A casi un año de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, las investigaciones realizadas no han podido llevarnos a una conclusión, siquiera cercana a lo que podría ser la verdad de lo ocurrido y sus posibles causas. Y es que, este crimen pasó de la censura e indignación, en páginas de nota roja, a la descalificación, denuncia y enjuiciamiento político, contaminando toda interpretación del proceso indagatorio realizado por la autoridad.

Lo que en un principio parecía fuera de toda duda, respecto de la identificación de los principales responsables de estos infames hechos, capturados y confesos varios de ellos, se fue distorsionando hasta desviar culpas y responsabilidades para atribuírselas a quien resultaba políticamente más redituable, con una intención que nada tendría que ver con los auténticos reclamos de justicia en favor de los familiares afectados por esta tragedia.

Para algunos, resulta más cómodo culpar al Estado de lo sucedido, entendiéndose por éste al gobierno actual, que reconocer en el origen de esta tragedia la existencia de vulgares conflictos de interés relacionados con el narcotráfico en los que, eso sí, autoridades municipales y estatales, estarían involucrados y coludidos con bandas del crimen organizado.

No es políticamente correcto decir que en el profundo dolor de quienes perdieron un familiar, se han escudado ciertos grupos y personajes, más interesados en golpear a su enemigo político, que en apoyarlos para lograr que los hechos se esclarezcan, pero vemos que en la siembra de dudas sobre lo investigado hay una estrategia para descalificar la actuación de las autoridades, y tomar por buena cualquier versión que contradiga el informe oficial.

Un claro ejemplo de esto lo tenemos en el dictamen emitido, el 6 de septiembre pasado, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Si bien, existen algunas discrepancias con el informe de la Procuraduría General de la República (PGR), decir que las conclusiones de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituyen una descalificación, un desmentido a la versión oficial de la PGR, como se publicó en ciertos medios y manejaron algunos articulistas, representa una interpretación forzada y tendenciosa, cuando, en realidad, las diferencias se centran en un tema, principalmente, la incineración o no de los estudiantes.

Para algunos partidos políticos este informe les ha brindado una excelente oportunidad para arremeter contra el gobierno, y que mejor tribuna que la Cámara de Diputados para hacer aseveraciones  estridentes que confunden y engañan, y que en nada contribuyen a descifrar la verdad de los hechos, porque es lo que menos les preocupa, además de contar con el tiempo a su favor. El tema es muy redituable en tiempos electorales y no falta mucho para las campañas políticas de 2016.

Por lo pronto, el gobierno, a través de la PGR, ha manifestado su disposición a revisar las recomendaciones del informe del GIEI y llevar a cabo las acciones necesarias para su cumplimiento y continuar con el trabajo conjunto en la investigación del caso.

Apertura total y absoluta voluntad, que no quede duda, porque el más interesado en que se aclaren los hechos es, precisamente, el gobierno.

Septiembre 17 de 2015