Miguel Tirado Rasso

Una elección con candados de seguridad

In Temas Centrales on 20 junio, 2012 at 12:46 pm

Como era de esperar, la contienda presidencial ha opacado por completo al resto de las campañas electorales que el próximo primero de julio también definirán la renovación de otros puestos de representación popular. Habrá que recordar que ese día se elegirán, además de al titular del Ejecutivo Federal, a  dos mil ciento veintiséis funcionarios, entre los que se cuentan 500 diputados federales, 128 senadores, seis gobernadores, el Jefe de Gobierno del D. F. y la renovación de 15 congresos locales en su totalidad.

Intensa jornada cívica para la que las autoridades electorales han organizado un ejército de un millón de ciudadanos que colaborarán en la operación del proceso, atendiendo las más de 143 mil casillas que serán instaladas en todo el territorio nacional. A éstas podrán acudir a votar 79.5 millones de mexicanos, cifra sin precedente que resulta de una lista nominal de electores depurada, revisada y aprobada por todos los partidos políticos.

Como el pasado nos condena, desde hace ya varios años se han hecho profundas reformas legales para hacer de nuestras elecciones procesos limpios, transparentes y confiables, sobre los que no haya duda del respeto a la voluntad de los electores. Muchas han sido las medidas adoptadas que, sin duda, han permitido mejoras en la pulcritud de nuestros comicios, con un importante avance en el fortalecimiento de nuestra vida democrática.

La separación del gobierno en la organización de las elecciones, la existencia de una autoridad electoral independiente y la participación de ciudadanos, han sido cambios fundamentales para garantizar la imparcialidad en los procesos. La credencial de elector con fotografía y las listas nominales, también con fotografía, son algunas de las medidas que se han incorporado para evitar la suplantación del votante y la duplicidad de votos.

Pero además, para el desarrollo de la jornada electoral, la autoridad lleva a cabo un proceso de selección de ciudadanos para fungir como funcionarios de casilla, en base a un sorteo con doble insaculación, en el que no cabe mano negra. Se trata de ciudadanos residentes en la sección electoral que reciben una capacitación para desempeñarse como presidentes, secretarios y escrutadores. Son personas a quienes los votantes pueden fácilmente identificar por pertenecer a su vecindario.

Para mayor tranquilidad de los candidatos participantes, la ley otorga el derecho a todos los partidos políticos registrados a nombrar sus propios representantes, para que sean sus ojos durante el desarrollo de la jornada electoral. Estos  podrán participar desde la instalación de las casillas, la revisión de las listas nominales foliadas, el conteo de las boletas electorales recibidas para cada elección, hasta el cierre de casillas.

Obviamente, son testigos y vigilantes de los procesos de escrutinio y cómputo de los votos, además de poder presentar los escritos de incidencias y protestas que consideren conforme a su derecho. La ley ordena que las actas de instalación, cierre de votación y final de escrutinio que se levanten al concluir la elección, sean firmadas por todos los funcionarios de casilla, así como por los representantes de los partidos, a quienes se les entregará una copia de cada  documento.

Por si todas estas medidas no fueran suficientes, la autoridad permite la presencia de observadores externos, como es el caso ahora de los jóvenes integrados en el movimiento #yo soy 132, quienes han solicitado al IFE su registro, en esa calidad. Aun más, para el caso en que la diferencia entre el candidato presuntamente triunfador y el ubicado en segundo lugar fuera igual o menor a un punto porcentual, se podrá llevar cabo un recuento de “voto por voto, casilla por casilla”, procedimiento que ya prevé la ley electoral vigente.

Son pues, muchos los candados que existen para garantizar comicios limpios, por lo que resulta difícil y muy remota la posibilidad de una maniobra para beneficiar o perjudicar a algún candidato en particular.

Podría afirmarse que casi existe consenso sobre la credibilidad y confiabilidad en el proceso electoral, por parte de candidatos y partidos. Si bien, ha sido necesario, en el caso del Partido de la Revolución Democrática, que dos de sus más distinguidos miembros, Cuauhtémoc Cárdenas y Marcelo Ebrard, hayan tenido que salir a declarar que no ven señales de fraude en esta elección y que los resultados deben ser respetados por todos los participantes.

Las afirmaciones de estos personajes no son gratuitas. Algo tenían que decir para contrarrestar los dichos reiterados de su candidato, Andrés Manuel López Obrador, sobre un supuesto fraude electoral que, según él, se estaría maquinando para boicotear su triunfo. “Los gobernadores han arrancado la operación maleta”, fue su última alusión al fraude, la semana pasada. Este tipo de declaraciones resultan irresponsables porque se lanzan sin ninguna base ni fundamento, con el único propósito de crear un ambiente de incertidumbre y desconfianza en torno al proceso, lo que facilitaría el estallido de un conflicto poselectoral, en caso de incurrir en un segundo fracaso electoral.

Pero algo le han de haber recomendado sus consejeros a este candidato para que de manera repentina cambiara su discurso radicalmente y, ahora reconociera que todo marcha correctamente, que no existe amenaza de fraude y que aceptará los resultados de la elección. Eso sí, sin aclarar si los respetará aun y cuando estos no le sean favorables.

Confiemos en la responsabilidad y civismo de todos los candidatos y, como lo han propuesto el Consejo Coordinador Empresarial y el IFE, suscriban un Acuerdo Nacional de Civilidad por el que se comprometan a reconocer los resultados electorales. Y aunque este acuerdo resulta redundante, toda vez que la obligación de respetar los resultados está contemplada ya por nuestras leyes, parece conveniente promoverlo ante la errática actitud del candidato del Movimiento Progresista.

Espectáculos como los de hace seis años, no los queremos volver a vivir, por el bien de la estabilidad del país, la tranquilidad de la población y el respeto a nuestras instituciones.

Junio 20 de 2012

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