Miguel Tirado Rasso

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Años Atípicos

In Gobierno on 23 octubre, 2013 at 10:18 am

Se dice que el primer año de gobierno de una nueva administración presidencial, es un año atípico. Muchas razones hay que lo distinguen de los del resto del período sexenal, y una de ellas es la de que, al equipo entrante, le toca operar con un presupuesto elaborado y programado por quienes van de salida. Esto es, por quienes no habrán de tener decisión o participación en su ejercicio.

Y es que, durante el segundo trimestre del año, la Secretaría de Hacienda solicita a todas las dependencias del gobierno federal, la elaboración del anteproyecto de presupuesto requerido para la realización de sus programas del siguiente año; así como la calendarización para su ejercicio.

Los tiempos para la elaboración y entrega de este documento ocurren entre los meses de julio y agosto, que es cuando Hacienda consolida toda la información para preparar la propuesta de ingresos y egresos que habrá de presentar al Congreso, teniendo como fecha límite para hacerlo, el 8 de septiembre. El paquete que presenta el Gobierno Federal, consta de la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y los Criterios Generales de Política Económica. En el caso del Presupuesto de Egresos, la Cámara de Diputados cuenta con un plazo que vence el 15 de noviembre para su aprobación.

Cuando esto ocurre en el último año del sexenio, no hay manera de que los miembros del futuro gobierno tengan injerencia en la preparación del presupuesto, pues para cuando el anteproyecto se entrega a Hacienda, todavía no se conocen los resultados de la elección presidencial. Y mucho menos de quiénes habrán de formar parte del nuevo gabinete y las carteras que habrán de ocupar.

Tenemos entonces que a la nueva administración le toca trabajar con el presupuesto que calculó y elaboró el gobierno saliente y, desde luego, en base a los programas que éste venía realizando. Suponer que durante la transición, los equipos designados para la recepción puedan hacer ajustes en los programas y presupuestos, es muy aventurado. Desde luego que las reuniones de trabajo entre estos equipos, siempre resultan provechosas, pues permiten conocer el estado en que se encuentran los distintos programas, analizar cómo han funcionado, y aún considerar si deben continuar o no; pero hasta ahí, porque las decisiones y las responsabilidades continúan siendo del gobierno saliente, hasta el 30 de noviembre.

Pero habría que señalar que el sexto año de gobierno también es atípico, por celebrarse en él la madre de todas las elecciones. Estamos hablando de que es el año en que está en juego el cambio de la estafeta presidencial, la transferencia del poder de mando, no sólo de personas, sino de partidos políticos distintos. La alternancia, pues.  En consecuencia, la actividad del Ejecutivo, su ritmo de trabajo, el ejercicio presupuestal, las campañas promocionales de los programas de gobierno, etc. tienen otra dinámica, pues con todo y las restricciones que establece la ley, prácticamente todo y todos actúan teniendo como mira la elección presidencial.

Ahora nos encontramos en un año atípico, pero no sólo por el hecho de tratarse del primer año de gobierno, sino además, porque el retorno del PRI al poder presidencial generó resentimientos y frustración entre los del partido que perdieron el poder y acrecentó odios de parte de los que, una vez más, resultaron derrotados. A lo anterior, agréguele estimado radioescucha, el que este nuevo gobierno planteó la necesidad de llevar a cabo cambios en la vida económica, laboral, educativa y social del país, como única posibilidad de brincar el bache de inmovilidad que hemos padecido por más de una década. Ciertamente una sacudida que no resultó del agrado de la derecha ni de la izquierda, siempre renuentes a toda propuesta priista, por lo que se han encargado de hacer aún más difícil el arranque de esta administración y su tarea de gobierno.

