Miguel Tirado Rasso

Corrupción o negligencia

In Gobierno, Temas Centrales on 17 febrero, 2016 at 11:31 am

La otrora bella ciudad de los palacios, a ciencia y paciencia de sus autoridades, se reconfirma como la más caótica urbe del país ante una muy laxa regulación que permite un incontenible crecimiento vertical, sin que la insuficiencia de servicios urbanos constituya un tema de preocupación.

Con azoro vemos como cada día surgen nuevas torres habitacionales en donde originalmente solo existían residencias unifamiliares, con el consecuente agravamiento en los problemas de vialidad y el suministro de servicios como agua, energía eléctrica, drenaje, recolección de basura, transporte, etc. que están convirtiendo la vida en la capital del país en una verdadera pesadilla.

Entre las construcciones que se levantan con apego a la ley y las que se hacen apostando a la impunidad, por la voracidad de algunos constructores y la complacencia de funcionarios corruptos, la ciudad crece en un orden inverso, primero se dan los asentamientos y las edificaciones, y luego las autoridades buscan como resolver el abastecimiento de servicios y regularizar lo ya construido.

Un claro ejemplo de esto lo tenemos en la zona corporativa más importante del Distrito Federal, Santa Fe. Un desarrollo urbano iniciado en los tiempos de la regencia de Manuel Camacho Solís, en 1990, en donde originalmente era una zona de tiraderos de basura, sin el menor atractivo y casi nulo valor comercial, que habría de convertirse en pocos años en un exclusivo emporio habitacional y corporativo.

Sus graves problemas de vialidad y transporte no parecen tener solución, ante la avalancha diaria de una población flotante calculada en más de 400 mil personas, en constante crecimiento. Ya en diciembre de 2013, el entonces Jefe Delegacional de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, advertía sobre los riesgos de que Santa Fe se colapsara de continuar el otorgamiento de permisos de construcción de viviendas. De acuerdo a sus declaraciones, un departamento de 120 metros cuadrados pagaba anualmente un impuesto predial de 70 mil pesos, sin garantía de contar con agua potable, pues el 60 por ciento de sus habitantes carecía de este líquido, por lo que el desabasto tenía que resolverse mediante la contratación del servicio de pipas particulares. Situación que, suponemos, no ha de diferir mucho con lo que hoy sucede.

Pero ahora resulta que otros problemas, más severos, han surgido en esta zona, por el desgajamiento de cerros en donde existen torres habitacionales que seguramente en su publicidad comercial ofrecieron, como uno de sus mayores atractivos, una vista panorámica espectacular. Sólo que ahora lo espectacular es la barranca que pone en riesgo el patrimonio, además de la seguridad de sus habitantes.

Cabe preguntar aquí, de quién es la responsabilidad del caos que padecemos ante este crecimiento desmedido de construcciones para el cual no hay zonas vedadas ni aún las de alto de riesgo, como es el ejemplo de Santa Fe. Y es que las autoridades responsables de otorgar permisos de construcción, en muchos casos, son “complacientes” con los desarrolladores inmobiliarios al permitirles construir más niveles de los que autorizan los reglamentos o edificar en terrenos inestables.

Aparte de encontrar una solución satisfactoria y justa para quienes están literalmente al borde del abismo en Santa Fe, con riesgo de sus vidas, se requiere una investigación a fondo de parte de las autoridades capitalinas para dar respuesta a varias preguntas elementales como ¿a quién pertenecían estos terrenos? ¿Quién los vendió? ¿Quién expidió los permisos de construcción? ¿Quién construyó las torres?

Hasta el momento, nadie aparece como responsable de la construcción de estos edificios, como si estos hubieran surgido de la nada. Entre una regulación compleja y tortuosa que, en la medida que distribuye funciones entre diversas autoridades, diluye responsabilidades y una corrupción epidémica, las irregularidades en materia de construcción están a la orden del día.  Esperemos que este caso no resulte un nuevo ejemplo de impunidad y que las autoridades de la ciudad sancionen, con todo rigor, a quienes resulten  responsables para sentar un precedente tan necesario en este tema.

Por cierto, en el número 99 del Eje vial 10, Río Magdalena, en la colonia Tizapán- San Ángel, a unos metros de la clínica 8 del IMSS, hay una construcción a puerta cerrada, sin ningún aviso que indique el tipo de obra de que se trata. Por lo pronto, ya derribaron varios árboles centenarios, por lo que valdría la pena que las autoridades de la Delegación Álvaro Obregón se dieran una vuelta por ahí para verificar la legalidad de esta construcción.

Noviembre 12 de 2015

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