Continúan PRI, PAN y PRD sus preparativos para la elección presidencial de 2012. Cada uno, según su circunstancia, busca proyectar, entre simpatizantes, indecisos y otros, la más optimista percepción de fortaleza, confianza y unidad interna. Son tiempos de ajustes a sus estructuras para la consolidación de equipos. Al final de cuentas, se trata de buscar acuerdos y privilegiar la conciliación. De sumar, pues, y evitar las restas.

En esa lógica, la semana pasada el PRI reunió a su Consejo Político Nacional para preparar la renovación de ese órgano directivo. Cónclave de tricolores con ánimos renovados e inocultable optimismo, en el que convivieron los de la vieja guardia, con sus reencuentros, y una nueva generación que poco a poco va ocupando espacios. Nada de triunfalismos ni declaraciones estridentes. Con formas cuidadas y con respeto, sin consignas ni “cargadas”, y una convocatoria a la unidad y al entendimiento, el PRI calienta motores.

El siguiente paso es delicado, requiere de tacto, talento y tejer fino, porque en la selección de los nuevos consejeros hay muchas voces que escuchar, fuerzas políticas que atender e intereses que conciliar. El cupo es limitado, no caben todos, y hay que lograr los equilibrios y la representatividad que permitan una operación sin tropiezos. Hay que tomar en cuenta que, entre las funciones del nuevo Consejo está la de definir el método para la elección del candidato presidencial, y los recuerdos de las fracturas y los fracasos, todavía pesan en la memoria tricolor.

Se ve que el Revolucionario Institucional procura ser muy cuidadoso en el manejo de los tiempos y de las formas. La ventaja en las preferencias que le señalan las encuestas, lo compromete más. Y es que la legislación electoral, que decreta el inmovilismo entre los actores del proceso, paradójicamente en los tiempos de mayor ebullición política-electoral, se ha convertido en un verdadero campo minado, en el que todo o casi, podría considerarse violatorio de la ley, con sanciones severísimas que pueden llegar hasta la negativa de registro del aspirante. Ante esta realidad, conviene conducirse con extremada precaución.

Porque, si bien, el COFIPE establece con claridad los tiempos y plazos para las diferentes etapas de los procesos electorales, existen lagunas que dan lugar a que la autoridad aplique su criterio, al amparo de una pretendida interpretación del espíritu de la ley, esto es, de lo que el legislador quiso decir, que no siempre resulta ser muy afortunada, y ahí es donde comienzan las dificultades. Porque, a manera de ejemplo, alguien podría explicar ¿cuál es la diferencia entre los actos de precampaña expresamente prohibidos por la ley, y la actividad que están desarrollando actualmente, para su indispensable auto promoción, todos los que pretenden ser, aunque lo hagan, eso sí, fuera del horario de trabajo?

El riesgo de que alguien los denuncie ante la autoridad por incurrir en actos de precampaña, siempre estará presente. Y para el órgano regulador no será nada fácil hacer la distinción entre los actos de precampaña de los que no lo son. ¿Cómo sancionar unos y justificar otros? Pero en fin, así se aprobaron las reformas.

Decíamos que en su reunión, el Revolucionario Institucional señaló sus tiempos: en unos días más, la convocatoria para renovar el Consejo Político; en agosto y septiembre, elección de consejeros. El  23 de septiembre, entra en funciones el Consejo Político renovado. Julio y octubre, a consulta nacional el “Programa para México”. Noviembre, para la definición del método de selección del candidato mayor, diciembre para precampañas, y en febrero, el candidato.

De los precandidatos, ni una palabra. A buen entendedor…

Y para no caer en tentaciones, la reunión del Consejo Político se blindó con ausencias notorias de notables. Nada que alterara el programa, bien cuidado y mejor conducido, sin manifestaciones ni expresiones fuera de lugar, en un ambiente festivo, de unidad, con aquella disciplina partidaria que por años caracterizó a un tricolor arrollador.

PRI, PAN Y PRD alistan sus armas con miras a la gran final electoral del sexenio. Cada quien, a su particular manera y estilo propio, reflexiona, consulta y convoca para enfrentar y superar el primer gran escollo que representa el método para elegir a quien finalmente habrá de contender, bajo sus colores, en la próxima carrera presidencial.

Y es que los tiempos del tapado, del fiel de la balanza, del carro completo y del partido casi único han quedado atrás. Ahora la competencia es más pareja, y todos los partidos con registro tienen las mismas posibilidades de competencia. Al menos, así están dispuestas las reglas, para que todo dependa de un paquete  que comprende, de manera simplificada, los programas de gobierno, las propuestas, credibilidad y trayectoria de los candidatos postulados, las estrategias de campaña y el desempeño de los partidos políticos.

Y aunque los plazos legales para el inicio formal del proceso electoral son todavía distantes, primera semana de octubre, y más lejanos aun los que autorizan el arranque de las precampañas, que van hasta la tercera semana de diciembre, hay que reconocer que la política se mueve en tiempo real, por lo que, aspirantes y partidos, algunos al menos, por momentos, parecieran estar al borde de un ataque de nervios, aunque después de la crisis venga la calma.

A partir del proceso electoral del Estado de México, al que se le quiso medir como laboratorio de la elección de 2012, las estrategias de algunos partidos están sometidas a profunda revisión. Los resultados obtenidos por los candidatos mexiquenses, panistas y perredistas, obligan a la reflexión y a la autocrítica. El voto duro de estos partidos, que en otros tiempos les permitió gobernar algunos de los municipios más importantes del estado como Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Valle de Chalco, Nezahualcoyotl, entre otros, brilló por su ausencia en la pasada elección del 3 de julio.