Los cambios planteados por el Ejecutivo Federal requieren de acuerdos, negociaciones y  compromisos entre las distintas fuerzas políticas. Los tiempos de las mayorías absolutas en el Congreso, son cosa del pasado.  El equilibrio del poder demanda de la participación de todos o casi, para crear los consensos requeridos para las reformas legislativas. Manejo político y capacidad de convencimiento son fundamentales para sumar voluntades hacia un objetivo, empresa difícil porque las oposiciones no siempre estarán muy de acuerdo y, por razones políticas, buscan bloquear las iniciativas presidenciales.

Nuestro sistema democrático, tan vilipendiado y criticado, defectuoso y todo, funciona tan bien, que es el que permite, a quienes tanto se quejan de él, abusar de su amparo hasta el chantaje, cuando únicamente aceptan como válidas las elecciones en las que ellos resultan vencedores; cuando desconocen y rechazan los acuerdos de las mayorías que no les favorecen; cuando califican de antidemocrático cualquier acuerdo político, que no los incluya; cuando demandan  consultas públicas que resuelven a mano alzada, y cuando insisten en imponer el peso de su minoría.

En este contexto se discuten ahora las reformas que han de constituir el marco jurídico bajo el cual habrá de gobernar esta administración. La persistencia de intereses de grupo, preocupados más por su futuro político que por el presente y el futuro del país, dificultan el debate. Algunos legisladores y dirigentes partidistas de la oposición, a estas alturas, se muestran más interesados en posicionarse para la próxima contienda presidencial, que en analizar la conveniencia de unas reformas que podrían contribuir a transformar al país.

Sin el compromiso y la aportación de todos, nuestro país no podrá alcanzar los niveles de desarrollo que merecemos. Hemos perdido ya  muchos años por disputas internas estériles. Es hora de hacer a un lado los intereses particulares y sumarnos todos a un mismo esfuerzo, por el bien del país.

Octubre 23 de 2013.

Nuevos Partidos Políticos

In Partidos Políticos on 16 octubre, 2013 at 10:15 am

La generosidad de la legislación electoral, abre la posibilidad para que nuestro escenario político se vea enriquecido, de tiempo en tiempo, con el registro de nuevos partidos, lo que, supuestamente, fortalece nuestra vida democrática. El silogismo es, a mayor número de partidos políticos activos, mejor y más amplia la representatividad política de los diversos sectores que conforman la población nacional. En lo personal, más que un razonamiento lógico, lo veo como un sofisma, sobre todo atendiendo a nuestra experiencia histórica. Y sobran los ejemplos.

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), establece que en el mes de enero del año siguiente a la elección presidencial, las organizaciones que aspiren a constituir un nuevo partido político lo notifiquen al Instituto Federal Electoral (IFE), y cumplan con ciertos requisitos para obtener su registro, entre los que se cuentan la celebración de una asamblea estatal, con la participación de 3 mil personas afiliadas, en por lo menos 20 entidades del país, o bien, la realización de asambleas, en un mínimo de 200 distritos electorales uninominales, con 300 afiliados por distrito.

La ley es más que obsequiosa con quienes desean constituir nuevas organizaciones políticas, pues sobre un padrón electoral de poco más de 84 millones de ciudadanos, sólo exige una asistencia de 60 mil afiliados a sus asambleas, a nivel nacional, además de acreditar una militancia mínima del 0.26 por ciento sobre el padrón electoral de la última elección federal. Esto es, alrededor de 220 mil ciudadanos.

El secreto está en que, si bien el número total de afiliados requerido es reducido, exigir un mínimo de participantes en varias entidades, plantea una circunstancia no tan fácil de cumplir, obligando a los interesados a acreditar una cierta representatividad en la mayor parte del país y evitar así, los casos de organizaciones de influencia limitada a una región.

De acuerdo con información del IFE, del 7 al 31 de enero pasado, 50 agrupaciones le notificaron su intención de convertirse en partidos políticos. Un número considerable que, para fortuna de nuestro sistema político electoral, seguramente, quedará reducido a dos o tres con posibilidades reales, pues la mayoría tendrá dificultad para cumplir con los requisitos de ley. Y es que abundan quienes sólo ven en esto una oportunidad para medrar con los recursos públicos.

