Nada como los tiempos electorales para  conocer la realidad de nuestros partidos políticos, sus fortalezas y debilidades. Las elecciones son prueba de fuego para quienes con dificultad cumplen los mínimos que establece la ley como requisitos para poder sobrevivir en el escenario político nacional y luchar, con registro, por posiciones y posesiones, que al fin y al cabo no son pocos los ejemplos que hemos visto en los que el interés económico ha resultado ser más importante que el de su participación política.

Y es que nuestra legislación electoral es generosa en prerrogativas para los partidos políticos. Todo con tal de evitar que estas instituciones caigan en la tentación de acudir a recursos de dudosa procedencia para cubrir sus gastos de operación y de campañas.

Nuestro sistema político aboga por el pluripartidismo, bajo la premisa de que un mayor número de partidos participantes asegura una más amplia y mejor representación de los diversos sectores que conforman nuestra sociedad, lo que fortalece nuestro sistema democrático. Con esta intención se ha reformado la legislación electoral, en varias ocasiones, adecuando los porcentajes de votación mínima que deben alcanzar los partidos políticos en los procesos electorales para obtener o conservar su registro.

Como suele suceder en temas por demás polémicos, como éste, las adecuaciones nunca logran dejar satisfechos a quienes están a favor  ni a quienes están en contra  de un pluripartidismo sin restricciones. Para unos, los porcentajes de votación exigidos son muy altos, mientras que para otros debieran elevarse más. Lo que queda claro es que al amparo de la ley ha habido excesos y abusos que han tenido un alto costo con cargo al dinero de los contribuyentes.

Al final de cuentas son tres los partidos en verdadera disputa por el poder, los restantes, se acomodan y buscan sumarse en alianzas que les faciliten una competencia sin demasiados sobresaltos, además de fungir, en estos tiempos de fuerzas políticas más equilibradas, como fieles de balanza. Su aportación en votos a la causa de su aliado, aunque sea menor, puede significar la diferencia para el triunfo.

Ya se ha visto que la fórmula aliancista, sumada a otros factores, puede resultar una estrategia eficaz en la reducción de ventajas electorales. Y cuando la alianza se da entre dos de los partidos más grandes, la posibilidad de triunfo es mayor.

Los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática han ensayado alianzas con resultados exitosos. Sobre ese camino parecía que estos partidos habían encontrado la fórmula para derrotar al PRI en las elecciones de este año; sin embargo, las múltiples diferencias que los distinguen, han acabado con los sueños de colaboración electoral entre ambos partidos, o al menos por el momento.

Porque los intentos por ir juntos en las elecciones para gobernador en los estados de Nayarit,  Coahuila y Estado de México, fracasaron. Y mire que ganas de ir en coalición no faltaron. Se trata de tres entidades gobernadas por el PRI, en las que el PAN y el PRD separados tienen menos oportunidad de ganar. En los casos del Estado de México y de Coahuila, las encuestas apuntan como favoritos a los candidatos del tricolor, con diferencias muy considerables a sólo un mes para la fecha de la elección.

En el caso de Nayarit, la diferencia quizás no sea tan grande, pero la ruptura del acuerdo de coalición significa una fractura que puede dividir la votación, en beneficio del candidato del revolucionario  institucional.

Y qué decir de la elección para gobernador de Michoacán, programada para el 13 de noviembre próximo, en donde un pequeño grupo de empresarios locales se reunieron con los dirigentes del PRI, PAN y PRD para proponerles la posibilidad de una candidatura común. En el colmo de algo que difícilmente podría considerársele como una coalición, los empresarios argumentaron que sólo la figura de un candidato común permitiría crear un plan de gobierno que brinde paz, tranquilidad y desarrollo para el estado, aclarando que esta idea no derivaba sólo de la violencia que padece la entidad, sino de otros problemas como son el desempleo, la falta de inversión, la pobreza y la falta de educación.

Pero más pronto que tarde, los propios dirigentes de los partidos convocados, al menos en el caso del PRI y del PRD, se deslindaron diplomáticamente de un posible compromiso, expresando sus dudas sobre la viabilidad de un proyecto como el propuesto, en consideración, señalarían, a las grandes dificultades que entraña la postulación de una candidatura común.

Tampoco fue bien recibida por algunos legisladores y aspirantes a gobernar el estado, quienes manifestaron abiertamente su rechazo a semejante propuesta. Por su parte, el organismo cúpula de los empresarios en Michoacán, el Consejo Coordinador Empresarial, a través de su presidente, expresaría su malestar con un proyecto para el que no fueron consultadas las instituciones que formalmente representan a ese sector en la entidad.

La audaz propuesta no tuvo buena recepción, y sólo el dirigente de Acción Nacional le dejó la puerta abierta. Con semejantes reacciones, es de suponer que esta idea quede sólo en una tentativa frustrada, por el bien de nuestra democracia.