Ante la proximidad del inicio formal del proceso electoral federal de 2012, se aprecian movimientos estratégicos en algunos partidos políticos. En particular, dos organizaciones han ventilado públicamente propuestas de cambios hacia su interior, lo que no ha dejado de causar inquietud entre las filas de sus militantes.

El Partido Nueva Alianza (PANAL), organización política de la maestra Elba Esther Gordillo, aunque ella lo niegue sistemáticamente, inició los preparativos para la renovación de su dirigencia y la expedición de nuevos estatutos. Con este propósito, en días pasados se llevó a cabo la Convención Nacional para la designación de los 300 delegados que habrán de elegir al sucesor de su actual presidente, el diputado federal, Jorge Kahwagi, quien, por cierto, vive horas extras como dirigente, toda vez que el período para el que fue elegido venció en 2010.

Nueva Alianza, se dice que fue fundado a propuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Obtuvo su registro como Asociación Ciudadana del Magisterio, en 2002, cuando este sindicato, el más numeroso de América Latina, se separó de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), federación a la que pertenecía, asestándole a esta organización, e indirectamente a su partido, el PRI, un severo golpe político.

Otro revés, ese sí directamente al PRI, se lo propinaría con la obtención de su registro como partido político, en 2005,  justo con la oportunidad suficiente para poder participar en las elecciones presidenciales de 2006. Y es que cuando se fundó el PANAL, en enero de 2005, la dirigente del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo, fungía precisamente, como secretaria general del CEN del PRI, y como se veía un poco mal que ella misma promoviera la creación de otro partido, siempre se dijo que el promotor había sido el SNTE.

Con buena visión del futuro, la líder del magisterio, preparó entonces, cuidadosamente su salida del tricolor, afianzando su poder político a través de un nuevo partido que ofrecía una infraestructura, a nivel nacional, basada en el sindicato de maestros. Y vaya que le funcionó, pues como resultado de su alianza con el Partido Acción Nacional, su partido se colocaría en 2006 como la cuarta fuerza política del país.

Las cosas han cambiado radicalmente ahora. La maestra Gordillo ha limado asperezas con el revolucionario institucional, y ya se ven con buenos ojos, al menos en algunos casos, sobre todo en el que cuenta, el de la candidatura mayor, en donde se aprecian buenas vibraciones, por lo que no debería sorprender que Nueva Alianza apareciera apoyando al candidato del tricolor a la presidencia en 2012, a pesar de una declaración reciente de uno de sus dirigentes en el sentido de que postularán candidato propio para esos comicios.

El otro partido que se alista para estar presente en la elección federal de 2012 es Convergencia por la Democracia. La dirigencia de esta organización ha anunciado su intención de cambiar su nombre por el de “Movimiento Ciudadano”, modificar sus documentos básicos, su logotipo y el lema del partido, así como remover a sus dirigentes estatales. Esta refundación de Convergencia no ha sido tan bien recibida como, quizás, sus líderes esperaban. De inmediato, se formó un movimiento denominado “Defendamos Convergencia” para rechazar la propuesta.

No hay duda de que lo que se proponen los líderes históricos de este partido, es brindarle una plataforma a la causa política de Andrés Manuel López Obrador, quien también calienta motores preparando una infraestructura que le permita resolver el respaldo de su candidatura a la presidencia del país. Es el plan “B”, en caso de que no logre que el PRD apoye su postulación, porque eso de que la definición del candidato presidencial de ese partido esté sujeta al resultado de encuestas, consultas y debates con Marcelo Ebrard, nomás no le convence.

Y para que no haya duda de la identidad que se busca con el ex Jefe de Gobierno del D. F., a través de estos cambios, bastaría con señalar que el nuevo lema que se pretende adoptar es “Por el bien de todos, salvemos a México”. Y si esta frase le resulta familiar, es porque es la misma que utilizó López Obrador en la última gira que realizó por todo el país.

Suponemos que quienes rechazan la idea de este cambio no tendrán mucho éxito, y que el senador Dante Delgado y sus seguidores se saldrán con la suya. Hay algo en lo que el senador Delgado tiene razón: su partido corre riesgos de perder el registro en la elección de 2012. Sus números en la votación federal de 2009, apenas le alcanzaron para pasar de panzazo el mínimo del porcentaje exigido por la ley. Así que sumarse a Andrés Manuel, pudiera no resultar una mala inversión, aunque eso sí, se estarían definiendo anticipadamente por un candidato, ignorando el acuerdo de unidad hacia el 2012 que pretendía ilusoriamente amarrar nuestra izquierda mexicana.

