Algo que debería de ser elemental, se ha convertido en un verdadero rompecabezas para algunos partidos políticos que no encuentran la manera de salir librados de una de sus más importantes responsabilidades.
Supondríamos que los partidos con larga trayectoria política, identificación ideológica, buen posicionamiento a nivel nacional y experiencia en el quehacer público, no tendrían problemas para seleccionar y postular a sus candidatos a puestos de elección popular y, sin embargo, esto se les está convirtiendo en algo, cada vez, más complicado, por las sorpresas desagradables que, tarde o temprano, salen a relucir dadas las malas mañas, los pasos torcidos y las poco recomendables compañías de algunos de los personajes propuestos para esos cargos.
Lo menos que se podría esperar de estas organizaciones políticas es su compromiso para postular a sus mejores elementos, hombres o mujeres, tal y como los promueven y presentan en las campañas para convencer al electorado de apoyarlos con su voto. Pero ahora resulta que los partidos, bueno, al menos, algunos de ellos, pretenden deslindarse de toda responsabilidad en los casos en que sus candidatos seleccionados resulten verdaderos pájaros de cuenta, no obstante que ellos mismos hayan sido quienes los escogieron, los postularon y los promovieron.
Hace unos días, a los líderes del PAN, Ricardo Anaya, y del PRD, Agustín Basave, se les hizo fácil endosarle a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, la responsabilidad sobre el comportamiento de sus candidatos, al entregarle las listas de los aspirantes que proponen para contender en el próximo proceso electoral y pedirles que les informen “cualquier indicio de vínculos con el crimen organizado por parte de cualquier candidato…” como si ellos no supieran a quienes postulan o no tuvieran la obligación de conocer a quién le están dando su aval para cargos de alta responsabilidad.
Y es que los escándalos por la postulación de personajes vinculados con el crimen organizado, tanto por parte del partido del Sol Azteca, recordamos los casos del alcalde de Iguala, José Luis Abarca y del diputado que se esfumó, Leonel Godoy, como del partido blanquiazul, con la diputada sinaloense, Lucero Sánchez, sin duda lastimaron la imagen de sus institutos, y ni que decir de la torpe y muy lenta reacción de sus dirigencias, cuando las evidencias advertían, con fundadas sospechas, un mal comportamiento de sus abanderados.
Resulta muy cómoda la postura de estos dirigentes al trasladar a otras instancias federales, una responsabilidad que a ellos les corresponde. Habría que preguntarles si no sería más sencillo, antes de seleccionar a sus candidatos, consultar a sus cuadros locales, pedirles información sobre la trayectoria y comportamiento de los aspirantes, para saber qué tan confiables, capaces y recomendables son. Está claro, que sus presidentes distritales, sus comités municipales, sus delegados y demás miembros de la estructura partidista seguramente saben quién es quién en su localidad, por lo que serían los más indicados para proporcionar esta información.
Pero esto, que suena razonable y recomendable, no lo aplican porque no va con su estrategia de ganar a como dé lugar. Hay dos motivaciones que explican la ligereza en la postulación de sus candidatos: su obsesión por derrotar al partido en el poder y su desesperación por obtener posiciones políticas. Así que, no importa quiénes sean los candidatos ni sus antecedentes, si son competitivos y con ellos pueden ganar la contienda, y si en el camino resultan con vínculos delincuenciales, no importa, pues la responsabilidad no será de ellos, sino del Gobierno Federal por no habérselos informado antes.
Por supuesto que la respuesta de la PGR, a esta tramposa petición, fue negativa, señalándoles que entre sus atribuciones no se encuentra la de verificar los antecedentes, ni algún otro requisito de elegibilidad, de los candidatos a puestos de elección popular. Así que a estos dirigentes, les convendría ser más meticulosos en la selección de sus aspirantes a cargos de elección popular y, sobre todo, preocuparse por evitar la postulación de candidatos incómodos. Más escándalos de esta naturaleza agudizará un sospechosismo que ya de por sí pesa sobre sus partidos.
Febrero 11 de 2016