Tras una participación, notablemente desigual, de los principales actores del proceso electoral del próximo siete junio, los diez partidos políticos y sus candidatos, por supuesto, estamos a punto de conocer la encuesta final y efectiva, la del voto que habrán de emitir los ciudadanos el día de la jornada electoral, y que determinará a quienes habrán de representarnos en los 2159 cargos de elección en disputa.
Una evidente participación desigual, decíamos, por parte de los10 institutos políticos cuya experiencia, recursos y estrategias, marcaron sus diferencias, eso sí, más en la forma que en el fondo, porque poco podría rescatarse de los pronunciamientos, entrevistas y debates de sus candidatos, a lo largo de este proceso.
Y es que, en sus campañas, más parecidas a una lucha campal entre rudos que a una contienda electoral, los compromisos, programas y propuestas cedieron su lugar a los ataques y descalificaciones, al juego sucio, en una apuesta por un triunfo basado más, en la desacreditación del contrario, que en los méritos del postulado.
La estrategia que predominó fue evitar la derrota, no ganar la elección. Quizás por esto, no importó destacar la trayectoria de los aspirantes, pero sí exhibir las malas mañas y los actos ilegales de los contrincantes, como si el objetivo no fuera sumar votos, sino restárselos al contrario.
En este proceso, algunos partidos decidieron irse por un camino sinuoso. Un camino en el límite de la legalidad, lo que dio lugar a numerosas quejas y denuncias por supuestas, y muchas veces comprobadas, violaciones a la ley, cometidas en diversos actos de campaña.
Múltiples denuncias y cuantiosas sanciones que dejaron ver, al menos, el menosprecio por la legalidad de algunos, pero también las fallas de una legislación que sobre regula. Y es que, el ánimo reformista de nuestros legisladores que ha llevado a modificar, más de lo deseable, nuestra ley electoral, en busca de la norma perfecta, aprobó una reforma lejos de lo ideal, excedida en su regulación al pretender crear un marco jurídico que empareje una competencia de suyo dispareja.
Algunos de sus preceptos, muy cuestionados, por cierto, constituyen una auténtica ley de la mordaza al colocar en el borde de la legalidad, y a criterio de la autoridad, los comentarios o entrevistas, a través de medios electrónicos, a candidatos o dirigentes de partidos, en tiempos de campañas electorales, ante el sospechosismo de que puedan representar ventajas de los entrevistados sobre sus contrincantes. Circunstancia que celosamente pretende evitar la ley.
Éste, como otros casos extremos, seguramente dará lugar a que, concluido el actual proceso electoral, se busque, una vez más, reformar la ley para corregir fallas, llenar lagunas y eliminar excesos, evidenciados ahora, en ésta, su primera aplicación.
Por lo pronto, y mientras esto sucede, habrá que ajustarnos a las reglas vigentes. A ver cómo nos va en el post electoral.
Junio 5 de 2015