Algo estará fallando en estos partidos, o algo estarán haciendo bien los tricolores que les permitió un triunfo tan contundente. De cualquier manera, más les vale a las oposiciones mexiquenses revisar sus tiempos y estrategias, dada la importancia numérica del padrón electoral de este estado, y la proximidad de la elección federal.

No extraña pues, que las dirigencias de los tres grandes partidos celebraran, en la semana que pasó, reuniones en preparación de lo que vendrá. Como tampoco llama demasiado la atención el hecho de que algunos aspirantes realizaran movimientos estratégicos en la carrera por su postulación.

En el PRD, con dos claros contendientes, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, persiste la fórmula que ellos mismos fijaron para la selección del elegido: debates y encuestas. Se apuesta, pues, al respeto del acuerdo entre dos, aunque uno de ellos,  un día sí y otro también, mande señales encontradas respecto a su compromiso. De cualquier manera, los dirigentes del Sol Azteca hablan de reestructurar su instituto, redefinir estrategias, buscar la unidad de las izquierdas, de ir juntos, con los partidos del Trabajo y Convergencia, con un solo candidato, además de sostener la posibilidad de alianzas, con el  PAN inclusive. Esto último, aunque no sea del todo bien visto por uno de sus más distinguidos personajes, y otros de plano lo rechacen, como es el caso de uno de los aspirantes, del Partido del Trabajo y de una fracción importante del PRD. Convergencia, está en la duda.

Y mientras López Obrador promueve su Movimiento de Regeneración Nacional, y afirma que será candidato presidencial de un partido de izquierda, de dos o de los tres, el Jefe de Gobierno del D. F. recibe el apoyo de tres de las corrientes que forman parte de su partido, Nueva Izquierda, Foro Nuevo Sol y la Izquierda Renovadora en Movimiento, quienes reunidas en las instalaciones de la Fundación Equidad y Progreso, entidad creada para impulsar su candidatura, bautizan su movimiento con el nombre de “Demócratas de Izquierda”.

Por su parte, en el PAN afinan su plan para el 2012. En una reunión al más alto nivel, con la asistencia del Presidente Felipe Calderón, gobernadores, funcionarios, dirigentes y distinguidos militantes analizaron informes estadísticos y escucharon las voces de expertos electorales y de políticos actuales y del pasado, exitosos unos, otros no tanto. Un buen ejercicio para abrir los ojos ante una realidad que no le es del todo favorable a este partido. Cónclave para acordar  estrategias, fortalecer la unidad del partido, diagnosticar las causas de las derrotas de las elecciones pasadas, ubicar aciertos y errores y, eventualmente, corregir la política gubernamental.

Con los siete que aspiran se reunirían dos días después, porque urge empezar a trabajar sobre el descarte que los reduzca a números manejables. Por lo pronto, uno de ellos, el senador Santiago Creel, daría un paso más en su estrategia personal, presionando con la solicitud de licencia a su cargo de representación popular, dándole toda la publicidad posible. Otro aspirante, el Secretario de Desarrollo Social, mandaría un mensaje cifrado, de auto exclusión, podríamos suponer, al no asistir a una reunión especialmente convocada para los que quieren ser.

No pasará mucho tiempo antes que el número de aspirantes panistas quede reducido a tres, aunque por ahí comienza a  hacer ruido un ex presidente del blanquiazul, con juicio de expulsión, que también pretende, aunque jugando por la libre.

El PRI también reunió a sus notables, aunque no hubo novedades. Sin la prisa de otros ni sus presiones, su dirigente Humberto Moreira advirtió que respetarán los tiempos de la ley y los de sus estatutos: en diciembre los precandidatos y en febrero, el mero bueno. Nada sobre el método de selección, que habrá de decidir su Consejo Político Nacional, y menos sobre alianzas polémicas, que más vale dejar para otro momento, cuando esté maduro el proyecto. Son los privilegios de

Con la calentura futurista del 2012 encima, y casi como necesidad, algunos personajes de nuestra inconforme izquierda, han tratado de justificar, a través de denuncias y acusaciones en contra del  PRI, entre otros, la tunda electoral sufrida por el Partido de la Revolución Democrática en los procesos para elegir gobernador en los estados de México, Nayarit y Coahuila.

Pareciera que al PRD las entidades norteñas del país le están vedadas. Pues, a pesar de que en ciertos lugares muy focalizados pudiera tener alguna presencia, en general, este partido no ha podido penetrar en el ánimo electoral de nuestros paisanos del norte. Lo sucedido en Coahuila, el pasado tres de julio, debería prender los focos rojos a todos los perredistas, dada la escasa votación alcanzada que, con dificultad rozó el uno por ciento de los votos emitidos, lo que lo llevará a perder su registro en esa entidad.

Los casos de Nayarit y del Estado de México significaron también un gran fracaso electoral para este partido. Si bien, no al grado de poner en riesgo su registro, en Nayarit el Sol Azteca cayó a una tercera posición, después de ser la segunda fuerza política en el estado y haber logrado una votación histórica, en 2006, que llegó al 40 por ciento, muy lejos de11 por ciento obtenido en la pasada elección.

Y sobre su actuación en el proceso mexiquense, habría que señalar que, con el 21 por ciento conseguido en esta ocasión, si bien, mejoró sus números sobre los obtenidos en los comicios de 2009, en los que sumó el 15.8% de la votación, sólo representa menos de la mitad de los logrados en 2006, cuando alcanzó un 35.3%.

Los resultados en estos procesos muestran una tendencia decreciente en las preferencias electorales hacia el PRD. Fenómeno que habría que atribuírsele más a los problemas que frecuentemente surgen al interior de este partido, que a factores externos, como es la opinión de algunos distinguidos personajes que pretenden endilgar a causas externas toda la responsabilidad de sus derrotas. Y es que la autocrítica nunca ha sido una de las cualidades del perredismo, y así, difícilmente se pueden conocer las fallas, y menos corregir los errores.

