períodos en esas entidades, es la regla, por lo que los ciclos escolares se ven alterados y reducidos, ya como una tradición que a nadie sorprende. Los perjudicados son siempre los alumnos que tienen que adecuarse a los tiempos de sus maestros, cuyos dirigentes, están más preocupados por mantener a su sindicato como una fuerza política, que como una potencia educativa, y habría que decir, que en ese objetivo han resultado muy exitosos.

Pero qué es lo que le agobiaba tanto a esta minoría de docentes que se  arrogó la representatividad de un magisterio, cuya mayoría silenciosa, más de un millón doscientos mil mentores, con su abstención en los plantones parecería no compartir sus objeciones sobre esta reforma. Pues, la pérdida del control de la educación a su estilo.

La Ley del Servicio Profesional Docente, que es la regulación contra la que endurecieron su  rechazo, plantea cambios que alteran el estado de confort en que se desenvuelven estos maestros. Le quita el control de plazas al magisterio al establecer que éstas se otorgarán en base a concursos de oposición; se hace obligatoria la evaluación anual  de los docentes, con tres oportunidades de evaluación; se establece un programa de regularización; se reconoce la formación y logros de los maestros; los ascensos se otorgarán por méritos profesionales.

Hay algo que quizás les emás: los maestros comisionados para tareas sindicales tendrán que pedir licencia sin goce de sueldo. Esto es, ahora será el sindicato el que les pague a los comisionados y no el gobierno. En fin, cambios que contribuyen a la profesionalización del magisterio y contra los que difícilmente se podría estar en desacuerdo.

Pero como en nuestro país, a falta de razones válidas, alegar la amenaza de privatización, como argumento en contra de cualquier cambio, resulta política y socialmente muy rentable, pues hay que esgrimirlo, aunque nada muestre semejante intencionalidad. Y al grito de no a la privatización de la educación, los dirigentes de la Coordinadora ocultan la verdadera causa de su rechazo y que es la cancelación de prebendas y privilegios que no están dispuestos a sacrificar.

Y bueno, como es tiempo de reformas y cambios, los opositores políticos al gobierno, se montan en el derecho a la libre manifestación alertando a la población en contra de las privatizaciones que, según denuncian, sin mayor fundamento, pretende llevar a cabo la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. Un cómodo  alegato que les sirve tanto para la reforma educativa como para la energética, apelando, en este último caso, a nuestro histórico nacionalismo petrolero.

En este contexto, de manifestaciones y rechazos a todo lo que proponga el Ejecutivo Federal, en una lucha por el poder, en la que, lo que menos preocupa a los opositores a raja tabla, es lo que le convenga al país, el Presidente Peña Nieto presentó su primer informe de gobierno, por conducto de su Secretario de Gobernación, mediante la entrega del documento al Congreso. Herencia de los excesos a que se llegó para borrar todo vestigio de lo que se consideraba como el día del Presidente. Ahora ni presencia ni exposición del Ejecutivo ante el Congreso.

La historia del bloqueo al único encuentro formal, consagrado por nuestra Carta Magna, entre los poderes ejecutivo y legislativo, comenzó en 1988, con la interpelación que un senador pretendió hacer al titular del Ejecutivo durante la lectura de su informe ante el Congreso de la Unión. A partir de entonces, los reclamos para interpelar fueron subiendo de tono y frecuencia, hasta que, finalmente en 2006, se llegó al grado de impedir, físicamente, el acceso del primer mandatario al recinto legislativo, quien, en aquella ocasión,  tuvo que entregar su informe en el vestíbulo de la Cámara de Diputados, que es hasta donde lo dejó llegar un grupo de legisladores que, sin ningún respeto a su investidura, le bloqueó el paso.

La actitud beligerante y de oídos sordos a cualquier razonamiento de algunos representantes populares impuso su ley, aboliendo de facto el ordenamiento constitucional que obligaba al Presidente de la República acudir a la apertura de sesiones del Congreso para informar  sobre el “estado general que guarda la administración pública de la Nación.”