No es posible ya abstraerse del futurismo que envuelve el ambiente político de nuestro país. Todo o casi, tiene que ver con la elección federal de 2012, al fin de cuentas estamos a sólo cuatro meses de que, conforme lo establece la ley de la materia, dé inicio formalmente este proceso. En efecto, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) señala la primera semana del mes de octubre para que el Consejo General de la autoridad electoral (IFE) celebre su primera sesión, con lo que arrancará la fase de preparación de los comicios presidenciales del año entrante.

El nerviosismo y la inquietud de nuestros políticos, entonces, no deben llamar mucho la atención, pues si bien, como cualquiera tienen todo el derecho de aspirar a la candidatura del máximo cargo en la jerarquía política, existen limitaciones legales que les impiden actuar con soltura y plena libertad, so pena de incurrir en violaciones graves cuya máxima sanción sería la negación de su registro como precandidatos.

Y es que el COFIPE señala muy claramente fechas y plazos, para las actividades que corresponden a las diferentes etapas del proceso electoral; así como prohibiciones y sanciones muy severas para quienes violen sus disposiciones, con la intención de preservar el principio de equidad para todos los actores participantes en estos procesos. Lo anterior nos llevaría a suponer que contamos con un marco legal ideal para la celebración de elecciones, pero sucede que nuestros congresistas, con ánimo de alcanzar una legislación previsora de cualquier contingencia, se excedieron en los detalles al grado de hacer casi imposible su cumplimiento.

Un ejemplo para ilustrar el comentario. La ley establece que las precampañas deberán iniciar en la tercera semana de diciembre del año anterior al de la elección en que se renueve el titular del Poder Ejecutivo federal, precisando que no podrán durar más de sesenta días. Además prohíbe a los precandidatos realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, a través de cualquier medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas. Y para rematar, les impide la contratación de propaganda o cualquier forma de promoción personal en radio y televisión. La sanción para cualquiera de estas infracciones es la misma: negar el registro como precandidato al infractor.

Creo que no hay duda de que estos preceptos no han sido los más respetados por todos los que abiertamente han manifestado su intención de contender por la candidatura presidencial. ¿Alguien duda que Andrés Manuel López Obrador ande en precampaña desde el inicio de este sexenio? O es que sus recorridos por todo el territorio nacional no tienen carácter proselitista ni buscan su promoción personal.

Para estas fechas, habría que ver quien no está incurriendo en la misma violación que López Obrador, atendiendo a lo dispuesto sobre los plazos para las precampañas, pues de acuerdo a una interpretación literal de la ley, los actos que actualmente realizan quienes expresamente han afirmado aspirar a una precandidatura presidencial, la estarían infringiendo. Cómo separar de su quehacer cotidiano, la intencionalidad proselitista.

Y es que al parecer, la ley se elaboró sin tomar muy en cuenta la realidad política, que al final de cuentas, es la que inevitablemente se impone. Qué hacer ante la imposibilidad de su aplicación literal, que nos llevaría a negarle el registro a todos los aspirantes; pues buscar cómo se puede ajustar el ordenamiento a la realidad que se vive. Una rendija que ampare el activismo político de todos, sin cuestionamientos, y sin que evidencie infracciones a la ley.

Se dice, entonces, que la actividad que llevan a cabo quienes aspiran a una candidatura, aún no elevados a la categoría de candidato oficial, es asunto que pertenece a su esfera personal y privada y, por lo mismo, no queda bajo la jurisdicción de la autoridad electoral. Así que bajo esta interpretación, que en lo personal me parece un tanto retorcida si nos atenemos a la letra de la ley, queda vacunado el activismo político-electoral de todos los aspirantes.

Pero existen otras disposiciones que merecerían también ser revisadas, si bien, los tiempos electorales ya no lo permiten. Son las que prohíben, a toda persona física o moral, la contratación, en radio y televisión, de propaganda que influya en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de un partido político o candidato a un puesto de elección popular. Así como la que ordena al Consejo General del IFE a reunirse con los concesionarios de radio y televisión para “sugerirles” lineamientos aplicables a los noticieros, respecto de la información y difusión de actividades de precampañas y campañas de los partidos políticos.