Un análisis sobre el comportamiento del partido del Sol Azteca en los pasados procesos, nos muestra una grave inconsistencia en su política de alianzas electorales, al menos en las pretendidas con el Partido Acción Nacional. En los tres casos referidos, el de la Revolución Democrática celebró pláticas con ese partido para participar juntos en las  elecciones para gobernador, y en los tres, los acuerdos para ir con un candidato común, fracasaron.

En Coahuila, conscientes, supongo yo, de su debilidad electoral, plantearon la posibilidad de una alianza con el PAN o con el Partido del Trabajo, que ya había anunciado ir en coalición con el partido Convergencia. Para febrero de este año, habrían decidido coaligarse con el blanquiazul, sólo que, dos meses después, un desacuerdo respecto al reparto de las candidaturas para diputados plurinominales, rompería con la alianza, optando el PRD por postular a su propio candidato, con los resultados conocidos.

En Nayarit, la historia es muy similar. En esta entidad a diferencia de Coahuila, el partido políticamente fuerte era el PRD, a quien según lo acordado, se le sumaría el PAN para contender apoyando a cualquiera de los dos precandidatos sólidos con los que contaba el Sol Azteca y que decidiera postular. Sin candidato propio, Acción Nacional esperó pacientemente a que su aliado seleccionara al candidato, que debería ser el mejor posicionado en las encuestas, según lo acordado.

Como ninguno de los dos aspirantes aceptara declinar, y el PRD mantuviera un coqueteo con ambos sin tomar una decisión, el PAN decidió hacer suyo al que aparecía en primer lugar de las preferencias y postularlo como su candidato. El PRD se quedó, entonces, con quien aparecía en segundo lugar en las encuestas, y había sido su presidente temporal, empeñado en una aventura sin futuro, con el fracaso como consecuencia.

Lo del Estado de México exhibe más aun las indefiniciones, jaloneos e inconsistencias que predominan en el seno del PRD. Al igual que en los anteriores, en esta entidad Acción Nacional y el PRD también sostuvieron pláticas para participar con un candidato común, con la  diferencia de que, en esta entidad, ambos partidos contaban con una fuerza política similar, por lo que el acuerdo para una coalición resultaba, además de difícil, delicado y polémico. No pocas voces se manifestaron, en uno y otro partido, en contra de esta alianza.

El PAN se inclinó por la alianza, mientras que en el PRD las presiones en el interior arreciaron, por lo que optaron por realizar una consulta ciudadana, cuyo resultado decidiría la procedencia o no de la coalición. Al final de cuentas, como en el caso de Nayarit, los del Sol Azteca violaron el compromiso de respetar la consulta. La coalición no se concretó, así que cada partido participó con su propio candidato, y como dijo el Jefe de Gobierno del D. F., ahí están los resultados.

La lectura de estos casos nos muestra una gran debilidad electoral del PRD, al menos en los estados de la zona norte del país, al grado de parecer incapaz de alcanzar triunfos, si no forma coaliciones con un partido grande. Esta posibilidad, en la elección presidencial de 2012, no se ve factible sin que se provoque una seria fractura en ese partido. Porque, en el hipotético caso de que se diera la alianza, una fracción importante del perredismo abandonaría sus filas para sumarse a la candidatura que han venido cocinando los Partidos del Trabajo y Convergencia, fortaleciendo la postulación de Andrés Manuel López Obrador, quien contendería como el candidato de las izquierdas, dejando a un PRD muy debilitado, con poco que aportar.

Concluidos los comicios en Coahuila, Nayarit, el Estado de México e Hidalgo, sólo resta el proceso para elegir gobernador en el estado de Michoacán, lo que tendrá lugar en el mes de noviembre próximo, para que el escenario político esté listo, sin mayores distracciones, para la gran final electoral del sexenio que corresponde a la sucesión presidencial.

Para entonces, los principales partidos PRI, PAN y PRD, estarán muy próximos a la definición de las cartas definitivas con las que habrán de jugar en la gran contienda, pues aunque muchos sean los convocados pocos habrán de ser los elegidos. De hecho, ya para estas alturas, al menos en el caso de los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, los hombres que aparecen como finalistas están a la vista de todos.

Y por tratarse precisamente del estado que gobierna el personaje mejor posicionado para la contienda presidencial, según las encuestas publicadas, Enrique Peña Nieto, la elección para gobernador en el estado de México mereció una especial atención, sobre los otros procesos celebrados el pasado domingo. Se llegó a decir, inclusive,  que la elección mexiquense constituía el laboratorio de la elección presidencial, afirmación sin fundamento, pues los resultados de las últimas dos elecciones en esa entidad, siempre favorables al PRI, habrían estado muy lejos de abonar nada en favor de su partido, ante los indiscutibles triunfos presidenciales de Acción Nacional.

Los comicios en ese estado, sin embargo, ciertamente reúnen características que les dan un toque particular. Además de que por su ubicación geográfica, en la vecindad con la capital del país, mucho de lo que sucede en la entidad tiene proyección nacional, el Estado de México posee el mayor padrón electoral con 2.6 millones de electores, lo que representa el 12.95 por ciento de la lista nominal nacional. La lista de sus votantes es mayor que la población de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima Durango, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas.

Así pues, y en el futurismo efervescente de la época, partidos y actores políticos se volcaron para participar, de una u otra manera, en el proceso electoral mexiquense. La elevada aceptación local del gobernante constituía una seria amenaza para los partidos de oposición. Se hacía necesario, entonces, diseñar una estrategia que ayudara a equilibrar fuerzas. Las alianzas del PAN con el PRD habían dado resultado en las elecciones de Oaxaca, Puebla y Sinaloa, así que ¿por qué no habrían de funcionar una vez más? Por lo mismo, se convocó a una encuesta ciudadana para darle un baño democrático a la propuesta. El resultado es de todos conocido. Los intereses del proyecto personal de Andrés Manuel López Obrador se impusieron y la alianza, con todo y consulta, se fue al cajón de los desechos.