Un ejemplo de esto lo fue el tristemente célebre Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), que logró su registro sin más mérito que la audacia de su promotor. Este partido familiar, de efímera existencia (1998-2003), fue utilizado como instrumento para hacer negocios y para que su fundador, Gustavo Riojas, su esposa y su hermana ingresaran al Congreso como diputados, en la elección federal de 2000. Al final, el PSN desapareció dejando varios pendientes: la rendición de cuentas del destino de los recursos recibidos como prerrogativas, ¡cerca de 450 millones de pesos!; el pago de una multa de 100 millones, por malversación de fondos, y la ejecución de una orden de aprehensión en contra de su fundador.

Pero volviendo al tema de las solicitudes de registro de nuevos partidos políticos. Entre las agrupaciones interesadas está la de Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que, por cierto, en su fase inicial sufrió tropiezos al no poder reunir en dos estados, Hidalgo y Zacatecas, el mínimo de afiliados requeridos por la ley.

Estas fallas no significan, sin embargo, que el ex Jefe de Gobierno del D. F. vaya a fracasar en su propósito de obtener su registro, aunque si constituye una llamada de atención para sus operadores políticos a no confiarse, pues su posicionamiento ya no es el mismo de hace unos años, por lo que ahora deberán esforzarse más para sumar militancia.

Otro aspirante es el Partido de la Concertación Mexicana, que promueve el ex presidente del PAN, Manuel Espino, quien fuera expulsado de ese partido por serias e irreconciliables diferencias con el entonces Presidente Felipe Calderón. Este personaje conformó un extraño coctel ideológico con los ex perredistas Víctor Hugo Círigo, René Arce y Ramón Sosamontes del Movimiento Izquierda Alternativa.

De acuerdo a declaraciones de Manuel Espino, esta organización cuenta con un millón de adherentes, y con representación en 270 de los 300 distritos electorales del país, aunque  recientes noticias indican que esta alianza, de derecha con la izquierda, podría estarse fracturando, lo que pondría en riesgo el futuro de este proyecto político, pese al optimismo de su fundador.

En la larga lista de aspirantes, aparecen viejas organizaciones ya conocidas. Partidos como el Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y el Socialista de México (PST). El primero existió de 1954 a 2000 y fue fundado por un grupo de veteranos de la revolución mexicana encabezados por los generales Jacinto B Treviño y Juan Barragán, en tiempos y con el apoyo del Presidente Adolfo Ruiz Cortines.

Este partido perdió su registro en 1994, lo recuperó en 1999 para perderlo de nueva cuenta en 2000, al no alcanzar el mínimo de votación requerido por la ley. Habrá que ser muy aventurado para apostar, en esta ocasión, a favor de un nuevo retorno del PARM a la vida política institucional.

El Socialista de México, tiene su antecedente en el Partido Socialista de los Trabajadores, fundado por Rafael Aguilar Talamantes, el mismo personaje que ahora lo quiere resucitar. Esta organización obtuvo su registro en1979. Ocho años después, en 1987, cambiaría su nombre por el de Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, perdiendo su registro en 1994. La historia no recuerda grandes aportaciones de este partido a la vida política nacional. Por el contrario, en los 90, su fundador, enfrentó denuncias por invadir predios y conjuntos habitacionales. Así que no habría mucho que lamentar en caso de que, su nuevo intento, resultara infructuoso.

Mi comentario tal vez suene muy pesimista, pero dados los antecedentes, pienso que nuestros problemas políticos no se resolverán con más partidos y que, con los existentes, tenemos más que suficiente. Los nuevos partidos, salvo alguna excepción, han tenido una vida efímera, y lejos de aportar, se han caracterizado por aprovechar las prerrogativas y desaparecer, con más pena que gloria. Un buen negocio a costa del erario, y nada más.

