A medida que avanzan las investigaciones que llevan a cabo los legisladores del Congreso de los Estados Unidos, sobre el polémico y perverso programa Rápido y Furioso, surgen novedades que dejan muy mal paradas a las autoridades de ese país, en lo que a sus técnicas para el combate al narcotráfico se refiere.

Recordemos que esta operación se llevó a cabo, según la versión oficial, en la clandestinidad, sin que tuvieran conocimiento las más altas autoridades de justicia y seguridad norteamericanas. La responsabilidad total, hasta este momento, recae en los directivos de la Oficina de Control de Alcoholes, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), quienes habrían concebido esta operación con ambiciosos y nobles objetivos tales como capturar a los organizadores de la compra de armas que actúan a nombre de los cárteles, desmantelar una red traficante, procurar el desmantelamiento de un cártel entero y, quizás, hasta lograr la captura de algunos capos.

Los fines perseguidos en este operativo, resultarían incuestionables si no fuera por el método considerado para lograrlos. Y es que a quien haya sido el estratega de este programa, se le hizo fácil suponer que introduciendo armas a nuestro país de manera subrepticia, adquiridas con el patrocinio de la propia ATF, utilizando compradores de paja, incluidos, entre ellos, al menos dos criminales convictos, podrían ubicar e identificar a los usuarios finales, esto es, a los miembros de los diferentes cárteles de la droga.

Pero resulta que la operación falló, pues alrededor del 80 por ciento de las armas adquiridas bajo este programa, se extravió en el camino. Resultó, entonces, que el rastreo planeado fue un fracaso y consecuentemente, ni uno de los objetivos contemplados pudo siquiera estar cerca de lograrse. Según informes de la Oficina responsable del operativo, al menos mil 430 armas de las más de 2000, no se han recuperado, si es que las cifras que se proporcionan son correctas, ya que no ha quedado bien claro cuantas armas fueron adquiridas para este propósito.

Y si bien, el operativo cayó en absoluto descontrol, las armas si llegaron a su destino, y fueron utilizadas en enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad del gobierno, causando algunas bajas, entre las que se contaron dos agentes norteamericanos, que fue, finalmente, lo que detonó el escándalo de este programa, supuestamente secreto, y dio paso a la investigación iniciada por autoridades y congresistas norteamericanos.

Entre las novedades que ha permitido hacer públicas esta investigación, está la existencia de otros dos programas similares a la “Operación Rápida y Furioso”, uno con origen en Tampa,  Florida, y otro operado desde Houston, Texas.  El primero, denominado “Operación Castaway”, descubierto en septiembre pasado por el fiscal del Distrito de ese estado, A. Brian Albritton, contempló la internación de mil armas hacia Centro, Sudamérica y Puerto Rico, aunque se afirma que también habrían llegado a México. El de Houston, sumaría 2 mil armas, éstas con destino directo a nuestro país, según lo declarado por los informantes de la ATF al Congreso estadounidense.

El escándalo originado por el descubrimiento de operativos ejecutados por autoridades norteamericanas que promueven la venta deliberada de armas de fuego a organizaciones criminales, entre ellos al cártel de Sinaloa, ha tenido diversos efectos.

Por una parte, la administración del Presidente Barack Obama dispuso medidas para restringir y controlar la venta de armas en los estados de Arizona, California, Nuevo México y Texas. En base a estas disposiciones, las cerca de 9 mil armerías que se calcula existen en la frontera con nuestro país, deberán reportar las ventas de dos o más rifles de asalto ocurridas en menos de cinco días a una misma persona. Esta disposición se supone que tendrá un impacto real en la disminución del tráfico ilegal de armas hacia México.  .

Pero la respuesta de la poderosa Asociación Nacional del Rifle de aquel país no se ha hecho esperar, y ha acusado al Gobierno Federal de extralimitarse y carecer de autoridad para dictar esas medidas, que “limitarán injustamente a vendedores (de armas) respetuosos de la ley en los estados fronterizos”, por lo que llevarán el caso hasta la Corte.

Por otro lado, las investigaciones del Congreso norteamericano presionan para descubrir quiénes y qué tanto sabían de estos programas las autoridades de ese país. En juego está la posible responsabilidad por la muerte de dos de sus agentes abatidos con armas adquiridas al amparo del operativo Rápido y Furioso, lo que se presenta como una oportunidad para golpear políticamente a la administración del Presidente Obama, quien prepara ya su campaña para la reelección.

En el deslinde responsabilidades de parte de autoridades del vecino país, y con el ánimo de disminuir culpas, la propia embajada americana afirmaría que México había sido informado del operativo, lo que de inmediato fue desmentido por nuestro gobierno.

Y mientras dimes y diretes continúan distrayendo la atención en aspectos menores, el verdadero fondo del problema, el mercado de armas en la frontera y su tráfico ilegal a nuestro país, sigue viento en popa, y los criminales aprovechando ofertas y facilidades.

Se calcula que más del 80 por ciento del armamento ilegal en México proviene de nuestro vecino del norte. En los últimos cuatro años, el gobierno del Presidente Felipe Calderón ha confiscado más de 100 mil armas a los delincuentes. Sobran comentarios.