Sin un plan “B”, PAN y PRD lanzaron a sus candidatos a una campaña en la que desde un principio se veían perdedores. Las mediciones realizadas por diferentes medios, a lo largo del proceso, mostraron lo que al final se confirmó, sólo que las diferencias fueron superiores: Eruviel Avila triunfó con un 62.5 por ciento del total de votos emitidos, contra 21.1 por ciento obtenido por Alejandro Encinas del PRD y 12.4 por ciento para el panista Luis Felipe Bravo Mena.

Ante semejantes resultados, poco quedaría por alegar; pero como sabemos, el derecho al pataleo es parte del juego político nacional, así que el candidato perdidoso del Sol Azteca, sin admitir su derrota, manifestó su inconformidad con los resultados, calificó los comicios como una elección de estado, y amenazó con llevar a cabo movilizaciones a lo largo y ancho de la entidad para “denunciar las irregularidades cometidas”. Estrategia ésta que suena más a un buen pretexto para continuar la campaña de promoción en favor del ex Jefe del Gobierno del D.F. con vistas al 2012.

Algunas conclusiones que podríamos apuntar como resultado de la elección del Estado de México, serían que un buen gobernador saliente con popularidad y un candidato con arraigo y presencia local, son la mejor fórmula de garantía para un triunfo electoral; contra esta fórmula ni las alianzas pueden. Un proceso de selección de candidato bien conducido, augura buenos resultados. La unidad del partido es fundamental para garantizar el éxito del proyecto. Una posición conciliatoria y propositiva como estrategia de discurso es bien recibida. Las campañas de descalificativos no son el arma más efectiva. Los debates no son definitorios en el posicionamiento de los candidatos, al menos no, en los formatos que se han manejado hasta la fecha.

Al PAN le urge revisar sus estrategias electorales, el desplome de 12 puntos con relación a los resultados obtenidos en la elección de 2005, los debe alertar. La base popular que dijo haber formado López Obrador a través de sus múltiples giras por todo el país, al menos en el caso del estado de México, resultó un fiasco. El discurso perredista sobre una próxima elección presidencial entre sólo dos partidos, haciendo a un lado al PAN, como consecuencia de los resultados de la elección mexiquense, son simples cuentas alegres de este partido que se le olvida como le fue en los comicios en Coahuila, en donde perderá su registro por la baja votación obtenida, y en Nayarit, en donde quedó en un muy modesto tercer lugar.

Por último, atribuir a “la mafia del poder” y al manipuleo de los medios los triunfos electorales del PRI, es la salida fácil para evitar reconocer los errores cometidos y argumento para no rendir cuentas a nadie.

Ante la proximidad del inicio formal del proceso electoral federal de 2012, se aprecian movimientos estratégicos en algunos partidos políticos. En particular, dos organizaciones han ventilado públicamente propuestas de cambios hacia su interior, lo que no ha dejado de causar inquietud entre las filas de sus militantes.

El Partido Nueva Alianza (PANAL), organización política de la maestra Elba Esther Gordillo, aunque ella lo niegue sistemáticamente, inició los preparativos para la renovación de su dirigencia y la expedición de nuevos estatutos. Con este propósito, en días pasados se llevó a cabo la Convención Nacional para la designación de los 300 delegados que habrán de elegir al sucesor de su actual presidente, el diputado federal, Jorge Kahwagi, quien, por cierto, vive horas extras como dirigente, toda vez que el período para el que fue elegido venció en 2010.

Nueva Alianza, se dice que fue fundado a propuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Obtuvo su registro como Asociación Ciudadana del Magisterio, en 2002, cuando este sindicato, el más numeroso de América Latina, se separó de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), federación a la que pertenecía, asestándole a esta organización, e indirectamente a su partido, el PRI, un severo golpe político.

Otro revés, ese sí directamente al PRI, se lo propinaría con la obtención de su registro como partido político, en 2005,  justo con la oportunidad suficiente para poder participar en las elecciones presidenciales de 2006. Y es que cuando se fundó el PANAL, en enero de 2005, la dirigente del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo, fungía precisamente, como secretaria general del CEN del PRI, y como se veía un poco mal que ella misma promoviera la creación de otro partido, siempre se dijo que el promotor había sido el SNTE.

Con buena visión del futuro, la líder del magisterio, preparó entonces, cuidadosamente su salida del tricolor, afianzando su poder político a través de un nuevo partido que ofrecía una infraestructura, a nivel nacional, basada en el sindicato de maestros. Y vaya que le funcionó, pues como resultado de su alianza con el Partido Acción Nacional, su partido se colocaría en 2006 como la cuarta fuerza política del país.

Las cosas han cambiado radicalmente ahora. La maestra Gordillo ha limado asperezas con el revolucionario institucional, y ya se ven con buenos ojos, al menos en algunos casos, sobre todo en el que cuenta, el de la candidatura mayor, en donde se aprecian buenas vibraciones, por lo que no debería sorprender que Nueva Alianza apareciera apoyando al candidato del tricolor a la presidencia en 2012, a pesar de una declaración reciente de uno de sus dirigentes en el sentido de que postularán candidato propio para esos comicios.

El otro partido que se alista para estar presente en la elección federal de 2012 es Convergencia por la Democracia. La dirigencia de esta organización ha anunciado su intención de cambiar su nombre por el de “Movimiento Ciudadano”, modificar sus documentos básicos, su logotipo y el lema del partido, así como remover a sus dirigentes estatales. Esta refundación de Convergencia no ha sido tan bien recibida como, quizás, sus líderes esperaban. De inmediato, se formó un movimiento denominado “Defendamos Convergencia” para rechazar la propuesta.