Octubre 16 de 2013.

Leyes a modo

In Gobierno on 9 octubre, 2013 at 11:51 am

El ejercicio de gobierno supone, fundamentalmente, una enorme dosis de práctica política, como principio. De hecho, no se concibe un buen desempeño gubernamental, sin diálogo, negociación o acuerdos, elementos propios del quehacer político. Porque se trata de ejercer el poder consultando, convenciendo, sumando voluntades. Al fin de cuentas, en los regímenes democráticos, se gobierna para todos, con la participación de las mayorías, en mayor o menor medida, directamente o a través de representantes, según sea el caso del sistema de gobierno que se adopte.

La buena noticia es que en los regímenes democráticos, no existen limitaciones para la disensión. La libertad de expresión, de opinión, de actuación social y política, en cualquier dirección, no es sólo válida, sino que se contempla como derechos protegidos y garantizados y, su reconocimiento universal, es incuestionable, o casi.

La no tan buena, es que, al amparo de la ley que auspicia, custodia y protege esas libertades como garantías individuales, y esgrimiendo los derechos humanos como escudo, haya quien busque anteponer intereses personales o de grupo sobre los de las mayorías, torciendo el sentido de la ley con inconfesables propósitos. Y si a esto se agregan reformas legislativas a modo, exclusivamente con propósitos políticos, el estado de derecho, al menos en lo que toca a la capital del país, resulta muy quebrantado.

Los habitantes del Distrito Federal nos encontramos en el peor de los mundos posibles: desprotegidos de la ley, aturdidos por una oposición antigobiernista más demagógica que racional y expuestos a lo que diversos grupos de inconformes consideren como formas válidas y “pacíficas”  de expresión. En este contexto, la ciudad de México ha sido tomada como sede para los desmanes de esos grupos que, alegando el libre ejercicio de su derecho a manifestarse, no conocen límites ni temen a los excesos. Y bueno, por no resultar políticamente correcto hablar en defensa de los derechos de los terceros afectados por las manifestaciones, hay que resignarse a esperar a que la cordura, la razón y algún otro factor, terminen con estos atentados a la paz pública.

Seguramente está usted enterado, estimado radioescucha, que cuando Andrés Manuel López Obrador se desempeñaba como Jefe de Gobierno de esta ciudad, promulgó la ley de “Ataques a la Paz Pública”, cuyo artículo 362 sancionaba severamente, hasta con 30 años de prisión y suspensión de los derechos políticos hasta por diez años, a quien “mediante sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas y los servicios públicos que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del gobierno del Distrito Federal”.

En aquel sexenio de gobierno (1999-2004), no se recuerdan grandes marchas, plantones o bloqueos que alteraran la vida de la ciudad. Al menos, las que llegó a haber, fueron efectivamente pacíficas sin enfrentamientos con la autoridad. Y es que el entonces Jefe de Gobierno, conocedor del tema, se había vacunado en contra de cualquier obstáculo que le pudiera entorpecer su objetivo presidencial, como podrían ser algunos disturbios callejeros, que, como hemos visto, tan mal parado dejan a la autoridad local. (Las últimas encuestas señalan una pérdida de 20 puntos en la popularidad del Jefe de Gobierno del D. F.)

Todavía en la época del gobierno de Marcelo Ebrard, esa ley continuó sin alteraciones, aunque con intentos de elevar la penalidad al final de su período. Esto último no sólo no prosperó, si no que por el contrario, los legisladores perredistas de la Asamblea del Distrito Federal, plantearon,  al inicio de la administración de Miguel Ángel Mancera al frente del gobierno capitalino, la derogación del artículo 362 del Código Penal local, con el argumento de que la ambigüedad del delito  provocaba un mensaje disuasivo a la población al plantear como riesgosa la participación en actividades políticas o manifestaciones, con lo que se generaba, afirmaban los asambleístas en su iniciativa, violaciones a la libertad de expresión y libre manifestación.