Estas disposiciones plantean serios problemas para su cumplimiento sin que al mismo tiempo no se violen otros derechos como el de la libertad de expresión y el derecho a la información, pero con esto se pretende que nuestros procesos electorales tengan un desarrollo ejemplar, terso y sin accidentes. Un ideal deseable, pero poco probable en la práctica, por lo que se tiene que acudir a ficciones legales para ajustar la ley a modo.

Tiempos políticos y de política. Faltan sólo 18 días para las elecciones para gobernador en los estados de México, Coahuila y Nayarit, así como para la de alcaldes, en el de Hidalgo. Penúltima fecha de comicios de nuestro calendario político sexenal, porque con el proceso electoral de Michoacán, en noviembre próximo, se cierra el ciclo de renovación de ejecutivos estatales, previo a la madre de todas las elecciones, que tendrá lugar el primero de julio de 2012.

A estas alturas del sexenio, no sorprende que el ambiente político esté más motivado por las inquietudes futuristas, que por las circunstancias del momento.  Al fin de cuentas, no parece existir ya vacuna alguna que pueda prevenir contra la fiebre de la sucesión presidencial.

Partidos y aspirantes parecen conducirse por cuerda separada, porque si bien, los primeros están más obligados a cuidar tiempos y formas para no incurrir en violaciones a la ley, los segundos, sin desatender del todo las formas, son más relajados en cuanto a los tiempos, y de una u otra manera se las ingenian para hacer llegar el mensaje de su intención política, bajo el manto protector del desempeño de su encargo público. Los que no lo tienen, se manejan con mayor libertad, con la sola limitación de no poder expresar ciertas palabras clave.

Y es que con el ánimo de prevenir los problemas que se vivieron en la elección federal de 2006, se reformó la legislación electoral; reformas que en algunos casos resultaron restrictivas en exceso. Se trataba de establecer bases equitativas para la participación electoral, afirmaba la intención legislativa. Pero si bien, el propósito era bueno, en la práctica el resultado no lo fue tanto. Y los riesgos de incurrir en violaciones se elevaron. Así que, las sanciones flotan ahora de manera permanente sobre todos los actores que algo tienen que ver con los procesos electorales.

Sólo la semana pasada, el Instituto Federal Electoral repartió multas a diestra y siniestra. Sancionó a dos partidos políticos, el del Trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       y Convergencia, por haber contratado la difusión de spots para promover al Movimiento de Regeneración Nacional, que respalda a Andrés Manuel López Obrador, al considerar que dicha promoción estaba dirigida a influir en la voluntad del electorado.

Pero también impuso sanciones a otro partido, esta vez al PRI, y a dos medios de comunicación, una revista y una televisora, por la difusión inoportuna de una entrevista a su ahora dirigente, además de suspender la difusión, en medios electrónicos, de unos mensajes sobre logros del gobierno federal, en Coahuila, Hidalgo, Nayarit y estado de México, entidades en donde, como lo hemos mencionado, habrán de celebrarse elecciones.

Celosa vigilante de la ley, la autoridad electoral blande las sanciones como espada de Damocles, motivada por la necesidad de que las condiciones de participación electoral sean iguales para todos.

En fin, que los ánimos caldeados de ahora con motivo de las campañas para las elecciones de gobernador en las tres entidades mencionadas, son anticipo ya de lo que habremos de vivir para la elección presidencial. Al menos eso dicen quienes ven al proceso electoral del estado de México, como laboratorio de lo que será el proceso federal de 2012. Y es que esa entidad cuenta con el padrón electoral más numeroso del país, lo que le da al voto mexiquense un considerable peso a la hora de contar sufragios.

Usted dirá si no cuenta, además de lo anterior, el hecho de que en la vecina entidad mexiquense gobierne quien, para los anales de la historia política del país, se ha mantenido, prácticamente desde principios del sexenio, como el mejor posicionado en las encuestas para la candidatura presidencial, con un margen de diferencia notable sobre cualquier otro contendiente.

Envidia de todos los que pretenden la silla presidencial, el gobernador Enrique Peña Nieto parece estar blindado contra cualquier ataque. Y si hacemos caso a lo que dicen las encuestas que se publican, podríamos suponer que en el proceso electoral de su estado, tendrá un final feliz, lo que sin duda contribuirá a fortalecer su posición como el más sólido participante en la carrera presidencial.

