Estamos ya en los últimos días de la “intercampaña”,  ese fase sui generis del proceso electoral que, conforme a lo ordenado por el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (COFIPE), suponía la suspensión de todo acto proselitista de campaña por parte de los candidatos a la Presidencia de la República, justo cuando tres de los contendientes definidos, el cuarto se incorporaría un poco después, se encontraban en plenos ejercicios de calentamiento, lo que representaba un alto riesgo de enfriamiento, particularmente para quienes aparecían menos favorecidos en las encuestas.

Ante esta circunstancia, y buscando sacar el mayor provecho al tiempo disponible, los aspirantes presidenciales buscaron la manera de mantener su presencia mediática, procurando no incurrir en actos violatorios de la ley, algo que no fue lo esencial para todos. La realidad es que los cuarenta y cinco días de veda han transcurrido rápido, y no se usted, estimado radio escucha, pero yo no he percibido la tan invocada abstinencia, pues un día sí y otro también, los candidatos se las han ingeniado para ser noticia y aparecer en radio, televisión y prensa escrita todos los días.

Y es que en algunos casos como en la protesta de los candidatos ante los partidos que los postulan y en el de su registro como tales ante la autoridad electoral, resultaban una gran tentación para subirles el tono y llevarlos, de eventos protocolarios de simple trámite, hasta convertirlos en grandes sucesos de alto impacto, con todo y el riesgo de incurrir en actos anticipados de campaña y ser objeto de sanciones.

Como lo hemos comentado con anterioridad, una ley tan detallista como es la electoral hace más complicada su observancia, así que a la autoridad no le ha quedado más remedio que ser flexible en la interpretación de la norma, en bien del desarrollo del proceso, aunque a veces, pareciera que las violaciones son evidentes. Si la autoridad se apegara estrictamente a la letra de la ley, para estas fechas no tendríamos candidatos presidenciales, pues unos más que otros han incurrido en actos que no pueden negar su intención abiertamente proselitista, y por lo mismo, acciones prohibidas para este período de intercampaña, cuya sanción es la cancelación del registro del candidato.

Dos han sido los actos anticipados de campaña más evidentes, ante los que la autoridad ha tenido que hacerse de la vista gorda. Uno fue el cometido por la aspirante panista, Josefina Vázquez Mota, con motivo de su protesta como candidata formal ante la dirigencia de su partido, realizado en el estadio Azul de la ciudad de los deportes, en esta capital. La forma y el fondo del acto, esto es el escenario y su discurso constituyeron un típico acto anticipado de campaña, que difícilmente podría negarse.

El otro caso tendrá que quedar registrado en el anecdotario de nuestra historia político-electoral, pues tuvo lugar precisamente en las instalaciones de la autoridad, esto es, ¡en la sede del Instituto Federal Electoral (IFE)! hace sólo unos días.

La semana pasada el candidato de la Coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, asistió a las instalaciones del IFE para solicitar su registro como candidato presidencial. Una vez concluida la ceremonia protocolaria, el candidato de las izquierdas habría salido a la explanada del Instituto, previamente acondicionado por el PRD, para exponer, ante los invitados de los tres partidos que lo postulan, los principales puntos de su plan de gobierno.

La autoridad electoral había sido muy precisa al señalar dos casos como típicos actos anticipados de campaña y, consecuentemente, violatorios de la ley durante la etapa de veda proselitista: uno, solicitar el voto de la ciudadanía, y dos, exponer la plataforma electoral, ambos en eventos públicos. Y, justo esto último fue lo que hizo el candidato de la coalición de izquierdas: dar a conocer públicamente su plataforma política, justo frente a la autoridad.

En este caso, el representante del Partido Acción Nacional ante el IFE interpuso una queja en contra del candidato López Obrador y la Coalición Movimiento Progresista, acusándolos de haber incurrido en actos anticipados de campaña, consistentes en la presentación pública de su plataforma política. La denuncia, sin embargo, podemos augurar que no tendrá éxito, porque a estas alturas la autoridad no quisiera victimizar a ningún candidato, y mucho menos al de las izquierdas, dados los antecedentes del proceso electoral de hace seis años. Eso sí, la queja, representa un verdadero dolor de cabeza para la autoridad, pues según las evidencias, la violación es clara y hasta provocadora, podríamos afirmar. Será interesante conocer los argumentos que aduzca la autoridad para justificar estos actos y librar al candidato de una sanción fatal.

Por lo pronto, este próximo fin de semana concluye la intercampaña, con lo que se dará paso a la etapa de las campañas electorales, la que nos permitirá conocer mejor a los candidatos presidenciales. Suponemos que entonces las encuestas mejorarán su proyección, al recoger la opinión de una ciudadanía más informada y con mayores elementos para expresar sus preferencias.