Al final de cuentas, este artículo no se eliminó, aunque si se modificó su clasificación para tipificar los delitos cometidos en estas circunstancias como leves, en lugar de graves, de tal suerte que en la actualidad no hay manera de sancionar con cárcel a los infractores de la paz pública, quienes con pagar una fianza quedan inmediatamente en libertad.

Habría que recordar que la iniciativa de reformas al delito de ataques a la paz pública se formuló, a propuesta de la bancada del PRD, con dedicatoria para quienes, el primero de diciembre del año pasado, habían buscado boicotear la toma de posesión del Presidente Enrique Peña Nieto. Ese día, recordamos, las calles del centro de la capital fueron tomadas por diversos grupos de manifestantes que se dedicaron a destruir todo lo que a su paso encontraron, como expresión de su protesta.

Algunos de estos vándalos fueron detenidos y, para poderlos sustraer de las manos de la justicia, los diputados de la Asamblea del D. F. aprobaron las modificaciones legales que les permitieron quedar en libertad, para sorpresa e indignación de una sociedad agraviada. Por esa impunidad legal, vemos a los anarcos y sus homólogos actuar ahora sin la menor preocupación.

Es de llamar la atención, cómo fue que el Jefe de Gobierno promulgara una ley que era muy previsible que le fuera a causar muchos y graves dolores de cabeza, como ahora lo está comprobando.

Pero como no hay mal que dure cien años, ya se analiza en la Asamblea Legislativa una iniciativa para reformar, una vez más, esta ley, dando marcha atrás a su casi despenalización para considerar, de nueva cuenta como graves, los actos delictivos violentos realizados durante las manifestaciones, al estilo de las de los maestros de la CNTE y socios que los acompañan.

A ver si cuando se promulgue la reforma al artículo 362, y con su entrada en vigor, podemos ver a los practicantes del vandalismo tras las rejas, y se recupere el estado de derecho en la capital del país, si es que no es demasiado tarde.

Octubre 9 de 2013

Lucrar con el dolor ajeno

In Gobierno on 2 octubre, 2013 at 11:55 am

La devastación ocasionada por los meteoros Ingrid y Manuel podría considerarse de las más graves sufridas por nuestro país. Los números presentados en la Reunión de Evaluación Preliminar y de Acciones de Trabajo Inmediatas, realizada la semana pasada en Palacio Nacional, dan cuenta de la magnitud de esta desgracia. Como mucho se ha mencionado, la coincidencia en tiempo de estos dos huracanes que golpearon en la parte más estrecha de nuestro territorio por ambos lados, del Golfo y del Pacífico, sumaron un volumen de lluvia no imaginada, generando graves inundaciones, principalmente en el estado de Guerrero.

Ahora se analizan las causas, además de las naturales, las atribuibles al factor humano y, en consecuencia, las que pudieron o debieron evitar que se llegara a tan lamentables pérdidas. Por una parte está la deforestación que, incontenible, continúa acabando con nuestros bosques, facilita deslaves, avalanchas, inundaciones y destrozos. Se trata de un muy añejo problema de nuestro país, en contra del cual la autoridad, por incapacidad, ineptitud o corrupción, ha resultado impotente.

Los bosques aseguran el flujo regular de agua, absorben la precipitación durante las lluvias, retienen los suelos y liberan agua a intervalos. La regulación que ejercen los bosques contribuye a moderar los efectos destructivos de las inundaciones y la sequía que se dan con la tala de bosques. Su desaparición facilita el flujo de agua hacia los ríos elevando su nivel con el riesgo de inundación a poblaciones y campos agrícolas.  .

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, en contra parte, es de los que sufren los más elevados ritmos de deforestación. Ocupamos el quinto lugar, a nivel mundial, en esta condenable actividad con un promedio de 500 mil hectáreas de bosque y selvas perdidas cada año, de acuerdo a datos del Instituto de Geografía de la UNAM. Las principales causas de deforestación son el cambio de uso de suelo de bosques a potreros o campos de cultivo y la tala ilegal.