Por lo que toca a los otros aspirantes, en el PRD está claro que la definición de su candidato está entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Lo que no se sabe, es si antes no habrá el choque de trenes que muchos han pronosticado. Y en el caso del PAN, muchos son los que se apuntan, aunque parece que ya existe un favorito.

Lo cierto es que los tiempos avanzan a gran velocidad y, si bien, la ley marca las etapas del proceso que habrá de iniciar hasta el próximo mes de octubre, la realidad impone otros tiempos que no se pueden ignorar.

Después de dos años de litigio, la semana pasada fue extraditado a nuestro país el líder de la Iglesia Cristiana Restaurada y presidente de Casitas del Sur, Antonio Domingo Paniagua Escandón, presunto responsable de la desaparición de 11 menores de sus albergues infantiles. Este sujeto, a quien también se le conoce con el sobrenombre de Kelú, huyó a España en 2009 para evadir una orden de aprehensión acusado de los delitos de delincuencia organizada y tráfico de menores, siendo capturado en mayo del año pasado por la Interpol.

Su detención revive el escándalo originado por la desaparición de menores que vivían bajo custodia en casas hogar, y que detonara en diciembre de 2008, cuando los familiares de la niña Ilse Michel Curiel no pudieron recuperarla, a pesar de contar con una orden judicial, en virtud de que la niña no se encontraba ya en el albergue Casitas del Sur.

Este hecho dio paso a una investigación que llevó a descubrir, en 2009, 23 casos más de menores desaparecidos en diferentes albergues administrados por la Iglesia Cristiana Restaurada, entre los que se encontraba Casitas del Sur.

Ante estos hechos las autoridades capitalinas habrían asegurado dos sedes de estos albergues infantiles en donde se rescataron a 126 niños para trasladarlos a las instalaciones del DIF, además de haber detenido, en aquella ocasión, a siete personas. De acuerdo a los exámenes practicados, los menores rescatados presentaban severas alteraciones emocionales y comportamientos irregulares.

De los 24 menores desaparecidos, 4 correspondían al albergue CAIFAC en Monterrey, 13 a La Casita en Cancún y 7 a Casitas del Sur en el D.F. Tras dos años de investigaciones, a la fecha, todavía no se han podido localizar a 14 niños.

Las investigaciones realizadas llevan a suponer que los menores desaparecidos fueron entregados ilegalmente a terceras personas, no hay otra explicación. Y a pesar de que nadie cuestiona la existencia de los menores que no aparecen, y que los responsables del cuidado de los albergues no tienen respuestas para justificar su desaparición, miembros de la Iglesia Cristiana Restaurada alegan la inocencia de su líder exigiendo su excarcelación.

El mismo Paniagua Escandón afirma, en una carta dada conocer a través de su congregación religiosa, que se trata de patrañas y acusaciones falsas inventadas por el gobierno en su contra, y tratarse de un caso político.

Lo cierto es que esta asociación religiosa opera desde hace 20 años una red de albergues infantiles en diversas entidades del país, y según decir de organizaciones civiles su forma de operar es enganchar a las familias, aprovechándose de la pobreza y los problemas emocionales con la promesa de darles a sus hijos una vida mejor.

El financiamiento para la operación de sus albergues es un misterio, pues esta Iglesia sostiene casas hogar en varias entidades del país, así como en el extranjero, lo que supone contar con mayores recursos que los simples donativos de los padres de los niños albergados y los apoyos gubernamentales, que dice obtener para su sostenimiento.

El tráfico de menores es un delito con muchas aristas. Hay escasa información estadística que permita tener un conocimiento a detalle, aunque se sabe de la gravedad del problema a nivel mundial. Se enmascara a través de actividades que suponen nobles propósitos como es el caso de Casitas del Sur. Los obstáculos para investigar las denuncias son considerables, porque detrás operan intereses poderosos con ligas internacionales.

Nada como los tiempos electorales para  conocer la realidad de nuestros partidos políticos, sus fortalezas y debilidades. Las elecciones son prueba de fuego para quienes con dificultad cumplen los mínimos que establece la ley como requisitos para poder sobrevivir en el escenario político nacional y luchar, con registro, por posiciones y posesiones, que al fin y al cabo no son pocos los ejemplos que hemos visto en los que el interés económico ha resultado ser más importante que el de su participación política.

