El triunfo del llamado candidato independiente a la gubernatura del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez, popularmente conocido como El Bronco, ni duda cabe que cimbró al sistema político electoral del país, con proyección a futuro, efectos a largo plazo y consecuencias aún no determinadas. Por lo pronto, puso en alerta a la clase política partidista que, confiada en los usos y costumbres de un sistema que reservaba para ellos el monopolio de la participación electoral, dormían el sueño de los justos ante una impensable posibilidad de ser desplazados en las urnas.

Sano y conveniente triunfo de un candidato, más que independiente o ciudadano, simplemente sin partido, que fue la característica de su participación al no haber sido postulado por ningún partido político. Y es que, los partidos, todos, cargan a cuestas un desprestigio acumulado a lo largo de muchos años que les ha afectado en su credibilidad y aceptación, sin que sus dirigentes hayan mostrado intención alguna por mejorar su imagen. Al fin de cuentas, la competencia electoral quedaba restringida a los partidos registrados, y alguno tendría que ganar, así fuera, con un porcentaje cada vez menor de participación ciudadana en los comicios.

El descalabro partidista regiomontano cambió las reglas y obliga a los partidos y sus dirigentes a ser más escrupulosos en su proceder y, desde luego, más cuidadosos en la selección de sus candidatos a puestos de elección popular. La posibilidad de que un aspirante sin partido se cuele en una contienda electoral, siempre existirá, y esta amenaza es la que debería motivar a una mejora de nuestro sistema de partidos.

Lamentablemente, algunos han tenido una percepción errónea sobre el surgimiento de las candidaturas independientes y, lejos de llevarlos a una revisión autocrítica, a reflexionar sobre el porqué de la imagen deteriorada que muestran las encuestas sobre los partidos y buscar  enderezar el rumbo y mejorar su actuación, han optado por tratar de cerrarle el paso a estas candidaturas, promoviendo cualquier cantidad de obstáculos que hagan más difícil su participación. Se trata de una visión que ve en ellas una amenaza para la vida de los partidos, por lo que consideran como fórmula para su sobrevivencia, el bloqueo a los independientes, pues les resulta más fácil esto que cambiar actitudes.

En este sentido, las legislaturas de algunos estados como Chihuahua, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, han elevado los requisitos para la participación de este tipo de candidaturas que van, desde un mayor número de firmas que deberán respaldar al candidato (12 por ciento de la lista nominal en el caso de Tlaxcala), hasta obligar que los ciudadanos tengan que ratificar personalmente su respaldo, caso de Puebla, o que los aspirantes no hayan pertenecido a algún partido político en los últimos tres años, caso de Chihuahua, entre otros candados.

Habría que considerar estas candidaturas como un complemento positivo para la vida electoral de nuestro país, que amplía la posibilidad de participación ciudadana y la competencia electoral. Eso sí, dándoles su verdadera dimensión y no suponerlas como la solución a todos nuestros males políticos.

Por otra parte, vale señalar que este tipo de candidaturas tienen que ser vistas con lente de aumento, pues, así como resultan un acicate para los institutos políticos, con todas las bondades que se le quieran endosar, sin una adecuada reglamentación pueden convertirse en una riesgosa vía de acceso a altos niveles políticos por la que se pudieran colar elementos no deseables. Porque está más que visto que nuestras deficiencias en política no están necesariamente en las instituciones, los procedimientos o en las formas, ya que, las más de las veces, es en el factor humano en donde está la falla.

Así que bienvenidos los independientes, con sus asegunes.

Octubre 1 de 2015