Otras de las causas atribuibles a la mano del hombre en el agravamiento de daños por fenómenos naturales, además de la explotación irracional de los recursos naturales, son la mala planificación de los asientos humanos, la falta de medidas de seguridad, planes de emergencia y sistemas de alerta, la mala calidad en las construcciones y algo que nos duele mucho pero que suele aparecer, tarde o temprano, la corrupción.

En esta tragedia, al parecer, hubo un poco de todo esto, y no faltan los señalamientos fundados o infundados, porque habría que decir que, frente al dolor de las víctimas afectadas por la fuerza de la naturaleza, hay quienes buscan obtener alguna ventaja política, económica o hasta de popularidad en la farándula.

Las cifras de la primera evaluación indican que 26 estados resultaron afectados. Hasta la semana pasada se registraban 147 personas fallecidas, 53 desaparecidas, casi 60 mil habían sido evacuadas de sus hogares. 18 de las 81 autopistas de cuota del país resultaron dañadas, 12 puentes colapsados, por mencionar sólo algunos de los efectos de estos meteoros. Se calcula que el costo de reconstrucción rebasará los recursos disponibles del Fondo de Desastres Naturales, que ascienden a 12 mil millones de pesos.

La reacción del Gobierno Federal para brindar ayuda a los afectados, con el Presidente de la República al frente, ha sido decidida y oportuna, aunque por las mismas razones de los destrozos, esto último no siempre ha sido posible. Y qué decir de la solidaridad mostrada por la sociedad civil en apoyo de sus compatriotas. Como en todos estos lamentables acontecimientos, las fuerzas armadas constituyen el eje para la instrumentación de las labores de rescate y distribución de abastecimientos hasta los lugares más alejados, y esta vez no ha sido la excepción.

Son momentos difíciles en los que cabría suponer que las diferencias políticas podrían hacerse a un lado para sumar esfuerzos y buscar que la unidad nacional permitiera hacer menos complicada la ayuda a nuestros hermanos, pero vemos que el egoísmo y el oportunismo de algunos personajes pesa más, y qué mejor oportunidad para lanzar culpas o aprovechar cámaras para elevar ratings, que la desgracia de otros.

Dos personajes habría que incluir en esta categoría por su destacado comportamiento, y no precisamente por espontáneo, desinteresado, solidario y anónimo. Por una parte, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, vuelve a la carga y antes que ofrecer ayuda, prefirió buscar culpables, señalando como causantes de esta desgracia al Presidente Enrique Peña Nieto, a Televisa y a Milenio. Creo que ahora sí, ya perdimos al ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal y eterno aspirante a la silla presidencial, pues aunque es su costumbre calumniar y difamar para las galerías, esta vez no se midió.

El otro cuestionable personaje es una conductora de un reality show de televisión en el que se medra con la desgracia y el dolor humanos, Laura Bozzo, quien arrancó su fama en la conducción de un programa de televisión en su tierra natal, Perú, haciendo apología del entonces presidente de su país, Alberto Fujimori y de su asesor Vladimiro Montesinos, ambos de no muy gratos recuerdos para el pueblo peruano. Pues ocurrió que la señora Bozzo viajó a una zona de Guerrero para montar un espectáculo para transmitirlo en su programa de televisión. Por supuesto que de ayuda efectiva y anonimato, ni hablar. Eso sí, mucho protagonismo y gran difusión de su persona.

Si de lucrar con la desgracia humana se trata, creo que este es el ejemplo que habría que usar para sancionar a quién lo promovió y a quien lo permitió.

Dos casos diferentes, o quizás no tanto, pues la intención es la misma: aumentar el rating o la popularidad, a costa del dolor humano.

Octubre 2 de 2013