No hay duda de que lo que se proponen los líderes históricos de este partido, es brindarle una plataforma a la causa política de Andrés Manuel López Obrador, quien también calienta motores preparando una infraestructura que le permita resolver el respaldo de su candidatura a la presidencia del país. Es el plan “B”, en caso de que no logre que el PRD apoye su postulación, porque eso de que la definición del candidato presidencial de ese partido esté sujeta al resultado de encuestas, consultas y debates con Marcelo Ebrard, nomás no le convence.

Y para que no haya duda de la identidad que se busca con el ex Jefe de Gobierno del D. F., a través de estos cambios, bastaría con señalar que el nuevo lema que se pretende adoptar es “Por el bien de todos, salvemos a México”. Y si esta frase le resulta familiar, es porque es la misma que utilizó López Obrador en la última gira que realizó por todo el país.

Suponemos que quienes rechazan la idea de este cambio no tendrán mucho éxito, y que el senador Dante Delgado y sus seguidores se saldrán con la suya. Hay algo en lo que el senador Delgado tiene razón: su partido corre riesgos de perder el registro en la elección de 2012. Sus números en la votación federal de 2009, apenas le alcanzaron para pasar de panzazo el mínimo del porcentaje exigido por la ley. Así que sumarse a Andrés Manuel, pudiera no resultar una mala inversión, aunque eso sí, se estarían definiendo anticipadamente por un candidato, ignorando el acuerdo de unidad hacia el 2012 que pretendía ilusoriamente amarrar nuestra izquierda mexicana.

No es posible ya abstraerse del futurismo que envuelve el ambiente político de nuestro país. Todo o casi, tiene que ver con la elección federal de 2012, al fin de cuentas estamos a sólo cuatro meses de que, conforme lo establece la ley de la materia, dé inicio formalmente este proceso. En efecto, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) señala la primera semana del mes de octubre para que el Consejo General de la autoridad electoral (IFE) celebre su primera sesión, con lo que arrancará la fase de preparación de los comicios presidenciales del año entrante.

El nerviosismo y la inquietud de nuestros políticos, entonces, no deben llamar mucho la atención, pues si bien, como cualquiera tienen todo el derecho de aspirar a la candidatura del máximo cargo en la jerarquía política, existen limitaciones legales que les impiden actuar con soltura y plena libertad, so pena de incurrir en violaciones graves cuya máxima sanción sería la negación de su registro como precandidatos.

Y es que el COFIPE señala muy claramente fechas y plazos, para las actividades que corresponden a las diferentes etapas del proceso electoral; así como prohibiciones y sanciones muy severas para quienes violen sus disposiciones, con la intención de preservar el principio de equidad para todos los actores participantes en estos procesos. Lo anterior nos llevaría a suponer que contamos con un marco legal ideal para la celebración de elecciones, pero sucede que nuestros congresistas, con ánimo de alcanzar una legislación previsora de cualquier contingencia, se excedieron en los detalles al grado de hacer casi imposible su cumplimiento.

Un ejemplo para ilustrar el comentario. La ley establece que las precampañas deberán iniciar en la tercera semana de diciembre del año anterior al de la elección en que se renueve el titular del Poder Ejecutivo federal, precisando que no podrán durar más de sesenta días. Además prohíbe a los precandidatos realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, a través de cualquier medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas. Y para rematar, les impide la contratación de propaganda o cualquier forma de promoción personal en radio y televisión. La sanción para cualquiera de estas infracciones es la misma: negar el registro como precandidato al infractor.

Creo que no hay duda de que estos preceptos no han sido los más respetados por todos los que abiertamente han manifestado su intención de contender por la candidatura presidencial. ¿Alguien duda que Andrés Manuel López Obrador ande en precampaña desde el inicio de este sexenio? O es que sus recorridos por todo el territorio nacional no tienen carácter proselitista ni buscan su promoción personal.

Para estas fechas, habría que ver quien no está incurriendo en la misma violación que López Obrador, atendiendo a lo dispuesto sobre los plazos para las precampañas, pues de acuerdo a una interpretación literal de la ley, los actos que actualmente realizan quienes expresamente han afirmado aspirar a una precandidatura presidencial, la estarían infringiendo. Cómo separar de su quehacer cotidiano, la intencionalidad proselitista.

Y es que al parecer, la ley se elaboró sin tomar muy en cuenta la realidad política, que al final de cuentas, es la que inevitablemente se impone. Qué hacer ante la imposibilidad de su aplicación literal, que nos llevaría a negarle el registro a todos los aspirantes; pues buscar cómo se puede ajustar el ordenamiento a la realidad que se vive. Una rendija que ampare el activismo político de todos, sin cuestionamientos, y sin que evidencie infracciones a la ley.

Se dice, entonces, que la actividad que llevan a cabo quienes aspiran a una candidatura, aún no elevados a la categoría de candidato oficial, es asunto que pertenece a su esfera personal y privada y, por lo mismo, no queda bajo la jurisdicción de la autoridad electoral. Así que bajo esta interpretación, que en lo personal me parece un tanto retorcida si nos atenemos a la letra de la ley, queda vacunado el activismo político-electoral de todos los aspirantes.

Pero existen otras disposiciones que merecerían también ser revisadas, si bien, los tiempos electorales ya no lo permiten. Son las que prohíben, a toda persona física o moral, la contratación, en radio y televisión, de propaganda que influya en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de un partido político o candidato a un puesto de elección popular. Así como la que ordena al Consejo General del IFE a reunirse con los concesionarios de radio y televisión para “sugerirles” lineamientos aplicables a los noticieros, respecto de la información y difusión de actividades de precampañas y campañas de los partidos políticos.

