Los desmanes cometidos por los llamados maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), han llegando a extremos peligrosos. Sólo habría que ver lo acontecido, en estos días, en las entidades en donde ejercen su dominio, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Puebla, principalmente, en las que, como medidas de presión para exigir el cumplimiento de 11 demandas planteadas al gobierno, han saqueado y destruido oficinas públicas, cerrado carreteras, bloqueado el acceso a depósitos de abastecimiento de combustible de Pemex, tomado casetas de cobro. En fin, todo un catálogo de tropelías que representan los argumentos de diálogo que acostumbran estos mentores. Algo que no debería llamarnos ya la atención.

La inminencia de la jornada electoral, sin embargo, les ha dado una nueva oportunidad para revitalizar su chantaje y elevar su costo, al tocar un tema sensible y trascendental para el país. Como estrategia, incluyeron la cancelación de las elecciones entre sus “puntos petitorios”, por lo que orientaron sus baterías en contra de las instalaciones electorales, quemando boletas y destruyendo archivos, mobiliario y todo lo que encuentran a su paso, a manera de boicot de las elecciones del 7 de junio. Esto los ha llevado a límites intolerables como lo es el desafío a nuestras fuerzas armadas, encargadas de la custodia del material electoral.

Sólo la prudencia de los mandos del ejército ha evitado un enfrentamiento de graves consecuencias. El desalojo de elementos del ejército mexicano, que resguardaban las boletas electorales en cuatro juntas distritales del INE, en el estado de Oaxaca, por presión de vándalos de la sección 22 de la CNTE, enciende un foco rojo que es preciso atender.

Impresionan las imágenes de las primeras planas de algunos diarios en las que se ven a militares abandonando las instalaciones electorales, ante la mirada retadora de docentes, suponemos, porque están embozados. Un agravio que resulta ya intolerable.

Pero qué es lo que ahora reclaman estos maestros para justificar su reprobable conducta, pues el cumplimiento de las demandas contenidas en un pliego petitorio presentado a la autoridad, el pasado primero de mayo, que podrían resumirse en una sola: la derogación de la reforma educativa. Porque la saña es contra lo que amenaza sus privilegios, y esta reforma considera cambios que, ciertamente, los afecta en su estado de confort.

No sobra insistir en que es, precisamente, en los estados de  los dominios de la CNTE, en donde se registran los niveles más bajos de desempeño educativo. Los estados con mayor rezago, a nivel primaria y secundaria, son Oaxaca, Guerrero y Michoacán, entidades en las que, 8 de cada 10 niños, reprueban o “pasan de panzazo” las pruebas internacionales. Y es que los paros y manifestaciones de sus maestros, no son indemnes.

El costo, por supuesto, lo pagan los alumnos que pierden un 30 por ciento de clases por la actividad política de sus mentores, más preocupados por la aparición con vida de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, por la liberación de unos colegas, indefendibles, sujetos a proceso por el delito de secuestro, o por boicotear las próximas elecciones, que por cumplir con la responsabilidad fundamental que les corresponde y, que es, la de educar.

Queda claro que con estos maestros no hay negociación que valga, porque siempre habrá un pretexto para romper el diálogo y provocar el enfrentamiento, aunque ahora, pisaron tierras movedizas.

Junio 4 de 2015