Para evitar enfrentamientos estériles y escenas poco edificantes, en 2008 se reformó el artículo 69 constitucional, con lo que se eliminó el requisito de la asistencia del Ejecutivo al Congreso, quedando la obligación de enviar por escrito su informe de gobierno, con lo que la ceremonia del primero de septiembre pasó, de ser el día del Presidente, de los tiempos del partido casi único, a la dictadura del legislativo, de los tiempos de la alternancia, en una mal entendida evolución democrática.

Septiembre 4 de 2013.

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¿Quién financia los plantones?

In Manifestaciones, Partidos Políticos on 28 agosto, 2013 at 12:39 pm

Resulta inevitable hablar de los más recientes, que no últimos, para desgracia de los habitantes de la capital del país, plantones, bloqueos, marchas y agresiones perpetradas por los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para expresar su inconformidad con la reforma educativa, sus leyes secundarias y lo que venga. Porque según la propia declaración de algunos maestros, también están dispuestos a defender al país en contra de la reforma energética, lo que abre el abanico de los objetivos de su movimiento, y lleva a pensar en la existencia de otros intereses, que están más allá de cualquier reforma.

Conforme a su muy particular manera de interpretar el derecho a la libertad de expresión, los “maestros” del CNTE, manifestaron, una vez más, su rechazo a cualquier intento por modificar las condiciones en las que desempeñan su trabajo, a alterar el estado de confort en que viven algunos docentes, que les permite traficar y heredar plazas, cobrar sin trabajar, dedicarse a hacer política en vez de a la enseñanza, realizar paros y movilizaciones callejeras, suspender clases con cualquier motivo, reprobar evaluaciones sin consecuencias, y otras mil y un lindezas que se reflejan en un muy penoso nivel de la enseñanza pública en nuestro país.

La Coordinadora se ha distinguido por su cada vez mayor belicosidad, su resistencia al diálogo y su negativa a cualquier negociación que no se materialice en ventajas para su gremio y otros beneficios para sus líderes. Así, han doblado, durante muchos años, a varios gobiernos en los estados en donde ese sindicato representa a la mayoría magisterial. Coincidentemente son las entidades en donde el nivel del sistema educativo es más bajo, y en donde la demanda de buenos maestros, capacitados, responsables y comprometidos es más urgente.

Cayendo en el sospechosismo, algo huele mal en la actual movilización magisterial que parece querer poner a prueba a la autoridad con provocaciones extremas. Y es que, a principios de este mes, precisamente en una reunión de maestros de la CNTE, en el Club de periodistas, y en el marco de la llamada “Proclama para el rescate de la Nación”, se habló de un programa de manifestaciones a partir del 31 de agosto, y durante el mes de septiembre.

Las demostraciones tendrían como tema principal la defensa del patrimonio petrolero, aunque, según lo expresado por uno de los coordinadores de la Proclama, también se estaría considerando “la lucha en contra de la privatización de la educación pública,… (en) contra (de) los megaproyectos de explotación minera, además de perfilar dentro de este frente, la lucha en apoyo al SME y su propuesta de reforma energética”.

Esto es, toda una miscelánea de pretextos para salir a la calle y justificar sus violentas formas de expresión en contra de cualquier propuesta de cambio.

En aquella reunión, se habló de la participación, en estas movilizaciones, de la CNTE, del Sindicato Mexicano de Electricistas, de lo que queda del movimiento “# yo soy 132”, además de diversas organizaciones campesinas y de la sociedad civil. Conforme al calendario expuesto, las manifestaciones iniciarían con una marcha masiva en defensa del petróleo, el 31 de agosto. El primero de septiembre se realizaría “una jornada nacional de actos en plazas públicas, para tocar el tema del petróleo y emitir un posicionamiento frente a la política de Peña Nieto”.

El 12 de septiembre continuarían con las movilizaciones en contra de la reforma energética y «por el derecho humano a la energía y la tarifa social”, y al siguiente día, con manifestaciones para recordar el sacrificio de los niños héroes durante la invasión estadounidense.