Estas disposiciones plantean serios problemas para su cumplimiento sin que al mismo tiempo no se violen otros derechos como el de la libertad de expresión y el derecho a la información, pero con esto se pretende que nuestros procesos electorales tengan un desarrollo ejemplar, terso y sin accidentes. Un ideal deseable, pero poco probable en la práctica, por lo que se tiene que acudir a ficciones legales para ajustar la ley a modo.

Tiempos políticos y de política. Faltan sólo 18 días para las elecciones para gobernador en los estados de México, Coahuila y Nayarit, así como para la de alcaldes, en el de Hidalgo. Penúltima fecha de comicios de nuestro calendario político sexenal, porque con el proceso electoral de Michoacán, en noviembre próximo, se cierra el ciclo de renovación de ejecutivos estatales, previo a la madre de todas las elecciones, que tendrá lugar el primero de julio de 2012.

A estas alturas del sexenio, no sorprende que el ambiente político esté más motivado por las inquietudes futuristas, que por las circunstancias del momento.  Al fin de cuentas, no parece existir ya vacuna alguna que pueda prevenir contra la fiebre de la sucesión presidencial.

Partidos y aspirantes parecen conducirse por cuerda separada, porque si bien, los primeros están más obligados a cuidar tiempos y formas para no incurrir en violaciones a la ley, los segundos, sin desatender del todo las formas, son más relajados en cuanto a los tiempos, y de una u otra manera se las ingenian para hacer llegar el mensaje de su intención política, bajo el manto protector del desempeño de su encargo público. Los que no lo tienen, se manejan con mayor libertad, con la sola limitación de no poder expresar ciertas palabras clave.

Y es que con el ánimo de prevenir los problemas que se vivieron en la elección federal de 2006, se reformó la legislación electoral; reformas que en algunos casos resultaron restrictivas en exceso. Se trataba de establecer bases equitativas para la participación electoral, afirmaba la intención legislativa. Pero si bien, el propósito era bueno, en la práctica el resultado no lo fue tanto. Y los riesgos de incurrir en violaciones se elevaron. Así que, las sanciones flotan ahora de manera permanente sobre todos los actores que algo tienen que ver con los procesos electorales.

Sólo la semana pasada, el Instituto Federal Electoral repartió multas a diestra y siniestra. Sancionó a dos partidos políticos, el del Trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       y Convergencia, por haber contratado la difusión de spots para promover al Movimiento de Regeneración Nacional, que respalda a Andrés Manuel López Obrador, al considerar que dicha promoción estaba dirigida a influir en la voluntad del electorado.

Pero también impuso sanciones a otro partido, esta vez al PRI, y a dos medios de comunicación, una revista y una televisora, por la difusión inoportuna de una entrevista a su ahora dirigente, además de suspender la difusión, en medios electrónicos, de unos mensajes sobre logros del gobierno federal, en Coahuila, Hidalgo, Nayarit y estado de México, entidades en donde, como lo hemos mencionado, habrán de celebrarse elecciones.

Celosa vigilante de la ley, la autoridad electoral blande las sanciones como espada de Damocles, motivada por la necesidad de que las condiciones de participación electoral sean iguales para todos.

En fin, que los ánimos caldeados de ahora con motivo de las campañas para las elecciones de gobernador en las tres entidades mencionadas, son anticipo ya de lo que habremos de vivir para la elección presidencial. Al menos eso dicen quienes ven al proceso electoral del estado de México, como laboratorio de lo que será el proceso federal de 2012. Y es que esa entidad cuenta con el padrón electoral más numeroso del país, lo que le da al voto mexiquense un considerable peso a la hora de contar sufragios.

Usted dirá si no cuenta, además de lo anterior, el hecho de que en la vecina entidad mexiquense gobierne quien, para los anales de la historia política del país, se ha mantenido, prácticamente desde principios del sexenio, como el mejor posicionado en las encuestas para la candidatura presidencial, con un margen de diferencia notable sobre cualquier otro contendiente.

Envidia de todos los que pretenden la silla presidencial, el gobernador Enrique Peña Nieto parece estar blindado contra cualquier ataque. Y si hacemos caso a lo que dicen las encuestas que se publican, podríamos suponer que en el proceso electoral de su estado, tendrá un final feliz, lo que sin duda contribuirá a fortalecer su posición como el más sólido participante en la carrera presidencial.

Por lo que toca a los otros aspirantes, en el PRD está claro que la definición de su candidato está entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Lo que no se sabe, es si antes no habrá el choque de trenes que muchos han pronosticado. Y en el caso del PAN, muchos son los que se apuntan, aunque parece que ya existe un favorito.

Lo cierto es que los tiempos avanzan a gran velocidad y, si bien, la ley marca las etapas del proceso que habrá de iniciar hasta el próximo mes de octubre, la realidad impone otros tiempos que no se pueden ignorar.

Después de dos años de litigio, la semana pasada fue extraditado a nuestro país el líder de la Iglesia Cristiana Restaurada y presidente de Casitas del Sur, Antonio Domingo Paniagua Escandón, presunto responsable de la desaparición de 11 menores de sus albergues infantiles. Este sujeto, a quien también se le conoce con el sobrenombre de Kelú, huyó a España en 2009 para evadir una orden de aprehensión acusado de los delitos de delincuencia organizada y tráfico de menores, siendo capturado en mayo del año pasado por la Interpol.

Su detención revive el escándalo originado por la desaparición de menores que vivían bajo custodia en casas hogar, y que detonara en diciembre de 2008, cuando los familiares de la niña Ilse Michel Curiel no pudieron recuperarla, a pesar de contar con una orden judicial, en virtud de que la niña no se encontraba ya en el albergue Casitas del Sur.

