A estas alturas queda claro que la ausencia del Presidente de la República en la apertura de sesiones del Congreso para informar, tal y como lo ordena el Art. 69 de nuestra Constitución, sobre el “estado general que guarde la administración pública del país”, no ha resultado ser lo mejor para la evolución de nuestro sistema político, y menos para una democracia en vías de perfeccionamiento.

 Se entienden las críticas enderezadas en contra de lo que se llegó a calificar como el “día del Presidente”. Acto que iba mucho más allá de la mera obligación del Jefe del Ejecutivo de informar sobre su gestión de gobierno para convertirse en una ceremonia de lucimiento personal y pretexto para que la clase política del país le rindiera homenaje al “Señor Presidente”. (Habría que recordar el besamanos después del informe) Y es que la verticalidad democrática que se daba dentro del sistema político de partido único, o casi, lo permitía. Los partidos de oposición tenían poca representatividad, o al menos eso parecía, y su capacidad de maniobra era muy limitada. Pero como siempre, se cayó en excesos.

Esta ceremonia, concebida para un sistema, con oposición a veces cómoda y complaciente, se hizo inadecuada e improcedente a partir de que las fuerzas políticas se equilibraron. El respeto y la solemnidad con la que se escuchaba la lectura de numerosas cuartillas plagadas de cifras y logros, y que sólo se veía alterada por los aplausos que, a manera de reconocimiento, le tributaban al orador los asistentes al informe, se fue perdiendo, y las interrupciones correspondieron, entonces, a las voces que reclamaban el derecho a la interpelación.

Fue en tiempos del Presidente Miguel de la Madrid, cuando este reclamo interrumpió, por primera vez, la lectura de un informe, dando paso a lo que habría de convertirse en una eficaz estrategia de los partidos de oposición para hacer sentir su presencia y expresar su rechazo e inconformidad con un formato que no permitía el diálogo entre los dos poderes. Era también una exigencia para lograr exponer su posicionamiento a nivel nacional, aprovechando la gran cobertura informativa que se le daba al informe presidencial.

Las interrupciones fueron cada vez más frecuentes y más subidas de tono, hasta que el legislativo consideró innecesaria la asistencia del Primer Mandatario a la apertura de sesiones del Congreso, apegándose a la letra de lo establecido en la Carta Magna que impone al Presidente la obligación de presentar un informe por escrito, pero no de darle lectura, además de eliminar la obligación de su asistencia.

Así, ante la actitud intransigente de ciertos grupos parlamentarios, y para evitar agravios a la investidura del cargo, ya ni siquiera es el Presidente quien entrega el documento, sino que es el Secretario de Gobernación quien, en su nombre, lo hace. En el colmo, durante esta administración, el Presidente de la República sólo pudo acudir al Congreso para entregar su informe, el primer año de gobierno. A partir de entonces, y en base a las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión que modificaron el formato del informe presidencial, el acto protocolario con el que da inicio el período ordinario de sesiones del Congreso, se lleva a cabo sin la asistencia del Jefe del Ejecutivo.

De esta manera, y en el afán de acabar con aquella ceremonia de lucimiento del primer mandatario, se dio al traste con un acto protocolario cuyo antecedente data de las Cortes de Cádiz de 1812, que establecían la obligación al monarca de asistir a la apertura y clausura de las Cortes, además de disponer que pronunciara un discurso con propuestas que considerara necesarias, y que debería ser respondido por el presidente de las Cortes.

Este mandato, que habría de permanecer en el texto de las distintas constituciones que rigieron nuestro país (las de 1814, 1824, 1857 y 1917), y que sobreviviría a diferentes gobiernos, en tiempos de gran inestabilidad y múltiples guerras intestinas, a lo largo de casi dos siglos, no pudo superar la prueba de la transición democrática. Bastó un legislativo revanchista, una oposición intransigente y un ejecutivo ofendido para que una reforma constitucional lo eliminara, y con ello, se perdiera el acto republicano que reunía a los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, de manera formal.

Habrá que esperar una profunda reflexión de políticos y analistas sobre el tema, y reconsiderar esta reforma que le ha cerrado las puertas del Congreso al Presidente de este país. Porque con independencia del activismo belicoso de algunos legisladores y de su ánimo protagónico, el diálogo entre poderes debe permanecer abierto para el mejor ejercicio de gobierno. Y no se trata de que el legislativo no pueda cuestionar al Jefe del Ejecutivo, pero tampoco se debe caer en los excesos que llegan hasta las faltas de respeto a la investidura presidencial.

Se critica ahora al Presidente por realizar, en otra fecha, un acto a modo para dar un mensaje a la Nación. Pues, entonces, habría que analizar un formato que recupere de la mejor manera, y de acuerdo a la circunstancia política que vive el país, la obligación del Ejecutivo de  informar ante quien lo debe hacer, y que es precisamente el Congreso, por ser el poder de representación popular. Eso sí, bajo un clima de civilidad y respeto.