Diez mil, veinte mil o más “maestros” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), decidieron desatar su furia, esta vez, en la capital del país, mediante plantones, marchas y bloqueos, para obstruir la culminación del proceso legislativo de la reforma educativa aprobada, en su fase constitucional, en diciembre del año pasado. Viejos lobos de mar, estos docentes dieron a los capitalinos una probadita de los métodos que acostumbran para imponer su voluntad y obtener diversas concesiones, que no son pocas ni menores, por cierto.

Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, principalmente, son las entidades en las que la CNTE ha sentado sus reales y, en donde, mediante “manifestaciones pacíficas”, como ellos las califican, han logrado prestaciones que nada tienen que ver con la elevación de la calidad de la educación que les correspondería brindar. Algo tendría que estar mal cuando es, precisamente, en esos estados en donde se registra el mayor atraso educativo.

La suspensión de clases por largos períodos en esas entidades, es la regla, por lo que los ciclos escolares se ven alterados y reducidos, ya como una tradición que a nadie sorprende. Los perjudicados son siempre los alumnos que tienen que adecuarse a los tiempos de sus maestros, cuyos dirigentes, están más preocupados por mantener a su sindicato como una fuerza política, que como una potencia educativa, y habría que decir, que en ese objetivo han resultado muy exitosos.

Pero qué es lo que le agobiaba tanto a esta minoría de docentes que se  arrogó la representatividad de un magisterio, cuya mayoría silenciosa, más de un millón doscientos mil mentores, con su abstención en los plantones parecería no compartir sus objeciones sobre esta reforma. Pues, la pérdida del control de la educación a su estilo.

La Ley del Servicio Profesional Docente, que es la regulación contra la que endurecieron su  rechazo, plantea cambios que alteran el estado de confort en que se desenvuelven estos maestros. Le quita el control de plazas al magisterio al establecer que éstas se otorgarán en base a concursos de oposición; se hace obligatoria la evaluación anual  de los docentes, con tres oportunidades de evaluación; se establece un programa de regularización; se reconoce la formación y logros de los maestros; los ascensos se otorgarán por méritos profesionales.

Hay algo que quizás les emás: los maestros comisionados para tareas sindicales tendrán que pedir licencia sin goce de sueldo. Esto es, ahora será el sindicato el que les pague a los comisionados y no el gobierno. En fin, cambios que contribuyen a la profesionalización del magisterio y contra los que difícilmente se podría estar en desacuerdo.

Pero como en nuestro país, a falta de razones válidas, alegar la amenaza de privatización, como argumento en contra de cualquier cambio, resulta política y socialmente muy rentable, pues hay que esgrimirlo, aunque nada muestre semejante intencionalidad. Y al grito de no a la privatización de la educación, los dirigentes de la Coordinadora ocultan la verdadera causa de su rechazo y que es la cancelación de prebendas y privilegios que no están dispuestos a sacrificar.

Y bueno, como es tiempo de reformas y cambios, los opositores políticos al gobierno, se montan en el derecho a la libre manifestación alertando a la población en contra de las privatizaciones que, según denuncian, sin mayor fundamento, pretende llevar a cabo la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. Un cómodo  alegato que les sirve tanto para la reforma educativa como para la energética, apelando, en este último caso, a nuestro histórico nacionalismo petrolero.

En este contexto, de manifestaciones y rechazos a todo lo que proponga el Ejecutivo Federal, en una lucha por el poder, en la que, lo que menos preocupa a los opositores a raja tabla, es lo que le convenga al país, el Presidente Peña Nieto presentó su primer informe de gobierno, por conducto de su Secretario de Gobernación, mediante la entrega del documento al Congreso. Herencia de los excesos a que se llegó para borrar todo vestigio de lo que se consideraba como el día del Presidente. Ahora ni presencia ni exposición del Ejecutivo ante el Congreso.

La historia del bloqueo al único encuentro formal, consagrado por nuestra Carta Magna, entre los poderes ejecutivo y legislativo, comenzó en 1988, con la interpelación que un senador pretendió hacer al titular del Ejecutivo durante la lectura de su informe ante el Congreso de la Unión. A partir de entonces, los reclamos para interpelar fueron subiendo de tono y frecuencia, hasta que, finalmente en 2006, se llegó al grado de impedir, físicamente, el acceso del primer mandatario al recinto legislativo, quien, en aquella ocasión,  tuvo que entregar su informe en el vestíbulo de la Cámara de Diputados, que es hasta donde lo dejó llegar un grupo de legisladores que, sin ningún respeto a su investidura, le bloqueó el paso.

La actitud beligerante y de oídos sordos a cualquier razonamiento de algunos representantes populares impuso su ley, aboliendo de facto el ordenamiento constitucional que obligaba al Presidente de la República acudir a la apertura de sesiones del Congreso para informar  sobre el “estado general que guarda la administración pública de la Nación.”

Para evitar enfrentamientos estériles y escenas poco edificantes, en 2008 se reformó el artículo 69 constitucional, con lo que se eliminó el requisito de la asistencia del Ejecutivo al Congreso, quedando la obligación de enviar por escrito su informe de gobierno, con lo que la ceremonia del primero de septiembre pasó, de ser el día del Presidente, de los tiempos del partido casi único, a la dictadura del legislativo, de los tiempos de la alternancia, en una mal entendida evolución democrática.

Septiembre 4 de 2013.