Al parecer, la convocatoria para un período extraordinario de sesiones del Congreso para debatir y, en su caso, aprobar las leyes secundarias de la reforma educativa, entre otros temas, obligó a los mentores a alterar las fechas y el orden de los temas de rechazo. Bajo esta hipótesis, habrían anticipado sus demostraciones en contra de la reforma educativa y sus leyes reglamentarias. Ya después les tocará su turno a la reforma energética y a los otros temas considerados en su programa de reclamos.  Así que no nos llame la atención que, los docentes y otros contingentes más, se mantengan en permanente plantón, ocupando calles y plazas públicas en abierto desafío a la autoridad.

Algo importante que no podemos olvidar en este calendario de manifestaciones, es la que el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, anunció para el 8 de septiembre, también en defensa del petróleo, con lo que se cierra la pinza de manifestantes en contra de la reforma energética y quedan listos para lo que convenga.

Se trata de defender nuestra riqueza petrolera. Eso dicen, aunque yo más bien creo, que el objetivo es más político que otra cosa, y que de lo que se trata es de ponerle todas las piedras posibles en el camino al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, aunque, con esto, se ponga en jaque al país.

A todo esto, habría que preguntar ¿quién paga todos los gastos de estas movilizaciones? ¿De dónde sale el dinero para el transporte y la alimentación de los miles de manifestantes, para el alquiler de autobuses, de las tiendas de campaña, etc. Porque todo esto cuesta, y mucho dinero. Quizás por ahí se podría develar el secreto de la verdadera intención de estos autonombrados salvadores de la patria y tal vez, hasta descubrir la mano que mece la cuna.

Agosto 28 de 2013

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Evitar caer en la provocación

In Manifestaciones on 26 junio, 2013 at 12:23 pm

El ambiente está caldeado, hay que ser, entonces, cuidadosos en extremo para evitar caer en la provocación de quienes, un día sí y otro también, desafían a la autoridad con manifestaciones, plantones y enfrentamientos, cada vez más frecuentes y más violentos.

Las marchas en la capital del país, no son ninguna novedad. De hecho en alguna ocasión, la autoridad capitalina consideró destinar una plaza para que sirviera como sede para manifestaciones, y así se evitaran las molestias causadas a quienes nada tienen que ver con las demandas o reclamos de los manifestantes. Esta idea no prosperó, porque, precisamente, de lo que se trata es de desquiciar la ciudad, como estrategia de presión de los marchistas para hacer valer sus reclamos.

Y bueno, cuando efectivamente existe una causa justa que motiva la movilización, con el diálogo entre la autoridad y los manifestantes, se calman los ánimos y todo vuelve a la normalidad. Lo que no sucede cuando la movilización responde a oscuros intereses políticos que están más allá de cualquier reclamo social, porque entonces no hay diálogo que valga para la conciliación, pues de lo que se trata es, precisamente, de prolongar el conflicto lo más posible para desgastar a la autoridad y debilitarla políticamente.

Algo de esto es lo que hemos venido presenciando, recientemente, cada vez con mayor frecuencia. Manifestaciones que no tienen sentido ni demanda aparente, salvo el de alterar el orden y provocar a la autoridad. Habría que ser muy ingenuo para creer que los jóvenes que aparecen en diferentes manifestaciones, enarbolando las causas más disímbolas, son auténticos defensores de causas sociales, preocupados por la injusticia y la pobreza que hay en el país. Está claro que se trata de grupos que han hecho de su participación en manifestaciones, un modo de vida, seguramente muy bien retribuidos.

Los disturbios del primero de diciembre del año pasado, las tomas de las rectorías de la UNAM, de la Universidad Metropolitana y de la Universidad de la Ciudad de México. Los enfrentamientos con las fuerzas policíacas, el primero de mayo y el diez de junio, pasado, parecieran ser acciones que forman parte de una estrategia  desestabilizadora. En varios de estos actos, los protagonistas fueron los mismos, aunque los pretextos fueran diferentes y variados.