Este hecho dio paso a una investigación que llevó a descubrir, en 2009, 23 casos más de menores desaparecidos en diferentes albergues administrados por la Iglesia Cristiana Restaurada, entre los que se encontraba Casitas del Sur.

Ante estos hechos las autoridades capitalinas habrían asegurado dos sedes de estos albergues infantiles en donde se rescataron a 126 niños para trasladarlos a las instalaciones del DIF, además de haber detenido, en aquella ocasión, a siete personas. De acuerdo a los exámenes practicados, los menores rescatados presentaban severas alteraciones emocionales y comportamientos irregulares.

De los 24 menores desaparecidos, 4 correspondían al albergue CAIFAC en Monterrey, 13 a La Casita en Cancún y 7 a Casitas del Sur en el D.F. Tras dos años de investigaciones, a la fecha, todavía no se han podido localizar a 14 niños.

Las investigaciones realizadas llevan a suponer que los menores desaparecidos fueron entregados ilegalmente a terceras personas, no hay otra explicación. Y a pesar de que nadie cuestiona la existencia de los menores que no aparecen, y que los responsables del cuidado de los albergues no tienen respuestas para justificar su desaparición, miembros de la Iglesia Cristiana Restaurada alegan la inocencia de su líder exigiendo su excarcelación.

El mismo Paniagua Escandón afirma, en una carta dada conocer a través de su congregación religiosa, que se trata de patrañas y acusaciones falsas inventadas por el gobierno en su contra, y tratarse de un caso político.

Lo cierto es que esta asociación religiosa opera desde hace 20 años una red de albergues infantiles en diversas entidades del país, y según decir de organizaciones civiles su forma de operar es enganchar a las familias, aprovechándose de la pobreza y los problemas emocionales con la promesa de darles a sus hijos una vida mejor.

El financiamiento para la operación de sus albergues es un misterio, pues esta Iglesia sostiene casas hogar en varias entidades del país, así como en el extranjero, lo que supone contar con mayores recursos que los simples donativos de los padres de los niños albergados y los apoyos gubernamentales, que dice obtener para su sostenimiento.

El tráfico de menores es un delito con muchas aristas. Hay escasa información estadística que permita tener un conocimiento a detalle, aunque se sabe de la gravedad del problema a nivel mundial. Se enmascara a través de actividades que suponen nobles propósitos como es el caso de Casitas del Sur. Los obstáculos para investigar las denuncias son considerables, porque detrás operan intereses poderosos con ligas internacionales.

Nada como los tiempos electorales para  conocer la realidad de nuestros partidos políticos, sus fortalezas y debilidades. Las elecciones son prueba de fuego para quienes con dificultad cumplen los mínimos que establece la ley como requisitos para poder sobrevivir en el escenario político nacional y luchar, con registro, por posiciones y posesiones, que al fin y al cabo no son pocos los ejemplos que hemos visto en los que el interés económico ha resultado ser más importante que el de su participación política.

Y es que nuestra legislación electoral es generosa en prerrogativas para los partidos políticos. Todo con tal de evitar que estas instituciones caigan en la tentación de acudir a recursos de dudosa procedencia para cubrir sus gastos de operación y de campañas.

Nuestro sistema político aboga por el pluripartidismo, bajo la premisa de que un mayor número de partidos participantes asegura una más amplia y mejor representación de los diversos sectores que conforman nuestra sociedad, lo que fortalece nuestro sistema democrático. Con esta intención se ha reformado la legislación electoral, en varias ocasiones, adecuando los porcentajes de votación mínima que deben alcanzar los partidos políticos en los procesos electorales para obtener o conservar su registro.

Como suele suceder en temas por demás polémicos, como éste, las adecuaciones nunca logran dejar satisfechos a quienes están a favor  ni a quienes están en contra  de un pluripartidismo sin restricciones. Para unos, los porcentajes de votación exigidos son muy altos, mientras que para otros debieran elevarse más. Lo que queda claro es que al amparo de la ley ha habido excesos y abusos que han tenido un alto costo con cargo al dinero de los contribuyentes.

Al final de cuentas son tres los partidos en verdadera disputa por el poder, los restantes, se acomodan y buscan sumarse en alianzas que les faciliten una competencia sin demasiados sobresaltos, además de fungir, en estos tiempos de fuerzas políticas más equilibradas, como fieles de balanza. Su aportación en votos a la causa de su aliado, aunque sea menor, puede significar la diferencia para el triunfo.

Ya se ha visto que la fórmula aliancista, sumada a otros factores, puede resultar una estrategia eficaz en la reducción de ventajas electorales. Y cuando la alianza se da entre dos de los partidos más grandes, la posibilidad de triunfo es mayor.

Los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática han ensayado alianzas con resultados exitosos. Sobre ese camino parecía que estos partidos habían encontrado la fórmula para derrotar al PRI en las elecciones de este año; sin embargo, las múltiples diferencias que los distinguen, han acabado con los sueños de colaboración electoral entre ambos partidos, o al menos por el momento.

Porque los intentos por ir juntos en las elecciones para gobernador en los estados de Nayarit,  Coahuila y Estado de México, fracasaron. Y mire que ganas de ir en coalición no faltaron. Se trata de tres entidades gobernadas por el PRI, en las que el PAN y el PRD separados tienen menos oportunidad de ganar. En los casos del Estado de México y de Coahuila, las encuestas apuntan como favoritos a los candidatos del tricolor, con diferencias muy considerables a sólo un mes para la fecha de la elección.

En el caso de Nayarit, la diferencia quizás no sea tan grande, pero la ruptura del acuerdo de coalición significa una fractura que puede dividir la votación, en beneficio del candidato del revolucionario  institucional.