Y es que nuestra legislación electoral es generosa en prerrogativas para los partidos políticos. Todo con tal de evitar que estas instituciones caigan en la tentación de acudir a recursos de dudosa procedencia para cubrir sus gastos de operación y de campañas.

Nuestro sistema político aboga por el pluripartidismo, bajo la premisa de que un mayor número de partidos participantes asegura una más amplia y mejor representación de los diversos sectores que conforman nuestra sociedad, lo que fortalece nuestro sistema democrático. Con esta intención se ha reformado la legislación electoral, en varias ocasiones, adecuando los porcentajes de votación mínima que deben alcanzar los partidos políticos en los procesos electorales para obtener o conservar su registro.

Como suele suceder en temas por demás polémicos, como éste, las adecuaciones nunca logran dejar satisfechos a quienes están a favor  ni a quienes están en contra  de un pluripartidismo sin restricciones. Para unos, los porcentajes de votación exigidos son muy altos, mientras que para otros debieran elevarse más. Lo que queda claro es que al amparo de la ley ha habido excesos y abusos que han tenido un alto costo con cargo al dinero de los contribuyentes.

Al final de cuentas son tres los partidos en verdadera disputa por el poder, los restantes, se acomodan y buscan sumarse en alianzas que les faciliten una competencia sin demasiados sobresaltos, además de fungir, en estos tiempos de fuerzas políticas más equilibradas, como fieles de balanza. Su aportación en votos a la causa de su aliado, aunque sea menor, puede significar la diferencia para el triunfo.

Ya se ha visto que la fórmula aliancista, sumada a otros factores, puede resultar una estrategia eficaz en la reducción de ventajas electorales. Y cuando la alianza se da entre dos de los partidos más grandes, la posibilidad de triunfo es mayor.

Los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática han ensayado alianzas con resultados exitosos. Sobre ese camino parecía que estos partidos habían encontrado la fórmula para derrotar al PRI en las elecciones de este año; sin embargo, las múltiples diferencias que los distinguen, han acabado con los sueños de colaboración electoral entre ambos partidos, o al menos por el momento.

Porque los intentos por ir juntos en las elecciones para gobernador en los estados de Nayarit,  Coahuila y Estado de México, fracasaron. Y mire que ganas de ir en coalición no faltaron. Se trata de tres entidades gobernadas por el PRI, en las que el PAN y el PRD separados tienen menos oportunidad de ganar. En los casos del Estado de México y de Coahuila, las encuestas apuntan como favoritos a los candidatos del tricolor, con diferencias muy considerables a sólo un mes para la fecha de la elección.

En el caso de Nayarit, la diferencia quizás no sea tan grande, pero la ruptura del acuerdo de coalición significa una fractura que puede dividir la votación, en beneficio del candidato del revolucionario  institucional.

Y qué decir de la elección para gobernador de Michoacán, programada para el 13 de noviembre próximo, en donde un pequeño grupo de empresarios locales se reunieron con los dirigentes del PRI, PAN y PRD para proponerles la posibilidad de una candidatura común. En el colmo de algo que difícilmente podría considerársele como una coalición, los empresarios argumentaron que sólo la figura de un candidato común permitiría crear un plan de gobierno que brinde paz, tranquilidad y desarrollo para el estado, aclarando que esta idea no derivaba sólo de la violencia que padece la entidad, sino de otros problemas como son el desempleo, la falta de inversión, la pobreza y la falta de educación.

Pero más pronto que tarde, los propios dirigentes de los partidos convocados, al menos en el caso del PRI y del PRD, se deslindaron diplomáticamente de un posible compromiso, expresando sus dudas sobre la viabilidad de un proyecto como el propuesto, en consideración, señalarían, a las grandes dificultades que entraña la postulación de una candidatura común.

Tampoco fue bien recibida por algunos legisladores y aspirantes a gobernar el estado, quienes manifestaron abiertamente su rechazo a semejante propuesta. Por su parte, el organismo cúpula de los empresarios en Michoacán, el Consejo Coordinador Empresarial, a través de su presidente, expresaría su malestar con un proyecto para el que no fueron consultadas las instituciones que formalmente representan a ese sector en la entidad.

La audaz propuesta no tuvo buena recepción, y sólo el dirigente de Acción Nacional le dejó la puerta abierta. Con semejantes reacciones, es de suponer que esta idea quede sólo en una tentativa frustrada, por el bien de nuestra democracia.