El lunes de esta semana, leíamos en un diario de circulación nacional, el perfil y  las entrevistas a dos distinguidas mujeres del Partido de la Revolución Democrática, la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Alejandra Barrales, y la Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno de esta ciudad, Laura Velázquez, con motivo de su interés en participar como candidatas a ocupar la Jefatura de Gobierno de la capital del país.

Por otro lado, y esto en el estado de Oaxaca, se publicó recientemente la noticia sobre el caso de una funcionaria de un poblado irónicamente llamado El Paraíso, en donde la profesora María Dolores Macías tuvo que renunciar al cargo para el que fuera elegida, ante la agresión física y psicológica ejercida en su contra. El motivo, pretender cumplir con sus funciones.

Y otro caso, en esa misma entidad, en donde la tesorera de la comunidad de Emiliano Zapata, además de agredida fuera encarcelada, en rechazo a su nombramiento como autoridad comunitaria.

Lo anterior, nos da tema para revisar el largo camino que han tenido que recorrer las mujeres para su incorporación en la política nacional.

El estado de Yucatán fue la primera entidad en concederle derechos para participar en elecciones municipales y estatales, lo que ocurrió en 1922. No tardaría prácticamente nada para que ese estado fuera el pionero en elegir a la primera mujer diputada y a la primera presidenta municipal, en 1923. Otros estados habrían de seguir con reformas similares a sus constituciones locales, San Luis Potosí, en 1923, y Chiapas, en 1925.

Sin embargo, sería hasta 1947 en que se modifica el artículo 115 de la Constitución para que la mujer pueda votar y ser elegida a nivel nacional, pero únicamente en elecciones municipales. Más adelante, en 1953, se eliminaría esta restricción, con la reforma  constitucional al artículo 34, por la cual se otorgaría la calidad ciudadana a la mujer, con lo que podían aspirar a participar en cualquier cargo de elección popular.

Habrían de pasar 31 años antes de que las mujeres llegaran al Congreso Federal. No fue sino hasta 1954 en que se elige a la primera diputada federal, y diez años después, tendríamos a las primeras dos senadoras de la República. Pero, si bien, alcaldesas y regidoras, han abundado en nuestra historia política, sus posibilidades en la real politk mexicana son menos en los congresos locales y más escasas aun en los federales, para no hablar de las gubernaturas.

Para abrir la puerta a posiciones monopolizadas en el Congreso, se dio paso a una reforma que incluía la llamada cuota de género, con lo que los partidos políticos estarían obligados a registrar, en sus listas de aspirantes a diputados y senadores, al menos el 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género. Con esto se supondría que la mujer tendría la certeza de una participación garantizada, pero el ingenio de la perversidad encontraría la manera de darle la vuelta a esta obligación, colocando candidatos propietarios plurinominales a mujeres que, una vez asumido el cargo, renunciaran en beneficio de sus suplentes, que casualmente son hombres.

Por lo que toca a las gubernaturas, la presencia de la mujer ha sido menor. La historia registra seis casos. La primera gobernadora fue electa en 1979, en el estado de Colima. Yucatán, pone la muestra, pues es la única entidad federal que ha contado con dos gobernadoras. Tlaxcala, Zacatecas y el Distrito Federal son los otros casos.

Y ¿cuál ha sido su participación en la carrera presidencial? Pues para el máximo puesto de elección popular, sólo ha habido cuatro mujeres registradas como candidatas. En 1982, Rosario Ibarra fue postulada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En 1994 contendieron, Cecilia Soto por el Partido del Trabajo y Marcela Lombardo por el Partido Popular Socialista. Finalmente, en 2006 el Partido Social Demócrata y Campesino postuló a Patricia Mercado como su candidata presidencial.

Sin la menor posibilidad de triunfo en los comicios para la presidencia, en esos tiempos, la participación de estas mujeres, sin embargo, fue importante al abrir nuevos espacios en los máximos niveles.

Todavía hay mucho camino por recorrer, y aunque el avance es lento, cada vez es más importante la presencia de las mujeres en esta actividad. Las encuestas muestran cambios favorables en la opinión respecto de la participación de la mujer en la política, y aunque un alto porcentaje, 70 por ciento, cree que la sociedad mexicana es machista, el  55 por ciento considera que ambos sexos son capaces de ejercer cualquier actividad. La posibilidad, pues, de que una mujer gobierne al país ya no resulta descabellada.