El mejor ejemplo de que en el fondo de estos actos hay otras intenciones muy distintas a las declaradas por los manifestantes, es el de la toma de la rectoría de la UNAM. Un grupo, literalmente, pequeño, de un día para otro, se posesionó de esas instalaciones. Primero argumentaron una cierta causa para justificar la ocupación y luego declararon otra muy distinta, cuando finalmente abandonaron la rectoría. Además de que el diálogo con el rector, lo que supuestamente constituía uno de sus principales reclamos, pasó al olvido, y no les interesó más, una vez que salieron de Ciudad Universitaria. Así, hasta le fecha, es un misterio qué es lo que motivó a este grupo a realizar semejante acción.

En este contexto, llama la atención la actitud hasta obsequiosa que muestran algunos miembros de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal con los manifestantes. No puede interpretarse de otra manera, el que ese cuerpo legislativo haya reformado, y en fast track, una ley a beneficio de los profesionales de las manifestaciones, que prácticamente los blinda contra su encarcelamiento.

En la época en que Andrés Manuel López Obrador ocupaba la jefatura del Gobierno de esta capital, la ley establecía, en su artículo 362 del código penal para el Distrito Federal, una pena para quienes “perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal” de 5 a 30 años de cárcel. Las manifestaciones entonces no abundaban, a diferencia de lo que sucede ahora.

Pero resulta que, en diciembre pasado, a propuesta del asambleísta Antonio Padierna, cuñado del profesor René Bejarano, cuya filiación política es muy clara, se planteó reformar este artículo y reducir la penalidad de 2 a 7 años de prisión. Una modificación, que admite la libertad bajo fianza para quienes incurren en esta falta.

Recordemos que se trató de una reforma a modo, para beneficiar a los detenidos por los disturbios del primero de diciembre del año pasado, con el pretexto de que se estaba “criminalizando la protesta social”. Los detenidos obtuvieron, entonces, su libertad de inmediato, una vez que asambleístas de izquierda cubrieron la fianza que se les había fijado. Nos preguntamos, quién estaría detrás de aquellos disturbios

La reforma que se comenta no resiste el menor análisis. No ayuda a la gobernabilidad de la ciudad, es tolerante a los disturbios y convierte a la autoridad en rehén de los manifestantes. Por esto, no se entienden las razones que tuvo el Jefe de Gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, para promulgarla. Como hemos visto, ahora estos activistas son más agresivos, sabedores de que la ley habrá de tratarlos con benevolencia.

Si creyéramos en las teorías del complot, supondríamos que estas manifestaciones, sin sentido aparente, la profesionalización de los manifestantes, la reducción de las penas de los delitos contra la paz pública y la disposición de algunos personajes de la izquierda para proteger a estos anarquistas mediante el pago de las fianzas, serían parte de una estrategia para reventar los mejores propósitos de un  gobierno que sorprendió con la firma del Pacto por México con las tres principales fuerzas políticas del país. Cosa que sigue irritando a algunos personajes de izquierda y derecha.

En esta hipótesis, lo visto hasta ahora sería sólo la muestra de los dientes con lo que estarían amenazando los más radicales enemigos de este gobierno y opositores a cualquier reforma, y si se trata de la energética, con mayor razón. Porque la oposición a ésta, es la que les resulta más rentable, políticamente. Se trata de defender los bienes de la Nación, de evitar la privatización de Pemex, exclaman. Y alegan en contra de una privatización que sólo existe en su imaginación, pues a pesar de que se ha insistido hasta el cansancio que nadie desea privatizar nada, ponen oídos sordos, porque les conviene continuar con un argumento popular como es la defensa de la riqueza energética, aunque sólo sea una táctica para justificar marchas y plantones. Para estos personajes, actos vandálicos como los acontecidos en Brasil, les sirve para ambientar sus protestas.

Por esto, y ante un nublado clima mundial, la recomendación sería continuar apostando a la política del diálogo y la negociación. Hemos visto que, hasta ahora, es el camino que ha dado los mejores resultados.

Junio 26 de 2013