Y qué decir de la elección para gobernador de Michoacán, programada para el 13 de noviembre próximo, en donde un pequeño grupo de empresarios locales se reunieron con los dirigentes del PRI, PAN y PRD para proponerles la posibilidad de una candidatura común. En el colmo de algo que difícilmente podría considerársele como una coalición, los empresarios argumentaron que sólo la figura de un candidato común permitiría crear un plan de gobierno que brinde paz, tranquilidad y desarrollo para el estado, aclarando que esta idea no derivaba sólo de la violencia que padece la entidad, sino de otros problemas como son el desempleo, la falta de inversión, la pobreza y la falta de educación.

Pero más pronto que tarde, los propios dirigentes de los partidos convocados, al menos en el caso del PRI y del PRD, se deslindaron diplomáticamente de un posible compromiso, expresando sus dudas sobre la viabilidad de un proyecto como el propuesto, en consideración, señalarían, a las grandes dificultades que entraña la postulación de una candidatura común.

Tampoco fue bien recibida por algunos legisladores y aspirantes a gobernar el estado, quienes manifestaron abiertamente su rechazo a semejante propuesta. Por su parte, el organismo cúpula de los empresarios en Michoacán, el Consejo Coordinador Empresarial, a través de su presidente, expresaría su malestar con un proyecto para el que no fueron consultadas las instituciones que formalmente representan a ese sector en la entidad.

La audaz propuesta no tuvo buena recepción, y sólo el dirigente de Acción Nacional le dejó la puerta abierta. Con semejantes reacciones, es de suponer que esta idea quede sólo en una tentativa frustrada, por el bien de nuestra democracia.

El lunes de esta semana, leíamos en un diario de circulación nacional, el perfil y  las entrevistas a dos distinguidas mujeres del Partido de la Revolución Democrática, la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Alejandra Barrales, y la Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno de esta ciudad, Laura Velázquez, con motivo de su interés en participar como candidatas a ocupar la Jefatura de Gobierno de la capital del país.

Por otro lado, y esto en el estado de Oaxaca, se publicó recientemente la noticia sobre el caso de una funcionaria de un poblado irónicamente llamado El Paraíso, en donde la profesora María Dolores Macías tuvo que renunciar al cargo para el que fuera elegida, ante la agresión física y psicológica ejercida en su contra. El motivo, pretender cumplir con sus funciones.

Y otro caso, en esa misma entidad, en donde la tesorera de la comunidad de Emiliano Zapata, además de agredida fuera encarcelada, en rechazo a su nombramiento como autoridad comunitaria.

Lo anterior, nos da tema para revisar el largo camino que han tenido que recorrer las mujeres para su incorporación en la política nacional.

El estado de Yucatán fue la primera entidad en concederle derechos para participar en elecciones municipales y estatales, lo que ocurrió en 1922. No tardaría prácticamente nada para que ese estado fuera el pionero en elegir a la primera mujer diputada y a la primera presidenta municipal, en 1923. Otros estados habrían de seguir con reformas similares a sus constituciones locales, San Luis Potosí, en 1923, y Chiapas, en 1925.

Sin embargo, sería hasta 1947 en que se modifica el artículo 115 de la Constitución para que la mujer pueda votar y ser elegida a nivel nacional, pero únicamente en elecciones municipales. Más adelante, en 1953, se eliminaría esta restricción, con la reforma  constitucional al artículo 34, por la cual se otorgaría la calidad ciudadana a la mujer, con lo que podían aspirar a participar en cualquier cargo de elección popular.

Habrían de pasar 31 años antes de que las mujeres llegaran al Congreso Federal. No fue sino hasta 1954 en que se elige a la primera diputada federal, y diez años después, tendríamos a las primeras dos senadoras de la República. Pero, si bien, alcaldesas y regidoras, han abundado en nuestra historia política, sus posibilidades en la real politk mexicana son menos en los congresos locales y más escasas aun en los federales, para no hablar de las gubernaturas.

Para abrir la puerta a posiciones monopolizadas en el Congreso, se dio paso a una reforma que incluía la llamada cuota de género, con lo que los partidos políticos estarían obligados a registrar, en sus listas de aspirantes a diputados y senadores, al menos el 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género. Con esto se supondría que la mujer tendría la certeza de una participación garantizada, pero el ingenio de la perversidad encontraría la manera de darle la vuelta a esta obligación, colocando candidatos propietarios plurinominales a mujeres que, una vez asumido el cargo, renunciaran en beneficio de sus suplentes, que casualmente son hombres.

Por lo que toca a las gubernaturas, la presencia de la mujer ha sido menor. La historia registra seis casos. La primera gobernadora fue electa en 1979, en el estado de Colima. Yucatán, pone la muestra, pues es la única entidad federal que ha contado con dos gobernadoras. Tlaxcala, Zacatecas y el Distrito Federal son los otros casos.

Y ¿cuál ha sido su participación en la carrera presidencial? Pues para el máximo puesto de elección popular, sólo ha habido cuatro mujeres registradas como candidatas. En 1982, Rosario Ibarra fue postulada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En 1994 contendieron, Cecilia Soto por el Partido del Trabajo y Marcela Lombardo por el Partido Popular Socialista. Finalmente, en 2006 el Partido Social Demócrata y Campesino postuló a Patricia Mercado como su candidata presidencial.

Sin la menor posibilidad de triunfo en los comicios para la presidencia, en esos tiempos, la participación de estas mujeres, sin embargo, fue importante al abrir nuevos espacios en los máximos niveles.

Todavía hay mucho camino por recorrer, y aunque el avance es lento, cada vez es más importante la presencia de las mujeres en esta actividad. Las encuestas muestran cambios favorables en la opinión respecto de la participación de la mujer en la política, y aunque un alto porcentaje, 70 por ciento, cree que la sociedad mexicana es machista, el  55 por ciento considera que ambos sexos son capaces de ejercer cualquier actividad. La posibilidad, pues, de que una mujer gobierne al país ya no resulta descabellada.